El Gobierno presentó este jueves la reforma del Código Penal. El documento, que reemplazará al que está vigente desde 1921, tiene tres ejes centrales: agravamiento de penas, baja en la edad de imputabilidad y la incorporación de nuevas figuras delictivas.

El Presidente explicó que esta nueva norma le pone fin “a años de garantismo que se encargaron de atarle jurídicamente las manos a las fuerzas de seguridad, a los jueces y a los fiscales”.

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Según fuentes oficiales, el objetivo detrás de esta reforma es lograr “más protección para las víctimas y más castigo para los delincuentes”.

Las claves de la nueva reforma del Código Penal

El nuevo texto propone que la edad de imputabilidad baje a los 13 años. Así lo confirmó Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, durante la actividad en el penal de Ezeiza.

Además, propone que los homicidios, el abuso sexual en todas sus modalidades, la trata de personas y los delitos vinculados al narcotráfico sean imprescriptibles. También se elimina el beneficio de la libertad condicional a los condenados por hechos de especial gravedad o reincidencia.

En ese sentido, en el Gobierno aseguraron que buscarán que se realice un cumplimiento efectivo de la pena. “Ocho de cada 10 delitos tendrán cumplimiento efectivo. Aumentan los mínimos de una gran cantidad de sanciones penales”, expresaron en el Ministerio de Seguridad.

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Novedades de la nueva reforma del Código Penal

• Homicidios y lesiones: el homicidio simple tendrá una pena de 30 años de prisión. Se amplían los supuestos de homicidio agravado, que tendrán prisión perpetua.
• Medidas de protección y menores: se crea delito de desobediencia por incumplir medidas cautelares de restricción. Aumentan las sanciones por sustracción de menores.
• Delitos sexuales: escalas más altas para abusos sexuales. Se incorpora el stealthing como delito (el retiro del preservativo sin consentimiento) y se castiga el acoso sexual en ámbito laborales. Hay penas más graves por grooming y difusión de abuso infantil por redes sociales o IA. También se tipifica la pornovenganza.

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• Prostitución y trata de personas: se agravan delitos de secuestro, trata y privación de libertad, con foco en víctimas vulnerables.
• Integridad personal y honor: suben las penas por abuso de armas y omisión de auxilio. Por injurias, las personas tendrán penas más graves si las realizan de manera anónima, con identidades falsas o con IA.
• Se tipifica el hostigamiento como delito, actualmente es solo una contravención. Se incorpora el secuestro virtual como modalidad de extorsión. Asimismo, se crean figuras específicas como la de los motochorros, viudas negras, robos masivos y de celulares.
• Estafas: se sistematizan y aparecen la piramidal, la procesal y fraudes con IA.
• Denuncias falsas: se regula la “falsa denuncia” con penas más severas, especialmente en delitos sexuales o “cuando se generan restricciones indebidas de contacto familiar”.

Qué dice la nueva reforma del Código Penal sobre corrupción, narcotráfico y contrabando

La reforma del Código Penal prevé una modificación integral de los delitos contra la administración pública, con penas agravadas y nuevos tipos penales. Además, se rediseña el delito de enriquecimiento ilícito y se sanciona el dictado de normas que alteren el equilibrio fiscal.

En esa misma línea, se incrementan las penas por cohecho, incluyendo el soborno entre privados. Se aumentan los castigos por falso testimonio, en especial en causas de delitos sexuales.

En relación con el narcotráfico, se elevan de forma exponencial las penas. También se incorporan figuras autónomas sobre precursores químicos, opioides sintéticos y otras sustancias especialmente peligrosas.

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Por último, la nueva norma crea figuras para el contrabando, con agravantes si el autor tiene una posición que facilite el delito (por ejemplo, personal aduanero). El documento sube las penas para el contrabando de estupefacientes e incluye los delitos militares.

El proyecto completo será firmado por el Presidente y, luego, girado al Congreso, que deberá aprobarlo. Sin embargo, fuentes del Ejecutivo evitaron confirmar si el texto llegará al Poder Legislativo antes de las elecciones del 26 de octubre.

Gobierno, Javier Milei, codigo penal

Mientras continúa la investigación por triple crimen en Florencio Varela, la religiosa Martha Pelloni denunció con fuerza que “los narcos financian la política en la provincia de Buenos Aires” y aseguró que esta problemática “no es algo de hoy”. A pesar de la gravedad, afirmó con optimismo: “Vamos a salir adelante”.

En diálogo con A24, Pelloni analizó el asesinato de las tres jóvenes de La Matanza y señaló que “lo que va apareciendo día a día, relacionado con la Policía, los políticos y la Justicia, revela un entramado social terrible, sobre todo en Buenos Aires”.

Detuvieron al narco “Pequeño J”, el principal sospechoso por el triple crimen de Florencio Varela

La religiosa advirtió que “el narcotráfico es un problema que supera este caso, afecta a todas las mujeres, con femicidios diarios donde la violencia se intensifica donde la droga está presente”. Subrayó además que “las mujeres son víctimas no solo de la violencia, sino también de la trata”.

Pelloni remarcó que esta crisis “está concentrada en la provincia de Buenos Aires” y lanzó una fuerte acusación: “aunque estén presos, los narcos siguen financiando la política y eso debe terminar. Lo sucedido no habría ocurrido si los políticos no estuvieran involucrados”.

En declaraciones anteriores, Pelloni ya había señalado la relación directa entre narcotráfico y política, especialmente tras la muerte de las jóvenes y la detención en Perú de Pequeño J, presunto jefe narco y autor intelectual del crimen.

El video:

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MARTHA PELLONI,Narcotráfico,Provincia de Buenos Aires,TRIPLE CIRMEN

El Gobierno oficializó este jueves un cambio de fondo en la política criminal argentina al aprobar, mediante el Decreto 709/2025 publicado este viernes en el Boletín Oficial, la nueva reglamentación de la Ley 26.879, que regula el funcionamiento del Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados con la Investigación Criminal.

El decreto establece que el Ministerio de Seguridad será la autoridad de aplicación de la ley, desplazando así a la órbita de Justicia que hasta ahora tenía bajo su control la base de datos. El texto ordena la transferencia de toda la información existente en el antiguo registro al nuevo sistema, que amplía su alcance a la investigación de una gama más amplia de delitos graves.

La decisión central del Ejecutivo responde a la necesidad de adaptar el marco normativo a los avances científicos y tecnológicos de los últimos años, así como a las modificaciones introducidas por la Ley 27.759, que amplió el objeto del registro.

Según el decreto, la individualización genética se considera “la herramienta más eficaz y certera usada para la identificación criminal”, y su uso forense resulta clave para el esclarecimiento de hechos bajo investigación judicial, la identificación de presuntos autores y la desvinculación de personas ajenas al delito.

En el considerando de la norma, enfatizaron que el almacenamiento, registro y tratamiento de los datos personales deberán realizarse bajo “estricto secreto y confidencialidad”, en línea con la Ley de Protección de los Datos Personales 25.326 y los convenios internacionales suscriptos por la Argentina.

Además, se dispone que los perfiles genéticos se almacenen en una base de datos separada de la información filiatoria de los aportantes, y que se guarde constancia de los funcionarios que accedan al registro, garantizando la trazabilidad y la administración segura de la información.

A su vez, subrayaron que el registro contribuirá a evitar la revictimización que se produce cuando los delitos quedan impunes, y que su objeto incluye también la identificación de personas extraviadas, desaparecidas o fallecidas, así como la discriminación de las huellas del personal que interviene en la escena del hecho delictivo.

En este sentido, la reglamentación prioriza el ingreso de perfiles genéticos de imputados, procesados y condenados por homicidios dolosos, abusos sexuales, narcotráfico y robos agravados.

La nueva normativa refuerza la coordinación federal y la interoperabilidad entre jurisdicciones, promoviendo el intercambio de información con registros provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

De acuerdo con lo estipulado, esta base de datos contará con información proveniente de laboratorios acreditados bajo normas de la Organización Internacional de Estandarización (ISO) y del Organismo Argentino de Acreditación.

En cuanto a la conducción del organismo, el decreto dispone que, hasta que se sustancie el concurso público de oposición y antecedentes para la designación del director titular, el Poder Ejecutivo podrá nombrar a un director interino con especialización en genética forense y experiencia probada en la materia. La autoridad de aplicación deberá aprobar el procedimiento del concurso en un plazo de 120 días hábiles desde la entrada en vigencia del decreto.

Para esto, derogaron la reglamentación anterior, aprobada en 2017, bajo el argumento de “readecuar y reforzar el marco normativo vigente para el uso forense de datos genéticos, mediante el establecimiento de altos estándares de seguridad, confidencialidad, interoperabilidad entre jurisdicciones y respeto por los derechos fundamentales, con especial énfasis en la rigurosidad científica, la coordinación federal y la transparencia en el manejo de datos personales sensibles”.

La reglamentación también prevé la creación de la Comisión Nacional de Huellas Genéticas, encargada de coordinar, asesorar y supervisar la implementación y funcionamiento del registro, así como de intervenir en el concurso para la designación del director.

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El anexo del decreto aclara cómo funcionará la recolección, almacenamiento y uso de perfiles genéticos en investigaciones penales:

• Para la obtención de perfiles genéticos de personas imputadas, procesadas o condenadas, la normativa exige que las autoridades judiciales ordenen la extracción de muestras biológicas dentro de los cinco días hábiles posteriores al acto procesal correspondiente. Se priorizarán los perfiles de imputados, procesados o condenados por homicidio doloso, abuso sexual, narcotráfico y robo agravado.
• Una vez extraída la muestra y configurado el perfil genético, el laboratorio interviniente deberá remitir al Registro, en un plazo de cinco días hábiles, la información filiatoria y genética pertinente, junto con copia de la resolución judicial.
• Los perfiles genéticos serán eliminados del Registro si la situación procesal no se resuelve y la investigación supera los tres años, o si una resolución judicial desvincula definitivamente a la persona de la causa penal.
• El Registro no podrá negar a los titulares el acceso a sus datos. Se deberá dejar constancia de las consultas y dar a conocer el procedimiento para solicitar la rectificación de datos erróneos, la cual deberá realizarse en un plazo máximo de cinco días hábiles.

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