José Luis Espert renunció finalmente a su candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y el Gobierno apuesta ahora a que lo reemplace Diego Santilli -actual número tres de la lista- y a que las boletas que encuentren los votantes en el cuarto oscuro tengan la cara y el nombre de Santilli, y no el de Espert. Dos cuestiones que Alianza La Libertad Avanza (LLA) no tiene garantizadas.

En cuanto a las boletas, fuentes de la justicia electoral dijeron a que ya están todas impresas y que hoy estaba previsto que llegara la última partida al juzgado federal con competencia electoral de La Plata, que dirige el juez Alejo Ramos Padilla. Solo restan algunas pocas que debieron reimprimirse porque tenían errores, relataron, como una mancha en el tramo de Alianza Fuerza Patria.

Si el Gobierno pretende que se reimpriman todas debe pedirlo a la Justicia y es algo que le corresponde resolver a la Junta Electoral bonaerense, integrada por Ramos Padilla, la presidenta de la Corte provincial, Hilda Kogan, y el titular de la Cámara Federal de La Plata, Jorge Di Lorenzo. Como la boleta ya no es de un solo partido, sino de todos, deberá convocarse a una audiencia para que todos puedan opinar y después, la Junta decidirá. Los primeros planteos contra la reimpresión ya llegaron a la justicia electoral, antes incluso de que Alianza LLA hiciera presentación alguna.

El costo de rehacerlo todo es de unos 15.000 millones de pesos, dijeron fuentes judiciales. Hasta hoy intervienen en el proceso de fabricación dos imprentas (hay siete que se ocuparon de las boletas de los otros distritos del país que, en todo caso, podrían ser convocadas), pero una vez que las papeletas están listas resta aún un largo proceso: controlarlas, ordenarlas con el resto del material de las elecciones y distribuirlas entre las 40.000 mesas de la provincia. Solo imprimirlas lleva normalmente unos 15 días.

El plan de la justicia electoral era empezar a repartirlas el domingo próximo y que el 14 de octubre estuvieran ya las primeras boletas distribuidas (las correspondientes a la séptima sección electoral, que incluye Olavarría, Azul, Bolívar, etc), informó una fuente judicial que interviene en el operativo.

¿Quién pagaría esta nueva impresión? En el Gobierno dicen que la Alianza LLA, y no las arcas públicas. De todas maneras fuentes de la justicia electoral dijeron que podría sentarse un precedente difícil porque aquellos partidos con menos fondos no podrían hacer lo mismo, en caso de necesitarlo.

Más allá de los fondos, el problema más claro son hoy los tiempos y el riesgo de que un nuevo trámite complique la logística electoral.

No está claro todavía si quien encabezará la lista será Santilli o Karen Reichardt, que es hoy la segunda candidata. Se trata, de todos modos, de un debate que resulta secundario si las boletas no se modifican.

En el Gobierno sostienen que Reichardt debe ser desplazada por Santilli porque el decreto 171/2019 establece que en caso de que un candidato deba ser reemplazado por renuncia, muerte, incapacidad o inhabilitación, cubrirá su lugar “la persona del mismo género que le sigue en la lista”. La letra del decreto indica entonces que le toca a Santilli.

Pero hay antecedentes de la Cámara Nacional Electoral que permitirían sostener lo contrario porque el objetivo de la ley de paridad de género (reglamentada por el decreto 171/2019) busca garantizar el espacio de las mujeres y esta solución iría justo en contra: se estaría desplazando a una mujer para priorizar a un hombre cuando no hay razón que lo justifique al tratarse del primer lugar.

La norma está pensada para reemplazar, por ejemplo, a una mujer que está en el puesto 3 y que, si no se produce el corrimiento, con su salida se rompería la paridad.

Un caso de la Cámara Electoral que llegó a la Corte fue el de Lucila Crexell, que era segunda candidata a senadora nacional por Neuquén. Ante la muerte del primero, Horacio Quiroga, se dispuso que lo reemplazara el primer suplente, Pablo Cervi (en las listas de senadores solo hay dos candidatos titulares), pero la Cámara Nacional Electoral revirtió esta decisión. En primer lugar porque se estaba desplazando a una titular por un suplente, pero además porque lo contrario iría en contra del espíritu de la ley de paridad de género, advirtieron los magistrados.

En su fallo, los jueces dijeron que “la finalidad (espíritu) de la norma es garantizar que haya una paridad entre hombres y mujeres en pos de garantizar una mayor participación de las mujeres en la integración de los cuerpos colegiados”.

Advirtieron en aquel fallo: “Si bien la aplicación estricta de un criterio de paridad pareciera autorizar esa solución, no puede soslayarse que, como se dijo, ello contrariaría -en el singular caso que aquí se presenta- el propósito final de la ley que reglamenta, que es la protección de la mujer en cuanto a las oportunidades efectivas de acceder a cargos públicos electivos”.

“Es decir -advirtió el máximo tribunal de los comicios- que, en el sub examine nos encontramos ante lo que la Corte Suprema ha denominado como ‘una hipótesis de aplicación irrazonable de una norma en un caso concreto’. Es decir, una situación en la que el inconveniente se presenta en la aplicación práctica de la norma que es contraria a su contenido. Un caso contra legem, en el que no se implementa lo que la norma prevé”.

La decisión de quién quedará en primer lugar en la lista la tomará el juez Ramos Padilla -y será susceptible de revisión por la Cámara-. No hay un trámite previsto por la ley, pero como se trataría de un caso “de puro derecho”, que no requiere producir pruebas, el magistrado lo podría resolver sin más trámites.