El rey Carlos III de Inglaterra declaró este jueves que “la justicia debe seguir su curso” tras la detención de su hermano, el expríncipe Andrés, salpicado por el caso Epstein y bajo sospecha de “mala conducta” durante su etapa como enviado comercial del Reino Unido.

“Lo que sigue ahora es el proceso completo, justo y adecuado mediante el cual este asunto se investiga de la manera apropiada y por las autoridades correspondientes”, afirmó Carlos III, en una inusual declaración firmada personalmente.

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Tras expresar su “más profunda preocupación” por el arresto de su hermano menor, Andrew Mountbatten-Windsor, el monarca reiteró su apoyo a la policía y la Justicia.

“En esto, como he dicho antes, cuentan con todo nuestro apoyo y cooperación”. “Permítanme dejarlo claro: la justicia debe seguir su curso”, añadió.

Por qué detuvieron al hermano del rey de Inglaterra

La detención ocurrió mientras detectives británicos evalúan las afirmaciones hechas en los “archivos de Jeffrey Epstein” contra el exduque de York de que compartió información estatal sensible con el financista y delincuente sexual estadounidense mientras era enviado comercial del Reino Unido, cargo que ocupó entre 2001 y 2011.

Se trata de correos electrónicos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en los que el exduque habría compartido con Epstein informes de visitas oficiales a Hong Kong, Vietnam y Singapur.

Otro, en la víspera de Navidad de 2010, pareció enviar a Epstein un informe confidencial sobre oportunidades de inversión en la reconstrucción de la provincia de Helmand, en Afganistán, según detalló el diario The Guardian.

Imágenes publicadas por medios británicos mostraron una flota de coches sin identificación, que se cree son vehículos policiales, llegando temprano el jueves a la finca de Sandringham del rey Carlos III, en el este de Inglaterra, donde Andrés se mudó a principios de febrero.

El príncipe, despojado de sus títulos

El año pasado, Charles despojó a su hermano de sus títulos y le ordenó abandonar su mansión en la finca de Windsor, aunque Andrés sigue siendo octavo en la línea de sucesión al trono británico.

La policía informó “estar realizando registros” en dos propiedades, señalando que “el hombre permanece bajo custodia policial en este momento”.

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La mala conducta en el ejercicio de un cargo público conlleva una pena máxima de cadena perpetua, según el Crown Prosecution Service (Fiscalía de la Corona).

La policía regional de Windsor indicó entonces que está “examinando esta información” sobre Andrew Moutbatten-Windsor, como debe ser llamado ahora tras ser desposeído de sus cargos aristocráticos.

Primeras denuncias de abuso sexual contra Andrés en el caso Epstein

Estos documentos se añaden a las acusaciones de agresión sexual formuladas contra el expríncipe por Virginia Giuffre, que se suicidó en 2025.

En un libro póstumo, Giuffre aseguró que el Príncipe Andrés había abusado tres veces de ella, entregada por el millonario estadounidense cuando era menor de edad.

Una segunda mujer afirmó posteriormente, a través de su abogado, que Epstein la envió a Inglaterra en 2010 para mantener relaciones sexuales con el hijo de la reina Isabel II. 

Otro abogado estadounidense sostuvo que una de sus clientas relató que Epstein y el expríncipe la obligaron a mantener relaciones sexuales durante una fiesta en Florida en 2006.

Al menos cuatro fuerzas policiales británicas confirmaron que analizan informes que parecen vincular al expríncipe Andrés, ahora conocido como Andrés Mountbatten-Windsor, con Epstein.

Una investigación de la BBC publicada en diciembre encontró que casi 90 vuelos vinculados a Epstein llegaron y partieron de aeropuertos del Reino Unido, algunos con mujeres británicas a bordo que afirman haber sido víctimas de abusos por parte del multimillonario.

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Días atrás, el primer ministro británico, Keir Starmer, dijo que Andrés debería hablar con las autoridades sobre sus vínculos con Epstein.

El primer ministro recordó que “nadie está por encima de la ley” y agregó que las personas con información tenían el “deber de presentarse”.

Según la BBC, el período máximo que se puede retener al expríncipe es de 96 horas, pero esto requeriría múltiples prórrogas por parte de altos oficiales de policía y un tribunal de magistrados.

En la mayoría de los casos, los sospechosos son detenidos durante 12 o 24 horas y luego son acusados ​​o liberados en espera de una mayor investigación.

EXCLUSIVE: The Administration for Children and Families (ACF), an agency within the Department of Health and Human Services (HHS) overseeing the well-being of children, eliminated thousands of pages of regulatory guidance that had been languishing on the books as far back as 1976, Fox News Digital learned. 

The Administration for Children and Families is a Health and Human Services agency charged with promoting the economic and social well-being of kids and their families via overseeing programs such as the Head Start school readiness program, child support enforcement, foster care and adoption services, and managing unaccompanied minors. 

The office rescinded 35,781 pages of guidance documents after an agencywide review found 74% of its «sub-regulatory footprint» was obsolete. The documents included technical bulletins, program instructions, action transmittals and dear colleague letters — letters from federal agencies or members of Congress that typically inform colleagues on new guidance or legislation — that had accumulated across the past 50 years. 

The Administration for Children and Families emphasized that the rescinded documents were not erased, but instead archived online along with a detailed list of current guidance documented on the Department of Health and Human Services’ website. 

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The Administration for Children and Families officially was established in 1991, but its origins and work stretch back decades, inheriting programs and guidance from earlier Health and Human Services offices — including major initiatives that date to the mid-1970s. 

«President Trump’s regulatory reform agenda is unparalleled in U.S. history,» the Administration for Children and Families Assistant Secretary Alex J. Adams said in a statement to Fox News Digital. 

«ACF is proud to do our part to advance the President’s agenda by taking the first of many planned actions, namely removing 36,000 pages of obsolete sub-regulatory guidance that had quietly accumulated over decades and shining a brighter spotlight on what remains,» he added. «In essence, ACF has brought our regulatory dark matter to light.» 

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The rescinded guidance included program-specific documents such as a memo on filing the June 1999 Child and Family Services Plan and Final Report, 2005 avian flu guidance and a 2010 staffing-change notice for the now-defunct Division of Energy Assistance.

The US Department of Health and Human Services building is shown in Washington, D.C. (Saul Loeb/AFP)

The Administration for Children and Families directed its Office of Legislation and Budget to compile a comprehensive list of guidance documents considered active — a process that took three weeks just to catalog the files, the agency said. The inventory produced more than 4,000 documents totaling about 55,776 pages, dating back to 1976. 

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Each program office was required to justify whether the individual documents were still needed, and ordered to provide written rationale if guidance was deemed obsolete or necessary. Obsolete documents were considered ones that related to old funding cycles, guidance superseded by newer rules, duplicate statutes or documents related to programs that no longer list, Fox News Digital learned. 

US President Donald Trump, right, and Robert F. Kennedy Jr., US secretary of Health and Human Services (HHS), in the Roosevelt Room of the White House in Washington, DC, US, on Monday, Sept. 22, 2025.  (Francis Chung/Politico/Bloomberg via Getty Images)

The Administration for Children and Families said the goal of cleaning up the office with outdated guidance is to reduce confusion and allow grant recipients to focus resources on «delivering outcomes for American children and families,» rather than navigating tens of thousands of pages of outdated documentation.

The move aligns with the Trump administration’s broader push to pare back regulations and cut what it calls bureaucratic red tape.

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The Federal Communications Commission, for example, took a hatchet to outdated policies in a sweeping deregulation effort in 2025, including doing away with outdated guidance on the use of telegraphs, rabbit-ear TV receivers and phone booth rules in July 2025. 

La reducción del déficit fiscal en Panamá durante 2025 fue presentada por el gobierno como una señal de corrección de las finanzas públicas y de recuperación tras años de presiones presupuestarias.

Las cifras oficiales muestran que el balance fiscal mejoró de forma significativa, apoyado en mayor recaudación, control del gasto y operaciones de manejo de deuda que permitieron reducir pagos de intereses. .

Sin embargo, el panorama fiscal todavía enfrenta desafíos estructurales, especialmente por el ritmo de crecimiento de la deuda y la necesidad de consolidar el ajuste sin afectar inversión y servicios públicos.

En ese contexto, el análisis más reciente de Fitch Ratings introduce un matiz relevante: la calificadora reconoce la caída del déficit, pero advierte que la mejora no es suficiente para frenar el aumento del endeudamiento ni garantizar la estabilización de la relación deuda/PIB.

Fitch sostiene que el ajuste fiscal de 2025 se apoyó en factores puntuales y en decisiones con margen limitado de repetición, lo que mantiene abiertas interrogantes sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Según el informe, el déficit del Sector Público No Financiero (SPNF) se redujo a 3.7% del PIB en 2025, desde 6.2% en 2024, e incluso por debajo de la meta gubernamental de 4.0%.

El resultado confirma un ajuste significativo, pero Fitch subraya que parte de la mejora responde a elementos transitorios, como el menor pago de compromisos acumulados del año previo y el repunte de ingresos del Canal de Panamá tras la sequía.

En términos prácticos, el informe explica que en 2024 el Estado tuvo que enfrentar una mayor carga de pagos pendientes acumulados, lo que elevó el déficit de ese año.

En 2025, al reducirse esa presión, el resultado fiscal mejoró automáticamente, sin que ello implique necesariamente una transformación estructural del gasto público. Fitch considera que esta dinámica ayuda a entender por qué el déficit bajó, pero no elimina la necesidad de ajustes permanentes.

Otro factor relevante fue el impacto contable de la reforma previsional de la Caja de Seguro Social (CSS), que reclasificó como ingresos de la institución recursos que antes se registraban en cuentas individuales.

Esta modificación contribuyó a mejorar la medición del déficit, aunque Fitch advierte que el efecto es principalmente contable y no sustituye una consolidación fiscal estructural.

El informe también destaca el comportamiento de los ingresos Fitch reconoce un repunte de 9% en la recaudación tributaria, apoyado en mayor fiscalización y actividad económica, pero señala que el resultado convivió con una caída en las contribuciones de planilla a la CSS, pese a mayores aportes del lado empleador tras la reforma previsional.

Para la calificadora, este comportamiento refleja debilidad del mercado laboral y niveles elevados de informalidad, factores que limitan la sostenibilidad del ajuste fiscal.

La principal advertencia del análisis se centra en la deuda. . A pesar de la reducción del déficit, la deuda pública bruta aumentó en $5,500 millones y alcanzó $59,400 millones, situándose en 66% del PIB, por encima de la proyección oficial.

En otras palabras, Fitch concluye que el ajuste fiscal no se tradujo en una desaceleración del endeudamiento, lo que mantiene el riesgo sobre la trayectoria fiscal de mediano plazo.

Parte de la explicación está en el Gobierno Central, cuyo déficit alcanzó 5.2% del PIB, muy por encima del 3% previsto en el presupuesto. Fitch agrega que el endeudamiento neto fue aún mayor, situándose en 6% del PIB, con un financiamiento neto de 6.6% del PIB, lo que evidencia presiones de liquidez que no se reflejan plenamente en el resultado fiscal del SPNF.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, ha señalado que el déficit del Sector Público No Financiero se ubicó en 3.68% del Producto Interno Bruto, una disminución cercana al 40% respecto al año anterior, equivalente a más de 2,069 millones de dólares.

El titular de Economía explicó que este resultado se alcanzó gracias a una combinación de disciplina fiscal, reducción del gasto, mejor recaudación y fortalecimiento institucional. Chapman señaló que esta mejora se tradujo en una disminución directa de las tasas de interés que paga el Estado y, de forma progresiva, en mejores condiciones crediticias4 para empresas y ciudadanos.

Como resultado, el país generó ahorros acumulados cercanos a 475 millones de dólares en el servicio de la deuda, recursos que ahora pueden destinarse a áreas prioritarias.

De acuerdo con el ministro, estos ahorros permiten cubrir una parte significativa del subsidio a las pensiones de la Caja de Seguro Social, uno de los compromisos centrales del actual Gobierno. Explicó que el objetivo ha sido garantizar el pago a los jubilados actuales y fortalecer el sistema para las futuras generaciones sin recurrir a endeudamiento excesivo ni a medidas traumáticas.

La calificadora también introduce preocupaciones sobre la transparencia fiscal y la calidad del proceso presupuestario. . Fitch señala que las necesidades adicionales de financiamiento respondieron a pagos de obligaciones no contempladas inicialmente, y advierte que este tipo de eventos podría repetirse, generando incertidumbre en los mercados sobre la previsibilidad de las cuentas públicas.

Uno de los pilares del ajuste fiscal de 2025 fue la reducción de la inversión pública, que cayó a 4% del PIB, su nivel más bajo en dos décadas. Fitch advierte que el margen para profundizar este recorte es limitado, dado el descontento ciudadano por la calidad de servicios de educación, salud y agua.

Además, una parte del ajuste se explica por el aplazamiento de pagos del proyecto llave en mano del Metro de Panamá, lo que reduce el gasto en 2025-2026 pero incrementará desembolsos entre 2027 y 2030.

En paralelo, el gobierno ha intentado mejorar su perfil financiero con operaciones de manejo de pasivos y nuevas emisiones. Una reciente transacción permitió reducir el saldo de deuda en $204 millones y generar ahorros anuales en intereses cercanos a $30 millones, con una demanda internacional superior a $13,000 millones.

La operación incluyó emisiones con vencimientos en 2034 y 2038, con tasas de 5.2% y 5.6%, respectivamente, lo que el Ejecutivo considera una señal de confianza de los mercados.

Fitch, sin embargo, insiste en que la estabilización de la deuda requerirá mayor consolidación fiscal estructural, combinando medidas de ingresos, control del gasto y mejoras en transparencia.

La calificadora observa que el gobierno no contempla una reforma tributaria y apuesta por medidas administrativas para elevar la recaudación, mientras evalúa cambios en aumentos salariales automáticos y en la regla que fija el presupuesto educativo en 7% del PIB.

El informe identifica además la posible reapertura de la mina Cobre Panamá como una fuente potencial de ingresos adicionales. . Aunque las perspectivas han mejorado, el proceso sigue sujeto a auditorías ambientales, negociaciones con la empresa First Quantum y posibles tensiones sociales, lo que introduce incertidumbre sobre su impacto fiscal.

En síntesis, Fitch plantea un diagnóstico de doble lectura: Panamá logró una mejora fiscal relevante en 2025, pero el desafío clave permanece en la trayectoria de la deuda y en la necesidad de consolidar el ajuste con medidas permanentes.

El escenario para 2026 se perfila como un equilibrio entre disciplina fiscal, crecimiento económico y presiones sociales, en un contexto donde la credibilidad del manejo presupuestario será determinante para la percepción de riesgo soberano.