A los 93 años falleció en Buenos Aires Miguel Ángel Espeche Gil, jurista destacado que sirvió al país como un diplomático de alto nivel y obtuvo prestigio internacional por su postura sobre la deuda externa, que fue llamada “Doctrina Espeche”. Cuestionó en ella cómo a partir de la suba de la tasa de interés por la Reserva Federal de los Estados Unidos en 1980 los acreedores incrementaron fuertemente los intereses de las deudas de distintos países en desarrollo.

Su tesis sobre la ilicitud del alza unilateral de los intereses de la deuda externa llamó la atención en los medios académicos y originó cinco nominaciones y dos candidaturas al Premio Nobel de la Paz, en 2002 y 2018.Había presentado esa ponencia en 1989 en el Instituto Hispano Luso Americano de Derecho Internacional.

Su versación en el derecho internacional público, su rectitud profesional y exquisito trato personal, su honesta conducta cívica, le valieron el aprecio y reconocimiento general, y no pocas distinciones y condecoraciones de otros países. A lo largo de su carrera diplomática estuvo al frente de las embajadas de nuestro país en Hungría, Bulgaria, Tailandia, Suiza y Liechtenstein.

De tronco radical, Espeche Gil fue presidente del Instituto Nacional Yrigoyeniano y vicepresidente del Instituto Marcelo T. de Alvear. De acendrada convicción católica, presidió la Sociedad Chestertoniana Argentina, que desde nuestro país promovió que se iniciara el proceso de beatificación del insigne escritor inglés, aunque la autoridad eclesiástica correspondiente lo pospuso hasta un mayor estudio.

Vástago de una antigua familia argentina, descendía de uno de los fundadores de San Fernando del Valle de Catamarca. Nació en La Plata, en la casa de su abuelo, el capitán expedicionario al desierto Vicente Espeche Monzón.

Cursó el primario en el colegio Monseñor Rasore y en el Colegio Nacional de La Plata hizo el secundario hasta cuarto año. Se recibió de bachiller en Ciencias y Letras, con medalla de honor, en el Colegio Santo Inacio de Río de Janeiro, donde su padre se desempeñaba como consejero de la embajada argentina.

Vuelto al país, estudió en la Universidad Nacional de La Plata, donde se graduó de abogado en 1955. En 1958 ingresó por concurso como agregado y vicecónsul en el Servicio Exterior de la Nación, siendo destacado al año siguiente a la embajada argentina en Río de Janeiro, donde obtuvo en 1965 el doctorado en Derecho con nota summa cum laude en la Pontificia Universidad Católica de esa ciudad. Sumó luego doctorados en Derecho en la Universidad de Buenos Aires (UBA), en 1972, y en la Universidad de la República, de Montevideo, en 1975, donde además se doctoró en 1976 en Diplomacia y Relaciones Internacionales.

Con las lógicas interrupciones por su carrera diplomática, entre 1965 y 2015 fue un relevanteprofesor de Derecho Internacional Público en la UBA y la Universidad del Salvador. Entre 1997 y 2000 dirigió la carrera de Relaciones Internacionales en la subsede Buenos Aires de la Universidad Católica de Salta. A partir de 2006 fue coordinador en la Facultad de Derecho de la UBA de la Cátedra Libre de Deuda Pública Externa. Solía decir que la diplomacia era su profesión y que el Derecho era su hobby preferido.

En la esfera diplomática tuvo una rica trayectoria en funciones de gran responsabilidad, que sería muy largo detallar. Entre otras misiones, en la Cancillería fue director de los departamentos de América del Norte y de Europa Oriental. Entre 1965 y 1967, el Consejo de la Organización de Estados Americanos (OEA) lo designó integrante del Comité Jurídico Interamericano en Río de Janeiro. Volvió a ocupar esa posición, casi 30 años después, entre 1992 y 1996, esta vez propuesto por la asamblea general de la OEA.

Se retiró del servicio exterior en 2002. Fue un ciudadano responsable, atento a los asuntos públicos, movido por un hondo patriotismo. Integró el Instituto Moreniano, presidió la Fundación San Martín del Instituto Nacional Sanmartiniano y brindó su aporte y consejo a múltiples iniciativas.

Luego de la crisis de 2001 se acercó a Elisa Carrió, quien lo designó coordinador de los equipos internacionales de su agrupación. Presidió el Tribunal de Ética de la Coalición Cívica ARI y fue precandidato a senador en 2007 y candidato a diputado en más de una oportunidad.

En 2007 fue declarado ciudadano ilustre de la Ciudad de Buenos Aires y, en 2011, de La Plata, su ciudad natal. Fue asesor del Consejo Consultivo del Parlamento Latinoamericano para los aspectos jurídicos de la deuda externa.

Era un hombre de singular bonhomía, hospitalario, dispuesto a escuchar y a compartir su experiencia en amable conversación. Recordaba que su abuela materna iba a misa en La Plata todos los días, levantándose a las 5.30 de la mañana, y él perseveró toda la vida en profesar con coherencia la fe católica.

Casado con María Elena Maschwitz Capriles, fallecida en 2012, tuvo seis hijos, catorce nietos y ocho bisnietos. No hace tanto alquiló un micro para reunir a muchos de esos descendientes y llevarlos a que conocieran en La Plata los lugares de su infancia familiar. Estaba casado en segundas nupcias con Raquel Sienra de la Bandera, uruguaya, que le sobrevive.

Había nacido en La Plata el 16 de marzo de 1932. El sepelio se efectuó en el cementerio británico en Pablo Nogués, donde ante su féretro, envuelto en la bandera argentina, un sacerdote rezó un responso y varios de sus descendientes lo despidieron en breves palabras con un gran cariño.

El cabo de la Gendarmería Héctor Jesús Guerrero fue procesado por la Justicia por el delito de abuso de armas agravado al disparar con su pistola lanza gases contra el fotógrafo Pablo Grillo en una manifestación frente al Congreso el 12 de marzo pasado.

La decisión es de la jueza federal María Servini, que estableció que el gendarme Guerrero disparó en seis oportunidades violando los protocolos para el uso de este tipo de armas, que lanzan cartuchos de gas lacrimógeno.

En este caso, el cartucho fue disparado en línea recta sobre Grillo, lo golpeó en la cabeza y casi lo mata, al punto que sufrió lesiones gravísimas que comprometieron su cerebro.

La jueza consideró que el imputado actuó con dolo eventual, es decir, que se representó la posibilidad de causar un daño grave y aceptó ese riesgo al disparar de manera prohibida.

“El aquí procesado se representó la posibilidad de producir las lesiones gravísimas, y con su actitud o predisposición psíquica, le resultó indiferente la eventualidad del resultado”, sostiene la resolución.

Servini ordenó un embargo sobre los bienes de Guerrero por 203.000.000 de pesos, dispuso que se presente periódicamente ante la autoridad policial y continúe con la prohibición de salida del país, pero rechazó la prisión preventiva.

El disparo ocurrió en medio de una manifestación en reclamo de aumentos de haberes jubilatorios, de la que participaron barrabravas de los clubes de fútbol, supuestamente para actuar en defensa de los jubilados.

Guerrero disparó una pistola lanza gases marca FM, serie 00660, en forma horizontal y antirreglamentaria desde la esquina de Hipólito Yrigoyen y Solís, en dirección a los manifestantes.

Un cartucho calibre 38 mm de gas lacrimógeno impactó en la cabeza de Grillo, quien se encontraba agachado tomando fotografías, a unos 47 metros de la línea de las fuerzas de seguridad.

El proyectil atravesó una barricada en llamas y le provocó lesiones que pusieron en riesgo su vida y le dejaron secuelas neurológicas y físicas de extrema gravedad, dice el fallo.

Grillo fue identificado como autor del disparo tras analizar las imágenes de lo ocurrido en materiales aportados por organismos de derechos humanos, medios de prensa y la Gendarmería.

Fue clave para identificarlo el color de su uniforme, en un tono caqui, diferente del resto de sus compañeros y una leyenda en su casco que reza “Picha”. Guerrero era uno de los dos agentes de su sección de Empleo Inmediato que ese día estaban equipados con esa pistola lanza gases.

Los peritajes determinaron el recorrido del cartucho y fueron considerados evidencias, así como el análisis de las imágenes realizadas por Infobae, y canales de televisión.

El Cuerpo Médico Forense concluyó que Grillo sufrió una “herida contuso compleja en rostro región mediofrontal, fractura expuesta de cráneo frontotemporoparietal izquierda, hematoma subdural derecho y hematoma epidural izquierdo”, lesiones que demandaron múltiples cirugías y lo mantuvieron internado en terapia intensiva durante meses.

“Lesiones graves y gravísimas con tiempo de curación de más de 30 días e igual tiempo de inutilidad laboral”, dice el informe oficial que señala que “las lesiones pusieron en peligro la vida” de Grillo.

La jueza Servini analizó las normas sobre el uso de la fuerza y el empleo de armas no letales en manifestaciones públicas. Citó el Protocolo para el Mantenimiento del Orden Público (Resolución Ministerial 943/2023) y el reglamento interno de Gendarmería, que prohíben expresamente disparar cartuchos de gas lacrimógeno en línea recta o hacia personas, y exigen que los disparos se realicen en ángulo oblicuo hacia el suelo para evitar daños graves.

El manual del arma utilizada por Guerrero advierte: “Jamás se debe dirigir el arma hacia una persona, ya que en caso de impacto podría producir lesiones graves e incluso la muerte. Los disparos deben ejecutarse en forma oblicua, hacia el suelo, para amortiguar la fuerza”.

El fotógrafo mostró una leve mejoría, pero luego su cuadro volvió a complicarse. La investigación determinó que Guerrero realizó al menos seis disparos antirreglamentarios en dirección a los manifestantes en forma horizontal. La jueza entendió que se trataba de un “abuso de su función”.

“Guerrero no se trata de un efectivo inexperto, sino que formaba parte de la primera sección de GNA y tenía diez años de servicio al momento de los hechos”, dice el fallo de la magistrada. Además daba cursos como instructor de tiro y había aprobado cursos específicos.

En su declaración indagatoria, Guerrero alegó que la visibilidad estaba reducida por el humo y el agua de los camiones hidrantes, que usó el arma según el manual y que nunca tuvo intención de lastimar a nadie.

La jueza remarcó que, a casi siete meses del hecho, el estado de salud de la víctima sigue siendo crítico y que “no se avizora panorama alguno de mejora”.