POLITICA
La Iglesia le pidió a Victoria Villarruel que el Senado ponga un freno a las apuestas en línea
En una carta enviada a la vicepresidenta Victoria Villarruel, la comisión ejecutiva del Episcopado pidió que el Senado trate con urgencia el proyecto que impone regulaciones y controles a las apuestas online. La iniciativa fue aprobada el año pasado por la Cámara de Diputados y corre el riesgo de perder estado parlamentario si no es sancionada antes del cierre del período ordinario de sesiones.
El reclamo y la preocupación que la Iglesia transmitió también a los senadores del oficialismo y de la oposición, apunta a poner un freno al crecimiento de las apuestas en línea, que provocan un fuerte impacto en los jóvenes, niños y adolescentes.
“La ludopatía es un atentado contra la vida. Es urgente el tratamiento del proyecto que tiene media sanción de la Cámara de Diputados”, dice la nota firmada por el presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Mendoza, monseñor Marcelo Colombo, junto con el vicepresidente primero y arzobispo de Córdoba, cardenal Ángel Sixto Rossi; el vicepresidente segundo y obispo de Jujuy, monseñor Cesar Daniel Fernández, y el secretario general y obispo auxiliar de San Isidro, monseñor Raúl Pizarro.
Como en oportunidades anteriores, los obispos advirtieron que “la falta de regulaciones y de controles adecuados ha permitido que, en la práctica, cada teléfono celular inteligente pueda convertirse o ser usado como un casino, incluso por niños y adolescentes”.
En julio de 2024, las comisiones de Pastoral Social de las distintas diócesis del país alertaron sobre “una realidad que no discrimina clase social, ni región geográfica” y “el daño social que se está ocasionando”. La Iglesia viene siguiendo atentamente el tema a través de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, que preside el obispo de La Rioja, monseñor Dante Braida.
Ante el riesgo de que la iniciativa pierda estado parlamentario, la Iglesia expresó la necesidad de que “sea debatida y aprobada”.
El miércoles pasado, el sacerdote cordobés Munir Bracco expuso en un plenario de las comisiones de Salud, de Legislación General y de Justicia y Asuntos Penales del Senado y denunció “las fuertes presiones que ejercen los intereses económicos detrás de este negocio”. Ante los senadores, el vocero del cardenal Rossi en Córdoba dijo que “el punto central es si existe voluntad política para poner límite a esta peste que causa estragos en todos los rincones de nuestra patria y amenaza con dejarnos una generación de ludópatas”.
“Asociar el deporte, símbolo de salud, esfuerzo y trabajo en equipo, con algo que enferma es un sinsentido. Los chicos ya no disfrutan del fútbol: lo viven pendientes de si habrá un gol, una tarjeta o un penal para ganar o perder una apuesta”, señaló el sacerdote en su exposición.
En la nota a Villarruel y a los legisladores, los obispos recogen las expresiones del representante de la Comisión Episcopal de Pastoral Social y señalan que “la apuesta deportiva es todo lo contrario a lo que propone el deporte; por eso insistimos en que apostar no es jugar, no hablamos de juego. Jugar es otra cosa”.
La preocupación del Episcopado se conoce luego de recientes reclamos de obispos por “el retiro del Estado” ante el flagelo de las drogas y el avance del narcotráfico. “Lo reiteramos ahora ante esta otra adicción que atraviesa edades y clases sociales: si el Estado se corre o demora su respuesta, los daños serán cada vez más profundos y difíciles de revertir”, alertaron.
“Por eso consideramos −añaden los obispos− que el tratamiento de esta ley no puede demorarse más. Dejarla caer sin que haya sido debatida sería un gesto elocuente de desinterés e indiferencia ante un problema que afecta gravemente a miles de familias argentinas. La sociedad necesita ver que sus representantes están dispuestos a dar una respuesta responsable, más allá de presiones o conveniencias».
Y advierten que “la cuestión de fondo ya no pasa por reconocer los daños de la ludopatía −que son evidentes−, sino por saber si existe la voluntad política de dar el paso necesario para cuidar a los más vulnerables”. En este sentido, citan al papa Francisco, al recordar que “los gobiernos no pueden ser cómplices de instigación a la ludopatía”.
Desde que comenzó el debate sobre la prevención de la ludopatía en la Cámara de Diputados, la Iglesia insiste, entre otras medidas, en que se instrumenten impedimentos de medios de pago asociados a cuentas en las que se depositen los pagos de planes y programas sociales, el bloqueo de dominios de Internet de sitios ilegales, el cierre de cuentas bancarias utilizadas para realizar apuestas ilegales y la imposibilidad de realizar transferencias de divisas al exterior a cuentas de propietarios de sitios de juego ilegal.
También reclama el aumento de sanciones en el Código Penal para quienes permitan el acceso a actividades de juego de azar a menores; el diseño de un plan de acción para atender a las víctimas de la ludopatía por juegos y apuestas en línea, especialmente jóvenes y niños, y la decisión de prohibir a clubes deportivos y entidades de bien público que puedan ofrecer publicidad de apuestas, además de “fuertes sanciones para las empresas que violen la ley”.
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La media sanción del proyecto de reforma laboral pemite que, ahora, el tratamiento parlamentario se lleve a cabo en la Cámara de Diputados y quienes deseen saber si hay paro de la CGT este jueves 19 de febrero, tendrán la respuesta de acuerdo a la decisión que tome el Congreso para la fecha de debate.
La central obrera determinó que hará una huelga general sin movilización, en coincidencia con el día de tratamiento de la propuesta enviada por el Poder Ejecutivo. Esto puede ser el jueves 19 de febrero, o en su defecto el miércoles 25 de febrero.
Las chances de que haya paro de la CGT este jueves 19 de febrero son concretas, ya que el oficialismo en Diputados pretende que el tratamiento sea rápido y cuanto antes. De acuerdo a la información que trascendió en la últimas horas, los libertarios intentarán asegurar el quorum en el recinto y convocar a la sesión el jueves 19.
La idea del oficialismo es que se firme el dictamen de comisión el miércoles y poder llevar a cabo el tratamiento legislativo el jueves.
El avance de la reforma laboral depende, ahora, de las soluciones que se propongan al esquema de reducción de remuneraciones en caso de enfermedad o accidente del trabajador. Este punto es el que mayor objeciones generó en los distintos bloques, aunque se suman otros cuestionamientos desde la oposición.
En el caso de que no se reúnan los avales esta semana, es probable que la sesión se pase al miércoles 25 de febrero, en cualquier caso, el plan del Gobierno es que se obtenga la aprobación antes de fin de mes.
La medida de protesta que anunció la CGT ya cuenta con el apoyo de diferentes gremios, incluso algunos de ellos ya habían dado su aval antes de la media sanción del proyecto.
Se sumarán al paro general: la Unión Ferroviaria, liderada por Sergio Sasia, y La Fraternidad, gremio que aglutina a los maquinistas de trenes y es conducido por Omar Maturano.
Además, está garantizado el apoyo de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), dirigida por Juan Carlos Schmid, que nuclea a camioneros, pilotos, aeronavegantes, marítimos, fluviales y personal del subte, entre otros.
La CGT convoca a que la UTA (Unión Tranviarios Automotor) se pliegue a la protesta y no haya servicio de colectivos, lo que redunda en un impacto mayor del reclamo sindical. Sin embargo, el gremio que comanda Roberto Fernández se encuentra bajo conciliación obligatoria que rige desde las 00:00 horas del 11 de febrero y establece un período de 15 días, “durante el cual las partes deberán retrotraer la situación al estado previo al inicio del conflicto y garantizar la prestación normal de los servicios”.
Este es el cuarto paro que la central obrera realiza durante la gestión de Javier Milei.
Entre los focos más importantes que generan resistencia se encuentra el artículo por el cual, ante enfermedades o accidentes no vinculados a la actividad laboral, el trabajador dejaría de percibir automáticamente el salario completo, como prevé la normativa vigente. En su lugar, cobraría el 75% si se tratara de, por ejemplo, una enfermedad, y el 50% cuando derivara de una conducta voluntaria.
Otro rechazo se encuadra en el financiamiento de las indemnizaciones por despido y la derogación de media decena de estatutos profesionales.
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POLITICA
Desde su internación en Punta del Este, Alberto Samid criticó a Nación y Provincia: «No me dieron pelota con el avión sanitario»
El empresario y dirigente peronista Alberto Samid se refirió a su estado de salud y apuntó contra autoridades bonaerenses y nacionales por la falta de respuesta ante su pedido de traslado sanitario.
Desde el Sanatorio Cantegril de Punta del Este, donde permanece internado, publicó un mensaje en su cuenta de X en el que cuestionó duramente a funcionarios por no haber gestionado el operativo para regresar al país.
Leé también: Internaron a Alberto Samid en Uruguay: su familia pide un avión sanitario para trasladarlo a Buenos Aires
“Ahora comprendo por qué nos tratan de sudakas en el mundo. Hace dos días solicité a la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires y al Secretario de Turismo de la Nación un traslado sanitario de urgencia, de 40 minutos de duración, PAGANDO YO LOS GASTOS porque contraje un virus uruguayo que no saben qué es. Entonces tengo que ir rápido a mi país a atenderme con mis médicos. Ninguno de los dos me dio pelota. Los dos se hicieron los boludos”, posteó.
Y finalizó: “Si me pasa a mí, que soy un tipo conocido… pobre de alguien que no es conocido. Ni le atienden el teléfono.”
El mensaje, fechado “Sanatorio Cantegril 17-2-26” y firmado como “ALBERTO JOSÉ SAMID”, se suma al pedido público que había realizado su familia para concretar el traslado en avión sanitario hacia Buenos Aires.
Marisa Scarafía, su esposa, publicó un comunicado en las redes del excandidato a diputado donde informó sobre su estado de salud.
Por qué internaron a Alberto Samid en Punta del Este
“Alberto se encuentra internado en el Hospital Cantegril de Punta del Este. Ingresó primero por una infección urinaria, pero el cuadro se complicó porque le detectaron un virus en sangre que no se sabe bien que es, pero es muy peligroso ya que tiene bajos todos los valores de sangre, plaquetas, glóbulos blancos y otros valores”, explicó la mujer en un comunicado.
Tras ello, contó que el empresario conocido como el “Rey de la carne” necesita ser trasladado a Buenos Aires en avión sanitario e hizo una solicitud a las autoridades bonaerenses. “Le pido encarecidamente al señor gobernador de la Provincia de Buenos Aires, a los intendentes peronistas y a todos los compañeros, que nos ayuden con este tema. Es urgente. Alberto necesita estar en su país atendido por sus médicos”, insistió.
Alberto Samid, Punta del Este
Bajo presión interna y cuestionada por haber negociado con el Gobierno tras bambalinas, la Confederación General del Trabajo (CGT) resolvió activar un paro general sin movilización para el día en que se trate el proyecto de reforma laboral en la Cámara de Diputados. El debate legislativo podría ser este jueves o el miércoles 25 de febrero.
Sería la cuarta huelga contra la gestión de Javier Milei y la misma tendría la adhesión total de los gremios del transporte. La medida significa un endurecimiento en la estrategia sindical, que hasta ahora apostaba a introducir más cambios en la iniciativa libertaria mediante el diálogo entre algunos dirigentes y representantes del Gobierno.
La contundencia de la medida de fuerza reside en la participación de la Unión Tranviaria Automotor (UTA). El sindicato de los colectiveros mantuvo una postura cautelosa en las últimas semanas. Roberto Fernández evitó declaraciones públicas recientes, pero sus allegados confirmaron la adhesión al plan nacional de la central obrera. Desde el gremio sostuvieron: “Somos una entidad confederada, por lo cual si la cúpula decreta una medida vamos a adherir”.
El antecedente del paro previo genera preocupación en la dirigencia gremial. En el mes de abril de 2025, el servicio de colectivos funcionó con normalidad debido a una conciliación obligatoria estatal. Esta situación debilitó el impacto de la huelga en la región metropolitana en aquella oportunidad. La adhesión plena de los choferes resulta vital para asegurar que la protesta paralice efectivamente los centros urbanos y las zonas industriales.
La estrategia de no marchar hacia el Congreso generó tensiones con otros sectores del gremialismo. El Frente de Sindicatos Unidos, con base en la sede de la UOM sobre la calle Alsina, anunció una movilización independiente para el mismo día del debate.
Este bloque cuenta con el apoyo de los trabajadores estatales de ATE, los Aceiteros y las dos ramas de la CTA. Pablo Moyano respalda esta postura activa frente al Congreso.
Los dirigentes del triunvirato central prefieren un perfil bajo para evitar el desgaste público y los choques con la policía. Un integrante del consejo directivo reconoció: “No existe el clima social para una protesta masiva pese a los cambios que la reforma laboral ocasiona”.
Los desmanes ocurridos el miércoles pasado durante el choque entre manifestantes de izquierda y las fuerzas federales influyeron en la decisión final de la cúpula cegetista.
Marcelo Pasciuto, director del grupo DOTA, manifestó este martes en diálogo con LN+ que “hasta el momento el sindicato de colectiveros y la UCRA no nos notificaron de ningún paro: todo lo que sabemos es a través de los medios”.
“Nosotros controlamos 68 líneas de colectivos en el AMBA, pero hasta el momento no tenemos una confirmación oficial”, insistió.
La CGT definió un cese de actividades por 24 horas sin desplazamiento de columnas para la jornada en que la Cámara de Diputados analice el proyecto de ley de la reforma laboral: la fecha probable del tratamiento legislativo oscila entre este jueves 19 y el miércoles 25 de febrero.
En caso de que se termine de confirmar, el apoyo de los sindicatos del transporte garantiza un alcance total en la paralización de los servicios urbanos y de larga distancia durante toda la jornada de protesta.
¿Hay paro de la CGT este jueves 19 de febrero?
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