POLITICA
Renovación del PJ bonaerense y cambios en la dirección de la CGT, los ejes de un año clave para el peronismo

El peronismo cierra el año con definiciones que trascienden las elecciones legislativas del 26 de octubre. La provincia de Buenos Aires, distrito clave para la contienda nacional, concentra la disputa interna dentro del Partido Justicialista, mientras la CGT debate si abre la puerta a un recambio generacional y a una nueva conducción sindical para el próximo mandato.
Máximo Kirchner, líder de La Cámpora, busca consolidar su liderazgo y asegurarse que la línea kirchnerista mantenga el control de la estructura partidaria. Axel Kicillof, por su parte, intentará disputar ese dominio con dirigentes de su confianza, en un escenario de tensión que podría alterar los equilibrios internos.
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En este contexto, el rol de Sergio Massa adquiere relevancia. Como referente de sectores moderados y puente entre distintas líneas del peronismo, su capacidad de articular acuerdos y evitar fracturas podría ser determinante. El tigrense no solo incide sobre decisiones internas del PJ bonaerense, sino que también puede condicionar la coordinación en el principal distrito electoral del país.
La convergencia de estas tensiones internas con las elecciones legislativas convierte a Buenos Aires en un territorio de disputas estratégicas con impacto nacional.
La renovación de autoridades de la CGT añade otra dimensión a la contienda interna. La central obrera quiere recuperar su rol clave en la articulación de la movilización sindical y la construcción de poder dentro del partido. Sin embargo, el haber tomado partido a favor de Kicillof puede condicionar su proceso.
La elección clave que definirá la interna del PJ bonaerense
Al frente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner busca reforzar la influencia de La Cámpora en la estructura territorial. Su espacio combina control partidario con presencia en intendencias y movimientos sociales.
Este entramado de poder impacta tanto en la conducción del partido como en la proyección de figuras dentro del distrito más grande del país. La renovación de autoridades del PJ bonaerense está prevista para diciembre, lo que transforma la disputa entre kirchnerismo y Kicillofismo en un factor central de definición de poder para los próximos años.
La consolidación del liderazgo kirchnerista asegura lealtades internas y condiciona la definición de nombres que podrían ocupar la conducción del partido en el futuro. Entre los nombres que se barajan figuran Eduardo “Wado” De Pedro y Fernanda Raverta, todos alineados con el ala kirchnerista, pero también crece la posibilidad de que el propio Máximo Kirchner renueve su mandato, con el aval de Cristina Kirchner.
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Por su parte, Kicillof, apalancado por dirigentes del Movimiento Derecho al Futuro, busca disputarle ese control al kirchnerismo. La intención no es únicamente simbólica: la conducción del PJ bonaerense determina recursos, decisiones y la coordinación de campañas, lo que puede tener impacto directo en la proyección de figuras provinciales hacia 2027. Entre los nombres que se mencionan desde ese espacio están los de Verónica Magario, Fernando Espinoza y Andrés Larroque.
Kicillof busca acordar con intendentes y referentes territoriales conformar un bloque sólido que dispute la conducción y asegure representación en las estructuras del partido. El éxito o fracaso de este intento condicionará la relación entre las distintas líneas del PJ bonaerense y su capacidad de mantener la unidad hacia las presidenciales.
En ese contexto, Massa emerge como actor clave. Su intervención puede facilitar acuerdos que permitan una coordinación más efectiva en la provincia. El tigrense sigue de cerca la dinámica interna, consciente de que la definición impactará en la estrategia nacional y futuras alianzas políticas.
La renovación de la CGT, entre el recambio generacional y las alternativas de conducción
La CGT definirá el 5 de noviembre, en el Congreso convocado en Obras Sanitarias, a su nueva conducción. Será apenas diez días después de las elecciones del 26 de octubre y en un escenario interno marcado por la tensión entre los sectores que buscan mantener canales de diálogo con el Gobierno y los que mantienen un perfil combativo.

El proceso es seguido con atención por el peronismo, pero también desde la Casa Rosada. La central sindical mantiene un rol estratégico: define movilizaciones, apoya candidaturas y contribuye a consolidar estructuras territoriales.
Los sectores que compiten por liderar la CGT buscan posicionarse frente a la reforma laboral que promueve el gobierno libertario y mantener la cohesión entre las distintas corrientes sindicales.
Su capacidad de coordinar la base trabajadora y proyectar influencia en el PJ podría determinar el manejo de la calle de los últimos dos años del primer mandato de Javier Milei. Por eso, la renovación de la central no se limita a la esfera sindical: es un factor político clave para la consolidación de poder.
El congreso ratificará el fin del triunvirato que hasta ahora encabezaron Héctor Daer, Octavio Argüello y Carlos Acuña, pero también definirá el formato de la nueva conducción. Las alternativas que se barajan es la de reeditar un mando compartido, pero ampliado para contener a las distintas fracciones sindicales, o un secretario general único que concentre la representación y el poder.
Los nombres en danza dependen de la estructura dirigencial que se defina. Aparecen dirigentes de la nueva generación que cuentan con el aval de los históricos, como Cristian Jerónimo (Sindicato Vidrio), que se consolidó como la apuesta del ala dialoguista, pero también Jorge Sola (Sindicato del Seguro y actual vocero de la CGT), se perfila entre los dirigentes moderados; mientras que Maia Volcovinsky (Judiciales) se instaló dentro de los nombres que circulan como la cara femenina con mayor respaldo.
Del otro lado se organiza el ala combativa, con Abel Furlán (UOM) como referente principal, aunque la apuesta de Hugo Moyano podría ser revalidar el cargo de titular de la CGT para Octavio Argüello, su alfil y actual integrante del triunvirato, que asumió tras la renuncia de Pablo Moyano. También Omar Maturano, jefe de La Fraternidad, puja por mandato unipersonal.
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Implicancias para el peronismo nacional
La combinación de la interna bonaerense y la renovación de la CGT plantea un desafío político complejo. La manera en que se resuelvan estas disputas condicionará la unidad del peronismo, la consolidación de estructuras territoriales y la proyección de sus líderes a nivel nacional.
Más allá de las elecciones legislativas del 26 de octubre, estos procesos internos funcionan como prueba de fuerza entre las distintas líneas del partido. La coordinación territorial y la renovación de la CGT definirán si el peronismo logra mantener la unidad y fortalecer su presencia federal de cara a los próximos años.
Elecciones 2025, CGT, pj bonaerense
POLITICA
La Justicia citó a indagatoria y les prohibió salir del país a “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino por evasión

El juez Diego Amarante citó a indagatoria al presidente de la Asociación Argentina de Fútbol (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia y al tesorero de dicha entidad, Pablo Toviggino, en el marco de la causa por la retención indebida de aportes de la seguridad social. Además, se ordenó la prohibición de salida del país.
Según pudo confirmar TN, “Chiqui” Tapia deberá comparecer ante la Justicia el próximo 5 de marzo, mientras que el turno de Toviggino será el 6 de marzo. La medida alcanza también al presidente del club Argentinos Juniors, Cristian Ariel Malaspina, Gustavo Lorenzo y al expresidente de Racing, Víctor Blanco.
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El ARCA acusa a la AFA de haber actuado como agente de retención y percepción de tributos nacionales y recursos de la seguridad social, sin depositar los montos correspondientes dentro del plazo legal de 30 días corridos posteriores al vencimiento.
Los períodos abarcados van desde marzo de 2024 hasta septiembre de 2025, con retenciones en IVA, Impuesto a las Ganancias y contribuciones a la seguridad social.
El organismo explicó que estas maniobras configuran “el delito de omisión, ya que el deber jurídico de actuar surge directamente de la calidad de agente de retención, y la conducta típica se materializa en la falta de depósito del dinero retenido en tiempo oportuno”.
Según la denuncia inicial hubo un total de $7.593.903.512,23 en obligaciones que no fueron depositadas en tiempo y forma, dividido en dos grandes rubros, retenciones impositivas y retenciones de la seguridad social. En la ampliación de la denuncia el monto denunciado sumó $11.759.643.331,62.
El total bajo investigación supera los $19.300 millones por retenciones y aportes que no habrían sido ingresados.
ARCA aclaró que “los importes en cuestión no constituyen fondos propios del contribuyente, sino recursos ajenos que pertenecen al Estado desde el momento mismo de la retención, por lo que su no ingreso implica una indebida apropiación de caudales públicos».
El organismo planteó que “desde el punto de vista subjetivo el delito se consuma con dolo, entendido como el conocimiento del deber legal de ingresar las sumas retenidas y la posibilidad real de hacerlo, sin que resulte exigible una intención especial de apropiación”.
En esa línea, ARCA destacó que “la AFA conocía su obligación, había practicado las retenciones y se encontraba en condiciones de cumplir con el deposito, optando sin embargo por omitirlo, lo que satisface el elemento subjetivo requerido por el tipo penal”.
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Entre las pruebas ofrecidas por el organismo estatal aparece informes del Banco Credicoop, donde se constatan acreditaciones en cuentas de la AFA, así como la constitución de plazos fijos en pesos y dólares por sumas considerables, lo que demostraría la “capacidad fáctica” de disponer de fondos para cumplir con las obligaciones.
AFA, Chiqui Tapia, Pablo Toviggino
POLITICA
Schiaretti faltó a la sesión: “no pudo viajar por el paro”, justificaron

CÓRDOBA.- Tres de los cinco diputados nacionales por Córdoba por Provincias Unidas estuvieron ausentes en la sesión en la que se trató el proyecto de reforma laboral.
Entre ellos, el exgobernador Juan Schiaretti quien juró hace una semana por haber estado de licencia médica.
Desde el círculo del legislador aseguraron a que “no pudo viajar por el paro” dispuesto por la CGT. Esa fue toda la explicación que dieron.
Hace una semana, Schiaretti votó a favor la baja de la edad de imputabilidad, igual que todos los diputados del peronismo cordobés.
En el caso de la reforma laboral, se descontaba que votaría en contra el Fondo para Asistencia Laboral (FAL) que se financia con una contribución patronal del 3% compensada con una reducción de lo que va a Anses y, en consecuencia, impacta en los recursos que se deben girar a las cajas de jubilación provinciales no transferidas. En ese grupo de 13 está la de Córdoba.
El FAL, además del artículo de las licencias por enfermedad, quedó en medio de la discusión después de la media sanción del Senado.
En esa cámara, la cordobesa Alejandra Vigo -esposa de Schiaretti- rechazó ese segmento del proyecto y acompañó el resto. Su conducta fue una señal respecto del camino que podían seguir los diputados que responden al gobernador Martín Llaryora.
Además del exgobernador, no estuvieron Alejandra Torres e Ignacio García Aresca.
Si hubieran estado todos y se plegaban a la conducta de Vigo podrían haber generado nuevos ruidos en torno al FAL.
Las ausencias dieron origen a comentarios sobre un posible “acuerdo” entre la Casa Rosada y Llaryora para no poner en riesgo la creación del FAL.
“Saben que la ausencia dará lugar a múltiples lecturas”, comentó a la fuente schiarettista con la que habló.
No hubo precisiones, solo la ratificación de que “no llegaba”. Hasta que el oficialismo consiguió el quórum no había certeza de la fecha de la sesión.
Llaryora no estuvo entre los gobernadores con los que el ministro del Interior, Diego Santilli, mantuvo reuniones para negociar la reforma laboral.
La relación institucional entre el mandatario cordobés y la Casa Rosada se mantiene, pero no está en la lista de aquellos que tienen más cercanía.
Schiaretti fue uno de los impulsores de Provincias Unidas, una fuerza que reunió a media docena de gobernadores pero que en su debut electoral de octubre logró un resultado por debajo de lo esperado. Él mismo, quien lideró la lista en Córdoba, perdió por casi 15 puntos frente a la lista libertaria.
Cuando decidió postularse aseguró que, desde el Congreso, “defendería” los intereses de las provincias y aportaría a la agenda nacional con temas relacionadas al federalismo y la producción.
Hasta el momento, no hizo pública su opinión sobre la reforma laboral impulsada por La Libertad Avanza (LLA).
En noviembre fue sometido a una cirugía por un problema cardíaco y por esa razón no juró como diputado el 10 de diciembre. Asumió la semana pasada, cuando anunció que renunciaba a su sueldo y a los gastos de representación.
Gabriela Origlia,Conforme a
POLITICA
Tras el paro, la CGT advirtió que judicializará la reforma laboral si es aprobada

En una entrevista con Infobae en vivo, el secretario general de la CGT, Jorge Sola, confirmó que la organización sindical irá a la Justicia si el Congreso aprueba la reforma laboral. “La vamos a judicializar. Hay dos principios constitucionales que están conculcados: el 14 bis y el de no regresividad de los derechos sociales”, afirmó Sola al ser consultado sobre los próximos pasos del gremio tras la medida de fuerza.
Durante la charla con el equipo de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Martín Tetaz, Sola defendió la estrategia de la central obrera: “Nuestra responsabilidad es gremial y es la de oponernos a un programa económico y político que no tiene en cuenta a los trabajadores como centro de escena, sino que los pretende como engranaje de un mecanismo de producción”.
La postura de la CGT frente a la reforma: rechazo total y advertencia judicial
El dirigente fue terminante al explicar el motivo del paro nacional y el rechazo a la reforma: “No estamos hablando de un artículo. Estamos hablando del rechazo absoluto a la reforma. Teníamos decidido que cuando se tratara esta reforma, porque la rechazamos en su totalidad, íbamos a llevar adelante la medida de fuerza”.
Sola subrayó que la acción sindical no se limita al Ejecutivo nacional: “No es un paro en contra de un gobierno en particular, sino por este proyecto, que está en un momento de humor social donde la gente está reclamando por el rompimiento del tejido social”.
Consultado sobre si el objetivo de la huelga es influir en el voto de los legisladores, Sola respondió: “Precisamente buscamos llamar la atención a un gobierno que no nos ha aceptado en el diálogo en ningún momento. Hicimos 12 movilizaciones, 4 paros, y no están sentados los trabajadores en un proyecto donde se tratan sus propios intereses”. Defendió la legitimidad de la protesta: “Uno puede expresarse, claro. Lo hemos hecho manteniendo la paz social”.
Los puntos más conflictivos: indemnizaciones, banco de horas y derechos sindicales
Sola detalló los aspectos que la CGT considera más regresivos de la reforma: “No es una modernización, es un título romántico que tiene porque no moderniza. Deroga la ley de teletrabajo, no habla de tecnología ni de robótica, baja derechos, licúa indemnizaciones, limita el derecho de huelga y restringe la militancia del delegado gremial. Además, hay una gran transferencia de recursos por parte de los trabajadores a los empleadores, alrededor de seis mil millones de dólares”.
El secretario general también cuestionó la habilitación de convenios por empresa por debajo del convenio colectivo: “Ese principio de no regresividad de derechos es constitucional. Todo puede ir para arriba, pero no para abajo. Hoy, un empleador puede generar un sindicato por empresa y negociar a la baja. Eso debilita la posición de los trabajadores”.
Sobre el banco de horas, Sola advirtió: “Permite que el empleador, en acuerdo con el trabajador, decida: ‘No te pago horas extra, te las tomás cuando baje la producción’. ¿Quién define cuándo se toman? El empleador. Así el trabajador pierde plata y previsibilidad sobre su vida”.
El futuro del plan de acción y la vía judicial
Al evaluar el resultado del paro, Sola sostuvo: “Fue el más importante de los cuatro que se han hecho en este gobierno. El acatamiento fue muy alto, sobre todo de los trabajadores formales, los nueve millones que tienen representación gremial. Recibimos el acompañamiento de muchas pymes en contra de este proyecto”.
En cuanto al futuro, Sola fue claro: “No termina con esto. La profundización del plan de acción implica decirle al Gobierno y al poder político que lo que han hecho va en contra de cualquier derecho manifestado en la Constitución. Por lo tanto, la vamos a judicializar a esta ley”.
El dirigente fundamentó la decisión de acudir a la Justicia: “Hay dos principios constitucionales que están conculcados: el principio protectorio del derecho del trabajo y el principio de no regresividad de los derechos sociales. El Pacto de San José de Costa Rica lo dice claramente: una vez que tenés un derecho, no podés bajar de ese nivel”.
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jorge sola
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