POLITICA
Trump solo no puede salvar a la Argentina
Cuando los argentinos voten en las elecciones de mitad de mandato el 26 de octubre, la cuestión principal es sencilla: ¿quieren estabilizar su economía de una vez por todas?
El futuro económico del país depende de si los votantes pueden reunir la voluntad política necesaria para respaldar la coalición original del presidente Javier Milei y su programa de reformas, o si dan marcha atrás y otorgan poder a los partidos de la oposición que prometen más gasto y el impago de la deuda.
La estabilidad económica siempre ha sido el sueño más esquivo de Argentina. Durante más de ocho décadas, el país ha pasado de crisis en crisis, atrapado en un ciclo de déficits, inflación y esperanzas frustradas. Los gobiernos han intentado repetidamente restablecer el orden y han fracasado una y otra vez, no por falta de esfuerzo, sino porque las reformas necesarias nunca duraron lo suficiente como para que se afianzara la confianza.
La debilidad crónica de Argentina es la indisciplina fiscal. Los políticos tienden a gastar más allá de los medios del país, emiten deuda que no pueden pagar de forma creíble, imprimen dinero para cubrir la diferencia y luego dependen (explícita o implícitamente) de la inflación y los impagos para eliminar el valor del dinero y la deuda que han emitido. El guion habitual se repite: los déficits hacen que la deuda crezca y los mercados exigen tipos de interés cada vez más altos sobre esa deuda, lo que hace que crezca aún más rápido hasta superar la capacidad de pago del Gobierno. El resultado es el pánico, la hiperinflación y el impago.
Ha habido dos grandes intentos modernos por escapar de esta trampa: ambos audaces, ambos prometedores, ambos finalmente frustrados.
A principios de la década de 1990, el presidente Carlos Menem y el ministro de Hacienda Domingo Cavallo introdujeron el Plan de Convertibilidad, que fijaba el peso a la par con el dólar estadounidense, recortaba el gasto, liberalizaba el comercio y adoptaba amplias reformas financieras. La paridad tenía por objeto impedir que el Gobierno se limitara a imprimir dinero para pagar sus déficits; en cambio, cada peso debía estar respaldado por un dólar de las reservas de divisas de Argentina. Durante un tiempo, la inflación desapareció y volvió el crecimiento.
Pero la incapacidad del Gobierno para ajustar el tipo de cambio resultó perjudicial cuando, a finales de la década de 1990, Argentina se vio afectada por varias crisis, entre ellas la apreciación del dólar y la caída de los precios agrícolas, lo que provocó una sobrevaloración del peso. Los mercados perdieron aún más confianza a medida que aumentaba el déficit de Argentina. En 2001, el sistema colapsó con el impago de la deuda, la devaluación y el caos político.
El segundo experimento comenzó en 2015, bajo la presidencia de Mauricio Macri, un empresario favorable al mercado. Evitó la rígida paridad con el dólar y dejó que el peso flotara en el mercado de divisas. En lugar de imponer medidas de austeridad, optó por recortes más graduales, con la esperanza de que el apoyo político sostenido se tradujera en una mayor credibilidad.
Los mercados aplaudieron inicialmente, pero con el tiempo consideraron que las reformas eran demasiado tibias, especialmente cuando Macri no logró reducir el déficit. En 2018, el capital comenzó a huir del país. Macri recurrió al Fondo Monetario Internacional para pedir prestado el dinero que los mercados no estaban dispuestos a prestar. Cuando las primarias de 2019 señalaron que los predecesores despilfarradores de Macri volverían al poder, la confianza del mercado se derrumbó, lo que llevó de nuevo a la crisis.
Cuatro años más tarde, los ciudadanos, hartos de la inflación y la recesión, votaron por el cambio en la figura de Milei, un economista libertario que se autodenomina anarcocapitalista. Cuando asumió el cargo en diciembre de 2023, se comprometió a poner fin al caos fiscal crónico de Argentina. Su programa combinaba un enorme recorte del gasto con reformas estructurales, incluidas medidas de desregulación y privatización, pero mantenía los controles sobre la capacidad de los argentinos para sacar dinero del país.
El programa de Milei inicialmente logró una recuperación sorprendentemente rápida: la inflación cayó de tres dígitos en diciembre de 2023 a alrededor del 30 % en agosto pasado. En abril, el Gobierno también obtuvo un préstamo de 20 000 millones de dólares del FMI y aprovechó la ocasión para eliminar las restricciones a la capacidad de los argentinos para comprar y vender dólares estadounidenses.
Por un momento, pareció que Argentina podría romper realmente su ciclo. El paquete de préstamos del FMI proporcionó al Gobierno de Milei unas reservas de divisas fundamentales y supuso un voto de confianza en el programa, lo que provocó una suba de los bonos argentinos que abarató los préstamos.
Pero dos recientes sacudidas políticas cambiaron el rumbo. Primero fueron las acusaciones de corrupción que involucraban a Karina Milei, hermana de Milei y asesora cercana, que sembraron dudas sobre el compromiso del presidente con una política nueva y limpia. Luego vino la derrota electoral del mes pasado en la provincia de Buenos Aires, la más grande del país. Esa combinación comenzó a sembrar dudas. ¿Podría Milei mantener su agenda si su control del poder se tambaleaba? ¿Cooperaría el Congreso con su modelo? ¿Volverían al poder sus oponentes y darían marcha atrás a sus reformas?
Esas dudas son muy importantes. En los próximos años, Argentina deberá pagar más de 45.000 millones de dólares en concepto de deuda externa, incluidos más de 15.000 millones al FMI. Para ello, debe poder obtener préstamos de los mercados de capitales mundiales a tipos de interés razonables, pero esa capacidad depende de su credibilidad. Sin ella, los mercados solo están dispuestos a prestar a tipos de interés prohibitivamente altos, lo que empuja al país hacia el mismo impago que espera evitar.
Se trata de una trampa clásica conocida por los economistas como la trampa del equilibrio múltiple: cuando los inversores se sienten optimistas, están dispuestos a prestar dinero a bajo coste, lo que hace bajar los tipos de interés y ayuda al crecimiento de la economía, al tiempo que mantiene bajo el servicio de la deuda, confirmando así sus esperanzas iniciales. Por el contrario, si se vuelven pesimistas, exigen primas de alto riesgo, lo que hace que los tipos de interés se disparen, lo que ahoga la inversión y encarece la deuda pública, justificando así su temor a una crisis.
La semana pasada, el Gobierno estadounidense se comprometió a realizar un intercambio de divisas por valor de 20.000 millones de dólares —en la práctica, un préstamo a corto plazo— con Argentina. La medida se hizo eco de la promesa realizada por Mario Draghi, entonces presidente del Banco Central Europeo, en el punto álgido de la crisis del euro en 2012, de hacer “lo que fuera necesario” para defender el euro. Sus palabras, respaldadas por un poder institucional creíble, cambiaron las expectativas de tal manera que los tipos de interés bajaron sin que se gastara un solo euro. El rescate del Gobierno de Trump fue lo más parecido a un respaldo de credibilidad al estilo Draghi que Milei, que visitó la Casa Blanca el martes, podía esperar.
Sin embargo, estos salvavidas externos solo pueden llevar a un país hasta cierto punto. Lo que importa es si este apoyo se filtrará tanto en los mercados como en la política para llevar a Argentina a un círculo virtuoso de credibilidad. Milei ha demostrado su compromiso con la disciplina fiscal y la gestión responsable de la oferta monetaria del país. En última instancia, los argentinos deben alcanzar un consenso político en torno a la idea de que la estabilidad no es un eslogan partidista, sino la base del crecimiento.
La pregunta fundamental el 26 de octubre es si se demostrarán a sí mismos y a los mercados que Argentina está lista para romper con los viejos hábitos y afianzar su futuro en un compromiso con la estabilidad, cueste lo que cueste.
*Ricardo Hausmann es profesor de economía política internacional en la Harvard Kennedy School y director del Harvard Growth Lab. Fue ministro de Planificación de Venezuela entre 1992 y 1993 y economista jefe del Banco Interamericano de Desarrollo entre 1994 y 2000.
© The New York Times 2025.
North America
POLITICA
Reforma laboral: el Gobierno teme que la cancelación de vuelos afecte el quorum y activa un “plan B”
“La mayoría de los diputados son del interior. Así que veremos”. En La Libertad Avanza festejaron esta tarde el dictamen de comisión de la reforma laboral y rápidamente empezaron a apurar el operativo traslado para garantizarse el quorum para la sesión que está convocada el jueves a las 14 horas y por la que la CGT convocó a un paro nacional.
“Están mandando autos para buscar diputados”, confió a TN una fuente libertaria, minutos antes de que saliera el comunicado que confirmaba que el paro de la CGT afectará a Aeroparque y Ezeiza: ”Aerolíneas Argentinas cancela 255 vuelos por el paro de la CGT y estima una pérdida de USD 3 millones».
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La empresa informó que “más de 31.000 pasajeros se verán afectados por la cancelación de 255 vuelos en toda su red de operaciones como consecuencia del paro convocado por la CGT. La medida tendrá un impacto económico estimado de USD3 millones”.
De las cancelaciones, según precisó la aerolínea, 219 corresponden a vuelos de cabotaje, que afectarán a unos 25.000 pasajeros; 32 a vuelos regionales, con 5000 pasajeros; y 4 a vuelos internacionales, que involucran a alrededor de 1000 pasajeros. La compañía anticipó que aplicará los descuentos salariales correspondientes al personal que adhiera a la medida por la jornada no trabajada.
Para mitigar el impacto de la medida, AA dispuso reprogramaciones, adelantamientos y demoras.
Según pudo saber TN, desde el sector anticipan una jornada caótica. “Los controladores están de paro, los gremios aeronáuticos están de paro. Acaban de informar que no dan garantía sobre el abastecimiento de combustible por YPF. Eso prácticamente paraliza todo”.
Y agregan: “Flybondi puede tener autonomía de rampa solamente en Ezeiza y puede llegar a un acuerdo comercial para brindarle servicio a JetSmart. Pero si no tienen combustible, no pueden funcionar. Y además porque Flybondi en el interior del país, si realmente puede salir con algún vuelo, cuando llega a destino no puede abastecer combustible, no tiene atención de rampa en sus aviones en el interior, porque en el interior la mayoría es de Intercargo.
La situación es compleja por otras razones. “En esta apertura de regulación que hubo, hay rampas nuevas, hay 10 habilitadas, pero ninguna está funcionando, porque se necesita un montón de elementos, inversión, equipos, espacios, que se les otorguen permisos, certificaciones. Este paro los agarra con el único operador de Intercargo, además de American Airlines que tiene el propio servicio de rampa, y Flybondi solamente en esa isla. Así que el panorama es sombrío”, dicen.
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La preocupación del oficialismo es que los diputados lleguen para arrancar la sesión. “Si quieren venir en avión van a tener que salir hoy mismo. A algunos ya les están mandando autos para un traslado por tierra”, cuenta. La orden es que arriben a Buenos Aires, como sea.
La reforma laboral, con dictamen y sin artículo 44
La Libertad Avanza logró avanzar con el dictamen de mayoría en la Cámara de Diputados para el proyecto de reforma laboral, en una jornada marcada por la tensión social y el cierre de la planta de neumáticos Fate. Para asegurar el acompañamiento de los bloques “dialoguistas” (PRO, UCR y sectores provinciales), el oficialismo debió realizar una concesión determinante: se eliminó el polémico artículo 44, que buscaba recortar los beneficios de las licencias médicas por enfermedad.
En el último poroteo, el oficialismo contaba con 135 votos para la media sanción en Diputados. El piso para aprobar la ley es de 129 votos. El bloque de LLA cuenta con 95 integrantes y llegaría a ese número con los aliados. En la firma del dictamen, el PRO marcó sus diferencias con los libertarios.
▪️ Dictamen de mayoría (44 firmas LLA – PRO – UCR – INDP. – PYT – CAPOZZI): Lisandro Almirón- Pablo Ansaloni – Mónica Becerra – Bertie Benegas Lynch – Facundo Correa Llano – Alida Ferreyra – Silvana Giudici – Rosario Goitia – Alfredo Gonzales – Diego Hartfield – Gerardo Huesen – Gladys Humenuk – Lilia Lemoine – Lorena Macyszyn* – Álvaro Martínez – Julieta Metral Asensio –Guillermo Montenegro – Francisco Morchio – Julio Moreno Ovalle – Marcos Patiño Brizuela – Luis Picat – Valentina Ravera – Adrián Ravier – Verónica Razzini – Laura Rodríguez Machado – César Treffinger- Lorena Villaverde – Carlos Zapata – Lisandro Nieri – Pamela Verasay – Nancy Picon Martinez – Elia Fernández.
En disidencia parcial: Eduardo Falcone – Fernando De Andreis – Daiana Fernandez Molero – Antonela Giampieri – Sergio Eduardo Capozzi.
▪️ Dictamen de minoría I (29 firmas UP): Cristian Andino – Carlos Castagneto – Carlos Cisneros – María De La Rosa – Andrea Freites – José E. Gómez – Ana María Ianni – Mario Manrique – German Martinez – Hugo Antonio Moyano – Jorge Mukdise – Kelly Olmos – Blanca Inés Osuna – Sergio Omar Palazzo – Claudia Palladino – Gabriela Pedrali – Luciana Potenza -Ariel Rauschenberger – Agustín Rossi – Marina Dorotea Salzmann – Sabrina Selva – Vanesa Raquel Siley* – Julia Strada – Victoria Tolosa Paz – Hugo Yasky – Pablo Yedlin – Natalia Zaracho.
▪️ Dictamen de minoría II (UNIDOS): Nicolas Massot y otros.
▪️ Dictamen de minoría III – de rechazo– (1 firma IZQ): Néstor Pitrola.
Los puntos clave de la jornada:
- Modificación del proyecto: Al sufrir cambios el texto que venía del Senado, la ley no podrá ser sancionada definitivamente este jueves; si se aprueba en el recinto de Diputados, deberá regresar a la Cámara Alta para convertirse en ley.
- Conflicto Fate: El anuncio del cierre de la planta y los despidos masivos le dieron un nuevo impulso al reclamo gremial y fue el catalizador para el malestar de la oposición y los sindicatos.
- Paro de la CGT: La central obrera ratificó el paro total de actividades para este jueves 19 de febrero. La medida será especialmente fuerte en el sector transporte: colectivos, trenes y subtes.
- Estrategia oficial: A pesar del paro de la CGT, el Gobierno mantiene su intención de sesionar este mismo jueves para intentar darle media sanción a los cambios y cumplir con el objetivo de tener la ley antes del cierre de las sesiones extraordinarias el 28 de febrero. Javier Milei quiere tener esta reforma y la baja de la imputabilidad aprobadas antes del 1 de marzo cuando dé el discurso en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso.
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Impacto político: Con la eliminación de los cambios en las licencias médicas, el oficialismo logra destrabar el rechazo de la UCR y algunos gobernadores, aunque esto estira los tiempos legislativos. El éxito de la estrategia dependerá ahora de la disciplina de sus aliados en una sesión que se prevé extensa y con la calle paralizada por el paro general.
reforma laboral, Diputados, Paro, CGT
POLITICA
Entrevista: una jueza del fuero laboral cuestiona la reforma y pronostica que se llevará a los tribunales
La reforma laboral del Gobierno, que este jueves se debatirá en la Cámara de Diputados, colocó al fuero laboral de la Justicia Nacional en un lugar incómodo.
El texto que promueve el oficialismo proyecta la “progresiva disolución” del fuero laboral nacional. Y aunque ese proceso va en línea con el demorado traspaso de la Justicia Nacional al ámbito porteño, las dudas sobre los detalles del cambio ponen en alerta a los magistrados del fuero.
María Elena López, vicepresidenta de la Asociación de Magistrados y magistrada del fuero, reconoce la importancia de rediseñar el esquema laboral -“las necesidades cambiaron”, asegura en diálogo con -, pero considera que el proyecto actual no reunió aval suficiente: “un proyecto no debería jamás responder a los intereses de un solo sector”.
Además, rechaza que el fuero responda a intereses sectoriales, un axioma en el que la reforma del Gobierno parece apoyarse tácitamente. “La industria del juicio no existe”, argumenta, en contraposición con las acusaciones del Gobierno que apuntan a los abusos y las complicidades en perjuicio de los empleadores.
−¿Cree necesaria una reforma laboral?
– Por supuesto que es necesaria. Porque pasaron muchísimos años y el mundo del trabajo ya no es lo mismo. La gente que se incorpora no es la misma, las necesidades tanto del sector empresario como de la gente que se incorpora tampoco, sobre todo las de los jóvenes, que se incorporan al mercado de trabajo priorizando otra cosa: empleos verdes, diagramación y libertad en el ejercicio de la jornada de trabajo, etc. Pero lo que sería necesario es darnos un debate como sociedad para ver cuál es el mejor proyecto de reforma que la sociedad necesita. El tema no es si es necesaria o no una reforma, que yo estoy totalmente de acuerdo, sino cuál es la mejor reforma posible.
−¿Qué opinión tiene del proyecto en particular?
– No puedo hablar de la ley en particular porque podría llegar a tener que emitir opinión en un análisis en mi trabajo, en una sentencia, pero de todas maneras, lo que me parece más grave de todo esto es la ausencia de debate. Hay muchas cosas que tienen que estar en juego: las libertades, las necesidades de cada uno de los sectores, ver cuáles de las cosas que estás incorporando pueden contribuir a mejorar o a paliar ciertas situaciones como pueden ser la informalidad. Y, fundamentalmente, un proyecto no debería jamás responder a los intereses de un solo sector.
−Se opone al modo y a que refleja los intereses de solo uno de los sectores
– Lo que digo es, y no estoy emitiendo juicio, cuáles serían las pautas que debería tener desde mi mirada un proyecto de reforma de ley. Uno de los requisitos es que no debería responder a los intereses de un sector, eso es lo que digo.
−El Gobierno sostiene que uno de los objetivos de la reforma es poner fin a la industria del juicio. ¿Existe tal industria?
– Un juez laboral analiza el caso, y mira si la norma que la persona está invocando encaja. No se puede cometer un grado de arbitrariedad enorme en relación a eso, ni puede decir: “no aplico la ley”. En ese marco, digo que la industria del juicio no existe. Lo que existe es un montón de reclamos que muchas veces tienen asidero y llegan a buen puerto y muchas veces no. No soy yo la única jueza del trabajo, como muchos colegas, que en numerosas ocasiones rechazamos demandas que no tienen asidero. Hay todo un proceso, enmarcado en una Constitución, con un juez que es probo, que rindió sus exámenes, que hizo su defensa ante el Senado, y que si no es probo, está el Consejo de la Magistratura para removerlo.
Es muy fácil decir ‘la industria del juicio existe’, pero si nosotros nos ponemos a analizar que todas estas cosas se dan en el marco de un proceso que es legal, que es jurídico y que está basado en normas, esa afirmación es absurda.
−¿Y por qué hay tanta diferencia de criterios en el tema de las indemnizaciones, por ejemplo?
– Acá hay dos cosas distintas, que es si un trabajador en una relación de trabajo está en negro o en blanco. Si está en blanco, hay un establecimiento de un mes de sueldo por cada año de trabajo. No se paga más que eso, porque es una indemnización que está tarifada y nadie podría apartarse de esa norma.
El tema es si las diferencias empiezan cuando el trabajador está en negro. Había una serie de multas tendientes a condenar o penar a ese empleador incumplidor, pero si ese empleador tenía a sus empleados registrados, no podría haber ningún tipo de diferencia.
Y luego está el tema de la tasa. Hubo alguna discrepancia en cuanto a la aplicación de la tasa en nuestro país. No sucedió solamente en la Justicia Nacional, sino también en cada una de las provincias. La ley dice que se aplica la tasa que determinan las partes; en segundo lugar dice que se aplican las tasas que la ley determina; y si la ley no lo determina, viene el juez. Bueno, también hay alguna responsabilidad del legislador que durante tantos años no le dijo a los jueces cuál era la tasa que debía aplicarse. No es que le estoy corriendo el cuerpo a la responsabilidad, pero digo, acá hay un sistema, en todo caso, que no funciona.
−¿Por qué se vincula tanto al fuero con el sindicalismo?
– El juez de Trabajo aplica las normas en función de ciertos principios y hay principios que dicen que, en caso de duda, tenés que estar a favor del trabajador, que el trabajador es el sujeto de preferente tutela. Yo no me siento vinculada al sindicalismo, creo que la mayoría de mis colegas tampoco, nosotros somos un tercero que intermedia entre ambas partes, tampoco tenemos mucha incidencia, por lo menos los jueces de primera instancia. No somos ni tan poderosos, ni tan arbitrarios, porque la Constitución no lo permite.
Lo que resolvemos es si hay algún derecho tutelado que se puede llegar violentar, y ahí aplicamos la doctrina de la Corte. Es la Corte la que dijo si un trabajador debe ser reinstalado o no, lo mismo en términos de discriminación. No es un fuero que se aparte de lo que ha dicho la Corte.
Quizás sorprenda algún fallo, que ordene que un delegado sindical que ha sido despedido, debe ser reinstalado, pero eso lo dice la ley, es la interpretación de los fallos de un tribunal superior y es lo que nosotros aplicamos.
−Hay fallos de la Corte que revocan decisiones de la Cámara Laboral…
– En materia de tasa de interés. Fundamentalmente todo gira sobre eso y es en relación a algunas salas, no a todas. En relación a los montos que se han aplicado en condenas por daños y perjuicios en materia de accidentes de trabajo, que la Corte ha considerado que son exorbitantes, y los ha revocado. Y en el caso de accidentes, han vuelto a otra sala, y la sala lo ha modificado conforme lo que la Corte ha determinado.
−¿Los jueces laborales se sienten apuntados por la reforma?
– Nos están diciendo que nos cierran [alude al Capítulo IV de la ley, en el que se incluye el acuerdo para transferir el fuero laboral nacional al porteño]. El Poder Judicial de Nación no ha sido parte, ni mucho menos la asociación de magistrados. Esto no solamente es súper perjudicial para nosotros, que nos dicen ‘ustedes no van a ser más jueces, esto se cierra’, sino que es absolutamente disciplinador para todo el resto que está mirando.
Nadie negaba la posibilidad de que la Ciudad de Buenos Aires pudiese hacerse cargo de la justicia del trabajo de los habitantes de su ciudad. Nosotros veníamos trabajando muy bien, en el marco de una comisión de traspaso y de transferencia de competencias. El proceso venía muy avanzado, con informes, con resultados positivos, y de golpe aparece esto.
¿Se va a poder ir a reclamar a diez juzgados laborales que en este momento están en la ciudad de Buenos Aires cuando nosotros somos ochenta y no damos abasto? ¿Cuánto va a durar el juicio de un trabajador?
−¿La reforma podría judicializarse?
– Seguramente. Es una posibilidad que estamos evaluando, pero vamos en el día a día. Por ahora, lo que tratamos es que esto no se apruebe.
Federico González del Solar,Conforme a
POLITICA
La UTA y La Fraternidad pararán desde esta medianoche a pesar de haber sido intimados por el Gobierno
El transporte público sufrirá una interrupción total a partir de la medianoche, luego de que el líder de la UTA, Roberto Fernández, y el titular de La Fraternidad, Omar Maturano, ratificaran ante Infobae la decisión de avanzar con el paro nacional. La medida, que afectará a trenes y colectivos en todo el país -entre otros servicios y transportes públicos-, se produce en respuesta a la reforma laboral propuesta por el Gobierno y en sintonía con la convocatoria de la Confederación General del Trabajo (CGT). La determinación gremial se sostiene incluso tras la advertencia oficial que buscó frenar la huelga mediante la amenaza de retirar la personería jurídica a ambos sindicatos.
La tarde estuvo marcada por la escalada de tensión entre el Poder Ejecutivo y los principales gremios del transporte. Desde Casa Rosada se emitió una intimación formal dirigida tanto a la Unión Tranviarios Automotor (UTA) como a La Fraternidad, en la que se instó a “abstenerse de realizar cualquier medida de fuerza que implique la suspensión del servicio”.
El documento oficial, según pudo saber este medio, advirtió que el incumplimiento podría derivar, en última instancia, en la pérdida de la personería gremial, un instrumento clave para el funcionamiento y la representación legal de las entidades sindicales.
Fernández, al frente de la UTA, y Maturano (La Fraternidad) confirmaron que la decisión de sumarse al paro se mantiene firme. “Este es un paro decretado por la CGT y estamos protegidos legalmente”, aseguraron. En ambos casos, coincidieron en que los conflictos salariales que dieron origen a la conciliación obligatoria no tienen nada que ver con una medida dispuesta por la CGT, que se realizará en rechazo de la reforma labora.
La amenaza de duras sanciones por parte del Gobierno representa un hecho excepcional en la historia reciente del país. Hasta el momento, los sindicatos de transporte habían sorteado las advertencias oficiales a través del diálogo o la negociación directa, pero en esta oportunidad la presión no logró frenar la medida. La decisión de continuar con la huelga fue confirmada a última hora de la tarde a Infobae por los dos líderes gremiales.
La medida de fuerza se produce en el marco de un clima sindical convulsionado. La CGT, que hizo la convocatoria, había oficializado el paro general para el día de mañana en rechazo a la reforma laboral y en repudio a la política económica del Gobierno. Como parte del mismo comunicado, la central obrera vinculó el reciente cierre de la fábrica de neumáticos FATE a lo que describió como “el fracaso del plan económico oficial”. La adhesión de la UTA y La Fraternidad fue interpretada como un respaldo estratégico al plan de lucha definido por la CGT.
La suspensión de los servicios de trenes y colectivos tendrá impacto directo en millones de usuarios. Fuentes del sector estiman que más de 9 millones de personas utilizan diariamente estos medios de transporte en el Área Metropolitana de Buenos Aires y las principales ciudades del interior. El cese de actividades se extenderá durante 24 horas y, según confirmaron los gremios, no habrá servicios mínimos ni guardias para casos excepcionales.
Desde el Gobierno, la reacción ante la ratificación del paro fue inmediata. Altos funcionarios hicieron circular la advertencia de que “no se permitirá la extorsión a través de medidas de fuerza ilegítimas”, y recordaron que la personería gremial “no es un derecho absoluto, sino una potestad del Estado”. La Secretaría de Trabajo reiteró que la intimación cuenta con fundamento legal y que se analizarán los pasos a seguir una vez que concluya la jornada de protesta.
La pulseada entre los sindicatos del transporte y el Ejecutivo suma un nuevo capítulo a un escenario de alta conflictividad laboral. Mientras tanto, la CGT mantiene en agenda la posibilidad de convocar a nuevas acciones si no se produce una revisión del proyecto de reforma. Por su parte, la UTA y La Fraternidad anticiparon que “no cederán ante presiones”, y que toda negociación deberá partir del respeto a la representatividad sindical y las condiciones laborales vigentes.
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