La oposición expresó un rechazo contundente al cierre de la empresa Fate, productora argentina de neumáticos, que se conoció esta mañana. El peronismo vinculó el cese de actividades con la política económica del gobierno de Javier Milei que, desde su punto de vista, implica la “desindustrialización”.

A su vez, junto a la izquierda, recordaron su resistencia al proyecto de reforma laboral, que el oficialismo espera tratar mañana en la Cámara de Diputados. Sostienen que, de aprobarse, agravará la crisis.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, dijo a que el cierre de Fate “es una muestra cruel del modelo económico del gobierno nacional”. “Desindustrialización, apertura irrestricta de importaciones y precarización laboral. La novedad es que hay un gobierno nacional que a contramano del mundo, no cuida los trabajadores ni los puestos de su país. Es demencial”, indicó. Sostuvo que se disolvieron “22.000 empresas” y que se perdieron “casi 300.000 puestos de trabajo” durante la gestión libertaria.

Desde otro sector del peronismo, el diputado nacional Ramiro Gutiérrez tuvo la misma lectura: “Es parte de una política de desindustrialización”, afirmó el dirigente del Frente Renovador en diálogo con . “La Argentina no está ayudando al crecimiento de su producción y de su industria. Está abriendo las importaciones y no hay un cuidado de la producción interna, y termina como fue”, agregó.

La legisladora bonaerense Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes en uso de licencia y cercana a Cristina Kirchner, también vinculó el cese de actividades de la empresa con la política económica del gobierno libertario: “920 nuevos desocupados del modelo económico de Javier Milei”.

Jorge Taiana, diputado nacional de Unión por la Patria, señaló que la crisis en la empresa y la pérdida de centenares de puestos de trabajo “evidencian un proceso peligroso de desindustrialización”. “Es imperativo que el debate sobre la reforma laboral no sea una simplificación para facilitar el despido, sino una discusión profunda sobre cómo protegemos el capital humano y la capacidad productiva del país”.

Los cuatro diputados nacionales del Frente de Izquierda –Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Romina Del Plá y Néstor Pitrola– expresaron su solidaridad con los trabajadores despedidos. Pitrola agregó: “Basta de cierres y despidos!!! Esto es la reforma laboral. Esto es Milei”.

La legisladora porteña Viviana Biasi asoció el cierre al modelo económico y la reforma laboral: “El gran motor de la destrucción laboral es la política económica de Milei, las patronales y los yanquis. El plan de reforma laboral del Gobierno y de la UIA, que lo defiende hasta el final, es para convertir a un obrero de Fate en un repartidor en bicicleta. Ellos son el atraso y la destrucción laboral”.

En tanto, los diputados nacionales Esteban Paulón (Partido Socialista) y Mónica Frade (Coalición Cívica), desde espacios que oscilan en sus posiciones respecto del Gobierno, lamentaron la disolución de la empresa de neumáticos. Paulón dijo que el cierre expresa “la tragedia de este tiempo económico del país”, mientras Frade se mostró escéptica: “Todo va de maravillas, pero a partir de hoy 920 trabajadores de Fate, planta San Fernando, en la calle. Algo no es cierto”.

La diputada nacional Gisela Scaglia (Provincias Unidas), que comparte con ellos el interbloque Unidos, afirmó a : “Durísimo. Nadie quiere estas cosas nunca. No debería [impactar en el tratamiento de la reforma laboral], pero es obvio que lo van a usar. Entiendo que estará en el discurso, pero una cosa no tiene que ver con la otra”.

Cerca de la vicepresidenta Victoria Villarruel se limitaron a recordar a sus dichos durante su visita a la planta de Fate en septiembre pasado. En aquella ocasión, sostuvo: “La industria nacional es motor de desarrollo y soberanía. Acompañarla y conocer de cerca su realidad es fundamental para construir una Argentina con futuro”.

El jefe del bloque Pro en Diputados, Cristian Ritondo, aliado de la Casa Rosada, lamentó el cierre de Fate, al tiempo que responsabilizó al kirchnerismo y ponderó la reforma laboral, en diálogo con . “Es una noticia muy triste. Es una empresa histórica de la industria argentina y hay cientos de familias que hoy están preocupadas. Eso siempre duele y merece toda nuestra solidaridad”, comenzó.

Sin embargo, argumentó: “El cierre de Fate no es producto de esta reforma ni de las políticas de este gobierno. Es la muestra de lo que pasa cuando durante años se castiga al que produce, como sucedió en los gobiernos kirchneristas”. Sostuvo, además, que “el kirchnerismo lo va a usar sin hacerse cargo de su responsabilidad”.

El diputado nacional Oscar Zago, del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), espacio que suele colaborar con el oficialismo, dijo a que los “daños colaterales” del cierre de Fate superan a la empresa e incluyen a comercios, industrias y proveedores vinculados con la empresa.

Su compañero de bloque Eduardo Falcone tildó la situación de “preocupante”: “Si el Gobierno no se pone las pilas y sigue creyendo que ‘la mejor política industrial es no tenerla’ cuando todo el mundo hace política industrial, esto termina mal”.

Por su parte, el presidente de la Unión Cívica Radical, Leonel Chiarella, sostuvo que la disolución de la compañía es “una pésima noticia”, al tiempo que criticó la política comercial del Gobierno: “La apertura indiscriminada, sin controles y en medio de una economía en retracción y con consumo estancado, demuestra que hace falta un Estado eficiente, con una mirada humana y sensible que acompañe a trabajadores y empresarios para atravesar la crisis”.

La reforma laboral no terminó de sortear el primer obstáculo y ya suma otro. Mientras el artículo 44 sobre licencias médicas encamina el proyecto de regreso al Senado, los aliados del centro político avisaron que en Diputados también impulsarán otras modificaciones.

El Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que propone financiar indemnizaciones con aportes del empleador, y la derogación de varios estatutos profesionales concentran las principales objeciones. Un conjunto de bloques que reúne alrededor de 35 diputados ya adelantó su rechazo a esos puntos.

Sin esos votos, el oficialismo podría perder la pulseada durante la votación en particular. En la Casa Rosada trabajan contrarreloj para evitar más recortes al texto original. Si a las modificaciones que impulsa la oposición se suma la eliminación del artículo 44 -que prevé un recorte salarial ante enfermedades o accidentes no vinculados al trabajo- el Senado podría convalidar en paquete, por sí o por no, todos los cambios introducidos. Fue así como se votó la Ley Bases. El ruido político y las críticas de la opinión pública que generó ese artículo condiciona la suerte del resto de la reforma.

El oficialismo, sin embargo, podría invocar un antecedente para abrir la votación en el Senado. Se trata de un acta firmada en 1995 por los presidentes de ambas Cámaras legislativas, los peronistas Alberto Pierri (Diputados) y Eduardo Menem (Senado), que sostiene que “cuando un proyecto de ley vuelve a la Cámara de origen con adiciones o correcciones introducidas por la Cámara revisora, podrá aquélla aprobar o desechar la totalidad de dichas adiciones o correcciones o aprobar algunas y desechar otras, no pudiendo en ningún caso introducir otras modificaciones que las realizadas por la Cámara revisora”.

La discusión comenzará a las 14 en un plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y Presupuesto y Hacienda. El debate estará atravesado por el cierre de Fate, la fábrica nacional de neumáticos que deja alrededor de 900 personas sin empleo y suma presión social al tratamiento del proyecto. Invitados por el kirchnerismo, expondrán representantes de las tres centrales sindicales -CGT y las dos CTA- y se prevé la participación del gremio del neumático, vinculado a la izquierda.

Pese al escenario adverso, el Gobierno mantiene la intención de sesionar este jueves. La meta es que Javier Milei pueda exhibir las reformas laboral y penal juvenil durante la asamblea legislativa del 1° de marzo. Pero el recinto se presenta díscolo y la votación en particular podría deparar sorpresas.

Los libertarios parten de una base cercana a los 122 votos, sumados Pro, la UCR y el MID. Más allá de ese núcleo, los apoyos no están asegurados y buena parte del centro político ya tomó distancia de los artículos más controvertidos.

El rechazo al FAL, tal como está planteado, es compartido por el interbloque Unidos (22 integrantes), parte de Innovación Federal (5) y la cordobesa Natalia de la Sota.

Desde el espacio Provincias Unidas (PU) fueron explícitos. “El FAL desfinancia la Anses, a las provincias y a un sector al que se le pega durísimo hace dos años, que son los jubilados. Pero claro: ¿quién gana defendiendo a los jubilados? Estamos hablando de un fondo de 3.000 millones de pesos anuales”, advirtió el diputado Pablo Juliano. La jefa del espacio, Gisela Scaglia, confirmó a que impulsarán modificaciones al artículo.

En el Senado, este punto también encontró resistencia entre los representantes de los gobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca), habituales acompañantes del oficialismo en votaciones ajustadas.

Es posible, no obstante, que los cuatro misioneros alineados con Carlos Rovira e integrantes de Innovación Federal acompañen al oficialismo, como ya lo hicieron sus referentes en el Senado. Aun con esos votos, el Gobierno necesitaría al menos dos avales adicionales para asegurarse la mayoría.

En ese escenario, en la Cámara baja no descartan una herramienta habitual en votaciones ajustadas: reducir el número de presentes para bajar el umbral necesario y facilitar la aprobación. Es una salida funcional para quienes dudan y prefieren evitar el costo político de respaldar artículos que luego podrían ser cuestionados en sus provincias.

El último título (XVI), que propone derogar estatutos profesionales -entre ellos los de viajantes de comercio, peluqueros, periodistas, teletrabajadores, empleados de supermercados, enfermeros y el régimen de mano de obra nacional- también acumula cuestionamientos. La resistencia no proviene solo del kirchnerismo: sectores dialoguistas consideran excesivo el alcance de la eliminación. Ese título fue, de hecho, el que menos avales reunió en la Cámara alta: se aprobó con 38 votos, apenas uno por encima de la mayoría.

Además, el oficialismo deberá lidiar con planteos de sus aliados más cercanos. Pro y el MID insistirán en habilitar que las billeteras virtuales funcionen como cuentas sueldo, una demanda que ya habían formulado en el Senado. El Gobierno la rechazó entonces con el argumento de que, a diferencia de los bancos, muchas fintech no cumplen con las exigencias regulatorias del Banco Central para garantizar respaldo y protección a los usuarios.

Sin embargo, esta propuesta no concita consenso en el resto de los bloques, por lo que su incorporación al texto final aparece, por ahora, cuesta arriba.