La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) le pidió al procurador general Eduardo Casal que el Ministerio Público Fiscal retire a sus fiscales del Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), un órgano interno de la entidad que revisa y sanciona infracciones disciplinarias vinculadas a los partidos y que ya había sido cuestionado por sus múltiples vínculos con el Poder Judicial.

“La AFA regula y administra el fútbol profesional argentino, un ámbito que involucra intereses económicos de enorme magnitud. La exposición de fiscales a este universo, en roles directivos o disciplinarios, crea un riesgo evidente de múltiples conflictos de interés”, advirtió la organización.

La ACIJ señala que esa “doble función” es ilegal, incompatible y contraria a estándares internacionales y apunta al caso particular del fiscal de Comodoro Py Ramiro González, que actualmente ejerce funciones dentro del Tribunal de Disciplina de la entidad que lidera Claudio “Chiqui” Tapia.

Según el escrito, la integración de los tribunales internos de la AFA “supone la realización de tareas propias de la profesión jurídica”, puesto que sus miembros revisan expedientes, investigan antecedentes, analizan pruebas, celebran audiencias y dictan resoluciones sancionatorias. “En otras palabras −sostiene el texto− implica intervenir en el trámite de expedientes, en la valoración de pruebas, en el razonamiento jurídico y, finalmente, en la emisión de verdaderas ‘sentencias’”.

La organización recordó, además, que el Reglamento para la Justicia Nacional establece que los magistrados y fiscales no pueden participar en asociaciones profesionales ni integrar comisiones directivas de ninguna asociación sin autorización expresa de la autoridad de superintendencia.

A su vez, señalan que no hay constancias de que la Procuración de Casal haya otorgado permisos especiales para ocupar esa doble función que, además, tensiona las directivas que recomienda la ONU para que los fiscales pueden desarrollar sus tareas “sin intimidación… ni injerencias indebidas”.

La AFA y el cruce con la Justicia

La repentina aparición de un puñado de causas sensibles colocó a la AFA en el centro de una tormenta judicial.

En los últimos meses del año pasado, y en medio de esa creciente judicialización, a los tribunales de ética y de disciplina de la AFA renunciaron distintos miembros del Poder Judicial: Diego Barroetaveña, que es presidente del Cámara de Casación Federal y lideraba el tribunal de Ética de la AFA; Juan Ignacio Pérez Cursi, titular de la Cámara Federal de Mendoza y árbitro de la Cámara Nacional de Resolución de Disputas de la AFA; Néstor Barral, de la Cámara Federal de San Martín y miembro del tribunal de Disciplina; y el juez en lo Criminal y Correccional Nº9 de la ciudad de Buenos Aires, Martín Peluso, que también integraba la comisión.

La ACIJ había elevado un pedido a la Corte Suprema para que disponga el cese inmediato de las funciones que desempeñan los jueces en los tribunales internos de la AFA por posibles conflictos de intereses.

El caso del juez Barroetaveña terminó por ilustrar las preocupaciones de la ACIJ. Como miembro de la Casación, el camarista deberá decidir junto a otros dos colegas si la causa que busca esclarecer de quién es la fastuosa quinta de Villa Rosa, Pilar, sospechada de pertenecer a los altos mandos de la AFA, sigue tramitando en la justicia federal de Campana, como quieren los imputados, o regresa al fuero Penal Económico.

El propio fiscal González debió intervenir en los inicios de la causa que investigaba la quinta de Pilar, cuando el expediente daba sus primeros pasos en Comodoro Py, antes de pasar al fuero Penal Económico y a la Justicia de Campana, donde se encuentra ahora.

Los nexos de la AFA con la Justicia exceden la formalidad de los cargos. Del tribunal también formaba parte, por ejemplo, Esteban Mahiques, cuyo padre es Carlos Mahiques, miembro de la Casación Federal junto a Barroetaveña. Otro caso es el de Fernando Mitjans, que preside el tribunal de Ética de la AFA y está casado con Marcela Losardo, exministra de Justicia durante el gobierno de Alberto Fernández.

Con la presencia de las tres centrales sindicales −la CGT y las dos CTA−, el oficialismo inició el debate de la reforma laboral, cuyo texto buscará aprobar mañana en el recinto de Diputados. El plenario de las comisiones de Legislación Laboral y Presupuesto es conducido por el libertario Lisandro Almirón en una atmósfera espesa producto del cierre de Fate, la fábrica nacional de neumáticos.

Además de referentes gremiales, entre los invitados también hay representantes de las plataformas digitales de delivery, como Rappi, asociaciones de abogados laboralistas y magistrados de distintos fueros laborales.

Gabriel Bornoroni, de La Libertad Avanza (LLA), marcó de entrada la postura del oficialismo. Anunció que retirarán el artículo 44 sobre licencias médicas y anuló la posibilidad de avalar cualquier otro cambio. “Pasaremos a la firma el texto del dictamen”, señaló.

Es que los aliados del centro político avisaron que también impulsarán otras modificaciones. El Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que propone financiar indemnizaciones con aportes del empleador, y la derogación de varios estatutos profesionales concentran las principales objeciones. Un conjunto de bloques que reúne alrededor de 35 diputados ya adelantó su rechazo a esos puntos.

El primero en tomar la palabra fue el jefe del bloque Unión por la Patria (UP), Germán Martínez, quien catalogó el debate de “desprolijo”. “Quieren evitar que este tema tenga la discusión pública que tiene que tener”. Recordó, además, que “no hay una formalización de pedido de sesión para tratar esto en el recinto.

En representación de la izquierda, Nicolás Del Caño habló de una “ley esclavista”. “Es un escándalo tratar de manera exprés una ley que pisotea todos los tratados internacionales”, consideró.

Cuando se abrió el micrófono a los invitados, Hugo Godoy, de la CTA autónoma, dijo que en la Argentina “lo único que crece es lo que ustedes dicen que quieren evitar, que es la precariedad laboral”.

Julio Piumato, del gremio judicial, anticipó que si se aprueba la reforma su pelea se trasladará a los tribunales. “Del primer al último artículo es violatorio de la Constitución Nacional”, señaló. “Da vergüenza que muchos diputados desconozcan el proyecto que están votando y el texto de la Constitución y las leyes supralegales”.

A su turno, el triunviro Jorge Sola, de la CGT, puso el foco en aquello que el texto oficial no aborda: “No se habla de robótica, de nuevas tecnologías, de inteligencia artificial, de nuevos modos y relaciones de trabajo, de nuevas economías”. Cuestionó, además, el FAL. “Implica una transferencia multimillonaria de 6000 millones de dólares anuales que va a pasar del salario diferido de los empleadores al sector financiero”, dijo el sindicalista del Seguro.

En la misma línea se pronunció Cristian Jerónimo, cotitular de la central cegetista, que anunció un paro nacional para mañana desde las 00. Les habló directamente a los diputados: “No tienen que olvidarse que ustedes representan los intereses del pueblo. Muchos se van a hacer los distraídos y van a apoyar diciendo que esto moderniza y crea nuevos puestos de trabajo, pero eso no es así”.

También se pronunció el presidente de la asociación de abogados laboralistas, Matías Cremonte. Se focalizó en los trabajadores de plataforma. Sostuvo que, si se aprueba la propuesta del Gobierno, la Argentina será “el único país que no los considera trabajadores”. “[Esta ley] va a nacer en contra del próximo convenio de protección de trabajadores de plataforma”, anticipó.

Previamente, Gabriel Buenos, director de asuntos corporativos de Rappi, defendió la propuesta. “Promovemos este tipo de discusiones. Necesitamos reglas de juego claras que permiten el desarrollo de la economía de plataformas”, argumentó.

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