POLITICA
Interinato prolongado: Eduardo Casal se convirtió en el procurador general con más tiempo en el cargo desde el regreso de la democracia
En octubre de 2017, luego de ser procesada por la compra irregular de un inmueble y en medio de fuertes presiones del macrismo para que dejara el cargo, Alejandra Gils Carbó renunció a la Procuración General de la Nación. La reemplazó Eduardo Casal, por ser el fiscal de mayor antigüedad ante la Corte Suprema. Aunque desde entonces ejerce como “interino”, esto es, nunca fue votado para el cargo, Casal se convirtió en el procurador con más tiempo en el cargo desde el regreso de la democracia.
Este fin de semana, Casal superó a Esteban Righi, que ocupó ese lugar a lo largo de casi ocho años (2848 días), durante el kirchnerismo, entre el 23 junio de 2004 y el 9 de abril 2012. Cristina Kirchner le retiró todo apoyo, y eso derivó en su renuncia, responsabilizándolo por las investigaciones por corrupción que avanzaron contra su entonces vicepresidente, Amado Boudou.
Casal asumió el 31 de diciembre de 2017 y desde entonces, pero principalmente durante el gobierno de Alberto Fernández, enfrentó varios embates del kirchnerismo, que lo acusó de “mal desempeño” por presuntas irregularidades en sumarios y que intentó, incluso, poner en marcha un juicio político. Fue un intento por frenar las investigaciones por corrupción, que ahora rodeaban por todos los flancos a la entonces vicepresidenta Cristina Kirchner.
Casal, de marcado perfil bajo, resistió las embestidas y permaneció en el cargo.
Sobrevolaron distintos nombres para reemplazarlo, algunos con más fuerza que otros, pero la falta de acuerdos políticos en el Senado, donde se requiere el aval de dos tercios de los senadores presentes, prolongó su interinato.
Con el procurador, el proceso de selección es similar al de los jueces de la Corte: son designados por el Poder Ejecutivo y luego requieren el acuerdo de dos tercios de la Cámara alta.
Durante el gobierno de Cambiemos, el expresidente Mauricio Macri eligió como candidata a la jueza del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Capital Federal Inés Weinberg de Roca, de largo recorrido en el ámbito del derecho internacional. Pero su nombre siempre estuvo lejos del apoyo necesario.
Más consenso reunió el juez federal Daniel Rafecas, la opción de Alberto Fernández para reemplazar a Casal, pero el magistrado de Comodoro Py nunca contó con el visto bueno de la entonces vicepresidenta Cristina Kirchner, que bloqueó el pliego de Rafecas en la Comisión de Asuntos Constitucionales, a cargo entonces de la camporista Anabel Fernández Sagasti.
El gobierno de Javier Milei es la tercera gestión que atraviesa el procurador Casal. No fue prioridad del gobierno libertario darle estabilidad al cargo: el oficialismo deslizó algunos nombres de candidatos pero nunca oficializó un postulante, quizás a sabiendas de su extrema debilidad parlamentaria, expuesta en el rechazo a los pliegos del juez Ariel Lijo y el catedrático Manuel García-Mansilla.
A comienzos de la gestión, Casal recibió, además, un espaldarazo por parte del Presidente. “Hace un muy buen trabajo. Tocar lo que funciona parece un poco complejo”, dijo Milei en abril del año pasado.
Funciones y vacancias
El Procurador General es la cabeza del Ministerio Público Fiscal, y como tal, el jefe de más de 300 fiscales nacionales y federales.
Tiene atribuciones para reorganizar la estructura del organismo −que incluye procuradurías y unidades fiscales especializadas−, efectuar nombramientos interinos y actuar como fiscal ante la Corte Suprema.
Por ejemplo, en la causa Vialidad, por la cual Cristina Kirchner cumple una pena de seis años en su casa por fraude al Estado, Casal respaldó el pedido del fiscal de Casación Mario Villar y pidió a los jueces del máximo tribunal que revieran la condena del Tribunal Oral Federal N°2 y eleven la pena a 12 años por el delito de asociación ilícita.
El poder de Casal creció a la par de la implementación gradual del nuevo Código acusatorio, que se puso en marcha en 2019 en las provincias de Salta y Jujuy y continúa desplegándose desde entonces, aunque con reparos.
Esta nueva reglamentación pone en cabeza de los fiscales todas las investigaciones, algo que ocurre muchas veces en la práctica, pero depende del juez de instrucción, que tiene la opción de delegar la investigación o retenerla.
El sistema también rige en Rosario, Mendoza, San Juan y San Luis y en las jurisdicciones de General Roca, Comodoro Rivadavia, Bahía Blanca y Mar del Plata.
La llegada del acusatorio a Comodoro Py estuvo prevista inicialmente para agosto, pero los reclamos al unísono de los fiscales −que se mostraron a favor del nuevo sistema, pero piden más recursos humanos, nuevas condiciones edilicias y más fondos para hacerlo operativo− postergaron su implementación, que fue reprogramada para el 10 de noviembre de este año.
El procurador Casal se puso a la cabeza del reclamo. “No puede seguirse adelante eficientemente sin la debida adjudicación de recursos”, sostuvo en una carta enviada al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
Días atrás se reunió con más de 25 fiscales de los fueros Penal Económico y Criminal y Correccional, quienes le reiteraron sus dudas respecto a la puesta en marcha del acusatorio.
La Justicia atraviesa desde hace largos años un problema de vacantes que por estos días afecta a más del 30% del Poder Judicial.
De acuerdo a los datos presentados por la jueza federal y consejera Alejandra Provítola en un informe reciente ante el Consejo de la Magistratura, la Justicia Nacional y Federal registra, a agosto de este año, 1002 cargos, de los cuales el 59,49% pertenecen al fuero federal (596) y el 40,51% al nacional (406), distribuidos en 470 juzgados, 86 salas de segunda instancia y 81 tribunales orales.
En total, están vacantes 337 de esas posiciones; poco más del 33%. La mayor parte de los lugares sin cubrir se concentra en la Justicia Nacional (176), seguida por la Federal del Interior (112) y la Federal de la Ciudad de Buenos Aires (49).
El problema de las vacancias se agudiza en el Ministerio Público Fiscal, donde los huecos, a noviembre de 2024, el último dato oficial disponible, superaban el 43% de los cargos.
Federico González del Solar,Conforme a
POLITICA
Milei ordenó a la mesa política que se instale en el Senado para evitar sorpresas y lograr la aprobación de la reforma laboral
El presidente Javier Milei ordenó a la mesa política -integrada por los funcionarios clave de su gobierno- que se instale en el Senado para monitorear el debate, cerrar las últimas negociaciones y evitar sorpresas de último momento, con el objetivo de lograr su principal objetivo político en las sesiones extraordinarias: tener la ley de modernización laboral.
El primer mandatario decidió que tanto su hermana, la influyente secretaria General, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el ministro del Interior, Diego Santilli, y el titular de Diputados, Martín Menem, estén presentes en la Cámara alta. El asesor Santiago Caputo, mientras tanto, estará activo desde la Casa Rosada.
Según pudo saber Infobae, los funcionarios se reunirán primero en el despacho del presidente de la Cámara baja.
Javier Milei espera que los últimos cambios al proyecto original sean plasmados en el texto definitivo que se tratará, desde las 11, en la Cámara alta. Fueron al menos 28 los retoques que tuvo el dictamen aprobado en diciembre pasado, que fueron aceptados para blindar su aprobación.
La modernización laboral es clave, tanto por su impacto en la economía, como en el escenario político. Es que el Gobierno resalta que será la primera vez, desde el regreso de democracia, que el Congreso trate y apruebe una profunda actualización de la normativa que rige las relaciones laborales.
La Casa Rosada llega a la sesión con un amplio consenso sobre la necesidad de modernizar la legislación vigente. Desde el año pasado, cuando en diciembre aprobó un dictamen provisorio, las principales espadas del Ejecutivo negociaron con todos los bloques parlamentarios, recibieron más de 1.500 consultas de sectores empresarios pequeños, medianos y grandes, y de referentes gremiales, para avanzar con el proyecto.
La presidente del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, fue la encargada de timonear las negociaciones parlamentarias, con el denominado “grupo de los 44″, que integran los senadores no kirchneristas dispuestos a acompañar la iniciativa. También hubo contactos con algunos de los 28 legisladores del bloque K, y no se descartaba, incluso, contar con algún voto de ese sector.
Lo cierto es que la propia Bullrich anunció ayer a la tarde 28 modificaciones al dictamen aprobado en diciembre, que serán tratados en la sesión de hoy. El Gobierno aceptó esos retoques, para evitar sorpresas que comprometan el objetivo principal de alcanzar la media sanción. Por eso, la Casa Rosada avaló la postergación de los cambios en Ganancias que pidieron los gobernadores dialoguistas; la diferenciación de los aportes para el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que planteó el radicalismo; como así también establecer un plazo de dos años para hacer voluntario los aportes a sindicatos y cámaras empresarias, entre otros puntos.
En las negociaciones con los gobernadores, el ministro Santilli tuvo un rol crucial, con viajes al interior del país, reuniones en Casa Rosada y gestiones reservadas con la oposición. Es que los mandatarios tienen una influencia decisiva en el voto de los senadores, que son la representación en el Congreso de las provincias. En todos esos encuentros, el titular de la cartera política recibió el pedido de no afectar las cuentas fiscales con una merma en la coparticipación del impuesto a las Ganancias, un reclamo que terminó siendo admitidos.
Cada uno de los cambios fueron analizados y discutidos las últimas semanas en la mesa política, por eso, el presidente Milei ordenó que los principales funcionarios se instalen en el Senado hasta la votación final.
Mesa Política
POLITICA
Un plan para las Fuerzas Armadas: el ministro Presti entregará 534 viviendas a militares en actividad
En una medida que busca “fortalecer el bienestar de la familia militar”, el ministro de Defensa, teniente general Carlos Alberto Presti, firmó un convenio con el Ministerio de Economía de la Nación para la asignación de 534 viviendas al personal de las Fuerzas Armadas en actividad.
Se trata de viviendas distribuidas en distintos puntos del país y pertenecientes al Ministerio de Economía, que conduce Luis Caputo y que serán cedidas en comodato por diez años.
“Es tan importante nuestra misión como el bienestar de nuestra tropa”, dijo el teniente general Presti al anunciar la medida, que se concretó a partir de un convenio firmado con el subsecretario de Obras Públicas, Luis Enrique Giovine. El jefe militar destacó, además, que la decisión “mejora las condiciones de trabajo del personal de las Fuerzas Armadas y de sus familias”.
La medida se anunció en momentos en que existen reclamos salariales en sectores castrenses y en medio de la crisis de la obra social de los militares, que llevó al ministro Presti a anunciar la división del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), que arrastra una deuda de $200.000 millones y cortes de prestaciones en todo el país.
En el Ministerio de Defensa explicaron que el plan de entrega de unidades habitacionales forma parte de un programa de alcance nacional que contempla viviendas a estrenar en distintas localidades del país. Se explicó que las unidades se encontraban en jurisdicción del Ministerio de Economía, pero no se informó el costo que implicó la construcción de las mismas.
Al fundamentar la decisión de entregar las 534 viviendas, cerca de Presti explicaron que el programa responde “a una necesidad estructural del personal militar, cuya carrera profesional implica frecuentes cambios de destino a lo largo y ancho del territorio nacional, lo que genera una demanda habitacional constante”. Así, la incorporación de nuevas unidades habitacionales “aporta previsibilidad y mejores condiciones de vida para quienes sirven a la Nación y a sus familias”.
El ministerio que conduce Presti, secundado en su gabinete por varios hombres del Ejército, explicó que la iniciativa se inscribe “en una línea de gestión orientada a ampliar las soluciones habitacionales disponibles para las Fuerzas Armadas, fortaleciendo el acompañamiento a la familia militar y promoviendo un uso responsable de los recursos del Estado”.
Acompañaron al teniente general Presti y a Giovine en la firma del acuerdo el secretario de Estrategia y Asuntos Militares, general de división Jorge Alberto Puebla, y el jefe de Gabinete, Guillermo Madero; el director nacional de Gestión de Obras, Jorge Ríos, y los jefes del Ejército, general de división Oscar Santiago Zarich; de la Armada, vicealmirante Juan Carlos Romay, y de la Fuerza Aérea, brigadier mayor Gustavo Javier Valverde.
Mariano De Vedia,Fuerzas Armadas,Javier Milei,Conforme a,Fuerzas Armadas,,Actualización salarial. Cuánto cobra el personal de las Fuerzas Armadas en febrero,,»Terminó siendo un engendro». Presti apuntó contra el kirchnerismo tras la disolución de IOSFA,,Un pasivo de $200.000 millones. En el Ministerio de Defensa afirman que la deuda de IOSFA la pagará el Estado
POLITICA
El Gobierno evalúa un pacto fiscal con las provincias para avanzar con la reforma tributaria en marzo
Después de haber quitado el artículo de Ganancias de la reforma laboral, el Gobierno empezó a evaluar la posibilidad de impulsar un pacto fiscal con las provincias para avanzar con la reforma tributaria. Sería a partir de las sesiones ordinarias, que comienzan el 1 de marzo. En el Ejecutivo admiten que no hay margen político ni fiscal para impulsar un rediseño impositivo de fondo durante 2026 sin un acuerdo con los gobernadores.
En la Casa Rosada se inclinan por un acuerdo amplio con los mandatarios provinciales, que incluya una coordinación de la baja de Ganancias con la mira en el impacto fiscal. “No podemos mover una baja relevante de impuestos nacionales si las provincias y los municipios no acompañan con los suyos”, expresan en Nación.
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En Balcarce 50 quieren evitar tensiones con las provincias en el tratamiento legislativo de los proyectos tributarios y ponen como ejemplo los cambios introducidos en la reforma laboral, donde el oficialismo aceptó retirar la baja del impuesto a las Ganancias para sociedades. El articulado fue eliminado tras la presión de los mandatarios provinciales, que advirtieron sobre el impacto en la coparticipación.
Las alternativas que analiza la mesa chica del jefe de Estado son limitadas. El círculo presidencial reconoce que no existe todavía un plan progresivo cerrado para promover cambios tributarios en 2026 y advierten que algunas de las opciones -una baja del IVA o su división para que las provincias cobren una parte- hoy no son viables por el impacto en la caja. “Hay ideas que nos gustan, pero no son ejecutables con este margen fiscal”, agregan.
El esquema que gana terreno en el Gobierno es avanzar por partes, con proyectos separados y de bajo costo fiscal, y dejar los cambios estructurales atados a un eventual pacto fiscal. Ese enfoque coincide con los lineamientos del Consejo de Mayo, que planteó una reducción impositiva, pero condicionándolo al equilibrio fiscal y a un acuerdo federal que incluya impuestos provinciales como Ingresos Brutos.
En el equipo económico -que encabeza el ministro Luis Caputo- insisten en que cualquier baja de impuestos deberá estar respaldada por crecimiento económico y mayor formalización. La prioridad inmediata sigue siendo sostener el superávit y cerrar la agenda legislativa de extraordinarias, con la reforma laboral como eje central.
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En la Casa Rosada no descartan que la discusión tributaria se extienda durante todo 2026 e incluso que los cambios de mayor alcance se posterguen para 2027. En Balcarce 50 ya hablan de una convocatoria a gobernadores para continuar el trabajo técnico que realizó el Consejo de Mayo.
En la mesa chica de Nación hubo diferencias sobre la forma de abarcar las negociaciones con los mandatarios provinciales por los cambios tributarios dentro de la reforma laboral. En algunos despachos oficiales advierten que dejaron al oficialismo en una posición de desventaja y que se trató de una “imposición más que una negociación”.
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