POLITICA
Antisemitismo en Palermo: Stornelli pidió la prisión preventiva para el hombre que agredió a una influencer en Palermo
El fiscal federal Carlos Stornelli solicitó este martes el procesamiento con prisión preventiva para el hombre acusado de intentar un homicidio agravado por odio religioso, tras arrojar un objeto metálico a una mujer y su bebé de ocho meses en un edificio del barrio de Palermo.
El pedido fue presentado ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº12, a cargo de Julián Ercolini. La víctima, Michelle Tamara Schmukler, una influencer y empresaria de la moda, denunció públicamente el hecho a través de un video en sus redes sociales, donde expresó su temor por la seguridad de su familia.
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“Estaba acostada y comencé a escuchar desde el patio que había una persona que me decía ‘judía, judía, judía’“, contó Michelle sobre el comienzo de la agresión. La situación se agravó cuando decidió mirar quién la estaba insultando. “Ahora encima tenés un hijo judío, qué asco”, le respondió el hombre.
Para el fiscal, el hecho corresponde al delito de “homicidio agravado por odio religioso en grado tentado en concurso real con el delito de promoción de la discriminación religiosa”. Tras analizar las apruebas incorporadas al expediente, Stornelli consideró que “el nombrado es responsable del hecho que se le imputa y que al momento de llevarlo adelante comprendía y tenía plena capacidad de dirigir sus actos”.
“Entiendo que contamos en autos con prueba suficiente para tener por acreditado que efectivamente C. arrojó un elemento, que más allá de haberse descripto en un primer momento como un ‘vidrio’, lo cierto es que con posterioridad se pudo corroborar que se trataba de un elemento metálico”, agregó el fiscal.
Las pruebas recopiladas incluyen un peritaje al objeto secuestrado: un tubo de aluminio de 10 centímetros de largo, 22,6 milímetros de diámetro y casi 68 gramos de peso. Una reconstrucción del incidente demostró la proximidad entre el balcón del imputado y el área de las víctimas, destacando el riesgo potencial.
En su declaración indagatoria, el acusado minimizó el incidente, alegando que arrojó el objeto “al jardín como un acto adolescente” y que no pretendía herir a nadie, aunque sus palabras contradicen las versiones de los testigos.
El fiscal consideró que hay evidencia suficiente para avanzar en el procesamiento y mantenerlo detenido preventivamente, argumentando que comprende la gravedad de sus acciones.
El testimonio de la víctima
Tanto Michelle como su pareja solicitaron agravar la acusación contra el hombre de 39 años que los atacó.
“Ayer le hicieron los estudios y hoy nos vamos a enterar de toda la situación. Si es loco o no es loco. A nosotros nos da lo mismo, porque si fue capaz de tirarle un fierro a una mamá con su bebé de 8 meses, claramente no puede convivir en una sociedad con todos nosotros”, plantearon días atrás.
El marido de la influencer y padre del bebé aseguró que la solución no es el cambio de domicilio del agresor: “Si mañana lo obligan a retirarse del edificio e ir a otro barrio, le va a pasar a otro vecino y a otro hijo. Si tiene mejor puntería se van a lamentar de no haber hecho algo más».
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En ese contexto, Michelle contó cómo es vivir con el agresor en el edificio: “Tenemos miedo porque sigue suelto. Tengo que mirar por la mirilla para ver que no esté del otro lado de mi departamento».
“No tenemos la seguridad de si esta persona está en el edificio. Estamos con custodia policial las 24 horas, pero si el flaco vuelve a mi casa en 15 días, estamos hablando de algo insólito”, señaló.
La influencer contó que los vecinos del edificio se solidarizaron “porque saben que les puede pasar a ellos” y recordó el incidente que tuvo con el mismo hombre hace cinco años: “Al grito de ´judíos´ tiró un escupitajo. No hice la denuncia por miedo. Hoy veo que fue un error, porque este tipo tiene algo contra los judíos”.
antisemita, Justicia, Stornelli
POLITICA
Anabel Fernández Sagasti aseguró que la reforma laboral “solo perjudica a laburantes y jubilados”
En una entrevista exclusiva para Infobae en vivo, la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti calificó como “muy desprolijo” el tratamiento de la reforma laboral en el Senado. “Nos acaban de decir que hay nuevas modificaciones sobre las modificaciones. Loquísimo”, expresó al describir el clima de incertidumbre que prevalece en el recinto. Fernández Sagasti subrayó que el proyecto de ley, de 213 artículos, sigue cambiando incluso durante el debate: “No sabemos, hasta ahora, en qué consisten”.
En diálogo con el equipo de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Gustavo Lazzari, la legisladora mendocina puso el foco en la falta de transparencia sobre los textos que se someterán a votación. “Estamos tratando un proyecto que no conocemos en su versión final”, remarcó. Al referirse a la posible inclusión del traspaso de la Justicia Nacional Laboral dentro de la reforma, aseguró: “Va a entrar, totalmente inconstitucional”.
El impacto de la reforma laboral según Fernández Sagasti
Fernández Sagasti compartió su mirada crítica sobre el contenido y el proceso de la reforma: “A la hora de discutir el texto, artículo por artículo, nosotros podamos defender algunos derechos, como por ejemplo el estatuto del periodista, que creo que estamos muy cerca de poder salvarlo”. En ese sentido, denunció que “lo único que han empeorado en las modificaciones es lo que decíamos, los laburantes y los jubilados”. Argumentó que los gobernadores “salvaron su caja”, la CGT “prácticamente ha podido sostener casi todo lo que pedía” y los bancos “pudieron sostener todo lo que pedían”.
Consultada sobre artículos específicos, la senadora repasó avances en la negociación: “Introdujeron un artículo muy dañino que decía que si te enfermabas ibas a cobrar el 50% del básico. Eso parece que ya no está más, que logramos que lo sacaran, pero todavía no tenemos el texto”. Frente a la consulta de Aziz sobre si podía confirmarlo, precisó: “No lo puedo confirmar porque no tenemos lo último, pero mientras yo estaba argumentando en el recinto, el senador Richi me dijo que lo habían sacado”.
Al sintetizar el efecto de las últimas versiones del proyecto, Fernández Sagasti fue contundente: “Los únicos que pierden son los laburantes y los jubilados, porque el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) se constituye con los aportes que los patrones deberían hacer al fondo de la ANSES y ahora lo hacen para pagar indemnización”.
Debate sobre la formalidad y los trabajadores de plataformas
Malena de los Ríos le preguntó sobre el control estatal ante la alta informalidad laboral. La senadora hizo foco en el personal doméstico: “Con respecto a las trabajadoras de casa particular, que es una ley de nuestro Gobierno, ¿sabés lo que hacen? Le extienden el periodo de prueba. En vez de tres meses, seis meses. Eso es lo que hacen con el último eslabón de los trabajadores”.
Sobre los trabajadores de plataformas, Fernández Sagasti planteó: “Estoy totalmente convencida que los trabajadores de plataforma tienen que tener derechos y tienen que estar formalizados. Tienen que tener derecho a protegerlos de la desconexión que el algoritmo hace”. Sostuvo que la nueva legislación “reduce los derechos de todos los que tienen oportunidad de estar registrados, los trata de igualar con esos trabajadores que las plataformas dicen que no son empleadores”.
La senadora también advirtió sobre el modelo de disponibilidad permanente que, según ella, promueve la reforma: “Una de las principales características es la bolsa de trabajo, es que vos siempre estés a disposición de tu trabajo y no puedas ordenar tu vida”.
Litigiosidad, estatuto del viajante y el rol de las pymes
El debate se intensificó cuando Gustavo Lazzari, integrante del staff, planteó el problema de la litigiosidad y la situación de las pequeñas y medianas empresas. Fernández Sagasti replicó: “No tiene nada que ver con la litigiosidad esta ley. ¿Qué tiene que ver con la litigiosidad el curro del FAL? ¿Qué tiene que ver que el FAL sea administrado por empresas privadas?”.
Al discutir la definición de relación de dependencia y la supuesta aclaración de zonas grises, Fernández Sagasti insistió: “La relación de dependencia está totalmente definida en la ley laboral”. Lazzari retrucó con casos de juicios laborales a pymes y la abolición del estatuto del viajante, a lo que la senadora respondió: “Mi hermano es viajante y jamás hizo juicio absolutamente a nadie y trabaja muy bien. Lo que yo te quiero decir es que esta ley echa más sombra de lo que dice hacer, que utilizan la palabra modernización, la lucha contra la litigiosidad, pero esta ley no lo resuelve”.
La senadora enfatizó en el origen de la conflictividad laboral: “La mayor parte de la litigiosidad es con las ART, casi un 70%. ¿Esta ley lo trata? No, no lo trata”.
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El juez en lo penal económico Diego Amarante rechazó sobreseer a Claudio “Chiqui” Tapia, a Pablo Toviggino y a otras autoridades de la AFA por no pagar impuestos a las ganancias, al valor agregado, retener aportes de jugadores y empleados y el presunto uso de facturas apócrifas, según la denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
El magistrado compartió el criterio del fiscal Claudio Navas Rial y de la ARCA, que entendieron que debía seguir adelante la investigación.
Tapia había pedido cerrar la causa en su contra al plantear una excepción por falta de acción, que es un recurso destinado a ser sobreseído por inexistencia de delito. Argumentó que normas del Ministerio de Economía eximían a las asociaciones sin fines de lucro de pagar y de ser ejecutadas, además del dictado de medidas cautelares, por lo que se encontraban eximidos de pagar esos tributos.
El organismo impositivo reclama a la AFA por presunta apropiación indebida de tributos y retención de aportes previsionales por más de $19.300 millones. ARCA sumó luego una denuncia por facturas falsas y proveedores inexistentes y elevó el monto a más de $375.000.000.
Pero ahora el juez entendió que hay una “insalvable contradicción” en el argumento de la defensa. “Resulta innegable que el único supuesto que autorizaría al fisco a iniciar un proceso de ejecución fiscal es, precisamente, la previa existencia de una deuda exigible y vencida”, dijo.
Y remarcó que si las deudas no habían vencido y no debían ser pagadas, “entonces deberíamos concluir que el presupuesto que autoriza al fisco a iniciar la ejecución fiscal tampoco estaría presente, de lo que se sigue inexorablemente que nada habría que suspender. Así, las resoluciones que disponían la suspensión de las ejecuciones fiscales carecerían de todo sentido”.
“Que el organismo recaudador haya recibido instrucciones para suspender transitoriamente el inicio de ejecuciones fiscales o la traba de medidas cautelares no implica, en modo alguno, que la obligación tributaria no se encontrara vencida, ni que el contribuyente se encontrara jurídicamente habilitado a omitir su ingreso”, escribió el juez.
Señaló que “no sólo los plazos para el depósito de los importes retenidos por la contribuyente efectivamente habían vencido, sino que los mismos eran exigibles”.
Además, el magistrado entendió que no puede avanzar una resolución administrativa del Ministerio de Economía sobre una ley que obliga al pago de tributos. “Cualquier interpretación que atribuya a resoluciones administrativas efectos desincriminantes o impeditivos de la acción penal deba ser descartada por incompatible con el orden constitucional de jerarquía normativa y con el principio de división de poderes”, mencionó el juez.
Con estos argumentos resolvió Amarante rechazar la excepción de falta de acción planteada por la defensa de Claudio Tapia y de la Asociación del Fútbol Argentino.
Hernán Cappiello,AFA,Claudio Chiqui Tapia,Conforme a,AFA,,El torneo comienza el viernes. La AFA definió cómo se televisarán los partidos de la Primera Nacional y cuánto habrá que pagar para verlos,,Un silencio que aturde,,Contra un dirigente de la CC. Un juez aceptó a “Chiqui” Tapia como querellante en una causa por extorsión
POLITICA
Tras la protesta en Santa Fe, Milei evalúa una recomposición salarial para las fuerzas de seguridad
El Gobierno esperará algunas horas y luego retirará los refuerzos que había enviado a Santa Fe por el conflicto policial. El gobernador Maximiliano Pullaro anunció un aumento salarial y eso permitió destrabar la protesta.
De todas formas, el Ejecutivo quedó en alerta por la situación de las fuerzas federales.
El operativo incluyó efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA), la Prefectura Naval Argentina (PNA) y la Gendarmería Nacional Argentina (GNA). Los efectivos pasaron a cubrir 16 zonas en Rosario y el Gran Rosario, cuando su presencia habitual en el marco del Plan Bandera se concentra en ocho sectores considerados “calientes” por los índices delictivos.
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Los refuerzos provinieron de unidades de reserva que ya estaban apostadas en Rosario. En Balcarce 50 reconocen que esos efectivos trabajaron con sobrecarga operativa y que recibirán dos días de descanso y el pago de horas extra una vez normalizada la situación. “Todas las unidades estuvieron en la calle”, expresan.
El conflicto encendió además alertas internas dentro del oficialismo. En la mesa chica del Presidente reconocen que la relación con las fuerzas de seguridad no atraviesa su mejor momento y que la situación salarial es “delicada”. En varios despachos oficiales ya hablan de un aumento en el mediano plazo, en línea con el esquema que se evalúa para las Fuerzas Armadas.
En distintos sectores del Gobierno aseguran que hay una recomposición salarial para las fuerzas en los planes, pero remarcan que depende del visto bueno de los equipos del Ministerio de Economía, que encabeza Luis Caputo. “Lo tenemos que hacer, pero necesitamos que nos aprueben los fondos”, agregan. Un suboficial de la PFA se encadenó la semana pasada a las rejas de la Casa Rosada y expuso sus quejas salariales.
La intención del Ejecutivo de comenzar a retirar el refuerzo en Santa Fe de forma progresiva se apoya sobre el compromiso del gobierno provincial de recomponer salarios junto con el retroceso de las sanciones administrativas y la mejora en los niveles de operatividad.
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En Balcarce 50 advierten que varios mandatarios provinciales se comunicaron con interlocutores nacionales ante el temor de un “efecto contagio” en otras jurisdicciones. El recuerdo de levantamientos policiales en distintas provincias sigue presente en el análisis del entorno del presidente. “No puede escalar”, remarcan.
Gobierno, Santa Fe, fuerzas federales
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