INTERNACIONAL
El caso de la chica de 16 años de Indianápolis que fue torturada y abusada por la familia que debía cuidarla
Esta, la de Sylvia Likens, es una historia atroz. Insoportable.
Cuando los policías llegaron no pudieron determinar bien cuál era la edad de la víctima. Se asombraron cuando le dijeron que la chica tenía 16. El cuerpo escuálido, muy maltratado. A la vista había decenas de quemaduras de cigarrillo, moretones en todos los miembros, laceraciones en la cara, la boca destrozada. La piel traslúcida pegada a los huesos.
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Antes de que preguntaran qué había sucedido, la dueña de casa, una mujer de 36 años pero que parecía de muchos más, se apresuró a contar que una banda de chicos, una patota juvenil, había atacado a la chica, a Sylvia. Y que no sólo la había dejado en pésimo estado, al borde de la agonía, sino que la habían marcado. Con unas señas les indicó que levantaran la remera de la chica muerta, como si eso no pudiera ser dicho en voz alta, como si no soportara escucharse diciéndolo. Una frase surcaba el pecho de la joven, un tatuaje macabro hecho a fuerza de agujas y de cortes profundos en la piel: “Soy una puta y me gusta serlo”.
Era el 26 de octubre de 1965, sesenta años atrás, en un suburbio de la ciudad de Indianápolis. Todo había empezado cuatro meses antes.
El matrimonio de Lester y Elizabeth Likens tenía cinco hijos y una situación económica muy endeble. Iban de pueblo en pueblo haciendo algunas actuaciones callejeras, vendiendo mercaderías en ferias, realizando pequeños trabajos, resistiendo como podían. A mediados de 1965 un cimbronazo: Elizabeth, la madre, fue detenida por robar comida y debía pasar unas semanas en la cárcel. El padre encontró una solución para la subsistencia de su familia. Dejó a dos de sus hijas, las menores, al cuidado de una mujer que juró se encargaría de ellas. Gertrude Baniszweski parecía una buena mujer, tenía siete hijos propios y una casa grande en Indianápolis. Lester Likens se comprometió a pagar 20 dólares por semana para la alimentación de sus hijos y ayudar en los gastos de la casa.
Sylvia Likens tenía 16 años, una enorme vitalidad y una sonrisa apretada: no quería mostrar que le faltaba uno de los dientes delanteros (se había roto en una pelea con sus hermanos y en la familia no había plata para dentistas). Su hermana Jenny tenía un año menos, era tímida y rengueaba al caminar, una secuela de la poliomielitis. La casa de la esquina de Gertrude Baniszewski, donde Sylvia Likens fue torturada y asesinada. (Foto: gentileza Indianapolis Star).
Más allá del alejamiento de su familia, para las chicas ese nuevo destino pareció al principio un oasis. Tendrían un lugar fijo de residencia, comerían todos los días, irían al colegio y tendrían muchos chicos para jugar en la casa (la edad de los hijos de Gertrude iba desde los 17 hasta un bebé de pocos meses).
Pero muy pronto, a las pocas horas de estar allí, se dieron cuenta de que nada era lo que parecía. La casa estaba en mal estado y no había comodidades para todos. Faltaban sábanas, colchones limpios y hasta utensilios de cocina.
Gertrude Baniszweski tenía 36 años y una mirada dura. No trabajaba. Vivía de lo que le pasaba el padre de cuatro de sus hijos, de una pensión y de los 20 dólares semanales que se había comprometido a pagar el padre de Sylvia y Jenny. Los problemas para las hermanas Likens comenzaron al cumplirse la primera semana de estadía.
Gertrude las convocó y muy enojada, a los gritos, les informó que su padre no había pagado el dinero comprometido. Las insultó durante un buen rato. Luego les ordenó que se levantaran las faldas y bajaran sus bombachas. Las iba a castigar pegándoles en la cola con una paleta de madera ancha y sólida. Sylvia pidió que no le hiciera nada a su hermana, más frágil que ella. La mujer aceptó de inmediato y le informó que entonces ella recibiría sola el castigo que estaba destinado a ambas. Con estoicismo Sylvia recibió todos los golpes. El cheque del padre llegó al día siguiente.
Ese incidente de violencia fue sólo un prolegómeno de lo que vendría. En los días posteriores Gertrude encontró diversos motivos para castigarla con otros paletazos o con un pesado cinturón de cuero. Sylvia (izquierda) y Jenny (derecha), fotografiadas con tres amigas en la costera ciudad de Long Beach, el domingo de Pascua de 1965. (Foto: gentileza Indianapolis Star).
La reconstrucción de lo que sucedió los siguientes cuatro meses es confusa e imprecisa. Según quien lo cuente unos hechos sucedieron antes que otros o tuvieron más participantes y culpables. Muchos de esos relatos están influidos también por las recreaciones que posteriormente hicieron la literatura y el cine de los sucesos.
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En unas pocas cosas todos coinciden, no hay disputa alguna: la víctima fue Sylvia Likens, los tormentos que recibió fueron atroces y la llevaron a su muerte en pocos meses.
Sin un orden cronológico un pequeño listado de lo que padeció Sylvia (procurando ser lo menos escatológico posible): le hicieron introducirse una botella de gaseosa en su vagina, escupían su comida, la obligaron a ingerir comida podrida y luego de que vomitara limpiar con su lengua el suelo, pasaron por su cara el excremento del pañal del bebe de la casa, tuvo que beber la orina de otros, pasó días atada a una columna en el sótano, fue pateada recurrentemente en sus genitales, fue alquilada a los jóvenes del vecindario para que hicieran con ella lo que quisieran, la quemaron con cigarrillos, le negaron la comida hasta llevarla a la inanición, la golpearon sin piedad.
La perpetradora no sólo fue Gertrude Baniszweski. Sus hijos participaron activamente. Desde la mayor Paula, de 17 años, hasta Shirley de 10. Se sumaron también el novio de Paula de 16 y un compañero de colegio que en algún momento le expresó su amor a Sylvia pero que fue rechazado por ella. Todos se sumaron a la demolición de la adolescente con una saña y un sadismo inexplicables. Era como si un acto atroz provocara el deseo, la necesidad, de que fuera continuado por uno peor.
Sylvia soportaba los tormentos de la manera que podía mientras su físico y su mente se desmoronaban. Hacía ya muchas semanas que había sido alejada del resto. A ella la confinaron en el sótano húmedo y roñoso, con las paredes descascaradas y el techo amenazando derrumbarse sobre su cabeza. El único mobiliario que tenía a su disposición era un colchón viejo, sin sábanas, y repleto de insectos.
Debido a los castigos recibidos y a las lesiones que le habían provocado comenzó a tener incontinencia urinaria. Cada vez que se hacía encima, nuevos castigos caían sobre ella.
Gertrude gritaba que la chica era una prostituta y que terminaría en el infierno (la autopsia determinó que pese a las lesiones que tenía en la vagina, el himen permanecía intacto).
Le negaron el alimento, agua y la obligaron a estar desnuda buena parte del día.
La historia de Sylvia incita el morbo de la gente. Los detalles de las torturas, de los castigos, de los vejámenes, de los abusos y hasta de las violaciones tapan el sufrimiento inimaginable de esa chica en un estado de indefensión, de desamparo inconcebible.
Sylvia Likens era una niña feliz antes de conocer a esa familia. (Foto: Sylvia Likens Memorial)
En esas pocas semanas hubo una serie de alertas que nadie quiso ver, que nadie decidió tomar en cuenta para proteger a Sylvia.
A fines de julio un religioso visitó la casa (en esas ocasiones Sylvia era escondida). El hombre vio la vivienda en malas condiciones y a Gertrude desvariando un poco, con conducta errática y a los chicos mal alimentados. Dio aviso a un funcionario de salud pública. A los pocos días llegó un asistente social que hizo unas pocas preguntas y se retiró informando que no ocurría nada extraño en esa casa. Un padre del colegio denunció que Sylvia tenía marcas extrañas en el cuerpo. Pero nadie hizo nada.
En las primeras semanas el padre de Jenny y Sylvia fue a visitarlas, pero tampoco percibió nada extraño.
Sylvia y su hermana Jenny se encontraron con su hermana mayor por la calle. Le dijeron que estaban siendo maltratadas y describieron alguno de los hechos (no los peores). La hermana creyó que estaban exagerando, que lo hacían para llamar la atención. De todas maneras a los pocos días se acercó al hogar pero le dijeron que Sylvia había salido y no la dejaron pasar con la excusa que su padre había prohibido que las dos chicas se contactaran con otro miembro de la familia sanguínea que no fuera él.
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Tiempo después los vecinos declararon haber escuchado gritos desgarradores provenientes de la casa pero que como se habían detenido relativamente rápido, no habían hecho la denuncia. Otra gente del pueblo declaró, ya en el juicio, que Sylvia tenía la boca hinchada, un ojo en compota o marcas de quemaduras en sus brazos y piernas; retrospectivamente recordaron las señales que habían dejado pasar un tiempo antes.
A Sylvia nadie la ayudó. Nadie le dio una mano para salir del infierno. Nadie se preocupó por ella.
El 22 de octubre de 1965, Gertrude llegó alterada de la calle. Reunió a sus hijos e hizo sacar a Sylvia del sótano. Ordenó que le arrancaran la ropa y con unas agujas calientes comenzó a tatuar en su pecho la frase: Soy una puta y me gusta serlo. Mientras tanto le gritaba que de esta manera ya no iba a poder estar con cualquier hombre, que le iba a dar vergüenza mostrarse desnuda frente a alguien, que ahora llevaría en la piel lo que la definía. La chica lloraba en silencio, ya sin fuerzas. A Gertrude le resultó demasiado trabajoso tatuar la frase y ordenó que terminaran la frase con cortes en la piel. Sus hijos e hijas le hicieron caso.
Después los menores intentaron grabar una S en medio de los dos pechos. Una S de Slave (esclava).
La dejaron tirada en el sótano. Sólo su hermana Jenny trató de cuidarla y no se separó de ella. El sótano donde fue encontrada Sylvia Likens. (Foto: captura de YouTube)
Al día siguiente Gertrude y sus hijos sentaron a la fuerza a Sylvia en una mesa y le dictaron una carta dirigida a sus padres. Allí contaba una historia inventada en la que una pandilla de chicos después de que ella había aceptado dinero para subir a un auto, la había atacado, violado y marcado en el pecho. También reconocía que había hecho enojar muchas veces de manera injustificada a Gertrude y pedía perdón por eso.
Gertrude creyó que esa carta sería su salvoconducto, la coartada perfecta si alguien preguntaba por el deplorable estado de la chica que estaba a su cuidado.
Los días siguientes Sylvia fue golpeada con palos, empujada por las escaleras, bañada con mangueras de agua helada. Ataques que sólo aceleraban su agonía. La chica había perdido todo impulso vital, se lo habían arrancado de su cuerpo deshecho, de su alma.
La mañana del 26 de octubre se desvaneció y ya no pudieron despertarla. Hubo intentos de reanimación, gritos, otros manguerazos pensando que fingía, más golpes. Hasta que se convencieron de que la chica de 16 años estaba muerta. De que la habían matado.
Después vino el llamado a la policía, la mentira sobre la patota, la carta apócrifa.
La policía llegó rápido a la verdad. Ayudó Jenny que cuando quedó fuera del escrutinio de Gertrude les dijo a los investigadores que si la sacaban de allí, ella les contaría todo. Richard Hobbs y Gertrude Baniszewski en una audiencia ante un juez del Tribunal Municipal. 1 de noviembre de 1965. (Foto: gentileza The Indianapolis News).
La autopsia habló de hemorragia cerebral, shock, infecciones y desnutrición. Los forenses encontraron más de 100 quemaduras, daño muscular severo, algunas fracturas e inflamación en la vagina, entre otras cosas.
Todos los integrantes de la casa fueron detenidos. Gertrude trató de volcar toda la culpa en Paula, su hija mayor, quien reconoció haber dado varias golpizas a Sylvia. Ambas fueron condenadas a cadena perpetua.
Los varones (también un amigo de los chicos y el novio de una de las chicas) de entre 16 y 12 años fueron puestos en institutos para menores.
El fiscal dijo que el de Sylvia fue el caso con mayor sadismo en el que participó en sus cuatro décadas en la justicia. En Indiana no recuerdan un hecho criminal tan espeluznante.
Asesinato, tortura, secuestrada
INTERNACIONAL
Sentencian a cadena perpetua sin libertad condicional a adolescente que mató a cinco personas en Carolina del Norte
Un tribunal en Carolina del Norte sentenció el viernes a Austin David Thompson a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por la muerte de cinco personas durante un ataque ocurrido en Raleigh en octubre de 2022. El fallo afecta directamente a las familias de las víctimas, a la comunidad local y al debate nacional sobre la responsabilidad penal juvenil en Estados Unidos, dada la gravedad del caso y el contexto en que se produjo.
De acuerdo con información confirmada por AP News, la decisión de la Corte Superior del Condado de Wake se produjo tras considerar los argumentos de la fiscalía y la defensa. El juez Paul Ridgeway optó por la pena máxima permitida por la ley estatal para delitos cometidos por menores, descartando la opción de libertad condicional, debido a los elementos de premeditación y violencia documentados durante el proceso judicial.
El caso de Thompson se inscribe en una serie de tiroteos que han conmocionado a Estados Unidos en los últimos años. El ataque, que comenzó en el domicilio familiar en el vecindario de Hedingham, en Raleigh, y se extendió a varias cuadras del sector, involucró el uso de armas de fuego y dejó un saldo de cinco víctimas mortales, entre ellas un agente de policía fuera de servicio. Según datos de la policía local y los registros judiciales citados por AP News, otras dos personas resultaron heridas y el agresor fue detenido tras autolesionarse.
Austin David Thompson, de 15 años en el momento de los hechos, inició el ataque el 13 de octubre de 2022 en la residencia de su familia. Las investigaciones señalaron que el primer fallecido fue James Thompson, su hermano de 16 años, a quien disparó y apuñaló antes de abandonar la vivienda. Vestido con camuflaje y armado, Thompson se desplazó por el vecindario de Hedingham, donde disparó contra residentes y transeúntes, según el relato presentado por la fiscalía y documentado por AP News.
Las víctimas mortales incluyeron a Gabriel Torres (policía fuera de servicio de 29 años), Nicole Connors (52 años), Mary Marshall (34 años) y Susan Karnatz (49 años). Además de los cinco fallecidos, resultaron heridas dos personas más, entre ellas un agente que participó en la persecución de Thompson. El atacante fue localizado en un cobertizo, con una herida de bala en la cabeza, y trasladado posteriormente bajo custodia policial.
El proceso de investigación, dirigido por la Policía de Raleigh y la Fiscalía del Condado de Wake, incluyó el análisis de dispositivos electrónicos, registros de búsqueda en internet y materiales encontrados en la residencia de Thompson. Según detalló AP News, las autoridades hallaron una nota manuscrita firmada por el agresor con la fecha del ataque, en la que explicaba sus motivaciones: “La razón por la que hice esto es porque odio a los humanos, están destruyendo el planeta/la Tierra”.
Los fiscales presentaron evidencia de búsquedas en el teléfono y en la computadora de Thompson sobre tiroteos escolares, armas, fabricación de explosivos y atentados previos, lo que, según el juez Ridgeway, demostró la existencia de un plan premeditado y consolidó la acusación de asesinato en primer grado. Durante el juicio, se expusieron testimonios de agentes y familiares que corroboraron la secuencia y naturaleza de los hechos.
La defensa de Thompson sostuvo que los hechos ocurrieron durante un episodio psicótico inducido por un medicamento recetado para el acné, que habría disociado al joven de la realidad. Un psiquiatra y un genetista ofrecieron testimonios para respaldar esta hipótesis, aunque el propio acusado no explicó con claridad el motivo detrás de la masacre. El juez Ridgeway concluyó que las pruebas presentadas no respaldaban la existencia de un estado mental alterado por medicación ni de una anomalía genética que eximiera de responsabilidad penal.
El magistrado enfatizó que la gravedad del caso radicaba en la planificación previa y la ejecución sistemática del ataque. Según AP News, Ridgeway afirmó en la audiencia: “Es difícil concebir una mayor muestra de malicia” y consideró que la conducta de Thompson reflejaba “una corrupción irreparable”, elementos que motivaron la imposición de la pena máxima.
La legislación estatal de Carolina del Norte prohíbe la aplicación de la pena de muerte a menores de 18 años en el momento de cometer el delito. Por ello, la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional constituye la sanción más severa posible en este tipo de casos. La ley permite la libertad condicional después de 25 años solo en circunstancias excepcionales y bajo evaluación, opción que el tribunal descartó tras analizar la evidencia y los informes psicológicos.
El fallo, de acuerdo con AP News, se fundamentó en la interpretación estricta del Código Penal estatal y en la jurisprudencia sobre delitos graves cometidos por menores de edad. El juez Ridgeway también tomó en cuenta las solicitudes de los familiares de las víctimas, quienes exigieron la pena máxima durante la audiencia de sentencia.
Durante el proceso judicial, familiares de las víctimas y representantes de la comunidad solicitaron al tribunal la imposición de la pena máxima permitida. Jasmin Torres, viuda del policía Gabriel Torres, expresó ante el juez: “Ninguno de nosotros, las víctimas sobrevivientes, nuestras familias, nuestros amigos, nuestra comunidad, debería tener que preocuparse jamás por un futuro en el que este monstruo quede en libertad”, según declaraciones recogidas por AP News.
Las autoridades del Condado de Wake y representantes del Ministerio Público coincidieron en la necesidad de una sanción ejemplar. El fiscal adjunto Patrick Latour argumentó: “Lo que hizo que cambiara no fue algún medicamento para el acné. Fueron las acciones conscientes, investigadas, bien pensadas, planificadas y decisivas del acusado”.
Durante la investigación, la policía determinó que el arma utilizada por Thompson en la masacre pertenecía a su padre, quien fue acusado de almacenamiento inadecuado de armas de fuego. Según información de AP News, el padre se declaró culpable y recibió una condena suspendida con libertad condicional. La madre del agresor, Elise Thompson, manifestó ante el tribunal: “Ambos perdimos a nuestros hijos, uno a manos del otro. Nunca vimos venir esto y aún no podemos darle sentido”.
El proceso judicial incluyó testimonios de ambos padres, quienes describieron a su hijo como un estudiante con buen rendimiento académico y sin antecedentes de conducta violenta, lo que añadió matices al análisis sobre la responsabilidad familiar y el acceso de menores a armas en el hogar.
La condena contra Austin David Thompson refuerza la tendencia de los tribunales estadounidenses a aplicar la máxima severidad en casos de violencia armada cometida por menores. El caso reabre el debate sobre la prevención de delitos graves por adolescentes y las responsabilidades de los adultos responsables de la custodia de armas.
Según AP News, la comunidad de Raleigh y las autoridades estatales continúan evaluando medidas para mejorar el control de armas y la identificación temprana de riesgos en hogares con adolescentes. Las organizaciones locales han solicitado reforzar la supervisión y la educación sobre almacenamiento seguro de armas, en respuesta a la tragedia y a otros incidentes similares registrados en el estado.
Tras la lectura de la sentencia, los abogados de Thompson anunciaron la presentación de una apelación ante instancias superiores. El proceso de revisión judicial podría extenderse durante varios meses, aunque la pena impuesta se mantiene vigente hasta que un tribunal determine lo contrario. Las autoridades del Condado de Wake afirmaron que continuarán brindando apoyo a las familias afectadas y que revisarán los protocolos de prevención y respuesta ante emergencias.
El caso de Austin David Thompson se convierte en un referente para futuras discusiones sobre la responsabilidad penal de menores y la seguridad en entornos familiares. Organizaciones de derechos civiles y grupos comunitarios han señalado la necesidad de políticas integrales para abordar los factores de riesgo que pueden desencadenar episodios de violencia de esta magnitud en jóvenes.
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With little time and no deal in sight to fund the Department of Homeland Security (DHS), a partial government shutdown by midnight is all but guaranteed.
The battle to prevent the third government shutdown under President Donald Trump in less than six months was lost in the Senate on Thursday. Now, with Congress scattered across the U.S. and several senators headed abroad, there’s no chance that a shutdown will be averted.
Senate Republicans were unable to smash through Senate Minority Leader Chuck Schumer, D-N.Y., and Senate Democrats’ unified front to pass a full-year DHS funding bill, nor were they able to do yet another short-term, two-week extension.
DHS SHUTDOWN EXPLAINED: WHO WORKS WITHOUT PAY, WHAT HAPPENS TO AIRPORTS AND DISASTER RESPONSE
The battle to prevent the third government shutdown under President Donald Trump in less than six months was lost in the Senate on Thursday. (Anna Moneymaker/Getty Images; Elizabeth Frantz/Reuters)
«The idea of not even allowing us to have an extended amount of time to negotiate this suggests to me, at least, that there isn’t a high level of interest in actually solving this issue,» Senate Majority Leader John Thune, R-S.D., said.
The final fight on the floor Thursday wasn’t with every lawmaker present, but between Sens. Katie Britt, R-Ala., and Chris Murphy, D-Conn., over giving lawmakers a little more time to keep the agency open while negotiations continue.
Senate Democrats argued that Republicans offered their legislative proposal in the dead of night, giving little time to actually move toward a compromise.
DEMS DIG IN, GUARANTEE SHUTDOWN WITH BLOCK OF DHS FUNDING
Senate Majority Leader John Thune, R-S.D., failed to splinter Senate Democrats from their unified front in his bid to fund DHS for a full year. (Bill Clark/CQ Roll Call, Inc. via Getty Images)
«We had plenty of time to get a deal in the last two weeks,» Murphy said. «And the lack of seriousness from the White House and from Republicans not getting language until last night has put us in the position we are in today.»
And with the expected shutdown, Democrats’ main targets — Immigration and Customs Enforcement (ICE) and Customs and Border Protection (CBP) — won’t see their cash flow dry up because of billions injected into the agency by Trump’s «big, beautiful bill.»
Instead, agencies like TSA, FEMA, the Coast Guard and several others will suffer the brunt of the shutdown.
«There is no way that you can’t say we’re working in good faith. We want to continue this conversation,» Britt said on the Senate floor. «But yet you’re penalizing a TSA agent. A TSA agent is going to go without a paycheck. Why? So that you can posture politically? I’m over it.»
DHS FUNDING BILL FAILS AFTER SCHUMER REJECTS TRUMP’S ICE REFORM OFFER
Sen. Chris Murphy, D-Conn., and Senate Democrats argued that Republicans gave them little time to reach a deal to fund DHS. (Tom Williams/CQ Roll Call, Inc. via Getty Images)
«Everybody on that side of the aisle knows that ICE and CBP will continue to be funded,» she continued. «They’re going to continue to enforce the law just as they should. Who’s going to pay the price?»
The final floor argument was a microcosm of what the week had devolved into. Senate Republicans argued that Democrats had burned too much time producing their list of demands, while Senate Democrats contended that they weren’t given enough time by the White House.
And as is typical during the string of shutdowns in the last several months, it has devolved into a public blame game. When asked about the effects a shutdown would have on the agencies not involved in immigration enforcement, Schumer pointed the finger at the GOP and the White House.
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«Talk to the Republicans, OK? We’re ready to fund everything,» Schumer said. «We’re ready to have good, serious proposals supported by the American people. They’re not; they’re sort of dug in the ground, and they’re not moving forward.»
But neither side is willing to divulge publicly what the exact sticking points are in their ongoing negotiations. And Senate Democrats now appear to be considering a counteroffer to the White House, a sign that negotiations aren’t totally dead in the water.
«Negotiations will continue, and we will see in the course of the next few days how serious they are,» Thune said.
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INTERNACIONAL
European capital rocked by violent protests as government corruption probe fuels unrest
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Thousands of anti-government protesters violently faced off against riot police outside government buildings in Albania’s capital, Tirana, earlier this week, as people called for the resignation of the government following a massive corruption scandal.
The main Albanian opposition party called for people to take to the streets and demand the resignation of Deputy Prime Minister Belinda Balluku after she was indicted by a special prosecutor who alleged she had been improperly influenced in her decision to favor one company in a tender for the construction of a 3.7-mile tunnel in southern Albania.
Albania’s Special Court Against Corruption and Organized Crime suspended Balluku from the government in November, but Prime Minister Edi Rama took the issue to the country’s Constitutional Court, which reinstated Balluku in December.
STATE DEPARTMENT STAYS QUIET AS ALBANIA REINSTATES DEPUTY PRIME MINISTER ACCUSED OF CORRUPTION
Anti-government protests in Albania’s capital Tirana escalated tension on Tuesday, Feb. 10, as demonstrators threw Molotov cocktails and other objects at the prime minister’s office on Feb. 10, 2026. (Anadolu Agency via Reuters)
Balluku denied the allegations, calling the accusations against her amounted to «mudslinging, insinuations, half-truths and lies.» Rama has refused to dismiss her.
The corruption allegations touched off widespread outrage, sparking protests in recent months.
«The wave of popular protests in Albania reflects a growing societal backlash against what critics describe as the increasingly autocratic rule of Prime Minister Edi Rama,» Agim Nesho, former Albanian ambassador to the U.S. and the United Nations, told Fox News Digital.
«Over more than a decade in power, Rama is accused of centralizing authority and personalizing state institutions, while his government has faced persistent allegations of cooperation with organized crime and the misuse of public funds and public assets for the benefit of politically connected clients,» Nesho claimed.
Police officers hold shields outside the Prime Minister’s office during an anti-government protest, triggered by a corruption investigation into Deputy Prime Minister Belinda Balluku, in Tirana, Albania, Feb. 10, 2026. (Florion Goga/Reuters)
The shady circumstances surrounding Rama’s most important ally and the lack of accountability reinforces the sentiment that is pervasive in Albanian society that their government is rife with corruption. With both the incumbent government and opposition figures accused of corruption, public confidence in institutions and the justice system has steadily been eroded.
ITALY ROCKED BY ANARCHIST-LED RIOTS AS OVER 100 POLICE INJURED, MELONI CONDEMNS VIOLENCE
Albania has a long legacy of government corruption and ranks 91st out of 182 countries in Transparency International’s 2025 Corruption Perceptions Index.
The protests on Tuesday turned violent when supporters of Berisha’s opposition Democratic Party threw rocks and Molotov cocktails at government offices in Tirana. Security forces responded with water cannons and tear gas.
Prime Minister of Albania Edi Rama (R) and Deputy Prime Minister of Albania and Minister of Infrastructure and Energy Belinda Balluku (R) attend a press conference in the Shpirag region in Berat province, Albania on Aug. 23, 2023. (Albanian Prime Ministry / Handout/Anadolu Agency via Getty Images)
Berisha claims the protests have been peaceful, and people are only voicing their opposition to Rama’s increasing autocratic rule and his attacks of the justice system.
At least 16 protesters were treated for injuries and 13 protesters were arrested, according to The Associated Press.
Observers of the region believe Berisha, who was prime minister from 2005 to 2013 and faced his own corruption charges, is angling to topple the socialist prime minister and main political rival, Rama, and return to power.
The turmoil in Albania comes as the country has long sought European Union membership, which began in 2014 when it became an official candidate for accession. While the 2025 annual European Commission report stated that Albania made significant strides in judicial reforms and combating organized crime, the latest allegations against Rami’s government will complicate its path to EU membership.
People gather during a demonstration held in Tirana, the capital of Albania, in support of former Prime Minister Sali Berisha, who was under house arrest from December 2023 to November 2024 on corruption charges and is currently under judicial supervision by the Albanian Special Appeal Court for Corruption and Organized Crime (GJPAKKO). (Olsi Shehu/Anadolu via Getty Images)
The United States helped implement Albania’s judicial reform process, including the creation of the Specialized Anti-Corruption Structure (SPAK). The State Department’s Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL) invested millions to foster democratic progress in Albania and assisted in combating Albania’s struggles with corruption and strengthening its weak institutions.
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Nesho warned the U.S. and European Union need to get serious with policy in the Western Balkans and help move Albania closer to European integration.
«If Washington and Brussels continue to look the other way — failing to enforce the rule of law, restore real checks and balances, and cut the regime’s ties to organized crime and drug trafficking — Albania risks drifting into the orbit of Eastern-style autocracy,» Nesho said.
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