El lunes al mediodía, tras la reunión de Gabinete, Javier Milei encabezó en la Casa Rosada una ceremonia con pastores evangélicos. Escuchó oraciones, fue bendecido y, con la voz quebrada, atribuyó el triunfo bonaerense “al uno”.

El Presidente fue acompañado por la secretaria General, Karina Milei, además del flamante jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el nuevo ministro del Interior, Diego Santilli, los funcionarios que cambiaron de rol para oxigenar el equipo y relanzar al Gobierno bajo la consigna de orden y cohesión interna.

La convocatoria fue impulsada por la Alianza de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (Aciera), que agrupa a más de 15.000 congregaciones. El encuentro, según sus autoridades, tuvo un carácter institucional: “Fue un evento para bendecir al país, al Presidente y su gabinete, en el marco de una ley nacional que conmemora el Día de las Iglesias Evangélicas”, explicó Christian Hooft, presidente de Aciera.

La ley 27.741, sancionada el año pasado, instituyó el 31 de octubre como fecha oficial y dispuso que el Poder Ejecutivo “propiciará actividades específicas” relacionadas con el día nacional instituido. Curiosamente, cuando ese proyecto se votó en la Cámara de Diputados, en septiembre de 2023, Milei era legislador, estuvo presente en la sesión y se abstuvo.

Entre 40 y 50 pastores participaron del acto. Karina Milei acompañó a su hermano durante toda la ceremonia.

La escena central fue breve, pero cargada de simbolismo. Sentado y rodeado por pastores, Milei recibió una bendición para él y su equipo. Karina Milei, con las manos extendidas, acompañó la oración, mientras un grupo de esposas de pastores se acercaba para orar por ella, sosteniéndole los brazos. Luego vino el discurso presidencial, cuando lo político irrumpió en el rito: Milei interpretó el resultado bonaerense como una intervención divina.

Contó que, en plena campaña, un pastor -cuyo nombre no se reveló- había pedido verlo. La cita coincidió con una reunión con Santilli, ya designado jefe de la campaña en la provincia. “El religioso oró, nos bendijo y se fue”, recordó. Según los presentes, el Presidente admitió que, si La Libertad Avanza lograba achicar a cinco puntos la diferencia de 14 con el peronismo tras las elecciones del 7 de septiembre, ya se daban por satisfechos. Pero el resultado final, tras una campaña plagada de tropiezos -la renuncia de José Luis Espert y los reveses judiciales que impidieron cambiar las boletas-, fue leído como una sorpresa “sobrenatural”.

La reunión también funcionó como una devolución de gentilezas. Los pastores agradecieron la firma del Decreto 486/2025, que les permitió constituirse como iglesias sin necesidad de adoptar la forma de asociación civil o fundación, y reconvertirse bajo su propia normativa religiosa. “No es un registro, es justicia, es libertad y es igualdad religiosa”, celebró entonces la pastora y senadora libertaria electa Nadia Márquez.

La sintonía entre los sectores políticos de derecha y el evangelismo no es nueva. Es el mismo vínculo que ostentan Donald Trump en Estados Unidos o el expresidente Jair Bolsonaro en Brasil. En la Argentina, ese puente se consolidó por afinidades ideológicas: la defensa de la familia tradicional y el rechazo al aborto, a la “ideología de género” y a la educación sexual integral, son banderas del evangelismo conservador que el mileísmo adoptó como propias.

Uno de los nombres que simboliza ese cruce es Gabriel Ballerini pastor evangélico, exdirector de Bioética de Aciera y figura visible en el debate contra la legalización del aborto en 2018–2019. “Representamos el costado conservador del libertarianismo de Milei”, dijo a , y definió lo ocurrido el lunes como “un encuentro histórico”. “Es la primera vez que se realiza un culto evangélico dentro de la Casa Rosada”, agregó.

Junto a organizaciones de derecha -entre ellas la Fundación Faro, de Agustín Laje-, Ballerini -que ya no está al frente de una congregación- prepara la próxima edición de La Derecha Fest, prevista para la segunda quincena de enero en Mar del Plata, con probable participación presidencial.

No todos, sin embargo, celebran el acercamiento entre púlpito y poder. La propia Aciera difundió un documento en el que advierte sobre el riesgo de “mezclar o confundir las funciones pastorales con la vocación por la cosa pública”. La tensión no es menor: el crecimiento evangélico amplió la capilaridad territorial que el mileísmo necesitaba. Hoy el oficialismo ya cuenta con diputados y senadores que predican la fe entre sus filas.

Un estudio del Conicet de 2019 estimó que el 15,3% de la población argentina se identifica con el evangelismo -más de siete millones de personas- frente al 9% de 2008: un crecimiento del 70% en once años, motorizado sobre todo por jóvenes y sectores populares, dos segmentos que el Gobierno observa con especial atención.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el presidente del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), Homero Giles, fueron denunciados por un concejal de Esteban Echeverría electo por La Libertad Avanza debido a una serie de supuestos delitos en la administración de la obra social provincial. El denunciante es el abogado Marcelo Mazzeo. Pidió a la Justicia Federal de La Plata que se investigue a los funcionarios por “administración fraudulenta agravada, malversación de caudales públicos, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función pública y asociación ilícita”.

En la denuncia de Mazzeo, a la que tuvo acceso , se sostuvo que en el IOMA existe un “colapso sanitario, desfinanciamiento y violación del derecho a la salud”, porque el sistema de prestaciones médicas “atraviesa una crisis estructural que excede la mera deficiencia administrativa y se traduce en una violación sistemática del derecho a la salud”. Se puntualizó que “las entidades médicas Femeba, Fenecon y Fremebo han denunciado de manera reiterada la falta de pago de honorarios, demoras superiores a 90 días, aranceles desactualizados y suspensión de tratamientos”.

“La inacción del IOMA frente a miles de afiliados que no acceden a tratamientos oncológicos, prótesis o medicación crónica constituye un incumplimiento funcional doloso”, se indicó en la denuncia de Mazzeo, quien en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre encabezó la boleta de La Libertad Avanza en Esteban Echeverría, e intervino como abogado en casos de impacto mediático como el del asesinato de Érica Soriano, en el que representó a la familia de la víctima y fue condenado Daniel Lagostena, pareja de la joven.

En la denuncia presentada, se afirmó que el IOMA es objeto de “captura política y vaciamiento institucional” y se argumenta que su uso “como caja política o instrumento de propaganda implica una desviación de poder funcional y un fraude a la administración pública”.

La conducción del IOMA, a cargo de Giles, un médico que integra La Cámpora, está bajo cuestionamientos permanentes desde hace años. Legisladores como Maricel Etchecoin, Luciano Bugallo, Romina Braga (de la Coalición Cívica), Fernando Rovello (Pro), o Ariel Bordaisco (UCR), son algunos de los que han pedido que Giles brinde explicaciones en la Legislatura y extendieron reclamos también a Kicillof.

Mazzeo planteó en su denuncia que existe una “afiliación compulsiva y extorsión institucional” en el IOMA, porque se inscribe a “empleados municipales y provinciales, incluso contra su voluntad, bajo la amenaza de pérdida de cobertura o de imposibilidad de acceder a prestaciones médicas”. Afirmó que esa actitud constituye un “abuso de poder”.

Entre otros puntos, aseveró que las autoridades no rinden cuentas, porque “la Legislatura bonaerense ha requerido en múltiples oportunidades la presencia del Dr. Giles para ser interpelado por la situación del IOMA”, pero “el funcionario ha omitido responder, desoyendo pedidos formales de los diputados Fernando Rovello (Pro), Luciano Bugallo (Coalición Cívica) y del senador Ariel Bordaisco (UCR)”. Esa negativa, según el denunciante, “configura una conducta de insubordinación institucional”.

Otro de los puntos denunciados por el edil libertario electo es una “intermediación privada irregular y conflicto de intereses” por “la creación de la Asociación Civil de Establecimientos Ambulatorios y Policonsultorios Privados, que actúa como intermediaria entre el IOMA y los prestadores médicos”. Señaló que “constituye un esquema de intermediación ilícita” porque “esta estructura, encabezada por Silvina Fontana, quien también dirige RM Salud SRL, presenta una incompatibilidad directa de intereses, al percibir fondos públicos para financiar policonsultorios de su propia empresa”.

“El gobernador Axel Kicillof, en su condición de máxima autoridad del Poder Ejecutivo provincial, tiene la obligación legal y constitucional de controlar el accionar de los organismos autárquicos bajo su órbita. Su omisión reiterada de supervisar, investigar o corregir las irregularidades del IOMA configura responsabilidad penal por omisión funcional y responsabilidad política agravada”, concluyó Mazzeo, quien, entre otros puntos, solicitó que la Justicia disponga allanamientos en el IOMA y en el Ministerio de Salud provincial, que conduce Nicolás Kreplak.

“Para el caso de que la presente denuncia fuera sorteada y recayere en el Juzgado Federal de La Plata a cargo de un magistrado que mantenga vínculo de parentesco, afinidad o relación funcional directa con el actual ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Nicolás Kreplak, solicito su recusación y se disponga su apartamiento inmediato de la causa”, advirtió Mazzeo, en referencia a la posibilidad de que la investigación recaiga en el juzgado de Ernesto Kreplak, hermano del ministro, que está al frente del Juzgado Federal Nº3 de La Plata.

consultó al gobierno provincial, desde el que indicaron que no habían recibido ninguna notificación sobre esta denuncia. Así lo indicaron fuentes de máxima confianza del gobernador Kicillof y del ministro Kreplak. Desde la cartera de Salud provincial, agregaron que, “por lo que se conoció a través de las versiones periodísticas, la presentación detalla supuestas consideraciones de carácter político, genéricas y sin base en ningún hecho o situación puntual”. Consideraron que otros planteos hechos por el denunciante “deberían ser descartados de hecho, en función de la propia ley que regula el IOMA”.

Según pudo saber , luego de la presentación la denuncia pasó a fiscalía para que dictamine si la Justicia Federal es competente o no en el caso.