En medio de la confrontación con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, el Gobierno resolvió no ir a fondo y, por lo tanto, no incluir el tratamiento de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) en el temario de las sesiones extraordinarias.

Sin embargo, el Ejecutivo seguirá antagonizando con el mandamás del fútbol argentino desde la tribuna mediática en la puja que tiene lugar entre esta entidad y Estudiantes tras la reacción del club y el equipo pincharrata al polémico título que le dieron a Rosario Central.

Un gremio de árbitros acusó a la AFA de manipular los resultados de los partidos

Desde Balcarce 50 son partidarios de avanzar con un marco jurídico que permita la participación de actores privados en el fútbol, pero aseveran que no es el momento para hacerlo.

No están dadas las condiciones objetivas

Entre las razones para no incluir a las SAD en las extraordinarias se encuentran el buen vinculo que mantiene la Selección Argentina de fútbol con el presidente de la AFA y la influencia que este tiene en la FIFA, en donde goza de una buena relación con su titular Gianni Infantino. Esta precaución tiene a la proximidad del Mundial 2026 como telón de fondo.

A su vez, desde el Gobierno rechazan la posibilidad de impulsar una resolución o intervención desde la Inspección General de Justicia (IGJ).  Por el momento, las acciones se limitan a la denuncia hecha por la DGI contra el financista Ariel Vallejos, dueño de Sur Finanzas y parte del circulo de poder de Tapia.

En medio del escándalo, la financiera vinculada a “Chiqui” Tapia se puso a disposición de la Justicia 

Sin embargo, desde el Ejecutivo cuentan con una carta a su favor para presionar por las SAD y es su firma en la renovación de la cesión del predio de Ezeiza, que tendrá lugar en 2030.

Por otro lado, la AFA cambió su jurisdicción de CABA a PBA, lo que también complica cualquier acción judicial o ejecutiva de jurisdicción nacional.

En el último caso, la FIFA no permite y sanciona que los Gobiernos intervengan directamente a las federaciones de fútbol, consideradas como una suerte de enclaves del máximo organismo del fútbol profesional a nivel mundial en .

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El Gobierno apuesta a dar un golpe de efecto en diciembre que le estire el veranito electoral ante una economía diaria que no da respiro para un sector de la sociedad que en octubre eligió darle a Javier Milei otra oportunidad. El reloj de arena ya se dio vuelta. Los próximos tres meses serán clave para Javier Milei, que se juega su reelección con las reformas que vienen como eje central de su proyecto a futuro.

El oficialismo concentrará la mayoría de las nuevas leyes en sesiones extraordinarias, a excepción de la reforma jubilatoria, que postergó para no empantanar con un clima social adverso el resto de sus propuestas. El nuevo régimen laboral vuelve a ser el gran desafío. De las 10 propuestas del Consejo de Mayo, sólo dos quedarán afuera: la reforma previsional y una nueva ley de coparticipación. El resto se presentará el 9 de diciembre. El Gobierno adelantó la redacción una semana, para comenzar con el debate lo antes posible.

En principio, se estaría imponiendo la versión más dura de Federico Sturzenegger para los cambios laborales, según relataron un integrante del Consejo de Mayo y otro miembro del gabinete. No en vano Gerardo Martínez y Armando Cavalieri salieron el mismo día a cuestionar en duros términos a la Casa Rosada. El ala dialoguista de la CGT entró en alerta.

Una filmina con la palabra “peaje” como símbolo de corrupción alcanzó para que el líder de la Uocra cruzara al ministro de Desregulación en plena reunión. “Es una provocación”, lo frenó, cuando en el Powerpoint con los títulos generales de la reforma laboral Sturzenegger los trataba de “caranchos” y usaba ese tipo de palabras para describir el accionar gremial. “Plantea una discusión ideológica, es un fanático”, se quejó Martínez ante sus pares tras la reunión del miércoles del Consejo de Mayo. Dijo que el funcionario tuvo una actitud “asquerosa”, entre otras cosas. Fue la primera vez, desde que se inició el diálogo, que el jefe de la Uocra salió a rechazar los cambios con tanta dureza.

Apenas terminó el encuentro en Jefatura de Gabinete, Martínez rumbeó con mal semblante para el despacho de Santiago Caputo. El asesor presidencial le propuso armar una mesa de trabajo diferente, según relataron a Infobae fuentes gremiales, que todavía confían en la influencia del joven asesor en Milei. “Santiago promueve darle un orden político a la discusión”, relatan cerca de Martínez. Los próximos días serán claves para ver quién tiene más peso. En otros despachos de la Casa Rosada, donde la interna entre las Fuerzas del Cielo y el karinismo sigue intacta, la película parece ser otra: cerca de la secretaria general insisten en que el único canal oficial habilitado es el de Sturzenegger y Sandra Petovello, a través del secretario de Trabajo, Julio Cordero.

“Lo mejor que nos puede pasar es que nos hagan un paro”, refuerzan en Balcarce 50 respecto a la futura reacción gremial. Por ahora sostienen que van a fondo. Eso incluye tocar la cuota solidaria, modificar la vigencia de los convenios colectivos actuales, y propiciar los convenios por empresa por sobre la ley general de determinada actividad, además de reformas que eviten la llamada industria del juicio.

El mismo día en que Sturzenegger les anunciaba las líneas generales al Consejo de Mayo, en Parque Norte, Armando Cavalieri, el líder del Sindicato de Empleados de Comercio, se despachaba por primera vez contra Milei. “La única reforma laboral que está esperando la Argentina es la del salario, que está hundido”, se quejó ante sus afiliados e incluso no descartó medidas de fuerza y movilizaciones en todo el país.

Con el triunfo interno de Karina Milei, los gremios se quedaron sin interlocutores. Mantienen el canal abierto con Caputo, pero nadie sabe cuán efectivo puede ser el asesor presidencial. Siguen esperando una comunicación con Diego Santilli, el nuevo ministro del Interior, que rápido de reflejos, supo alinearse a tiempo con la secretaria general.

Puede dar cuenta ya el nuevo ministro de Defensa, Carlos Presti, del rigor karinista. Ocurrió el mismo día que participó de su primera reunión de Gabinete. Apenas terminó el encuentro de ministros del miércoles, encabezado por Milei, el nuevo funcionario recibió una invitación de Santiago Caputo para que pasara por su despacho. Cuando Karina se enteró (lo vieron todos porque habló con los medios acreditados al salir del encuentro), lo llamó para recordarle a quién respondía. Dicen cerca de la secretaria general que el militar pecó de ingenuo. El martes próximo jurará como ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva, mano derecha de Patricia Bullrich. Presti deberá esperar unos días más.

El nuevo Congreso

Con los gremios en la vereda de enfrente, en el Gobierno se aferran a los gobernadores para lograr la aprobación del paquete de leyes que viene. El Presupuesto será el primer desafío de cara a mostrar una nueva construcción de gobernabilidad. Por el momento, Santilli sigue recibiendo mandatarios, pero ninguno se lleva de él promesas concretas. “Quisiera que nos dé respuestas”, sinceró el vínculo Maximiliano Pullaro, que esta semana contó que no se iba a reunir hasta tanto no se concreten los reclamos puntuales. El espacio de Provincias Unidas, con el santafecino a la cabeza, muestra más diferencias con Milei que los mandatarios de origen peronista. Los temas en debate siguen siendo los mismos. Obra pública, sobre todo rutas nacionales, y la deuda por la caja de jubilaciones. Son temas que se arrastran sin solución desde hace dos años. Antes de hacer públicas las razones de su ausencia en la Casa Rosada, Pullaro había hablado por teléfono con Santilli.

El gobernador de Santa Fe se puso al frente, además, del bloque que conformarán en el Congreso. Impuso a su vice, Gisela Scaglia, diputada electa, como jefa, lo que valió el portazo de Miguel Pichetto. Todavía quedan unos días para negociar, hasta el miércoles, pero por el momento el clima sigue áspero para que terminen confluyendo en un mismo espacio. En Provincias Unidas recalarían unos 17 legisladores, entre ellos Martín Lousteau, Mariela Coleta y Pablo Juliano, del radicalismo, además de los que responden a los gobernadores de ese espacio (Santa Fe, Córdoba, Jujuy, Corrientes y Chubut) y los socialistas Esteban Paulón y Pablo Farías. De todas maneras, Scaglia tendrá que ganarse el liderazgo y es poco probable que en temas como la reforma laboral, voten todos iguales.

Pullaro pretende erigirse como un interlocutor de peso ante la Casa Rosada. Él e Ignacio Torres fueron los que más se movieron para la creación del nuevo bloque. Martín Llaryora, de Córdoba, ya tenía un acuerdo con Pichetto, pero ni siquiera estuvo en la reunión en la que se desencadenó el desencuentro. Una hernia epigástrica le impidió llegar a Buenos Aires. Aspiran a convertirse en la tercera minoría, desplazando al PRO y a la UCR. La competencia directa pasó a ser el conglomerado de gobernadores de lo que supo ser Innovación Federal, si es que terminan juntos.

En el Gobierno se muestran más cómodos con los peronistas no kirchneristas y se entusiasman con el salto de Raúl Jalil del bloque de Fuerza Patria. Hace una semana que esperan el anuncio. Escurridizo, el gobernador de Catamarca coquetea con el espacio de Innovación Federal, que lidera el salteño Gustavo Saenz. Quienes hablaron con él en las últimas horas cuentan que ya tiene tomada la decisión, pero que esperaba tener una última charla con la ex gobernadora y actual senadora Lucía Corpacci. En principio no se irían los cuatro diputados por la provincia, sino tres. No logró convencer de la salida a Claudia Palladino, diputada electa.

Con ese esquema, La Libertad Avanza consigue ser la primera minoría. El viernes pasado sumó tres integrantes en un día: Verónica Razzini, Alejandro Bongiovanni y Lorena Petrovich, tras la salida de Silvia Lospennato, de mudanza a la legislatura porteña. Con esos 94, una vez que se formalice la partida de los catamarqueños del peronismo, ya no habrá discusión.

Economía real versus batalla cultural

El Gobierno confía en tener resuelto el frente político y aspira a dar un golpe de efecto este mes que comienza en lo económico, a través de la posibilidad del regreso a los mercados internacionales de deuda. Nadie se puede imaginar aún a qué tasa, con un riesgo país que no logra bajar de los 600 puntos. Así y todo, hay analistas económicos cercanos al oficialismo que interpretan que el Gobierno está trabajando en esa línea para los futuros vencimiento de deuda de enero, por unos USD 4.500 millones con bonistas privados.

En los despachos oficiales miran el largo plazo. “No esperen que Milei haga locuras ahora”, anticipan, sobre los pasos del Presidente. “Si no cambió el rumbo con las marchas por discapacidad o Garrahan, no lo va a hacer ahora que ganó”, insisten a su lado, con el crédito político de las elecciones de medio término.

De la mayoría de las encuestas posteriores a los comicios surge el mismo dato: Mieli recuperó todo o casi todo lo que había perdido en los meses previos. Se ve un cambio en el clima social, de plazos difusos. Es difícil imaginar la duración de la bonanza, porque lo que todavía presenta con niveles bajos es la representación del núcleo duro. De ahí que el Gobierno pretenda avanzar lo más rápido posible en concretar las reformas, como la laboral, antes de que se diluya el crédito.

Los argentinos mantienen la expectativa de mejora a futuro, pero prevalece un escenario de insatisfacción por la situación económica actual. La última medición de la Universidad de San Andrés refleja que los problemas económicos siguen dominando, con los bajos salarios a la cabeza (34%), la corrupción (31%) y la falta de trabajo (30%). Los tres son percibidos como los principales problemas del país.

El día a día muestra malas noticias, sobre todo por el cierre de empresas emblemáticas. El último informe del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (UIA) marca para octubre una baja de la actividad en torno al 2% en términos interanuales y en la comparación mensual proyecta un nivel similar al de septiembre, que tuvo apenas un 0,3 de crecimiento. Es un estancamiento en los mismos niveles del cuarto trimestre de 2024 y en torno a un 10% por debajo de 2022 y 2023. Esta misma semana, el economista Miguel Ángel Broda puso el foco en este tema. “No creo que se pueda abrir la economía con un dólar barato como tenemos hoy”, opinó.

Las empresas en crisis se reflejan en los números de los procesos preventivos de la Secretaría de Trabajo. En octubre alcanzaron los 143, cuando en todo el año pasado se presentaron 131. Eso representa un 9% más y se convierte en el mayor número desde 2018 y 2019. “Todos los días vamos a tener noticias de empresas que cierran, pero esos empleos se van a reconvertir”, prometen en el Gobierno, aferrados al modelo. Sostienen que para muchos sectores va a ser “traumático” y ponen todas las fichas al agro, el sector energético y los servicios. Todas las promesas son a largo plazo.

El Gobierno se focalizará también en el relato, la batalla cultural, como la llaman. Ahí se inscribe el papel de Milei en la pelea entre Estudiantes y la AFA. Fue uno de los temas determinantes de la semana que pasó en la Casa Rosada, con la decisión del Presidente de suspender el viaje a Estados Unidos, para el sorteo del mundial. La decisión oficial es desgastar a Claudio “Chiqui” Tapia, a pesar de que el año pasado Karina Milei había mostrado un acercamiento en un viaje a Paraguay en plena batalla por la intervención de la Inspección General de la Justicia (IGJ), y la mudanza que hizo Tapia a la provincia de Buenos Aires para evitar controles nacionales. “Vamos a escalar, hay plafón”, dicen en Balcarce 50.

Patricia Bullrich ya amenazó a Tapia con “investigarlo” desde el Senado. Es hoy la mejor alumna de Milei y Karina. Lo demostró el viernes, en la previa de su jura, cuando le dijo a la hermana presidencial, impedida de ingresar al evento, que le podía mandar la policía a la vicepresidenta Victoria Villarruel para que la dejen pasar al palco de invitados.

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Desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, el Gobierno viene impulsando una política de subastas públicas de bienes inmuebles y muebles: el objetivo declarado es achicar la estructura y gastos del Estado, monetizar bienes en desuso y redirigir recursos hacia otras áreas.

Hace una semana, Infobae reveló que la gestión libertaria ya vendió 10 inmuebles desde diciembre de 2023 – entre ellos edificios y terrenos emblemáticos – y recaudó más de USD 200 millones, en base a un análisis de las subasta publicadas por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y el portal oficial de contratación públicas ComprAr.

Los remates también incluyeron a los vehículos en manos de organismos públicos. Según un nuevo relevamiento de este medio de información publicada por la AABE, en los últimos dos años, el Gobierno vendió 83 automóviles por casi USD 490.000 en total. El monto supera en más de USD 130.000 la suma de los precios base a los que habían salido a subasta.

De ese total, 35 vehículos pertenecían al Ministerio de Justicia; 16 eran titularidad de la AABE y 11 eran de la Administración De Infraestructuras Ferroviarias Sociedad Del Estado (ADIFSE), convertida en febrero de este año en Sociedad Anónima Unipersonal para allanar el camino hacia una futura privatización del sistema ferroviario. En otros dos casos, se trató de decomisos judiciales en causas de trata de personas.

La venta de mayor valor fue un lote de 5 vehículos por los que se pagaron casi USD 70.000 en total, y fueron adquiridos por la empresa de la ciudad de La Plata Simen SA. Le siguió otro de 13 vehículos rematados en USD 55.000, que fueron adjudicados a la firma que presta servicios de limpieza Plusbyte SRL.

El que se remató al precio más alto fue un utilitario Iveco Daily modelo 2014 por el que se pagó USD 22.299 dólares. Su precio base había sido USD 18.579.

El 1 de julio pasado quedó en manos de Ricardo Lionel Gargiulo, quien figura en la base de datos comerciales Nosis como empleado del Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires.

En los últimos dos años, Gargiulo se adjudicó otras tres unidades en subastas del Estado: una Ford Transit Bus modelo 2014 por la que pagó USD 12.670; una Ford Ranger modelo 2015, por la que ofertó USD 11.235; y una Ford Ecosport modelo 2023, por la que pagó USD 7.662.

Segunda en precio final de remate se ubicó una Toyota Hilux modelo 2015, que fue adjudicada el 5 de mayo pasado por USD 14.400 a Cristian Benitez, un monotributista proveedor del Estado en servicios de electricidad, ferretería e informática. Había salido a subasta a la mitad de ese precio, USD 6.892.

Y tercera en monto de venta quedó una combi Ford Transit Bus modelo 2014 cuyo precio base era de USD 5.684 y se subastó en USD 14.178. Se la quedó el Establecimiento Mafelu SAS, una firma cordobesa dedicada a la venta y reparación de vehículos.

Esta empresa resultó adjudicada con 16 vehículos, en total, en la gestión de Milei.

No fue la única Ford Transit Bus que compró Establecimiento Mafelu. También ganó la subasta de otra combi igual, del mismo año, por la que pagó USD 19.638. A su vez, entre la de mayor monto que adquirió, figuran dos camionetas Renault Master modelo 2015, por las que ofertó USD 10.011 cada una.

Sin embargo, no fue la que más vehículos adquirió por esta modalidad. Américo Costa – un monotributista que también se dedica al comercio y reparación de vehículos y motos – se quedó con 17 autos y camionetas en subastas lanzadas en los dos últimos años, pese a figurar en situación de deudor “irrecuperable” para el Banco Central.

Los tres vehículos por lo que pagó un mayor monto fueron una Volkswagen Saveiro modelo 2015, con el que salió adjudicado en mayo, al ofertar USD 9.400: una camioneta Ford Ranger modelo 2012 por la que pagó ese mismo mes USD 8.400; y una Ecosport modelo 2014 por la que pagó, en febrero pasado, USD 7.890.

Decomiso judicial

Dos de los vehículos rematados por el estados fueron decomisados en la llamada “causa Mora” referida a la investigación judicial sobre trata de personas con fines de explotación laboral y reducción a la servidumbre, entre otros delitos. Están acusadas una decena de personas señaladas como líderes y miembros de una secta criminal conocida como Templo Filadelfia, ubicado en San Justo, que, bajo la fachada de una congregación religiosa, habría explotado laboralmente a decenas de fieles durante casi cinco décadas.

En la causa, la Justicia dispuso el remate de varios vehículos, de los cuales ya fueron vendidos dos. Uno es un SUV Chevrolet Tracker 2016, adquirido en agosto pasado por Javier Aguirre, un abogado que trabaja en el Poder Judicial de la Nación, quien pagó USD 11.800 (el precio base era USD 6.6600).

El otro es un Fiat Siena Sedán 2010, adjudicado en septiembre del año pasado por USD 4.370 a Carlos Gallardo, un monotributista con experiencia laboral en temas aduaneros. El precio con el que salió a subasta era de USD 2.300. El producto de esas ventas es destinado, por ley, al Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata (ley Nº 26.364).

Próximos vehículos a subastar

No solo el Poder Ejecutivo viene llevando a cabo esta política de subastas de bienes del Estado. La Cámara de Diputados de la Nación rematará el próximo 5 de diciembre 20 autos de su flota oficial, con precios base que arrancan en $3,5 millones para un sedán 2.0 de 4 puertas año 2010, y $7 millones para un Peugeot 408 modelo 2014 y para un Volskwagen Bora 2010.

En total, los precios base suman $170,3 millones equivalentes a casi USD 120.000, el monto mínimo que desde la Cámara baja aspiran a conseguir. En este caso, la subasta pública se llevará a cabo on line a través del portal oficial de subastas del Banco Ciudad y la exhibición de los vehículos se realizó el miércoles pasado.

La flota de vehículos oficiales incluye autos, utilitarios, minibuses y pickups. Entre los modelos figuran Chevrolet Prisma, Cruze y Spin; Peugeot 408; Volkswagen Vento y Bora; Ford Ranger, Renault Master. Los modelos van desde 2008 a 2014.

Los tres modelos que saldrán con el precio base más alto son una camioneta doble cabina Ford Ranger modelo 2014 a $16 millones; un utilitario Renault Master modelo 2010 a $15 millones; y una pickup Chevrolet S10 a $13,5 millones.

Ya el año pasado, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, había concretado la venta de una flota de 46 autos oficiales. Según explicó en ese momento, el monto recaudado iba a ser destinado a la adquisición de bienes de uso, inversión edilicia, “y a todo otro gasto que constituya una inversión patrimonial” del palacio legislativo.

En un comunicado, se indicó que la medida iba “en línea con el compromiso asumido por el gobierno Nacional para promover la austeridad en la política y cuidar el dinero de los argentinos”.

Visualización de datos: Daniela Czibener

Carga y chequeo: Desiré Santander