A un año del tuit con el que Javier Milei promocionó la moneda digital $LIBRA, la causa local que investiga el caso como una supuesta estafa muestra algunas zonas fértiles, con medidas que esclarecieron rasgos de la maniobra, y otras áreas más pantanosas, marcadas por las demoras y los puntos muertos.

En los tribunales de Comodoro Py, el expediente se abrió con vértigo, a pocos días del hecho, cuando el caso ya había tomado por asalto la agenda pública. Pero desde entonces, avanzó por dos carriles de distinta velocidad.

Ese desfase quedó reflejado en un fallo reciente de la Cámara Federal que avaló las medidas patrimoniales dictadas contra algunos de los investigados, pero advirtió al juez Marcelo Martínez de Giorgi sobre la necesidad de acelerar la investigación para que esas medidas no se desnaturalicen con el paso del tiempo.

Los principales involucrados son casi los mismos que hace un año: el presidente Milei, cuyo tuit hizo disparar la cotización del activo; el creador de la moneda digital, Mark Hayden Davis; y quienes habrían sido el puente entre ambos, los socios Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy. La investigación también alcanza a Karina Milei, señalada por haber facilitado los encuentros entre las partes, y, en un segundo orden, al exasesor de la Comisión Nacional de Valores Sergio Morales y a Julian Peh, un empresario ligado al proyecto $LIBRA desde el plano técnico.

Los progresos más visibles ocurrieron sobre una serie de millonarias transferencias cripto, sospechosas tanto por sus montos como por sus fechas coincidentes con momentos clave en la vida del caso.

Un puñado de estos movimientos se concretaron el 30 de enero de 2025, luego de que Davis, Novelli y Terrones Godoy se reunieran por tercera vez con Milei en la Casa Rosada, catorce días antes del lanzamiento de la moneda y el tuit presidencial.

Con la asistencia técnica de organismos especializados y los aportes de plataformas digitales, la fiscalía de Eduardo Taiano esclareció parte de ese complejo entramado de transacciones. En la causa está acreditado que el 30 de enero -luego de su reunión con Milei- Hayden Davis transfirió un total de USDC 1.015.000 (una moneda virtual que corre aparejada al dólar) a una cuenta a nombre de Orlando Mellino, un jubilado de 75 años con domicilio en una dirección del municipio de Tigre cuya numeración no existe, según pudo corroborar la Justicia. Mellino recibió ese dinero digital a través de dos operaciones espejo y horas más tarde lo giró a una tercera cuenta.

Sobre Mellino flota una nube de misterio y la presunción de ser un “prestanombres”. La Justicia le impuso una medida patrimonial, pero hasta el momento no se ordenó ningún allanamiento y ni siquiera cuenta con domicilio válido en el expediente, confiaron las fuentes consultadas.

En la causa también está acreditado que unos días más tarde, el 3 de febrero, el empresario Hayden Davis giró un total de USDC 3.965.627 a la cuenta de otra cara nueva del caso: el influencer cripto colombiano Camilo Rodríguez Blanco. Tanto él como Mellino habrían sido un puente de paso en la maniobra investigada, porque la Justicia validó también que gran parte de los activos que recibió el influencer fueron luego movidos a cuentas controladas por Novelli y Terrones Godoy. Una cuenta de la que Novelli es cotitular, por caso, recibió USDC 695.990 en la noche del 3 de febrero.

La fecha es clave porque un día después, Novelli, su hermana María Pía, y su madre, María Rafaele, arribaron a una sucursal del banco Galicia en Martínez con bolsos en sus manos, manipularon varias cajas de seguridad y se fueron, según consta en las actuaciones de la causa. Los familiares de Novelli volverían al banco 13 días después, durante el primer día hábil tras el lanzamiento de $LIBRA, presumiblemente a vaciar esas cajas, porque cuando la Justicia las registró estaban vacías.

Sobre Camilo Rodríguez Blanco, Novelli, su hermana y su madre, Morales y Terrones Godoy también rigen medidas patrimoniales, pero algunas de ellas fueron perdiendo fuerza con el paso del tiempo -ahora hay embargos por montos menores- y la Cámara, en su fallo de enero de este año, marcó que, por ser de carácter excepcional, estas medidas patrimoniales deben sustentarse sobre avances genuinos en la causa.

“No solo para asumir una postura respetuosa de los derechos de quienes se encuentran sometidos a proceso, sino también para procurar los restantes fines del proceso penal”, marcaron los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.

Los teléfonos y las querellas

Otra línea de la investigación que avanza sin apremios es la relativa a los peritajes. En allanamientos realizados en marzo del año pasado a domicilios de Novelli, Terrones Godoy y Morales, la Justicia secuestró una serie de dispositivos electrónicos.

El fiscal ordenó analizar su contenido en septiembre, siete meses después del operativo y, al día de hoy, en el expediente no figura ningún avance en ese sentido, según fuentes del caso que consultó . Uno de los investigadores, sin embargo, dijo a este medio que ya se trabaja sobre la información que arrojaron los peritajes.

Por el momento, del caso forman parte dos grupos de querellas. Consideran que hay reunidos suficientes elementos para avanzar, al menos, con la indagatoria de Novelli y Terrones Godoy.

El abogado Nicolás Oszust representa al especialista cripto Martin Romeo, y Juan Grabois y Nicolás Rechanik a otros tres damnificados.

Las querellas han presentado escritos cuestionando la marcha del expediente y solicitando una gran serie de medidas, algunas más fuertes que otras, como la detención de Novelli y Terrones Godoy y su indagatoria.

La defensa de Novelli y Terrones Godoy, por su parte, buscó apartarlos del caso, pero en diciembre último, la Corte Suprema los ratificó al no atender el reclamo que presentó su abogado Daniel Rubinovich.

El juez Martínez de Giorgi calculó en U$S 12.000 el perjuicio de los querellantes, pero eso podría cambiar si a la querella se suman nuevos damnificados: un grupo de dos bielorrusos golpea las puertas del expediente y clama haber perdido más de 2,3 millones de dólares.

Entre abril y noviembre del año pasado, la causa en los tribunales de Comodoro Py convivió incómoda con una investigación paralela que llevaron adelante diputados de la oposición en el Congreso, una pesquisa que, por momentos, parecía llevar la delantera sobre algunos vértices del caso.

Entre sus conclusiones -que fueron giradas al juez de la causa-, la comisión destacó que $LIBRA repitió la lógica de tres proyectos previos en los que también participaron Novelli, Terrones Godoy y Milei. Son CoinX, Vulcano y $KIP, el precedente más cercano a $LIBRA y del que también formaron parte Julian Peh y Hayden Davis. Todos fueron impulsados por Milei y acabaron con el colapso del valor de sus activos y denuncias por estafa.

En una de sus pocas aclaraciones posteriores al escándalo, Hayden Davis negó que $LIBRA fuera una estafa, al decir que fue un “plan que salió muy mal a nivel presidencial”.

Pese a ser uno de los asuntos más delicados para el Gobierno y a que en la causa se tomaron medidas tempranas contra Milei -se pidió información sobre sus teléfonos-, a casi un año del nacimiento del expediente, el Presidente no ha designado aún un abogado que lo represente en el caso.

Significa que, en términos formales, el jefe de Estado no tiene acceso al expediente. Es una toma de posición que contrasta con la reacción inicial cuando la causa crecía y el presidente deslizó que sería el ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, quien se pondría al frente de la estrategia judicial del Gobierno.

Tras la nota de que mostró el desconcierto en el Gobierno sobre un cambio de último momento en la reforma laboral que permite reducir los salarios en casos de licencias, desde el bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), conducido por Patricia Bullrich, admitieron que allí se gestó la decisión de sumar el artículo.

Las limitaciones a las licencias motivaron críticas de aliados del oficialismo en la Cámara de Diputados, donde debe ahora ser tratado el proyecto.

Sin embargo, en el bloque libertario del Senado argumentaron que «no se entendió» cómo será la aplicación, que estuvo “mal interpretada” y que no busca quitar derechos laborales, sino que la intención es “terminar con las mafias” de las “licencias truchas” y escuchar el “ruego” de dueños de Pymes y de un grupo de jueces laborales.

Los cambios que reducen el porcentaje de pago de las licencias –del 100% actual al 75% o 50%, de acuerdo a las circunstancias- no estaban en el texto original que firmó el presidente Javier Milei.

Sin embargo, la modificación fue sumada a la media sanción aprobada del Senado, con el voto a favor de los aliados.

En el Gobierno, el viernes, tomaron distancia del cambio e incluso dijeron que debería haber sido idea de algún “senador”, mientras que los legisladores que colaboraron con la aprobación apuntaron directamente al oficialismo.

Este sábado, en diálogo con , desde el bloque libertario se hicieron cargo de haber incluido en el proyecto el artículo 44, del capítulo VII, con los cambios en el régimen actual de licencias.

“La introducción fue por pedido de jueces laboralistas razonables y por el ruego de los empresarios Pymes”, indicaron en la bacada conducida por Bullrich.

Ese grupo de magistrados, según el oficialismo, habría asesorado a La Libertad Avanza en el devenir de la reforma oficialista, cuyas conversaciones llevó adelante Bullrich en la Cámara alta. “Estamos para terminar con las mafias”, acotaron desde el bloque y dijeron: “Lo introdujimos con Legal y Técnica”.

El texto, aprobado en el Senado y en tránsito a Diputados, dice así: “En caso de sufrir un accidente o una enfermedad que no sea consecuencia de la prestación de tareas derivadas del contrato de trabajo, y que impida dicha prestación, el trabajador tendrá derecho a percibir el 50% de su remuneración que perciba al momento de la interrupción de los servicios si la imposibilidad de trabajar fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador que implicara algún riesgo en la salud durante un período de tres meses si el trabajador no tuviera personas legalmente a su cargo, o de seis meses si las tuviera».

El artículo agrega que “si la imposibilidad de trabajar no fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador sobre el riesgo en la salud, percibirá el 75% de tal remuneración, en cualquier caso, durante el mismo período de tiempo dispuesto en el párrafo precedente».

Según las fuentes del bloque que hablaron con , el texto “se entendió mal” por el “bajo conocimiento de derecho laboral”. Dijeron que, en realidad, lo que supuestamente quiere expresar es que la baja en los haberes se hará desde los tres meses y desde los seis meses de licencia, de acuerdo a cada caso. Además, se mostraron abiertos a que si hay que realizar más aclaraciones, se puedan incluir en la reglamentación de la ley o en el convenio colectivo de la actividad.

La cuestión generó un escándalo desde el momento mismo en que el miembro informante, el senador libertario de Chaco, Juan Cruz Godoy, sumó el apartado en plena sesión. Según pudo reconstruir , el agregado apareció en las conversaciones entre oficialismo y aliados durante la última etapa de negociaciones en el Senado.

En un primer momento, el kirchnerismo -que votó en contra- lo denunció. Después, el ministro Federico Sturzenegger fue a Radio Mitre y debió explicar de qué se trataba, y así el tema tomó estado mediático.

En el Gobierno, el viernes, nadie se hizo cargo de haber ideado o pedido esas modificaciones. Una voz importante de la Casa Rosada deslizó que podría haber sido “algún senador”.

Al mismo tiempo, otras fuentes refirieron que Sturzenegger tuvo que salir a explicar los cambios porque justo le hicieron una entrevista, pero que no había sido de ninguna manera el ideólogo de este extracto; que el ministro del Interior, Diego Santilli, tampoco estaba al tanto; y que al secretario de Trabajo, Julio Cordero, se lo había visto “indignado” por este tema. Mientras, fuentes del bloque habían desconocido el autor, pero habían justificado los cambios.

Este sábado, desde la bancada admitieron que la modificación salió de ahí. “En la práctica se verificó un incremento de reclamos laborales sustentados en certificados médicos apócrifos o carentes de respaldo clínico, mediante los cuales se extienden licencias en forma reiterada sin causa que lo justifique. Asimismo, se advierte la existencia de circuitos irregulares (truchos) en los que determinados profesionales emiten constancias médicas a cambio de sumas de dinero, que varían según la cantidad de días a justificar -con mayor costo cuando se trata de prórrogas- y la patología invocada. Esas certificaciones son usadas para justificar ausencias que en muchos casos no responden a situaciones reales“, señalaron desde el bloque que comanda Bullrich.

Dijeron, también, que esto genera un impacto “económico y organizacional significativo” en las empresas. “La reiteración de certificados médicos impide determinar con certeza la duración efectiva de la ausencia, lo que dificulta la planificación operativa y la eventual contratación de personal de reemplazo. Como consecuencia, se incrementan los costos laborales y se afecta de manera particular a las Pymes, que cuentan con estructuras más acotadas y menor capacidad de absorción financiera”, plantearon.

Además, argumentaron que la reforma laboral libertaria mantiene “toda la normativa” de la Ley de Contrato de Trabajo en relación a la conservación del empleo y la reincorporación del trabajador, prevista en los artículos 211 y 212.

El viernes, senadores aliados le echaron la culpa al Gobierno por los cambios y dijeron a que incluso la idea oficial era mucho más restrictiva sobre las licencias, pero que ellos no quisieron convalidar todos los planteos. Desde el bloque libertario dijeron no recordar nada en relación con eso.

Estallado el tema, distintos abogados laboralistas advirtieron por una posible judicialización.

Ahora, además, el Gobierno está alerta por la posibilidad de que esa parte del articulado sea rechazada en Diputados o por la chance de que le introduzcan cambios, lo que dilataría los tiempos, ya que el proyecto tendría que volver al Senado. Eso iría en contra de la idea de la Casa Rosada, que era tener aprobada la reforma laboral antes de marzo.