POLITICA
Impulsan en Diputados un proyecto para agilizar las búsquedas de personas desaparecidas

En la Cámara de Diputados fue presentado un proyecto de ley para que la búsqueda de personas desaparecidas comience de inmediato y se mantenga activa hasta encontrar a la persona o saber qué ocurrió. La iniciativa busca establecer reglas claras y que todas las instituciones del Estado trabajen de manera coordinada.
En la actualidad, no existen protocolos nacionales obligatorios ni un marco legal uniforme para actuar ante la ausencia de una persona. Cada jurisdicción define el abordaje según sus recursos e interpretaciones, situación que muchas veces demora los tiempos de reacción y deja casos librados a la voluntad de las autoridades locales. El resultado es la inexistencia de cifras confiables: se desconoce la cantidad real de personas desaparecidas en el país.
Informes recientes señalaron la existencia de más de 43.000 búsquedas activas, pero muchas ni siquiera reflejan la realidad, ya que numerosos archivos no se dan de baja ni siquiera cuando una persona fue localizada.
La propuesta, impulsada por el diputado Carlos Cisneros (Unión por la Patria), busca darle rango legal al Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas (Sifebu). Este organismo, bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, pasaría a coordinar en forma centralizada todas las acciones y registros relacionados con la búsqueda y la identificación de personas, garantizando que ningún caso quede sin seguimiento. La iniciativa establece que toda persona debe ser dada de alta como “desaparecida” apenas se advierta su ausencia, sin requisito de esperas administrativas, y que la búsqueda y la investigación avancen hasta esclarecer el destino o la identidad.
El proyecto dicta una nómina de principios claves: la inmediatez y continuidad de la búsqueda, la perspectiva de género, la articulación judicial y policial, y la obligación de tomar como guía los estándares internacionales de derechos humanos. Así, si existen sospechas de encubrimiento o participación de fuerzas de seguridad en una desaparición, los agentes implicados deberán ser apartados de la investigación. Además, la ley exige un trabajo coordinado entre la investigación judicial penal y el proceso de búsqueda.

Una novedad central es la creación del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Personas con Identidad Desconocida, gestionado por el Sifebu. Cada fuerza policial, institución judicial y organismo de salud que reciba una denuncia, encuentre a una persona sin identificación o localice restos humanos, debe reportar la información de inmediato para unificar datos a nivel nacional. El incumplimiento de estas obligaciones será considerado falta grave, e incluso podrá derivar en sanciones disciplinarias y penales.
Asimismo, el proyecto crea el Consejo Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, espacio interinstitucional al que se invitará a provincias, organismos públicos y organizaciones civiles especializadas, con la meta de diseñar lineamientos estratégicos, promover la cooperación nacional y consolidar políticas públicas duraderas. También impulsa una Base Nacional de Datos Genéticos de Personas Desaparecidas y Personas con Identidad Desconocida dentro del Banco Nacional de Datos Genéticos, con protocolos uniformes para fortalecer la identificación tanto de personas vivas como de restos humanos.
La ley propone mecanismos de control específicos para la inhumación y cremación de cuerpos no identificados, e impide estas acciones hasta agotar todas las vías de cotejo genético y documental. Requiere procesos forenses estandarizados y establece que los perfiles genéticos y la información de cada caso deben sumarse a la base nacional antes de cualquier disposición final de los restos.
Entre otros puntos, la norma obligaría a todos los ministerios y jurisdicciones nacionales, provinciales y municipales a colaborar con el Sifebu en el suministro inmediato y permanente de información, y a todo el personal clave a capacitarse en la materia bajo una mirada de derechos humanos y equidad de género.
Según Cisneros, “una norma de rango legal le da estabilidad institucional, establece obligaciones concretas del Estado y reconoce el derecho de las familias a una búsqueda eficiente y sostenida”. El texto explicita la importancia de superar el abordaje fragmentario que origina respuestas dispares y fallas informativas. Incluye además la invitación formal a provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para adherirse a los lineamientos, con el objetivo de reemplazar la fragmentación por una política federal sostenida a largo plazo.
Entre 2006 y 2023 solo en el Congreso se presentaron 45 proyectos sobre búsqueda de personas, pero ninguno avanzó. Expertos y organizaciones remarcaron la importancia de “institucionalizar las lecciones aprendidas” y avanzar hacia un sistema con herramientas preventivas, con información centralizada y mecanismos de respuesta permanentes. El proyecto incorpora expresamente recomendaciones de organismos internacionales y fija la “búsqueda de personas y la determinación de su identidad” como un derecho humano fundamental, asociado al principio de dignidad y protección jurídico-estatal.
La iniciativa fue girada a las comisiones de Derechos Humanos, Garantías, Justicia, Seguridad Interior y Presupuesto y Hacienda, y sumó el interés de asociaciones y referentes de familias que exigen sostener la búsqueda de sus seres queridos hasta conocer el destino final.
POLITICA
Ley de reforma laboral: qué dice sobre las indemnizaciones

El Gobierno consiguió la aprobación del proyecto de reforma laboral en el Senado, con 42 votos a favor y 30 en contra; pero la iniciativa original tuvo modificaciones pedidas por los distintos bloques y es importante saber qué cambios se implementarán y, entre otros puntos, qué dice sobre las indemnizaciones.
Entre los diversos puntos que se presentaron para el tratamiento parlamentario, el cálculo y financiamiento de las indemnizaciones por despido es uno de los que concentra mayor atención.
La primera modificación es que ya no se considerarán conceptos como vacaciones, aguinaldo, propinas o premios en la base de cálculo de las indemnizaciones por despido.
A su vez, se impone un tope salarial como base remuneratoria, que no puede exceder tres veces el salario promedio mensual según el convenio colectivo aplicable a la categoría del trabajador.
Para desalentar discrecionalidades en litigios judiciales, las indemnizaciones se actualizarán por inflación más un plus del 3% anual.
Respecto de la forma de pago de las indemnizaciones, la nueva normativa indica que las sentencias podrán ser canceladas en un plazo de seis cuotas mensuales consecutivas si se trata de grandes empresas. El plazo se estira a 12 cuotas para las pymes.
El proyecto contempla la creación de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), que serán cuentas específicas e inembargables que conformarán los empleadores con el aporte obligatorio y mensual de un porcentaje de las contribuciones patronales.
Estos porcentajes se ubican en el 1% para las grandes empresas, y en el 2,5% para las pymes. cabe destacar que la administración de los recursos recaerá en la Comisión Nacional de Valores.
El texto del proyecto de ley de la reforma laboral propone que el empleador deberá conceder el goce de vacaciones durante el período entre el 1º de octubre y el 30 de abril del año siguiente. De todos modos, las partes pueden acordar disponerlas fuera de dicho período.
Otro punto relevante del documento habla sobre el fraccionamiento de las vacaciones de mutuo acuerdo entre el empleador y el trabajador. Esto será posible siempre y cuando cada uno de los tramos no sea inferior a 7 días.
La reforma laboral establece la posibilidad de ampliar la jornada laboral diaria de 8 a 12 horas siempre que se respete el descanso de 12 horas. Respecto de las horas extras, el empleador y el trabajador podrán acordar de manera voluntaria un régimen de compensación a partir de un banco de horas o bien francos compensatorios.
En tanto, se incorporan los contratos a tiempo parcial por un período inferior a la jornada legal.
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POLITICA
El oficialismo logró dos victorias legislativas y consolida su mesa política: quiénes son los actores clave y cómo negocian

Las últimas 96 horas fueron de total frenetismo para el Gobierno Nacional que conquistó una seguidilla de victorias parciales en materia legislativa, en particular, con la media sanción de la reforma laboral, una de las obsesiones del presidente Javier Milei, pero también con el acuerdo trazado entre el Mercosur y la Unión Europea, y la Ley Penal Juvenil en el camino por reducir a 14 años la edad de imputabilidad.
El resultado obtenido en el recinto en los últimos días implicó la acción directa de la mesa política cuyos actores destacan su funcionamiento bajo la coordinación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, de los más felicitados post sesión. En la previa al debate del pasado miércoles, el plantel casi completo, a excepción del asesor presidencial, Santiago Caputo, y del ministro de Economía, Luis Caputo, siguió de cerca la votación general y particular desde uno de los palcos del recinto.
Con la media sanción en el Senado, el Ejecutivo depende de los tiempos de la Vicepresidenta Victoria Villarruel, quien deberá girar el proyecto a la Cámara de Diputados para avanzar el tratamiento. Según revelaron a Infobae al menos dos integrantes del reducido círculo nombrado por el libertario, está previsto que Cámara Baja continúe con el debate el próximo miércoles 25 o el jueves 26 de febrero.
Minutos antes de las 23 del miércoles, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se hizo presente en el Congreso sobre el final de la sesión, escoltada por el ministro coordinador. Desde uno de los palcos, supervisó el tramo final del debate en compañía del ministro del Interior, Diego Santilli; del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y su primo, el armador Eduardo “Lule” Menem; del secretario de asuntos estratégicos, Ignacio Devitt; y del jefe de bloque de La Libertad Avanza en Diputados, Gabriel Bornoroni.
Desde su asiento en el recinto, Patricia Bullrich en traje de titular de la bancada violeta pronunció el discurso final ante la mirada ante de sus auxiliares en la negociación y festejó la media sanción que llegó luego de los disturbios en las afueras. Tras la aprobación general con 42 votos contra 30 rechazos y la inclusión de todos los capítulos, la exministra se hizo presente en el palco que alojaba a los representantes del Ejecutivo, saludados en la previa por Villarruel, para abrazarse con los presentes e inmortalizar el momento con el retrato que más tarde publicó Adorni en las redes sociales.
Allí hubo abrazos, felicitaciones cruzadas y hasta quienes recordaron con ironía el mensaje que publicó el expresidente Mauricio Macri en redes para cuestionar la determinación del libertario de reemplazar a Guillermo Francos por el hasta entonces vocero presidencial en la Jefatura de Gabinete. Aunque evitó mencionarlo, el titular del PRO hizo alusión a Adorni como “otro sin experiencia”, y calificó de “mala noticia” el cambio”. Es que para hacer frente a los dardos del exmandatario cambiemita, el nuevo equipo que coordina el funcionario se vale de las últimas acciones legislativas que se suman a la aprobación del Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal de diciembre.
“Todos colaboraron, si bien hubo algo de nerviosismo, tal vez en Patricia, que fue la que llevaba las negociaciones, estuvo muy bien. También hay que destacar el accionar de Devitt y de Santilli que oficiaron de soportes y la coordinación de Manuel”, destacó ante Infobae una fuente inobjetable.
Es que varios de los asistentes admitieron que no veían factible el ordenamiento de la interna, luego de la tensión que se vivió en el espacio durante el 2025, marcado por los cierres de listas, y aseguran que la dinámica que le atribuyen al jefe de Gabinete parece funcionar. “Hace cuatro meses nos matábamos a chucillazos, pero ahora estamos todos ordenados detrás de que se cumpla la voluntad del Presidente”, afirmó un funcionario a este medio.

Según precisaron en el campamento libertario, a diferencia de las ediciones anteriores, los intercambios semanales sirven de catalizadores de conflicto y los errores o acciones individuales son cuestionadas de manera interna ante cada instancia. “Todo se habla ahí adentro. Se terminaron los mensajes cruzados”, confesó un alfíl violeta.
Pese a su ausencia en los palcos del Congreso, el asesor presidencial, Santiago Caputo, siguió la sesión desde su despacho en Casa Rosada donde permaneció hasta las 21. Luego lo hizo a través del Senado TV hasta la votación del último artículo.
Desde el corazón de la mesa política remarcaron su participación en la dinámica y más de uno subrayó la sintonía existente entre el consultor y el ministro coordinador, algo que no ocurría con Francos en el cargo. “La clave fue el trabajo en equipo. Se hizo bien y Patricia estuvo reportando todo al grupo de le mesa política todo el tiempo. Fue muy dinamico”, expresó ante este medio un fuente del ecosistema libertario.
Lo cierto es que en el proceso, los designados para la negociación directa, por su propia dinámica, se mostraban proclives a instrumentar mayores modificaciones y encontraban en el ala más dura una mayor resistencia. Si bien hubo conversaciones, según exponen, los debates no implicaron escenarios de tensión. Sin embargo, en interpretación de los Milei, el jefe de Gabinete ordenó las posturas y tomó la definición de retrotraer algunos cambios anticipados como por ejemplo, la eliminación de la obligatoriedad de los aportes a los gremios a partir de 2028.

El día después de la primera media sanción, mientras la Cámara de Diputados comandada por Martín Menem sesionaba, en varios despachos de Balcarce 50 reinaba el optimismo por la aprobación parcial que finalmente obtuvo la Ley Penal Juvenil y el acuerdo entre los bloques regionales. Como equipo que gana no se toca, los alfiles comprometidos en la tarea volvieron a los lugares que ocuparon durante la madrugada del miércoles, aunque sin la presencia de Karina Milei.
Con el tratamiento de los proyectos en Diputados, los libertarios expusieron las diferencias internas del bloque peronista que votó dividido, lo que aspiran a capitalizar en las próximas votaciones.
Con la determinación de cumplir con el temario en febrero, el presidente Javier Milei resolvió extender por decreto las sesiones extraordinarias al 28 de febrero, con la idea de cumplir con el plazo legal de los proyectos, e incluir al temario una adaptación propia de la Ley de Financiamiento Universitario que posibilite su aplicación en compensación a las universidades.
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POLITICA
Qué pasó con la reforma laboral ayer: estos son los pasos a seguir para su aprobación

Después de 14 horas de intenso debate, el Gobierno logró un triunfo en el Senado al aprobar por 42 contra 30 votos el proyecto de reforma laboral. Ahora, la norma será girada a la Cámara de Diputados para su aprobación.
En principio, el objetivo del Gobierno es que la ley sea sancionada antes de la asamblea de apertura de sesiones legislativas ordinarias el 1º de marzo y que el presidente Javier Milei pueda hacer mención de ello en su discurso como un logro de la gestión. Para ello, y en medio de un calendario apretado por los feriados de carnaval del próximo fin de semana, se extendería un día más las sesiones extraordinarias de febrero, hasta el 28 de febrero.
El Gobierno aspira a que los acuerdos que cerró con los gobernadores para aprobar la iniciativa en el Senado se proyecten en Diputados y agilicen el tratamiento del proyecto. El texto que saldrá del Senado en revisión con destino a la Cámara Baja sufrió más de 50 cambios con relación al dictamen firmado en diciembre pasado.
La senadora Patricia Bullrich aseguró hoy que desde el Gobierno pretenden que la norma salga sin modificaciones en Diputados. Si la Cámara baja vota el proyecto con modificaciones, éste debería volver al Senado.
La exministra de Seguridad advirtió que el oficialismo no está dispuesto a desnaturalizar el proyecto en la segunda instancia legislativa. “En el Senado tenemos la última palabra. Si Diputados cambia un montón de cosas, nosotros no vamos a cambiar la ley. La ley es esta”, aseguró con firmeza.
El proyecto impulsado por la Casa Rosada fue aprobado por 42 votos a favor y 30 en contra. Junto a La Libertad Avanza (LLA), apoyaron el texto la UCR, Pro y un puñado de diferentes fuerzas provinciales y monobloques. En la vereda de enfrente se ubicaron los 28 senadores del conglomerado peronista del interbloque Popular más los dos provinciales de Santa Cruz.
Tras la aprobación en general, el Senado se sumergió en el debate en particular del proyecto. Fueron 26 votaciones, una por cada título que contiene el proyecto, y la discusión se extendió por más de dos horas debido a que se le introdujeron medio centenar de modificaciones al dictamen, todas negociadas por la jefa de la bancada oficialista y principal artífice de la aprobación del proyecto, Patricia Bullrich (Capital).
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