POLITICA
El kirchnerismo dice que Kicillof benefició a sus intendentes en la distribución de recursos del Presupuesto
Este miércoles el Presupuesto 2026 para la provincia de Buenos Aires, la Ley Fiscal y un pedido de endeudamiento consiguieron estado parlamentario en la Cámara de Diputados bonaerense y la semana que viene empezará el debate en la comisión de Presupuesto e Impuesto, con el objetivo de poder llevar las iniciativas al recinto el 26 de noviembre.
Por estas horas, las conversaciones se dan en el ámbito legislativo y los intendentes miran qué obras y cuántos recursos se volcarán sobre sus territorios. Los bloques de la oposición están estudiando los textos y se espera que trasladen las demandas y cambios que requieren a las autoridades de cámara y de los bloques de Unión por la Patria, para que estos giren los pedidos al Poder Ejecutivo. Sin embargo, dentro del peronismo ya hay posiciones disímiles y la interna vuelve a quedar expuesta. .
En la lectura fina empezaron a asomar diversas inquietudes. Más allá de las demandas ya planteadas por algunos intendentes respecto al Fondo de Fortalecimiento Municipal, hay otros ítems de la letra chica que están empezando a anotarse. Entre los intendentes y legisladores que responden a Cristina Kirchner circula un documento con algunos números que se desprenden del articulado del Presupuesto. Plantean que hay discrecionalidad en cómo se distribuyen recursos: el argumento es que se destinan más fondos a los distritos cuyos intendentes forman parte del Movimiento Derecho al Futuro; el espacio político que conduce Kicillof.
Bajo el título “El Presupuesto 2026 de la Provincia profundiza las desigualdades territoriales”, el informe sostiene que mientras que la ciudad de La Plata proyecta una inversión de más de $110.000 por habitante; otros municipios de peso como Lanús, Quilmes o Merlo están lejos de esa proyección.
Básicamente en el kirchnerismo plantean que “el esquema de inversión planteado por el Ejecutivo profundiza las brechas territoriales concentrando recursos en La Plata y castigando a los distritos gobernados por dirigentes ligados a La Cámpora —como Quilmes, Lanús y Hurlingham—, que reciben mucho menos por habitante”. El cálculo hecho por intendentes de estos distritos dan cuenta de que, por ejemplo, Lanús percibirá $30.383 por cada habitante; Merlo, $1.312; Quilmes $19.641; Esteban Echeverría $12.927; mientras que la capital bonaerense será el distrito con mayor proyección de inversión para el año que viene. Sucede también, que al tratarse de la capital provincial, todas las dependencias provinciales se encuentran alojadas en la ciudad y —por ejemplo— una mejora edilicia en un edificio ministerial impacta sobre los fondos que recibe el distrito. El mismo cálculo hacen sobre el distrito de San Martín, que recibirá por habitante $96.967.
En el kirchnerismo —que hasta ahora controla la presidencia de los bloques de Fuerza Patria en la Legislatura— recuerdan aquella intervención del presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, durante un acto en la ciudad de Quilmes, en plena campaña electoral, en agosto de este año. Acompañado por el entonces candidato a diputado nacional, Jorge Taiana, Kirchner decía: “Qué linda que está la ciudad de La Plata. Ojalá el gobernador, el gobernador ponga la misma en Quilmes que pone en la ciudad de La Plata. Quilmes lo necesita también”. Al jefe de La Cámpora lo acompañaban la intendenta Mayra Mendoza y el diputado provincial, Facundo Tignanelli.
Pero en el kirchnerismo no solo objetaron la distribución de recursos trasladada a las obras proyectadas. También cuestionan que en el proyecto de financiamiento para la Provincia haya autorizaciones de endeudamiento autónomo a empresas estatales de la Provincia, como AUBASA o Buenos Aires Energía S.A. Para la primera, la que administras las trazas de la autopista Buenos Aires La Plata; la Autovía 2 y las rutas 11, 63, 56 y 74, la solicitud de deuda es de hasta USD 250 millones. Mientras que para Buenos Aires Energía S.A -Centrales de la Costa- será de USD 150 millones; además de las solicitudes de deudas de hasta USD 1.990 millones y de hasta USD 1.045 millones.
Hay otro punto que también hace ruido tanto en el kirchnerismo como en la oposición. Es el artículo 89 del proyecto del Presupuesto. Se trata del último articulado del proyecto de ley. El mismo modifica el artículo 142 del Código de Agua de la provincia para que quede redactado de la siguiente manera: “Prohíbase el loteo y las construcciones que revistan carácter permanente en una franja de ciento cincuenta (150) metros contados desde la línea de ribera aledaña al Océano Atlántico y la edificación sobre los médanos y cadenas de médanos que lleguen hasta el mar aun a mayor distancia. La autoridad de aplicación podrá, según criterios geomorfológicos, autorizar construcciones de carácter no permanente, removibles y compatibles con la protección del ambiente hasta el límite de los cien (100) metros de la línea de ribera aprobada, o establecer zonas más restrictivas”.
Actualmente, el artículo en cuestión solo establece: “Prohíbase el loteo y la edificación en una franja de ciento cincuenta (150) metros aledaña al océano Atlántico y la edificación sobre los médanos y cadenas de médanos que lleguen hasta el mar aún a mayor distancia”. La posibilidad de autorizar construcciones de carácter no permanente o removibles exhibe, según algunos intendentes de regiones costeras, la omisión y potestad de los concejos deliberantes sobre el ordenamiento urbano de sus municipios. “Deja afuera a los intendentes, no entendemos por qué se incluyó un artículo así en el Presupuesto y justo es el último artículo. Nos llama la atención”, deslizó a Infobae un legislador camporista.
Además, este punto empezó a generar inquietud en algunos distritos costeros porque deja atada la autorización para la “construcciones de carácter no permanente” solo a la intervención de la Autoridad del Agua (ADA). Hoy el ADA se compone de un directorio que encabeza Damián Costamagna, un funcionario cercano al ministro de Gobierno, Carlos Bianco; aunque su vicepresidente es Martín Reibel Maier, referenciado en el cristinismo.
Como contó Infobae, la negociación será a varias bandas. El Ejecutivo no solo tendrá que sentarse con la oposición, sino también con un sector del bloque oficialista en el que tienen injerencia algunos intendentes que responden a Cristina Kirchner. En resumen, la interna del peronismo bonaerense vuelve a emerger.
POLITICA
Revés para Julia Mengolini: Javier Milei podrá avanzar en el juicio contra la periodista por injurias
La Cámara de Casación dejó libre el camino para que avance un juicio correccional por injurias del presidente Javier Milei contra la periodista Julia Mengolini, al declarar inadmisible por una cuestión técnica su recurso, sin debatir el fondo del asunto.
Milei denunció a Mengolini por injurias porque la periodista había sugerido que mantenía una relación incestuosa con su hermana.
“Es un señor que vive con ocho perros y está enamorado de su hermana. No porque no quiera formar familia, porque está enamorado de su hermana. Hay una sola cosa que permanece como un tabú: el tabú del incesto”, dijo Mengolini en Duro de Domar, por C5N en mayo de 2023.
En esta causa la justicia falló en favor de la periodista y desestimó el caso por inexistencia de delito, pero la Cámara Federal revocó esa decisión y ahora la Casación rechazó el recurso de Mengolini para revisar el caso. Por ello es que sigue vigente el fallo de la Cámara Federal que ordenó seguir adelante con el juicio.
La injuria es un delito correccional que se castiga con una multa. Para evitar el juicio, Mengolini puede aún acudir en queja a la Corte Suprema.
Hoy los jueces de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, por mayoría, declararon inadmisible el recurso de casación de la defensa de Mengolini.
El camarista Javier Carbajo y su colega Mariano Borinsky rechazaron el recurso, tras tener por presentados como amigos del tribunal a la Asociación Civil Pro-Amnistía y al Centro de Estudios de Libertad de Expresión.
El juez Gustavo Hornos votó en disidencia y se pronunció por admitir el recurso y analizar el caso de libertad de expresión en particular cuando hay un periodista siendo enjuiciado por un presidente.
El caso se originó a partir de la querella promovida el 1 de julio de 2025 por el presidente Javier G. Milei, patrocinado por su abogado Francisco Oneto, en la que atribuyó a Mengolini la comisión del delito de injurias.
Según la querella, las manifestaciones habrían afectado su honor y reputación al imputársele “conductas incestuosas”.
La defensa sostuvo en primera instancia que no había delito al entender que las expresiones estaban amparadas por una cláusula que excluye expresiones supuestamente injuriosas cuando se tratan de asuntos de interés público.
El 3 de octubre de 2025, el juez federal Sebastián Casanello hizo lugar a la excepción de falta de acción por atipicidad y dictó el sobreseimiento de Julia Mengolini, al concluir que sus palabras e encontraban comprendidas por el debate público y, por ende, estaban amparadas por la libertad de expresión.
Contra esa decisión, Milei apeló y la Sala I de la Cámara Federal revocó el sobreseimiento de Mengolini al entender que el debate no era en torno a asuntos de interés público, por lo que ordenó que siga el juicio.
La defensa planteó un recurso de casación, que fue declarado hoy inadmisible por Carbajo y Borinsky.
En su voto, el juez Borinsky, al que adhirió Carbajo, dijo que el recurso no se dirigía contra una sentencia definitiva y entendió que no era admisible.
Hornos, en disidencia, consideró que correspondía analizar los argumentos de Mengolini y dictar sentencia sobre el fondo de la cuestión.
Ahora la causa seguirá adelante hasta el juicio o con un recurso ante la Corte.
Hornos sostuvo que, si bien la decisión impugnada no era formalmente una sentencia definitiva, el caso involucraba cuestiones federales de particular trascendencia, vinculadas con la tutela reforzada de la libertad de expresión cuando se trata de asuntos de interés público y de figuras públicas.
Señaló que el asunto trascendía una mera cuestión procesal, pues el juicio podía generar “un efecto inhibitorio” en el debate democrático.
Destacó los estándares fijados por la Corte Suprema de Justicia y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de libertad de expresión y recordó que el derecho penal es el último recurso en conflictos entre honor y discurso público.
Por eso entendió que se debía hacer una audiencia y luego pronunciarse sobre el fondo del problema.
Mengolini,Hernán Cappiello,Conforme a
El conflicto docente en la provincia de Buenos Aires sumó un nuevo capítulo y amenaza con afectar el arranque del ciclo lectivo. A la medida anunciada por la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) se agregaron otros sindicatos del sector —incluido el Suteba que lidera Roberto Baradel— lo que configura el primer paro conjunto contra la gestión de Axel Kicillof.
Tras dos semanas de negociaciones sin acuerdo en la paritaria, los gremios que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense —FEB, Suteba, Amet, Sadop y Udocba— confirmaron una huelga para el 2 de marzo, fecha prevista para el inicio de clases. La medida impactaría sobre millones de estudiantes de todos los niveles educativos en el distrito.
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El conflicto se activó luego de que la FEB, conducida por Liliana Olivera, rechazara la propuesta oficial de incremento salarial y anticipara medidas de fuerza. La decisión del sindicato —el segundo en cantidad de afiliados en la provincia— terminó arrastrando al resto de las organizaciones.
Entre ellas, Suteba, el gremio mayoritario liderado por Roberto Baradel y tradicionalmente alineado con el gobierno bonaerense. La presión interna y el posicionamiento del resto de los sindicatos empujaron a la conducción a sumarse a la protesta.
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En la presentación formal de los reclamos, los gremios incluyeron en primer término demandas dirigidas al Gobierno nacional, como la restitución del Fondo de Incentivo Docente (FONID), la convocatoria a la paritaria nacional, el incremento del presupuesto educativo y el rechazo a iniciativas vinculadas a la denominada “libertad educativa”. También solicitaron la regularización de transferencias de fondos adeudados a la provincia.
Sin embargo, el eje de fondo es el reclamo salarial a la administración bonaerense. Los sindicatos consideran insuficiente la oferta presentada en la última negociación y exigen una mejora que permita recomponer los ingresos del sector.
La propuesta oficial, presentada días atrás, contemplaba un aumento del 3% para febrero, lo que llevaba el salario inicial de un maestro a poco más de $760.000 y superaba el $1,5 millón para quienes cumplen jornada completa. Ante el rechazo, las conversaciones quedaron en pausa, con pocos días hábiles por delante para intentar reactivar el diálogo.
Mientras tanto, el Gobierno provincial dispuso el pago de un 1,5% a cuenta de futuros aumentos, una decisión que también alcanzó al resto de los empleados estatales que permanecen sin acuerdo paritario.
El sistema educativo bonaerense, uno de los más extensos de la región, abarca más de 20.000 establecimientos entre gestión estatal y privada y demanda una porción significativa del presupuesto provincial, en su mayoría destinada al pago de salarios.
La actual directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi —quien asumió recientemente en reemplazo de Alberto Sileoni— podría enfrentar así un inicio de gestión atravesado por medidas de fuerza.
Hasta ahora, la administración de Kicillof había logrado sostener cierta estabilidad en el vínculo con los gremios docentes, aunque en el último tiempo comenzaron a aparecer tensiones. Ya en diciembre pasado, la FEB se había desmarcado de un acuerdo salarial aceptado por el resto de las organizaciones, y durante el año anterior se registraron protestas que incluyeron paros y sanciones por ausencias.
En este contexto, también inciden factores internos dentro de los sindicatos. En el caso de Suteba, la conducción de Baradel enfrenta presiones de sectores opositores y de las bases, en un escenario atravesado por una próxima elección interna.
Desde los gremios advierten que la medida de fuerza podría revisarse si en los próximos días surge una propuesta superadora. De lo contrario, no descartan profundizar el plan de lucha con nuevas acciones que impacten en el calendario escolar.
Roberto Baradel, Axel Kicillof, inicio de clases
POLITICA
Capuchetti citó a indagatoria al exdiputado kirchnerista Marcos Cleri, vinculado a la acusación contra Milman
La jueza María Eugenia Capuchetti citó a indagatoria al exdiputado kirchnerista Marcos Cleri en la causa que investiga por falso testimonio a su exasesor, Jorge Abello, en el marco de una serie de hechos laterales que rodearon al atentado a Cristina Kirchner en 2022.
Cleri quedó involucrado en la investigación por un mensaje de texto que habría recibido de Abello, aunque eso pudo ser constatado por la Justicia.
La cita estaba prevista para el mediodía de este viernes, pero fue postergada porque Cleri no contaba con el patrocinio de ningún abogado defensor. Según indicaron fuentes al tanto del caso, finalmente se le asignó como abogado al defensor oficial Hernán Silva, pero aún no se fijó fecha para la nueva audiencia.
La causa por la que será indagado Cleri es una deriva de lo que se conoció como la “pista Milman”: 23 días después del ataque a la expresidenta, Abello -que por entonces era asesor de Cleri- se presentó ante la jueza Capuchetti y declaró que, dos días antes del ataque, había escuchado decir al diputado de Pro Gerardo Milman decir en un bar frente al Congreso la siguiente frase: “cuando la maten, estoy camino a la costa”, en presunta alusión a Cristina Kirchner.
No hubo testigos que pudieran ratificar la veracidad de esos dichos, que eran el sostén del caso, y la jueza Capuchetti terminó por archivar la investigación contra Milman. En paralelo, se abrió esta otra causa que puso bajo la lupa a Abello por presunto delito de falso testimonio. Comenzó a tramitar en el Juzgado Federal 11, pero el juez Sebastián Casanello, a cargo en ese entonces del juzgado, declaró la incompetencia por conexidad y el expediente acabó en el juzgado de Capuchetti.
El exasesor Abello fue indagado por la jueza en octubre, pero su situación procesal no fue resuelta aún. Interviene la fiscalía de Carlos Rívolo.
En la declaración de 2022 por la que se lo hoy se lo investiga en Comodoro Py, Abello sostuvo también que el día del ataque a la expresidenta, recordó lo que había escuchado en el bar por boca de Milman y le envió un mensaje de texto a su jefe Cleri para ponerlo en autos. Ese contacto, sin embargo, no pudo ser corroborado por los peritajes que la Justicia realizó en el teléfono de Cleri.
Capuchetti, confirmada
La Cámara Federal ratificó a la jueza al frente del caso, al rechazar este jueves una recusación en su contra, presentada por la defensa de Abello.
En su escrito, el defensor de Abello, Federico Paruolo, sostuvo que María Eugenia Capuchetti no debía intervenir en el caso, ya que el presunto falso testimonio habría sido prestado ante su propio juzgado, lo que -según el planteo de la defensa- podría convertirla en “sujeto pasivo” del hecho investigado.
El juez Leopoldo Bruglia sostuvo sin embargo que las hipótesis delictivas de esas dos causas difieren y que la jueza no es damnificada personal. “La actuación de la magistrada de grado no encuadra en el supuesto de apartamiento”, señaló.
Con la recusación resuelta por la Cámara, se allana el camino para que se resuelva la situación procesal de Abello.
Federico González del Solar,Conforme a
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