Las negociaciones entre la Casa Rosada y los gobernadores puede tener objetivos previsibles como el apoyo a las reformas oficialistas en el Congreso, o fondos para las obras públicas provinciales. Otros, en cambio, pueden resultar inesperados. Por ejemplo, un pedido para que se implemente en las provincias el Régimen de Transparencia Fiscal, como se conoce a la obligación de que en los tickets de los consumidores se aclare cuál es la carga impositiva de cada producto.

Su aplicación puede afectar las compras de todos los argentinos. El Régimen de Transparencia Fiscal se describe en despachos oficiales como una herramienta de la “batalla cultural” contra los impuestos. En realidad, no los elimina. “Busca llevar a la cara del consumidor cómo incide la carga tributaria en cada cosa; es hacerse cargo”, sostuvo uno de sus impulsores.

La iniciativa fue aprobada en 2024 en medio del debate de la Ley Bases. Tras más de un año, parece estar “a medio camino”. Introdujo el famoso “precio sin impuestos”, que busca exponer cuánto paga el consumidor por el bien que compra y sus tributos correspondientes. Esto fue incluido en el texto aprobado por el Congreso, pero su implementación está limitada.

Arrancó por impuestos nacionales. “Todos aquellos sujetos que realicen ventas, locaciones de obra o prestaciones de servicios a consumidores finales deberán indicar, en la publicación de los precios de los respectivos bienes o prestaciones, el importe final que deba abonar el consumidor final. Además, deberán indicar el importe neto sin la incidencia del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y de los demás impuestos nacionales indirectos que incidan en los precios”, sostiene la ley. Es decir, no incluyó a los tributos provinciales y municipales.

Para ellos, la normativa estipuló: “Se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a dictar las respectivas normas para que los consumidores finales tengan conocimiento de la incidencia del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y de los respectivos tributos municipales que tienen incidencia en la formación de los precios de los bienes, locaciones y prestaciones de servicios”. Fue una invitación. Muy pocos la aceptaron.

Según un relevamiento de la organización llamada Lógica, precursora del proyecto, sólo dos provincias adhirieron al Régimen de Transparencia Fiscal: Chubut y Mendoza. Su mapa muestra en rojo a las jurisdicciones que, según su criterio, no iniciaron gestiones para profundizar el ticket de “precios sin impuestos” y marca en amarillo a aquellas en las que la iniciativa se encuentra “en proceso”. En este último grupo se encuentran Salta, Córdoba, Entre Ríos y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Pero más allá de esas jurisdicciones, en uno de los despachos oficiales aseguraron que la iniciativa irá por más y que intentarán introducirla en las próximas conversaciones con los gobernadores. ¿En cuáles? Las iniciadas de cara a la segunda mitad de mandato de Javier Milei. Pese a la estrategia del diálogo, fuentes oficiales señalaron que también existe un “plan B”, diseñado especialmente para aquellas donde no esperan una buena recepción de la idea. “Ya existen los fierros (herramientas) para conocer cómo impacta Ingresos Brutos en las compras”, mencionó un funcionario.

De esta manera, señaló que está en preparación una resolución que busca crear un “agente de cálculo”, compuesto por representantes de ARCA, funcionarios del Ministerio de Economía, cámaras empresariales y, según el caso, representantes provinciales. Ese equipo, tal cual describieron, tendría la función de realizar un “coeficiente sobre comercio minorista” para determinar en canastas estandarizadas la incidencia de todos los impuestos sobre el precio de las cosas.

Las canastas estandarizadas, tal cual explicaron, apuntarían a comercios cercanos a la vida cotidiana. Entre ellos, especificaron que pondrá el foco en supermercados, casas de electrodomésticos y locales de venta de ropa.

Antes de hablar de este “agente de cálculo”, la organización Lógica, precursora del Régimen de Transparencia Fiscal, inició contactos con las provincias. Envió cartas en las que les preguntó si tenían la voluntad de implementar la iniciativa y si pudieran tener sanciones las empresas que empezaran a aplicarla por “motus propio”.

La provincia de Misiones les contestó: “No se tomarán represalias alguna en la jurisdicción para el caso que algún comercio, antes de que se dicte la norma, realice el informe por ustedes mencionado”.

La provincia de Entre Ríos también le respondió a los impulsores del Régimen de Transparencia Fiscal. “No se prevé la aplicación de sanciones a aquellos comercios o contribuyentes que voluntariamente informes dichos tributos locales”, según refleja una carta firmada por el gobernador Rogelio Frigerio.

La Ciudad de Buenos Aires aclaró que “no instará la instrucción de sumarios para evaluar la tipicidad de dichas conductas para la eventual aplicación de sanciones”, en referencia a los comercios que comenzaran a exponer la incidencia de los tributos porteños en sus tickets.

Las negociaciones formales por el siguiente nivel del Régimen de Transparencia Fiscal están a punto de iniciar. Sus impulsores reconocieron que, en el corto plazo, lograr un consenso en 12 de las 24 jurisdicciones sería “un buen objetivo”.

Según las cifras de la organización Lógica, en el precio de los alimentos la incidencia de los impuestos puede llegar al 42%. En el caso de la ropa, al 50% y en el de los autos, a 53%. Sostienen que transparentarlo puede ser un primer paso para luego bajarlos. O, eventualmente, para darles más herramientas a los consumidores a la hora de decidir donde comprar.