La Justicia del Reino Unido dispuso que el Gobierno argentino debe entregar información financiera y contractual sobre activos en el extranjero, tras una sentencia que obliga al país a pagar 1.330 millones de euros a los tenedores de bonos cupón PBI. Este proceso se enmarca en la búsqueda de los acreedores por identificar bienes susceptibles de embargo para ejecutar el fallo.

El caso involucra a Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group LLC y Virtual Emerald, cuatro fondos que demandaron a la República Argentina por modificar la metodología de cálculo del Producto Bruto Interno (PBI) durante la gestión presidencial de Cristina Kirchner, cuando Áxel Kicillof se desempeñaba como su ministro de Economía. La modificación, implementada en 2013, redujo los pagos vinculados a los bonos denominados Cupones PBI emitidos en 2005 y 2010. La Corte londinense consideró que esta decisión perjudicó a los inversores.

El proceso judicial permitió a los beneficiarios ejecutar una garantía por 313 millones de euros, depositada por Argentina para apelar el fallo, recurso que fue finalmente desestimado. Todavía resta el pago de unos 1.000 millones de euros, según confirmó la Procuración del Tesoro, que ubicó este litigio como el quinto más relevante en monto para el país.

La orden de la Corte británica exige revelar contratos firmados con petroleras internacionales, empresas del sector energético y cuentas bancarias en el exterior. Sebastián Maril, director regional de Latam Advisors, indicó a través de su cuenta en la red social “X” que la “Corte londinense ordena a la República Argentina entregar información sobre contratos firmados con petroleras internacionales, empresas del sector energético y cuentas bancarias entre otros ítems. Esto ocurre dentro del discovery por activos argentinos en el caso Cupón PBI en Euros”.

El procedimiento judicial del discovery busca identificar activos que puedan ser embargados para asegurar el cumplimiento de una sentencia.

En agosto, un informe técnico del FMI (Fondo Monetario Internacional) mencionó conversaciones entre Argentina y los acreedores, pero los beneficiarios del fallo negaron la existencia de negociaciones. En una carta difundida por PR Newswire, los demandantes declararon: “No hay negociaciones en curso entre ellos y la República”. También informaron al FMI sobre lo que consideran afirmaciones incorrectas y solicitaron la actualización del reporte técnico.

La deuda pendiente se originó en el cupón atado al PBI, instrumento creado como incentivo durante el canje de deuda de 2005 que lideró Roberto Lavagna. El mecanismo establecía pagos adicionales a los bonistas si el crecimiento anual superaba el 3% hasta 2035. El gobierno argentino suspendió los pagos en 2011, cuando la economía dejó de registrar ese nivel de expansión.

Los acreedores afirman que el país “se niega a cooperar con las medidas adoptadas para ejecutar la deuda judicial” y que tampoco abona los intereses diarios acumulados. Además, advierten que ven necesario que la Argentina resuelva sus atrasos externos, especialmente los asociados a emisiones de deuda anteriores, antes de intentar regresar a los mercados internacionales de capital.

En 2023, la justicia británica condenó a la Argentina a pagar el equivalente a unos USD 1.500 millones (1.300 millones de euros más intereses) a los bonistas del cupón PBI. En febrero de 2025 los demandantes ejecutaron una garantía por 313 millones de euros que la Argentina había depositado a través de una Carta de Crédito emitida por Banco Santander. Aunque no se conoce la composición exacta de esa garantía, expertos estiman que está constituida por efectivo o Letras de pago inmediato.

La decisión del Tribunal Superior de Londres tomó como antecedente la intervención del Indec en 2007, cuando Guillermo Moreno, entonces secretario de Comercio Interior, manipuló los datos de inflación. En 2013, el organismo modificó el cálculo del PBI y reportó un crecimiento del 3,2%, lo que impidió el pago a los tenedores de cupones PBI. Esa alteración motivó la demanda de cuatro fondos internacionales.

Con la nueva metodología, el Indec difundió un crecimiento inferior al umbral del 3,22% necesario para activar el pago de estos warrants. Bajo la base previa de 1993, el PBI había subido un 4,9%. Así, el gobierno de Cristina Kirchner evitó en ese momento el desembolso de más de USD 3.600 millones en intereses.

El presidente Javier Milei encabezó este martes un encuentro en Casa Rosada con el CEO de la minera Vicuña, Ron Hochstein, y el director local de la firma, José Morea, tras el anuncio de la inversión extranjera directa más alta registrada en la historia nacional que implicará el desembolso de USD 18.000 millones, según anunció la propia compañía días atrás.

Junto al mandatario, asistieron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno. La reunión se realizó luego de que la compañía oficializara su plan de desarrollo para la explotación de cobre, oro y plata en el país.

Durante el encuentro, los representantes de Vicuña Corp. subrayaron que la decisión de avanzar con el megaproyecto se apoyó en el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), impulsado desde el Ejecutivo. Destacaron que este marco de previsibilidad, estabilidad y seguridad jurídica resultó determinante para viabilizar la inversión. “Sin este instrumento, un desarrollo de esta magnitud no habría sido viable en la Argentina”, expresaron los ejecutivos en el encuentro, según se desprende del comunicado oficial.

El desembolso total proyectado para la primera década asciende a USD 18.000 millones, una cifra sin precedentes para el sector minero argentino. De ese total, USD 7.000 millones se aplicarán hasta la obtención del primer concentrado de cobre, prevista para 2030. El plan comprende dos proyectos principales: Josemaría y Filo del Sol.

El anuncio de la inversión se enmarca en una estrategia del Gobierno para captar capitales internacionales y posicionar a la Argentina como proveedor global de minerales estratégicos. El propio Milei señaló en declaraciones recientes que el país busca transformar su matriz productiva y aprovechar las oportunidades derivadas de la transición energética y la demanda mundial de metales como el cobre, el oro y la plata.

La empresa Vicuña Corp. cuenta entre sus accionistas principales con los grupos internacionales BHP y Lundin Mining, dos referentes de la minería global. Con esta inversión, la operación argentina ubicará a la firma entre las cinco mayores explotaciones de cobre, oro y plata del planeta.

El RIGI, aprobado por el Gobierno nacional, establece incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios para inversiones productivas de gran envergadura. El objetivo consiste en atraer desarrollos que por su escala demandan garantías jurídicas y reglas claras a largo plazo. El caso de Vicuña Corp. se convirtió en el primer proyecto de gran minería que accede a este marco regulatorio.

Los proyectos Josemaría y Filo del Sol se localizan en la provincia de San Juan, una de las jurisdicciones con mayor potencial geológico del país. Según el plan presentado, la etapa inicial requerirá la construcción de infraestructura, plantas de procesamiento y caminos de acceso, así como la adquisición de equipamiento de última tecnología.

El desarrollo de estos yacimientos generará un impacto relevante en el empleo, la provisión de servicios y la transferencia de tecnología. Si bien la empresa no precisó cifras sobre la cantidad de puestos de trabajo directos e indirectos, fuentes del sector estiman que el movimiento de inversiones dinamizará las economías regionales y los clústeres industriales asociados.

En un comunicado cuando anunció la inversión, la empresa reiteró que espera que Vicuña se ubique entre las cinco principales operaciones de cobre, oro y plata del mundo, con una producción anual promedio durante los primeros 25 años completos de aproximadamente 395.000 toneladas de cobre, 711.000 onzas de oro y 22,2 millones de onzas de plata.

En esa oportunidad, Hochstein comentó: “El Proyecto Vicuña es una oportunidad transformacional para la Argentina. Como uno de los distritos de cobre no desarrollados más relevantes del mundo, tiene el potencial de impulsar el crecimiento económico de largo plazo a través de inversión extranjera, empleo y mayores ingresos por exportaciones. Estamos comprometidos a avanzar Vicuña de manera responsable y en colaboración con los gobiernos y las comunidades para generar valor sostenible para el país”.

“Durante los primeros 10 años de producción, se prevé que el proyecto entregue aproximadamente 2,5 millones de toneladas (Mt) de cobre, 5,5 millones de onzas (Moz) de oro y 214 millones de onzas (Moz) de plata”, detalló la empresa.

La estrategia de posicionamiento de la Argentina como proveedor mundial de minerales críticos responde a la demanda creciente de cobre, oro y plata en el contexto de la transición energética, la electromovilidad y las industrias tecnológicas. Los proyectos Josemaría y Filo del Sol aspiran a abastecer mercados internacionales desde una plataforma de producción competitiva.

El desembarco de estos capitales refuerza el perfil exportador del sector minero argentino y amplía las oportunidades de desarrollo para las regiones productoras. San Juan, sede de los yacimientos, se consolidó en los últimos años como una de las provincias más activas en materia de inversiones mineras y alianzas público-privadas.

Otra ironía de la economía argentina: al final, a Luis Caputo le habría convenido más aceptar la actualización del IPC que propugnaba Marcos Lavagna, porque las cifras de inflación serían menores. Al menos, eso es lo que están indicando los primeros datos de febrero, donde los rubros que se suponía que pisarían el freno están mostrando una peligrosa inercia.

Las consultoras que hacen relevamientos de precios siguen mostrando subas de precio en el sensible rubro de alimentos. Por caso, Analytica midió aumentos por 1,3% en la segunda semana de febrero, con lo que el promedio de las últimas cuatro semanas llega a 2,7%. Y su pronóstico es que el IPC marcará en febrero un 2,8%.

En el caso de la consultora LCG, la medición de la segunda semana fue de 1% en el rubro alimentos, luego del 2,5% que se había registrado en la semana previa. Y el reporte incluye datos preocupantes, como el hecho de que la categoría que lidera los aumentos es la carne, que en la canasta «vieja» del Indec -o sea, la que sigue vigente- tiene una alta ponderación.

En enero, para sorpresa de casi todos los analistas, el rubro de alimentos y bebidas fue el que lideró los aumentos, con una variación de 4,7% en el mes. El mes en que típicamente se produce un pico de precios es diciembre, por una cuestión estacional, incluyendo el incremento de carne por las fiestas. Y la expectativa era que, pasado ese momento, se registrara una moderación.

De hecho, esa expectativa era la explicación que muchos encontraron para que Caputo se resistiera a adoptar la nueva canasta: con el rubro de alimentos bajo control, el ministro prefería que siguiera con su actual ponderación de 26,9% de la canasta del Indec, y no del 22,7% que preveía el nuevo índice.

Pero lo cierto es que, tras el dato de enero, ya se cumplen cuatro meses consecutivos en los que el rubro de alimentos varía más que el promedio del IPC, y siempre al alza. En septiembre la inflación de alimentos fue de 1,9%, en octubre un 2,3%, en noviembre un 2,8%, en diciembre un 3,1% y en enero el explosivo 4,7%, que dejará un inevitable efecto de arrastre estadístico para febrero.

El impacto de la carne

Cuando hay productos que tienen un alto nivel de ponderación en la canasta, el IPC puede registrar variaciones inesperadas por una súbita baja en la oferta, por ejemplo. El caso típico es el de la carne vacuna, al cual la canasta del Indec le sigue asignando hoy la misma ponderación en el presupuesto familiar que la que tenía en el año 2004, a pesar de que hoy el nivel de consumo es de 49,9 kilos anuales per capita, un 35% menos que los 63,9 kilos que se consumían en 2004.

Y los expertos en el negocio ganadero están advirtiendo que, aun cuando la fuerza de la demanda pueda caer en el mercado doméstico, igualmente hay margen para que los precios sigan subiendo. El motivo es la caída en el rodeo vacuno, que hace que los productores retraigan la oferta para recomponer sus stocks.

El mejor reflejo de esa situación está en el mercado de Cañuelas, donde se ve un sostenido aumento del ganado, con el novillito en $5.000 por kilo vivo, un 42% por encima del precio de octubre y un 25% más que en diciembre, cuando se producía el pico estacional del consumo.

Dado que los ciclos biológicos en el sector vacuno son largos, se tardará al menos cuatro años para que, desde el nivel actual de 51 millones de cabezas, se vuelva a los 54 millones que se registraban en 2022. Por eso, los frigoríficos advierten que los precios podrán mantenerse altos por dos años, antes de empezar a bajar.

Está, además, el efecto del tratado comercial con Estados Unidos, que quintuplica la cuota de carne exportable sin aranceles hasta el nivel de 100.000 toneladas anuales. La estimación es que durante todo el año Argentina le venda unas 810.000 toneladas al mercado global, con lo cual se ubicaría en el quinto puesto del ranking, detrás de Brasil, Australia, India u EE.UU., cuyos volúmenes sufrirán recortes.

En otras palabras, no se vislumbra un desplome en el precio de la carne, porque el stock vacuno está en recomposición y porque las exportaciones no dejarán mucho margen al «principio de Menger» que Javier Milei gusta de citar para explicar que los precios bajarán porque la gente no los convalidará.

La solución para abaratar la carne implicaría la importación desde Brasil o Uruguay, una medida que aparejaría polémica política, pero que ayudaría a contener los precios, como ya se está viendo en los rubros que tuvieron las mayores aperturas comerciales, como los de electrodomésticos y productos textiles.

El fantasma de marzo

El cálculo que sí le saldrá bien a Caputo es el del impacto de las tarifas de servicios públicos y los precios regulados. Ya en este mes están llegando boletas más caras, al ponerse en marcha los recortes de subsidios a electricidad y gas para usuarios de ingresos medios.

El rubro de subsidios, si bien ha sido recortado, todavía se lleva un 6% del gasto presupuestario, y la necesidad de recortes se acentuó por la peligrosa tendencia en la recaudación impositiva: las cifras de ARCA marcaron en enero la sexta caída consecutiva, medida en variación interanual real.

Para ponerlo en palabras de Caputo, todavía no se completó el «cambio de precios relativos» entre bienes y servicios, como para que el proceso desinflacionario pueda considerarse consolidado. Traducido: falta aún más recortes de subsidios y, por ende, mayores subas de precios en servicios públicos y en transporte.

Además, hay cuestiones estacionales: marzo, por ejemplo, suele ser un mes de inflación alta, por los ajustes en la matrícula escolar y subas en precios de servicios regulados, tales como las comunicaciones, la medicina prepaga o los seguros.

Esto fue lo que llevó a Caputo a pensar que era mejor posponer el cambio de IPC, ya que la canasta que había diseñado Lavagna aumentaba la ponderación del rubro rubro «vivienda, electricidad, gas y otros», desde el actual 9,4% del presupuesto familiar, a un 14,5%.

La diferencia entre los dos IPC en pugna se ve con claridad si se analiza la inflación de 2024. Ese año, según estimó la consultora Equilibra, el IPC acumulado habría dado 179,8% en vez del 117,8%, una brecha sustancial. Y eso ocurre, sobre todo, por el impacto del «tarifazo» en los primeros meses de la gestión Milei.

En cambio, en 2025, casi no se habrían registrado diferencias si se hubiese actualizado el IPC: el dato de la inflación habría resultado en 32,1% en vez del 31,5%. El motivo es que las subas tarifarias fueron más moderadas -el «estímulo electoral» llevó a que se pospusieran aumentos-.

Lo que viene

La pregunta que se plantea ahora es si la inflación de 2026 se parecerá más a la de 2024-cuando los servicios lideraron los aumentos- o a la de 2025, cuando las variaciones fueron más parejas.

Y, al menos durante el primer trimestre, todo indica que el factor tarifas será importante. Por eso, Caputo se resignó a tener en enero un IPC más alto que el que se habría registrado si hubiese cambiado la metodología de cálculo.

Lo que, en cambio, no está tan claro, es qué tan duradero puede ser el salto estacional en los alimentos y bebidas. Por lo pronto, se prevé que el IPC de febrero refleje una continuidad de esa situación, lo cual hará que se neutralice el efecto de normalidad que el ministro quería mostrar.

Al menos, quedará un consuelo para el ministro tras el giro negativo: el hecho de que se haya negado a instaurar un nuevo índice que podría dar una inflación menor será un argumento para recuperar credibilidad y evitar que los sindicatos quieran imponer algún tipo de «IPC blue» para mejorar sus condiciones de negociación salarial.