POLITICA
Tras su salida del Gobierno, Lisandro Catalán fue designado en el directorio de YPF
🇦🇷 ARGENTINA ALCANZÓ UN HITO HISTÓRICO
Superamos los 859.000 barriles diarios de petróleo, rompiendo un récord de 1998. Vaca Muerta fue clave: aportó 2 de cada 3 barriles de shale.Quiero felicitar a todos los que formamos parte de esta industria por este logro extraordinario… https://t.co/IhdaHjS0e2
— Horacio Marín (@HoracioMarin_ok) November 20, 2025
A menos de un mes del comienzo de las sesiones extraordinarias en el Congreso , la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, volvió a juntar a la mesa política para delinear la estrategia legislativa.
Del encuentro participaron el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el titular de la Cámara Baja, Martín Menem; el asesor Santiago Caputo y el titular de Interior, Diego Santilli.
Por abordarse incluido en la agenda el tratamiento del presupuesto 2026, se sumó también al encuentro en esta oportunidad el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo. El otro tema que se abordó fue el de la reforma laboral.
Como una flor mustia, el poder de Cristina Kirchner se deshoja a pasos acelerados y empieza a mostrar señales de debilitamiento en lugares impensados hasta no hace mucho tiempo atrás. Es el caso del bloque peronista del Senado, ámbito que la expresidenta considera como su coto de caza político privado, pero que en la última semana dejó al descubierto una serie de gestos que ponen en cuestión la conducción de la bancada que ejercen los kirchneristas José Mayans (Formosa), Anabel Fernández Sagasti (Mendoza) y Juliana Di Tullio (Buenos Aires).
La señal de descomposición quedó registrada en una foto tomada en la noche del miércoles en la sede del PJ nacional, en la calle Matheu. Allí se puede ver a los senadores -los electos más los que se van y los que se quedan-, que se dieron cita en la tradicional cena de camaradería que celebra el bloque peronista antes de cada renovación de la Cámara alta.
Sin embargo, la toma adquiere relevancia no por lo que muestra sino, valga la paradoja, por lo que no está a la vista: los senadores que decidieron no sumarse a la convocatoria de Mayans para mostrar unidad partidaria, tal como lo ordenó Cristina Kirchner.
Para darse una idea del impacto basta con mencionar que a la reunión asistieron 27 senadores. De ese total, una docena dejará su banca el próximo 10 de diciembre. En otras palabras, apenas 15 legisladores de los 28 que conformarán el nuevo bloque aceptaron el convite. Es algo más de la mitad. “Pero muchos de esos son jabonosos”, acotó un funcionario de la Cámara que conoce al dedillo la dinámica del peronismo en la Cámara alta.
Después de 27 años, la Argentina logró superar su último récord de producción nacional de petróleo. En octubre, el país alcanzó los 859.500 barriles diarios de crudo y dejó atrás la marca de 1998, cuando se habían producido 847.000 barriles.
El avance se explica por la elevada productividad que sigue mostrando Vaca Muerta: la producción no convencional de la cuenca neuquina crece a un ritmo interanual del 30%, lo que permite compensar el declino del 7% registrado en la producción convencional del resto de las cuencas.
Actualmente, Vaca Muerta ya aporta el 60% de la oferta total del país, con más de 515.000 barriles diarios.
SANTIAGO DEL ESTERO.– Un grupo de diez gobernadores del norte se reunió hoy en el Centro Cultural del Bicentenario de la capital santiagueña para exigir un nuevo encuentro con el presidente Javier Milei con la intención de que se reactive la obra pública y se garantice el reparto de la coparticipación.
De la reunión formaron parte Raúl Jalil, de Catamarca; Ricardo Quintela, de La Rioja; Gildo Insfrán, de Formosa; Osvaldo Jaldo, de Tucumán; Hugo Passalacqua, de Misiones; Carlos Sadir, de Jujuy; la vicegobernadora de Chaco, Silvana Schneider; el vicegobernador de Salta, Antonio Morocco; el vice de Corrientes, Néstor Pedro Braillard, y el anfitrión, Gerardo Zamora.
Antes de comenzar el encuentro, cuando los mandatarios, que fueron recibidos personalmente por Zamora en el aeropuerto santiagueño, ingresaban al Centro Cultural fueron abordados por medios locales y dejaron algunos testimonios, como es el caso de Ricardo Quintela, uno de los gobernadores más duros y críticos de la gestión de Milei.
Un abogado de confianza extrema de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, mantiene canales abiertos de negociación con allegados a los inversores perjudicados por el colapso del criptoactivo $LIBRA, con el objetivo de desactivar el escándalo que estalló hace nueve meses. El plan es resarcir en dólares a los damnificados a cambio de que retiren sus acusaciones contra el presidente Javier Milei en los tribunales federales de Comodoro Py, según confirmaron cinco fuentes al tanto de las tratativas a .
Las conversaciones informales se iniciaron en Buenos Aires, semanas atrás, y abarcan a Santiago Viola, apoderado del sello electoral de La Libertad Avanza. El letrado se reunió con emisarios de los afectados en la Argentina por la operatoria que tiene como protagonistas al estadounidense Hayden Davis y a los lobistas argentinos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, y que el jefe de Estado impulsó con un posteo, el 14 de febrero.
“Como no me recibe, voy a grabar un videíto, que después lo voy a cortar, y se lo voy a pasar a su WhatsApp”. La frase es del ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, en referencia al nuevo ministro del Interior nacional, Diego Santilli.
Y fue así. Bianco le envió un “videíto” por WhatsApp a Santilli el martes por la mañana y le sumó un informe en formato PDF.
¿Qué decía ese “videíto”? En principio, no era tan corto. Bianco, según pudo saber , le remitió por la aplicación de mensajería al ministro del Interior una grabación de 10 minutos y 37 segundos, en proporciones para Instagram, de su exposición en la última conferencia de prensa desde La Plata, en la que detalla “las cosas que le quería plantear al ministro Santilli”.
Continúa la ronda de indagatorias en el caso por corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Daniel Garbellini, exfuncionario clave del organismo, llegó a los tribunales de Comodoro Py para declarar como acusado frente al juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, quien lo acusa de recibir y acatar órdenes de personas que no trabajaban en el organismo.
“Permitió que personas ajenas a la estructura formal de la Andis tomaran decisiones de gestión”, dijo el fiscal en su dictamen.
Garbellini es el cuarto de los 15 imputados llamados a indagatoria por Casanello. Ayer fue indagado Diego Spagnuolo, presunto autor de los audios que describen un mecanismo de coimas dentro de la agencia de Discapacidad e hicieron explotar el caso hace tres meses. En esos audios se habla de un funcionario, “el más importante de todos”, que “metió” Lule Menem en la Andis para el “choreo”. Ese funcionario sería Garbellini.
Los movimientos de fondos depositados en billeteras virtuales que se detectaron durante las últimas 48 horas encendieron las alarmas en Manhattan. Ante la evidencia de que el “empresario” Hayden Davis y otros protagonistas del “caso #LIBRA” activaron un protocolo de “anonimización” de activos, los abogados de la demanda colectiva (class action) que tramita en Nueva York solicitaron a la Justicia de Estados Unidos una medida de emergencia: plantearon que no buscan congelar el dinero, sino impedir la destrucción irreversible de la prueba del delito.
El requerimiento, presentado por el bufete Burwick Law ante la jueza Jennifer Rochon, advierte que los acusados están a un paso de apretar el “botón nuclear” de la evidencia digital: la conversión de fondos trazables a criptomonedas como ZCash, diseñadas matemáticamente para borrar cualquier rastro de origen y destino. Según la presentación, el monto en riesgo de desaparecer del radar judicial asciende a 94,5 millones de dólares.
La urgencia del pedido se sustenta en un peritaje forense que detectó una “prueba de concepto” ejecutada el pasado 16 de noviembre. Ese día, una billetera vinculada al equipo de $LIBRA realizó un test de fuga: convirtió 1,36 millones de tokens a la criptomoneda SOL y, en menos de dos minutos, los transfirió a través del protocolo NEAR Intents hacia una dirección blindada de ZCash. El resultado fue inmediato: “El rastro termina y los activos se vuelven permanentemente inrastreables”, sentenció el perito David Goldman.
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El mensaje público llegó, directo y sin aviso previo, a los azorados empleados de la delegación argentina ante la Unión Europea, en Bruselas. “Corrijamos esto URGENTE por favor”, tuiteó el canciller Pablo Quirno, quien en medio de los preparativos para su viaje a Sudáfrica para participar de la cumbre del G20 se hizo un momento para mostrar su descontento: la palabra bienvenidos estaba escrita en lenguaje inclusivo, con el signo arroba en lugar de la letra o.
Fuentes diplomáticas dicen en que no se trató de un error ni de un enojo momentáneo. Quirno, llegado desde la secretaria de Finanzas a la Cancillería hace pocos días, es un “soldado” del presidente Javier Milei y asume convencido su rol en la “batalla cultural” que pretende dar el gobierno libertario, relatan. Lo hace, como cuando era secretario de Finanzas, a través de las redes sociales, pero también en los medios de comunicación, marcando claras diferencias con su antecesor, Gerardo Werthein, más proclive al bajo perfil en el año en el que tuvo a su cargo la diplomacia nacional.
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DNI: BULLRICH VERSION
EDICIÓN LIMITADA
SIN STOCKSi la última semana te hiciste un DNI nuevo, lo vas a tener firmado por mí.
Cuidalo, no lo pierdas. Es una edición limitadísima.
Ahora le toca al Colo. pic.twitter.com/ktDQLgGa6s
— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 20, 2025
“No voy a Israel”, escribió Diego Spagnuolo el 12 de junio a las 17:57. Su interlocutor, Miguel Ángel Calvete, el lobbista de las droguerías, reaccionó indignado: “Anda igual nabo. No muestres debilidad. Te operan re facil. Déjate de joder”. El escándalo de la Andis y la filtración de los audios todavía no habían ocurrido. Spagnuolo se lamentaba, vía WhatsApp, por el viaje frustrado a Israel. En su reemplazo, finalmente iría Daniel Garbellini, su segundo en la Agencia de Discapacidad, con quien estaba enfrentado.
¿Por qué no viajó Spagnuolo? Los chats a los accedió , que son parte del expediente judicial, revelan detalles sorprendentes de esa trama.
“Karina le dijo el embajador que no quiere que vaya, por todo el quilombo que hay acá en Discapacidad”, le contó Spagnuolo a Calvete ese mismo día, a las 18:04, en una referencia directa a la secretaria general de la Presidencia. Y agregó: “Esto me lo informan desde allá. Es gente amiga … Y el viejo conchudo me firmó la autorización”.
No es la profesión, ni los ingresos, ni el dinero en una cuenta bancaria lo que puede dejar afuera a una persona de acceder a un crédito. Un simple número de tres dígitos puede abrir o cerrar la puerta de una persona de su futuro financiero: el scoring crediticio. Pero, ¿Qué significa esto?
El scoring crediticio es un registro de la información financiera de una persona, es una especie de calificación que utilizan las entidades a la hora de decidir si otorgar o no un préstamo, como por ejemplo, hipotecario, o cualquier otro producto financiero. “Lo que hace es marcar la probabilidad que tiene una persona, que está siendo evaluada, de que vaya a pagar sus deudas”, explica Pablo Blanco, CFO de Alprestamo.
Para entender un poco mejor, Blanco agrega que se refiere a un análisis estadístico, de acuerdo a una serie de variables, por el cual se alcanza un número que va del 1 al 999: mientras más alto es, mayor probabilidad de buen cumplimiento de pago tiene. La entidad es la que decide cuál es el valor mínimo que la persona tiene que tener para que se le de determinada asistencia. “No es lineal, cada entidad decide de qué forma lo utiliza”, afirma.
Los adolescentes argentinos de más de 13 años tendrán nuevas alternativas para invertir su dinero. Con el objetivo de “promover la autonomía económica” y acercarlos a la educación financiera desde chicos, la Comisión Nacional de Valores (CNV) amplió este jueves el universo de instrumentos disponibles a Fondos Comunes de Inversión (FCI) abiertos, siempre y cuando se tenga autorización de un tutor legal.
Desde 2023, los menores de edad pueden invertir en Fondos Comunes de Inversión Abiertos de Liquidez Inmediata (más conocidos como money market), aquellos que se popularizaron con la explosión de las billeteras digitales y que ofrecen rendimientos diarios. El año pasado, se sumaron los bonos, acciones, cedears y cauciones colocadoras.
Continúa la lectura de la acusación fiscal en el juicio oral por los Cuadernos de las Coimas, la megacausa de corrupción en la que ayer fue sobreseído el empresario Enrique Pescarmona, (IMPSA), de 84 años, acusado de haber pagado coimas en 13 oportunidades.
Según fuentes judiciales, el tribunal apartó del juicio oral al empresario por “incapacidad sobreviniente”, en razón de un cuadro de Alzheimer que le impide comprender el proceso y llevar adelante su defensa.
Para esta tercera jornada, con los más de 80 imputados conectados vía Zoom, está previsto seguir con los aportes de algunos de los “arrepentidos” en la causa y con la descripción, según la acusación fiscal, del rol de Cristina Kirchner como jefa de un esquema de recaudación ilegal.
El bloque de los arrepentidos comenzará con Oscar Centeno, el chofer del Ministerio de Planificación que escribió los cuadernos que dispararon la investigación periodística de y luego la causa judicial.
El Gobierno nombró en las últimas horas al exministro del Interior Lisandro Catalán -cuyo paso por la cartera fue más que breve-como miembro del Directorio de YPF.
El Estado controla el 51% de las acciones de la petrolera y tiene potestad para realizar designaciones. El exfuncionario asumió en reemplazo de Carlos Bastos, cercano al exministro de Economía Domingo Cavallo.
La información fue confirmada este martes por la empresa a la Comisión Nacional de Valores y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Otro representante del Gobierno en la petrolera es el vicejefe de gabinete, José Rolandi, que trabajó de cerca con el primer jefe de Gabinete de Javier Milei, Nicolás Posse, y logró sostenerse tras su salida.
Bastos es ingeniero y es una figura respetada en el mundo de la energía y su renuncia se efectuó por supuestos “motivos personales”.
Estabilidad macroeconómica a secas o inversión estatal nacional. Así es la grieta que predomina en el debate sobre el desarrollo productivo de la Argentina y que se delineó esta tarde en un intercambio entre gobernadores, dirigentes y funcionarios nacionales en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), moderado por la periodista Luciana Vázquez.
“La mejor política pública que podemos dar es la inexistencia [del Estado]”, aseguró Pablo Lavigne, de la secretaría de Coordinación de la Producción del gobierno de Javier Milei y uno de los expositores. También participaron del debate los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), el exalcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta y Guillermo Acosta, ministro de Economía de Córdoba.
Durante su exposición, Lavigne ratificó la voluntad del gobierno libertario de avanzar hacia una reducción en el grado de intervención estatal en la economía y abogó por una mayor desregulación del mercado. Consideró a ese punto y la baja inflacionaria -que permiten apuntalar una estabilización económica a nivel nacional- como la condición necesaria, pero ante todo suficiente, para fomentar el desarrollo productivo de la Argentina.
“Como no me recibe, voy a grabar un videíto, que después lo voy a cortar, y se lo voy a pasar a su WhatsApp”. La frase es del ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, en referencia al nuevo ministro del Interior, Diego Santilli.
Y fue así. Bianco le envió un “videíto” por WhatsApp a Santilli el martes por la mañana y le sumó un informe en formato PDF.
¿Qué decía ese “videíto”? En principio, no era tan corto. Bianco, según pudo saber , le remitió por la aplicación de mensajería al ministro del Interior una grabación de 10 minutos y 37 segundos, en formato Instagram, de su exposición en la última conferencia de prensa desde La Plata, en la que detalla “las cosas que le quería plantear al ministro Santilli”.
La expresidenta Cristina Kirchner -desde su prisión domiciliaria por la causa Vialidad en San José 1111- volvió a cuestionar este jueves la causa de los Cuadernos de las Coimas, en medio del juicio a empresarios. La extitular del Ejecutivo dijo que “fueron fabricados” y aprovechó para apuntar contra la gestión económica del presidente Javier Milei luego de que durante Cyber Monday (fechas con descuentos especiales) uno de los artículos más vendidos fuera el papel higiénico.
A través de su cuenta de X, la líder del kirchnerismo introdujo: “Nunca exageramos. Todo lo que advertimos sobre las barbaridades, mentiras y falsificaciones perpetradas en estas causas de opereta judicial se termina demostrando que es cierto… una por una. Es como esas series malas en las que ya sabés el final desde el primer capítulo, pero igual te sorprende lo burdo del guion».
Fue así que se refirió a la causa, que está en pleno juicio: habló de “Los Cuadernos Truchos” e insistió en que los mismos “fueron fabricados”, no escritos. Justificó esto al mencionar que la semana pasada el juez Marcelo Martínez de Giorgi volvió a dictar el procesamiento del sargento retirado de la Policía Federal Jorge Bacigalupo, quien le entregó los cuadernos de las coimas a y dio pie a la investigación que llevó adelante el periodista Diego Cabot.
Mientras el presidente Javier Milei aún duda sobre su asistencia, la Cumbre del Mercosur, prevista para el próximo 20 de diciembre en Foz de Iguazú, y en la que podría anunciarse finalmente el demorado acuerdo comercial y político con la Unión Europea, quedó envuelta en una nueva controversia.
Según pudo saber , la delegación de Paraguay en el Mercosur hizo saber en las últimas horas a Brasil, que ocupa la presidencia pro-tempore del bloque, que su país “no se encuentra disponible en las fechas propuestas”. Es decir, que no concuerda con el cambio de fecha propuesto por el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, del 2 de diciembre al 20 de ese mismo mes.
En la primera semana de enero, el Estado deberá afrontar un vencimiento de deuda de US$4300 millones por el pago de Bonares y Globales. El ministro de Economía, Luis Caputo, señaló la semana pasada que, si bien “es una prioridad acumular reservas”, no necesariamente se utilizarán para pagar ese compromiso.
A la fecha, el Tesoro tendría alrededor de US$270 millones depositados en el Banco Central (BCRA), según estimaciones de la consultora Outlier. “Después de las elecciones y del acuerdo con Estados Unidos, logramos separar lo financiero de lo monetario. Vemos la acumulación de reservas como una herramienta para fortalecer el balance del Banco Central (BCRA); no es que tengamos que comprar reservas para pagar el cupón de enero. Eso lo estamos resolviendo financieramente”, dijo Caputo durante la conferencia de FIEL de la semana pasada.
“Se ha abierto un menú de varias alternativas”, agregó el ministro al mencionar el swap chino, “que todavía está”, la asistencia del gobierno estadounidense y las ofertas de financiamiento de otros actores, “como bancos e incluso el propio mercado”.
En medio del reordenamiento de las funciones del Gabinete, el Gobierno modificó la Ley de Ministerios y asignó el Registro Nacional de las Personas (Renaper) al Ministerio del Interior, que comanda el flamante funcionario del Gabinete Diego Santilli. Antes de su jura, esa competencia había pasado a Seguridad, bajo la órbita de Patricia Bullrich. Al mismo tiempo, las áreas de Turismo y Ambiente fueron traspasadas a la Jefatura de Gabinete de Manuel Adorni.
El equipo del Ejecutivo firmó anoche el Decreto 825/2025 y fue publicado en el Boletín Oficial.
A través de la Disposición 40/2025, publicada este jueves en el Boletín Oficial, el Gobierno autorizó a la aerolínea Plus Ultra a operar en el país para la ruta entre Buenos Aires y Madrid. La low cost española ya puso pasajes a la venta y se espera que el vuelo inaugural sea en mayo. De esta manera se sumará a la oferta de Aerolíneas Argentinas, Iberia y Air Europa respecto a las líneas aéreas que están en ambos países.
“Autorizar a la empresa de bandera española Plus Ultra Líneas Aéreas S.A. a explotar servicios regulares y no regulares internacionales de transporte aéreo de pasajeros y cargas, de forma combinada, en la ruta Madrid, España, y Buenos Aires, Argentina, y viceversa”, señala el documento que lleva la firma de Hernán Adrián Gómez, subsecretario de Transporte Aéreo.
Según estableció la aerolínea, las tarifas promocionales para los vuelos, que arrancan el 24 de mayo, van desde los US$930 ida y vuelta, con equipaje incluido, y desde los US$2780 ida y vuelta en clase ejecutiva. La ruta tendrá dos frecuencias semanales y en julio pasaría a cuatro frecuencias, en función de la demanda y la disponibilidad de flota.
En la Argentina, cada día se viaja peor.
Puede parecer una generalización o una queja circunstancial, derivada de una mala experiencia o de algún contratiempo cotidiano. Sin embargo, en esa afirmación reside, tal vez, uno de los indicadores más nítidos del atraso y el estancamiento del país. El deterioro de las rutas, el colapso de las autopistas, la falta de coordinación vial en las grandes ciudades y la saturación de los accesos urbanos, así como el estado calamitoso de los caminos rurales, conforman un mapa de degradación que no solo genera incomodidad, pérdida de tiempo e inseguridad, sino que traba el desarrollo económico y limita las posibilidades de crecimiento en muchas áreas estratégicas de la economía.
A eso hay que sumarle servicios de transporte cada vez más deficientes, desde el ferroviario hasta el aéreo, con problemas de conectividad e infraestructura obsoleta. Todo contribuye a una especie de menoscabo “por goteo” de nuestra calidad de vida, condicionada por el estrés pronunciado que implica el tránsito vehicular o el uso del transporte público. Sea en distancias largas o cortas, emprender un viaje en la Argentina es aventurarse a una situación incierta y de alto riesgo: nadie sabe con qué se va a encontrar cada día en una autopista, donde se producen nudos y embotellamientos a toda hora, se bloquean carriles por cualquier motivo, se cruzan animales por falta o rotura de cercos perimetrales, se forman embudos en las cabinas de peaje o se deben sortear baches o cráteres por falta de mantenimiento.
El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, presentó el martes -de manera pública y en tono de broma- su propia marca de yerba llamada “Pichichi”, que lleva su apodo característico y está envasada en un paquete naranja, color con el que se lo identificó durante su carrera política. Sin embargo, por ahora se trata de un guiño para sus conocidos y aquellas personalidades con las que mantiene reuniones, en lugar de ser un emprendimiento comercial.
Las primeras imágenes del producto, a las que tuvo acceso , fueron tomadas durante la 174° Asamblea de Consejo Federal del Turismo, que se celebró en un hotel porteño que está a metros del Obelisco. Poco antes de hacer uso de la palabra, Scioli se percató de que el presidente de la CFT, Valentín Díaz Gilligan, se encontraba tomando mate a pocos metros suyo, por lo que aprovechó el momento para hacer un “chivo”.
La Justicia investiga una hipótesis alarmante: que el organismo destinado a “promover los derechos y la inclusión de las personas con discapacidad” funcionó, en los hechos, como una bolsa de negocios para empresarios que lo infiltraron, se repartieron contratos de compra de medicamentos e insumos, cobraron sobreprecios y pagaron sobornos. Esa es la sospecha que expuso el fiscal federal Franco Picardi en su dictamen de la semana pasada en la causa que investiga una presunta estafa gigantesca dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) durante el gobierno de Javier Milei.
¿Quién habilitó a estos “privados”, profesionales en el manejo de cajas en distintos organismos y durante los más diversos gobiernos, a desembarcar en la Andis? Esa pregunta es clave y todavía no está respondida en la causa, un expediente que lleva tres meses, tiene 15 acusados que fueron citados a indagatoria y chats, audios y cuadernos con menciones -aún no desentrañadas- a altos personajes de la política.
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Los jueces que condenaron a Cristina Kirchner limitaron las visitas que puede recibir en su casa de San José 1111, donde cumple en arresto domiciliario su condena de 6 años de prisión por corrupción en la obra pública.
Los jueces dispusieron que las visitas extraordinarias sean como máximo de dos horas y podrán concederse dos veces por semana, según la resolución oficial. No podrán superar el límite de tres personas concurrentes para cada visita. La resolución se da después de haber circulado una foto de la expresidente con un grupo de nueve economistas. Para el tribunal significó un incumplimiento de las reglas.
Se mantienen por el momento las autorizaciones para las visitas habituales, personas allegadas, y el grupo integrado exclusivamente por su familia, custodia policial, profesionales médicos y abogados defensores.
Javier Milei cuenta con dos valiosos activos para ejercer el poder después del triunfo de octubre. La crisis de la oposición peronista y el contundente respaldo financiero de Donald Trump. Son ventajas objetivas, que convalidan un diagnóstico bastante extendido: el principal desafío de su gestión es superar las dificultades que surgen en el propio equipo de gobierno.
Cristina Kirchner volvió a desplegar una estrategia muy astuta para atenuar el rigor de su encrucijada. Después de la última derrota anunció que su partido estará expuesto a operaciones externas que se proponen dividirlo. Esa profecía oculta que la debilidad del peronismo proviene de sus propias carencias.
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Diego Spagnuolo y Daniel Garbellini no fueron los únicos funcionarios que dejaron su cargo en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) cuando estalló el caso sobre las presuntas coimas en el organismo. Fuentes oficiales confirmaron a que, tras la intervención dictada por el Gobierno en el organismo, fueron apartados Lorena Di Giorno y Eduardo Nelio González, actualmente investigados por la Justicia.
Di Giorno es descripta como una “exagente” de Andis mientras que González se desempeñaba en la Dirección Nacional de Apoyo y Asignaciones Económicas del organismo. Las fuentes oficiales consultadas indicaron que dejaron de formar parte de la Agencia “al poco tiempo” que asumió Alejandro Vilches como interventor.
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El peronismo de la provincia de Buenos Aires, el más importante del país por su peso específico y la superpoblación de dirigentes, atraviesa una montaña rusa política. Estuvo en la cima cuando ganó con amplitud las elecciones de septiembre, para cargos locales, pero poco después cayó en picada y perdió con los libertarios en las legislativas nacionales de octubre. Ahora trata de no descarrilarse, pero en ese tránsito pone en extrema tensión al gobernador Axel Kicillof.
Los peronistas bonaerenses protagonizan una interna que mezcla la gestión con la política partidaria. Mientras avanza en la Legislatura la sanción del presupuesto 2026 y la ley impositiva que envió el gobernador, a la par se demora el endeudamiento que Kicillof considera clave para poder cumplir con los compromisos externos el año próximo. La desconfianza mutua con La Cámpora vuelve a estar a la orden del día en La Plata.
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El “puchito” de dinero disponible para consumir que queda en los hogares argentinos luego de pagar los gastos fijos se recupera lentamente y con ciertos vaivenes. Incluso aún no alcanza los niveles previos a la inauguración del gobierno libertario de Javier Milei. Sin embargo, avanza y gradualmente gotea en algunos números que llegaron a ser preocupantes el año pasado. Por caso, la necesidad de los argentinos de usar ahorros propios para llegar a fin de mes se frenó, bajó levemente en el segundo trimestre de este año y se situó en el menor desde fines de 2023. Las razones, claro, son varias.
Sin embargo, las familias siguen requiriendo todavía diferentes fuentes de financiamiento para completar sus ingresos mensuales. Los segmentos sociales más altos son los que más acceso al crédito o a una renta (un alquiler) tienen, mientras que los más bajos usan como principal fuente de financiamiento a parientes o incluso a los amigos.
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El presidente Javier Milei visitó este miércoles por la tarde la sede de Corporación América, el nuevo edificio que inauguró a fines de agosto y desde allí destacó el triunfo electoral. Durante su discurso, el mandatario aseguró que el Gobierno es hoy “incontestable” y reclamó “la participación activa” de empresarios y exponentes del sector privado. “Abróchense los cinturones porque habrá muchas más reformas”, auguró.
“Esto no había pasado antes. Ningún argentino experimentó nada similar a lo que vamos a vivir en los próximos años, y no solo en lo económico, sino también en lo político», señaló Milei frente al empresariado. “Hoy tenemos el mismo nivel de popularidad que al empezar el Gobierno, pero con el triple de poder legislativo. Esto luego de haber hecho todo el trabajo sucio de ordenar cuentas públicas en los últimos dos años. Hoy tenemos la posibilidad de sanar 100 años de errores económicos”, resaltó en otro tramo de su discurso.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, adelantó algunas precisiones de la reforma laboral que presentará el Gobierno ante el Congreso en las próximas semanas y cuestionó la marcha realizada por la Asociación Argentina de Trabajadores del Estado (ATE) por desconocer los detalles del proyecto y porque, según explicó, “no alcanza a los empleados estatales” ya que “en principio es solo para el sector privado”.
“¿Marchan en contra de la reforma laboral? ¿La conocen?“, se preguntó el funcionario en diálogo con LN+ y disparó: ”Se protesta ante la nada. Protestan por protestar. No conocen los detalles ni el Gobierno presentó la reforma». “El proyecto tiene como objetivo central que la gente gane más y tenga más empleo. Hace diez años que no se crea empleo formal. Necesitamos crear más empleo”, enfatizó.
POLITICA
Con apoyos clave de algunas provincias, el Gobierno aprobó la reforma laboral en Diputados pero sin el artículo 44
El oficialismo logró aprobar en la Cámara de Diputados el proyecto de modernización laboral que llegó con media sanción del Senado. El texto sufrió una modificación -la eliminación del artículo sobre licencias médicas- por lo que deberá volver a la Cámara alta para su aprobación definitiva. Ahora el objetivo de La Libertad Avanza es convertirlo en ley la semana que viene para que el presidente Javier Milei pueda tener una importante victoria legislativa antes de su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso, el 1 de marzo.
El proyecto de modernización laboral obtuvo 135 votos afirmativos, 115 negativos y ninguna abstención en su tratamiento en general. Los libertarios consiguieron el apoyo de sus habituales aliados del PRO, la UCR y el MID. A los que se sumaron los diputados de Salta y Misiones enrolados en Innovación Federal, las dos sanjuaninas de Producción y Trabajo, que responden al gobernador Marcelo Orrego; el santacruceño José Garrido, la representante de La Neuquinidad, con línea directa con el gobernador Rolando Figueroa, los tucumanos de Independencia y una parte de Provincias Unidas.
Minutos antes de la votación, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, ocupó un palco del primer piso junto con el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Interior, Diego Santilli. Fueron ovacionados por los diputados libertarios.
En la previa de la sesión, el “poroteo” de votos ya anticipan una victoria del oficialismo. Por esa razón, desde el peronismo concentraron sus esfuerzos en dejar la sesión sin quórum. “Si los libertarios consiguen el quórum y arranca el debate, se van a llevar toda la ley. Estas son las leyes que se votan con la mano y con la cola sentándose en la banca. Dar quórum es lo mismo que votar”, advertían antes de a la sesión desde la bancada que conduce Germán Martínez.
Pasadas las 14, cuando los diputados del oficialismo comenzaron a ocupar sus bancas para dar inicio al debate, todo los ojos estaban puestos en los bloques dialoguistas. Los libertarios lograron sumar 130 presentes, uno más del mínimo necesario.
A los 95 diputados de LLA, se sumaron los 12 del PRO, 6 de la UCR y 2 del MID. Los votos restantes los aportaron los espacios provinciales. El gobernador misionero Mario Pasalacqua aportó cuatro presentes (Daniel Vancsik, Yamila Ruiz, Oscar Herrera y Alberto Arrúa), mientras que su par salteño Gustavo Sáenz sumó otros tres (Bernardo Biella, Pablo Outes y Yolanda Vega). Todos integrantes del bloque Innovación Federal.
El gobernador peronista de Tucumán, Osvaldo Jaldo, ordenó dar quórum a sus tres diputados del bloque Independencia (Elía Marina Fernández, Gladys Medina y Javier Nogueira. Lo mismo hizo el catamarqueño Raúl Jalil con sus tres referentes (Fernanda Ávila, Fernando Moguillot y Sebastián Nóblega). En tanto, el sanjuanino Marcelo Orrego apoyó con las dos diputadas de Producción y Trabajo (Nancy Picón y Jaime Quiroga), y el santacruceño Claudio Vidal hizo lo propio con José Garrido, su único representante en Diputados. Por último, el único integrante del bloque Provincias Unidas que colaboró con el quórum fue el rionegrino Sergio Capozzi, aunque no tiene una terminal directa en una provincia.
Curiosamente, algunos de los diputados que ayudaron al Gobierno a dar inicio a la sesión luego rechazaron el proyecto. Por ejemplo, Sebastián Nóblega, de Elijo Catamarca, planteó en su discurso que la reforma “vulnera y afecta derechos y garantías constitucionales”. “Creemos que este proyecto no constituye una respuesta integral a los desafíos del mundo del trabajo. Es más, creemos que es regresivo. Esta ley no garantiza más trabajo, vulnera principios como la justicia social”, sintetizó. Sin embargo, tanto él como sus dos compañeros de bloque, que responden al gobernador Jalil, dieron quórum.
Los gobernadores peronistas fueron blanco de muchas acusaciones por parte de los diputados de Unión por la Patria y la izquierda. “No voy a hablar de La Libertad Avanza, ni siquiera del PRO. A los diputados que asumieron en nombre de la bandera de justicia social, les pido de corazón: no sean verdugos de su pueblo, no sean verdugos de los débiles, no sean verdugos de los trabajadores. Recuerden que nuestra obligación es proteger a los frágiles”, les recriminó Juan Grabois.
A su turno, Máximo Kirchner aludió directamente al catamarqueño Nóblega: “Un diputado decía que votaba en contra de esta ley por su padre y por su madre. Lo que me llevó a preguntarme qué fue lo que lo llevó a dar quórum. Está claro que no fue su voluntad sino que fue una instrucción de su gobernador”.
Desde Unión por la Patria rechazaron por completo la reforma. “La experiencia indica que va a fracasar. Es votar un nuevo fracaso, como fue el RIGI para las inversiones extranjeras o como el capítulo laboral de la Ley Bases. Es un nuevo capricho del FMI. Esta ley daña a los argentinos”, afirmó Kirchner. En esa línea, el diputado tucumano y dirigente del gremio La Bancaria, Carlos Cisneros advirtió: “Lo que hoy estamos perdiendo lo vamos a recuperar en las calles, en la Justicia y con la lucha, a los trabajadores nunca nadie les regaló nada”.
El jefe del bloque peronista, Germán Martínez, planteó que el Gobierno busca generar una falsa dicotomía entre los derechos de los trabajadores y la generación de empleo. “Es llamativo tener una normativa tan anti obrera. Esta ley pone toda la carga negativa en el trabajador”, dijo. Y adelantó que cuando el peronismo vuelva al poder derogaría la ley.
Del otro lado, el radical Diógenes González explicó que su bloque acompañaría el proyecto porque así se lo piden las Pymes. “Las Pymes generan el 70% del empleo privado y para ellas es fundamental reducir la litigiosidad. Pues al no poder competir, no pueden cumplir los convenios colectivos de trabajo. Es triste porque en muchas localidades de pocos habitantes trabajan codo a codo el empleado y el empleador. Nosotros creemos en la cultura del trabajo. Y la incidencia de las Pymes en la generación de empleo”, detalló.
“Tenemos la posibilidad de dejar atrás al status quo que acepta como regla la informalidad y la baja productividad. Es un gran paso, significativo, en pos de una primera capa de modernización laboral que permita a Argentina ser, junto con un orden macroenconómico, un país más próspero, más productivo”, agregó su compañero de bloque Lisandro Nieri.
Sobre el final de la sesión, el jefe del bloque Gabriel Bornoroni optó por no hacer su discurso de cierre para pasar a la votación. Al inicio del debate, el libertario Lisandro Almirón había planteado que “la legislación laboral existe para proteger a los trabajadores y tutelar las relaciones de trabajo”. “Y para poder hacer eso, primero tiene que haber trabajo. ¿De qué sirve una biblioteca entera de legislación laboral si al final no sirve para generar empleo? Hoy tenemos un marco regulatorio que no hace otra cosa que expulsar a las personas de la formalidad”,reflexionó.
Uno de los puntos más álgidos de la sesión transcurrió minutos antes de las 22. Al ver que la mayoría de los diputados libertarios y sus aliados se habían retirado del recinto, un diputado de Unión por la Patria pidió someter a votación una moción de orden para que el proyecto vuelva a la comisión de Asuntos Constitucionales.
Como los diputados oficialistas no estaban presentes, la sesión quedó técnicamente sin quórum, por eso la oposición reclamó a los gritos que se terminara el debate. Luis Petri buscó demorar la votación hasta que los libertarios volvieran a ocupar sus lugares. Luego llegó Martín Menem para volver a conducir la sesión y abrió la votación cuando el oficialismo volvió a tener mayoría.
Como represalia, la bullrichista Silvana Giudici propuso una moción propia para que la votación en general de la reforma laboral se hiciera en 30 minutos. Esto generó indignación en el peronismo que se abalanzó sobre el estrado de Martín Menem.
Finalmente, en lo que calificó como “un acto de pacificación”, Giudici anunció que retiraba su moción y el debate continuó con la lista de oradores original.
¿Qué cambios tuvo el texto que llegó del Senado?
La principal modificación que concedió el oficialismo fue la eliminación del artículo 44, que reducía los plazos de licencias pagas y el porcentaje de la remuneración que recibirían los trabajadores.
El texto que había sido aprobado en el Senado establecía que un empleado que sufriera un accidente o una enfermedad que no estuviera relacionada con su trabajo percibiría el 50% de su salario básico si fuera consecuencia de una actividad que realizó voluntariamente (por ejemplo, jugar un partido de fútbol). En cambio, recibiría el 75% si no fue consecuencia de una actividad voluntaria (por ejemplo, sufrió un accidente en la calle). Por otro lado, recibiría esta compensación durante 3 meses si el trabajador no tuviera personas legalmente a su cargo, o durante 6 meses si las tuviera.
Ese punto generó cierta polémica en los medios y redes sociales, especialmente después de una entrevista que concedió Federico Sturzenegger, donde utilizó el ejemplo de los partidos de fútbol que luego se viralizó. Por esa razón, bloque aliados presionaron para que el oficialismo hiciera modificaciones. Finalmente, al inicio de la reunión de comisión del miércoles, el jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, confirmó que retirarían el artículo completo para ampliar los consensos.
Los principales puntos de la reforma
Convenios colectivos: el proyecto busca darle prioridad a los acuerdos colectivos por empresa o región, por encima de los convenios sectoriales o por rama. Además, se eliminó la ultraactividad, es decir, la prórroga automática de los convenios vencidos si no hay acuerdo para firmar un nuevo convenio.
Fondo de Asistencia Laboral (FAL): El fondo asistirá a las empresas con el pago de las indemnizaciones y estará nutrido de contribuciones mensuales obligatorias: las grandes empresas deberán aportar el 1% de las remuneraciones brutas de cada trabajador, mientras que las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) aportarán el 2,5%. Pero esos aportes patronales hoy se destinan a mantener el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), por lo que la medida podría impactar en el financiamiento de las jubilaciones
Vacaciones: el proyecto habilita el fraccionamiento de las vacaciones, siempre que cada tramo no sea menor a siete días corridos. Los períodos de descanso deberán concederse entre el 1 de octubre y el 30 de abril del año siguiente. No obstante, empleadores y empleados podrán, de común acuerdo, fijar la fecha de inicio fuera de ese período. La notificación escrita al trabajador deberá realizarse con al menos 30 días de antelación, salvo que un convenio colectivo disponga otro plazo.
Indemnizaciones por despido: el proyecto mantiene el criterio de un mes de sueldo por año de servicio o fracción mayor a tres meses, calculado sobre la mejor remuneración mensual, normal y habitual de los últimos doce meses. Pero a diferencia de la normativa vigente, se excluyen del cálculo conceptos no mensuales, como el Sueldo Anual Complementario (aguinaldo) y premios extraordinarios. El monto máximo no podrá superar tres veces el salario promedio previsto en el convenio colectivo correspondiente y no podrá ser menor al 67% de la remuneración mensual habitual, ni inferior a un mes de sueldo. Si el trabajador no está amparado por un convenio, se aplicará el tope más favorable del establecimiento. También se contempla el pago en cuotas de las indemnizaciones fijadas por sentencia judicial: hasta seis cuotas mensuales para grandes empresas y hasta doce para micro, pequeñas y medianas empresas, ajustadas por inflación más un 3% de interés anual.
Además, el proyecto establece que la indemnización será la única reparación por despido sin causa y fija un nuevo esquema de actualización de créditos laborales que contempla el IPC más un 3% anual.
Banco de horas: se permite que el empleador y el trabajador acuerden por escrito la compensación de horas extraordinarias, con un límite de 12 horas por jornada y respetando las 12 horas de descanso. El acuerdo puede prever el uso de horas extra, banco de horas o francos compensatorios y debe respetar los descansos mínimos legales, garantizando la protección de la salud del trabajador. También es posible que estos acuerdos se celebren con la representación sindical. El sistema habilita a compensar jornadas más extensas en algunos días con otras más breves, siempre que no se exceda el máximo semanal legal o el que establezca el convenio colectivo. En materia de jornada reducida, la reforma dispone que solo podrá implementarse si así lo prevén leyes, contratos individuales, convenios colectivos o acuerdos firmados con la representación sindical. Estos instrumentos pueden establecer el cómputo de la jornada máxima sobre promedios, siempre que los descansos legales sean respetados.
Trabajadores de plataforma: se crea la figura del repartidor independiente y se habilita la libertad de formas de contrato. Específicamente se establece que ese vínculo no constituye una relación laboral, sino un contrato de servicio independiente.
Derecho a huelga: los servicios declarados esenciales deberán asegurar un funcionamiento del 75% mientras que la nueva categoría de trascendentales deberán mantener una cobertura del 50%. El listado de servicios esenciales se expande para incluir más actividades, como la educación en sus tres niveles. Además, las asambleas en los lugares de trabajo deberán contar con autorización previa del empleador.
Blanqueo laboral: para regularizar la situación de los trabajadores informales se eximirá de hasta un 70% de las deudas por aportes y contribuciones a la seguridad social. Por otro lado, el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), reducirá las cargas patronales para empleadores que registren nuevos trabajadores, con un 8% de descuento en los tributos sociales.
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POLITICA
Se aprobó el artículo clave que el ministro Luis Caputo pidió no tocar en la reforma laboral
De los 26 títulos y más de 200 artículos que componen la reforma laboral que se aprobó en la Cámara de Diputados, hay uno solo imprescindible para Luis Caputo, ministro de Economía: el que crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un instrumento que si bien fue pensado para financiar las indemnizaciones por despido, economistas y opositores advierten que, en realidad, servirá para fondear al Estado a costa del desfinanciamiento del sistema previsional.
Fue uno de los puntos que más suspenso despertaba en la instancia de la votación en particular del articulado. Un amplio sector opositor quiere voltear este artículo y, consciente de ello, el oficialismo desplegó un fuerte dispositivo de disuasión para evitarlo. El trabajo dio sus frutos: el capítulo II de la reforma laboral, que contenía el artículo del FAL, se aprobó finalmente con 130 votos positivos, contra 117 rechazos y tres abstenciones.
Economistas y referentes de la oposición estiman que este fondo recaudará entre US$3000 y US$5000 millones anuales y se nutrirá con el aporte obligatorio y mensual de un porcentaje de las contribuciones patronales, que hasta ahora van a la Anses. Será del 1% para las grandes empresas y del 2,5% para las pymes.
Estos recursos servirán, según establece la letra del proyecto, para afrontar indemnizaciones por preaviso, integración, y despido por parte de los empleadores privados. Los empleadores deberán crear cuentas específicas e inembargables por trabajador, las cuales serán administradas por entidades habilitadas por la Comisión Nacional de Valores, como por ejemplo bancos, billeteras virtuales y compañías de seguro. En la oposición sospechan que estos fondos terminen teniendo, como función principal, la financiación del Tesoro mediante la compra de títulos de deuda soberana.
Los bloques de Unión por la Patria y de Provincias Unidas advierten que este nuevo sistema desfinanciará al sistema de seguridad social; las más preocupadas son las provincias cuyas cajas jubilatorias no fueron transferidas a la Nación y, por lo tanto, dependen de los giros que les realice la Anses. En el Senado, los senadores Alejandra Vigo (Córdoba), Flavia Royón (Salta) y Maximiliano Abad (UCR) votaron en contra de todo el título II, que dispone la creación del FAL.
En la Cámara de Diputados la polémica cobró vuelo anteayer en las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto cuando se firmó el dictamen del proyecto.
“Es la reforma previsional encubierta. Es, ante todo, una reforma financiera va a ser utilizada para fondear al Tesoro. Con este fondo rompen el sistema previsional argentino, no se van a poder pagar aumentos jubilatorios y más temprano que tarde el Gobierno va a tener que derogar la ley de movilidad jubilatoria”, advirtió Vanesa Siley (Unión por la Patria).
“No se me ocurre mejor definición para este fondo que ‘cinismo’ –enfatizó Nicolás Massot (Provincias Unidas−. Hacen un fondo obligatorio y, encima, subsidiado. Subsidiado con fondos de la Anses. A la oposición nos acusaban de degenerados fiscales cuando el año pasado pedíamos una indexación para los haberes jubilatorios, nos acusaban de producir un agujero fiscal en la Anses. Me encantaría que nos expliquen cómo puede ser que, sin ponerse colorados, y después de que el 50% del ajuste fiscal que le permitió al Gobierno mostrar un superávit fiscal lo hayan hecho los jubilados y los pensionados, cómo les da la cara para venir a plantear acá un subsidio directo a los despidos”.
El bloque de Provincias Unidas propuso que el FAL sea optativo y que, en lugar de nutrirse de aportes patronales, sea sustentado con la mitad de lo que los empleadores destinan al pago del impuesto al cheque.
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El oficialismo aprobó la Modernización Laboral con el acompañamiento del PRO, la UCR, el MID, y fuerzas peronistas que responden al gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo. También el apoyo de los sanjuaninos de Marcelo Orrego, de Misiones del mandatario Hugo Passalacqua junto al referente político local, Carlos Rovira, y los salteños de Gustavo Sáenz. El rechazo se concentró en las bancadas de UxP, el Frente de Izquierda y parte de Provincias Unidas.
La sesión comenzó con escándalo entre el oficialismo y la oposición por la aprobación del plan de labor que estableció los tiempos y la manera de votar, por capítulos, la ley de Reforma Laboral. Luego de ese contrapunto, que expuso al jefe de Diputados, Martín Menem, y de UxP, Germán Martínez, el debate se inició con la defensa del diputado libertario Lisandro Almirón, presidente de la Comisión de Trabajo y miembro informante por el dictamen de mayoría.
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Entre gritos desde la bancada de Unión por la Patria, porque Almirón leyó su discurso, dijo: “todas las modificaciones, derogaciones y agregados que se proponen en el proyecto son para fomentar la creación de empleo, actualizar la legislación de los tiempos que corren y garantizar el máximo grado de protección y libertad de todos los argentinos y trabajadores”.
La libertaria Mercedes Llano le dijo a TN que “durante décadas, Argentina ha postergado una modernización laboral necesaria, quedando atrapada en un marco normativo rígido, vetusto, generador de altos costos y litigiosidad que ha paralizado la contratación formal y nos ha sumido en un estancamiento crónico. Este nuevo esquema busca combatir la industria del juicio, la informalidad, reducir las cargas laborales y aggiornar las reglas al cambio tecnológico y a las emergentes modalidades de trabajo autónomas, flexibles y ágiles”.
Desde el Gobierno nacional el ministro del Interior, Diego Santilli y el subsecretario de la Presidencia, Eduardo Lule Menem, se instalaron en la presidencia de la Cámara de Diputados. En el cierre del debate se sumaron la secretaria Karina Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Santilli destacó “el gran trabajo en equipo de todo el Gobierno y la Mesa Política para que la Argentina cuente con esta ley fundamental que representa el espíritu y la visión del Presidente. Hace 15 años que no se genera en Argentina un puesto de trabajo neto en el sector privado formal, el desafío trazado por el presidente Javier Milei es que crezca el empleo privado y poder ayudar a los que están en la informalidad a que pasen a la formalidad, de eso se trata la modernización laboral».
Los planteos de la oposición
El bancario Sergio Palazzo de UxP rechazó el proyecto y cuestionó la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) considerándolo como el “vaciamiento del sistema previsional. Con el FAL el despido pasa a ser gratuito para el sector empresario porque será pagado con plata del Estado”.
Por su parte el bonaerense Juan Marino cuestionó la Reforma Laboral, pero además respaldó a los trabajadores despedidos de la empresa de neumáticos FATE. “El cierre de FATE dejó a ciento de familias en la calle, es producto de las decisiones de (el presidente) Javier Milei de eliminar cualquier tipo de medida económica que proteja el entramado productivo argentino. De abrir indiscriminadamente las importaciones, es producto de su plan de genocidio económico. Un plan de exterminio de la industria nacional. Este es un proyecto de reforma anti laboral”, dijo Marino en el recinto.
Mónica Frade de la Coalición Cívica volvió a insistir con su rechazo al proyecto ya que más allá del contenido de la iniciativa, criticó “la falta de tiempo de discusión”. Y adelantó: “Vamos a plantear muchas inconstitucionalidades por este proyecto. Vamos a judicializar esta ley”.
Por su parte, desde Provincias Unidas, la radical jujeña María Inés Zigarán expresó: “La excusa de la reforma fue la reestructuración de las formas de trabajo, pero nada moderno está incluido. La tendencia es a la reducción de horas de trabajo y no al incremento. Se trata de una reforma regresiva, en particular para las mujeres, porque no se modificaron las formas de licencias por maternidad, ni se incrementaron las licencias por paternidad ni incluyeron otras por adopción”.
Respaldo del PRO y la UCR
El diputado del PRO Fernando de Andreis aclaró la postura de su bancada: “Esta ley forma parte de una agenda que el PRO viene empujando hace más de 20 años, lo dijimos también en campaña. Sin embargo faltan algunas cosas para seguir discutiendo y mejorando. Hice mención a la libertad de los trabajadores para poder elegir cómo cobrar su sueldo, razón por la cual quería adelantar que vamos a presentar un proyecto de ley en ese sentido cuando comience el período ordinario. El bloque PRO va a acompañar y va a votar a favor porque claramente es una mejora sustancial a la situación actual que estamos viviendo, que le da más oportunidades de empleabilidad a la gente”.
“Con esta ley solamente no va a mejorar el empleo mágicamente de un día para el otro. Es imperioso avanzar en una reforma tributaria, es clave bajar impuestos. No se puede seguir cobrando el 35% de impuesto a las ganancias. No puede ser que se le cobren impuesto al que quiere sacar un crédito para invertir y generar empleo”, planteó de Andreis.
Mientras que el radical Diógenes González respaldó el proyecto porque beneficia a las pymes. “Es lo que nos piden las pymes. Son las que generan el 70% del empleo privado en Argentina. Porque el 99 % del empleo registrado en el territorio nacional es Pyme. En el norte son las que dinamizan el trabajo. Por eso para las pequeñas y medianas empresas es fundamental reducir la litigiosidad. Pues al no poder competir, no pueden cumplir los convenios colectivos de trabajo. Es triste porque en muchas localidades de pocos habitantes trabajan codo a codo el empleado y el empleador. En Corrientes se aprobó una ley de conciliación laboral obligatoria. Lo que ayudo a disminuir la conflictividad. Nosotros creemos en la cultura del trabajo. Y la incidencia de las pymes en la generación de empleo”-
Mientras se desarrolló el debate, fuera del Congreso se llevó adelante una protesta de trabajadores en el marco de una jornada de paro general. El gremio parlamentario de APL, que conduce Norberto Di Próspero, montó una guardia mínima de personal para permitir el funcionamiento del Congreso. Por los cortes de calles y las complicaciones para acceder al Parlamento, el diputado del MID, Eduardo Falcone llegó en bicicleta a la Cámara Baja.
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Los puntos de la norma
La reforma redefine el esquema indemnizatorio, se mantiene la indemnización por despido sin causa, pero establece que se tomará como base únicamente la mejor remuneración mensual, normal y habitual, y excluye conceptos como aguinaldo, premios o adicionales extraordinarios.
Se crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que deberá integrarse con aportes obligatorios de los empleadores: 1% de las contribuciones patronales en grandes empresas y 2,5% en mipymes. El fondo será inembargable y estará bajo supervisión de la Comisión Nacional de Valores (CNV). Según el proyecto, funcionará como respaldo para el pago de indemnizaciones. La ANSES dejará de recibir esos ingresos.
También se habilita el pago de sentencias judiciales en cuotas: hasta seis meses para grandes empresas y hasta 12 para pequeñas y medianas.
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