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La CIDH propuso visitar la Argentina ante las acusaciones por agresiones a la prensa y limitaciones a la libertad de expresión

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El debate sobre la libertad de expresión en Argentina alcanzó un nuevo punto de tensión tras la audiencia temática celebrada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la Universidad de Miami. Durante más de dos horas, representantes de organizaciones de la sociedad civil, periodistas y fotógrafos expusieron ayer ante el organismo internacional un panorama que, aseguran, está marcado por el aumento de agresiones, hostigamiento y restricciones al ejercicio periodístico desde la asunción de Javier Milei como presidente. El Estado argentino, por su parte, rechazó los reclamos y negó la existencia de un deterioro estructural, atribuyendo los hechos denunciados a situaciones aisladas.

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La audiencia, concedida de manera unificada a partir de solicitudes encabezadas por el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), reunió a una amplia coalición de entidades como Amnistía Internacional, representaciones sindicales, y otras, junto a periodistas como Julia Mengolini, Hugo Alconada Mon y el fotógrafo Tomás Cuesta. El objetivo fue actualizar el diagnóstico sobre el ejercicio del periodismo en el país, en un contexto que ya había motivado advertencias en el informe 2024 de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.

Durante la exposición, Paula Moreno, presidenta de FOPEA, describió un “deterioro veloz y pronunciado del clima para el ejercicio periodístico”, citando tres hechos centrales: el aumento inédito de agresiones, especialmente violencia digital y hostigamiento desde las máximas autoridades; el uso de acciones judiciales para intimidar a periodistas; y la violencia física contra la prensa durante manifestaciones. Según los datos del Monitoreo de Libertad de Expresión de FOPEA, en 2024 se registraron 179 casos de ataques, lo que representa un incremento del 53% respecto a 2023 y del 103% frente a 2022. En lo que va de 2025, la cifra ya alcanzó un récord de 257 casos, superando incluso el máximo histórico de 2013.

Moreno subrayó que el discurso gubernamental se caracteriza por el uso de “narrativas de odio y desinformación” como estrategia de confrontación. En ese sentido, citó la frase del presidente Milei, replicada por funcionarios y seguidores: “No odiamos lo suficiente a los periodistas”. El periodista Hugo Alconada Mon relató la persecución sufrida tras revelar un plan de la SIDE sobre espionaje interno, detallando intentos de hackeo y amenazas: “El objetivo de los ataques es intimidar y desalentar a quienes podrían investigar o publicar información sensible”, dijo Alconada Mon a la CIDH.

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El abogado Hugo Wortman Jofré, representante de Poder Ciudadano, advirtió sobre el uso de la justicia como herramienta de intimidación y mencionó las modificaciones a la Ley de Acceso a la Información Pública como un punto crítico. “El uso de la justicia crea un ambiente de miedo y desconcierto, forzando a los periodistas a evaluar muy detenidamente si profundizan o abandonan sus líneas de investigación“, afirmó Wortman Jofré ante la Comisión.

Por su parte, Claudio Jacquelin, vicepresidente de FOPEA, citó al ex editor de The Washington Post, Marty Baron: “La descalificación busca deshumanizar a los periodistas, convertirlos en objetos desechables”. Jacquelin denunció la inactividad institucional, recordando que la Comisión de Libertad de Expresión de Diputados no funciona desde hace más de un año, y advirtió que estas agresiones lesionan el derecho de la ciudadanía a estar informada.

Las organizaciones SiPreBA, FATPREN y ARGRA hablaron de una “normalización” del uso de máscaras de gas y los ataques directos de las fuerzas de seguridad, citando las graves heridas sufridas por el fotógrafo Pablo Grillo y el desmantelamiento de la agencia pública Télam. Amnistía Internacional y referentes como Julia Mengolini sumaron testimonios sobre campañas de odio amplificadas por el presidente y un ensañamiento particular contra las mujeres periodistas. Mengolini denunció: “El Presidente usa el poder del Estado para perseguir y silenciar con campañas de odio, para instalar enemigos y construir mentiras. Publicó en las redes cien mensajes en mi contra en cuatro días y usó el poder penal para perseguirme”.

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El fotógrafo Tomás Cuesta, de la Asociación de Reporteros Gráficos de la Argentina, relató el caso de Pablo Grillo, herido de gravedad por el impacto de un disparo de un gendarme durante la cobertura de una marcha de jubilados: “La granada que abrió su cabeza nos cambió a todos. Un mensaje directo para todos”.

El subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Baños

En representación del Estado nacional, el subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Julio Baños, rechazó la existencia de restricciones a la libertad de prensa y sostuvo que no se han tomado “medidas regresivas”. Baños afirmó que las denuncias de agresiones en marchas corresponden a “hechos aislados” y no a una persecución deliberada, y agregó: “El uso de la fuerza está regulado y la actividad periodística está protegida”. Además, cuestionó que las presentaciones de las organizaciones excedían el objeto de la audiencia y defendió la realización de conferencias de prensa y la respuesta a los pedidos de acceso a la información pública.

Y agregó: “Someternos o prestarnos a ese diálogo que el comisionado Ralón nos está invitando, pero para el cual, probablemente con alguno de los representantes de la sociedad civil tengamos que tener una hoja de ruta previa para que esto no se convierta en un juicio contradictorio, que, más allá de lo que nos recordaba la Secretaria Ejecutiva, es una audiencia temática”.

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“Si no derivamos de una audiencia temática a pretender poner de rodillas al Estado argentino defendiendo políticas de cualquier tinte que se trate. Y también tener en cuenta que a algunos puede no gustarles determinadas políticas que lleva adelante la gestión actual, lo que no significa que necesariamente tenga que salir a buscar la protección de la Comisión Interamericana, porque no están conculcados derechos humanos como se pretende hacer ver en forma masiva en la República Argentina. Solamente se defienden los derechos humanos en forma horizontal para todos los habitantes de la Nación”, consideró el funcionario del Gobierno.

La secretaria ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum Panszi, advirtió que no se trata de casos singulares, sino de una tendencia preocupante: “Todo hace parecer que hay un contexto de amenazas, criminalización a las personas periodistas o activistas de derechos humanos”, dijo Reneaum Panszi a la audiencia. El Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Pedro Vaca, subrayó: “Cuando un gobernante se dirige a la prensa lo hace desde una posición de poder y eso puede tener impactos. La voz de una autoridad no es una voz cualquiera. El sistema interamericano aspira a que la voz de toda autoridad no contribuya a la generación de riesgos para otras personas”.

El presidente de la CIDH, José Luis Caballero, remarcó la importancia de atender la situación de la libertad de expresión en Argentina y recordó los pronunciamientos previos del organismo. Caballero expresó el interés de la Comisión en realizar una visita formal al país para un seguimiento exhaustivo del tema: “Estamos interesados en hacer una visita”, afirmó, reivindicando los aportes históricos de Argentina en la construcción del sistema interamericano de derechos humanos.

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Durante la audiencia, la sociedad civil solicitó a la CIDH que monitoree el contexto represivo en Argentina, que exija al gobierno medidas para detener los ataques contra periodistas y voces críticas, y que ponga fin a la represión contra quienes se manifiestan y quienes cubren esas protestas. Además, se pidió una visita de la Comisión junto con la Relatoría de Libertad de Expresión al país.

FOPEA y Poder Ciudadano formalizaron ante la Comisión una serie de solicitudes concretas: la realización de una misión oficial del Relator Especial para la Libertad de Expresión, la elaboración de un informe exhaustivo de país, la derogación del Decreto 780/2024 por restringir la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública, la creación de un Observatorio Permanente sobre la situación de la libertad de expresión, el apoyo para activar el acuerdo vigente entre la Corte Interamericana y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y la elaboración de un protocolo que garantice el litigio sin costos económicos en casos de reclamos por acceso a la información pública.

El encuentro, que se desarrolló en la Universidad de Miami, estuvo marcado por la tensión y la preocupación de la CIDH ante el progresivo deterioro de la libertad de expresión en Argentina. La Comisión dejó abierta la posibilidad de una visita formal al país para profundizar el seguimiento de la situación.

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Primera jugada de Bullrich en el Senado: buscó impugnar a Capitanich y a Soria PJ para proteger a Villaverde

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La Comisión de Asuntos Constitucionales que se reunió para tratar los diplomas de los senadores electos comenzó trabada por un cruce de impugnaciones. La reunión programada para las 11 de la mañana tenía el foco principal en el pliego de la senadora electa por LLA Río Negro, Lorena Villaverde, que tenía una impugnación del PJ de esa provincia.

En ese contexto, los libertarios contraatacaron y, 15 minutos antes de que empezara la comisión, ingresaron dos impugnaciones contra dos senadores electos: Martín Soria (Río Negro) y Jorge Capitanich (Chaco); en ambos casos, por causas relacionadas a sus roles y manejos de fondos como funcionarios provinciales.

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Fuentes parlamentarias aseguraron que fue la ministra de Seguridad y futura presidente del bloque de LLA del Senado, Patricia Bullrich, quien ingresó en mesa de entradas las impugnaciones libertarias contra los legisladores del justicialismo.

En lo que fue la primera jugada de Bullrich como líder del bloque libertario en la Cámara Alta, la futura senadora buscó igualar el caso de Lorena Villarruel, quien fue detenida por la compra de droga en los EEUU y tiene relaciones con el extraditado por causas de lavado y narcotráfico, Fred Machado.

José Luis Espert y Lorena Villaverde

La comisión comenzó sin que esas impugnaciones hayan sido giradas, por lo que había un rechazo de parte de la presidenta de la misma, Alejandra Vigo, quien se negó a tratarlas. Los libertarios insistieron con su tratamiento y desde el peronismo señalaron que todo eso era “una medida dilatoria. Como Soria impugna a Villaverde, ellos impugnan a Soria. Es increíble”, dijo el formoseño.

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Los senadores quedaron enfrascados en una discusión reglamentaria en la que el libertario Juan Carlos Pagotto citó fallos de la Corte Suprema y Mayans y preguntó por el número de expedientes para dejar en claro que no cumplían con los requisitos necesarios.

En el caso de Soria, el apoderado del Partido La Libertad Avanza en Río Negro presentó una impugnación fundamentada en la existencia de causas judiciales iniciadas durante su gestión como intendente de General Roca, aunque formalmente estaban cerradas en algunos casos, “Exhiben una falta de idoneidad moral y ética que, de acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Nacional, inhabilitarían a Soria para ejercer el cargo».

El documento cita también una serie de investigaciones periodísticas y sostiene que el actuar de Soria afectó el orden público electoral.

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En el caso de Capitanich, la presentación la realizó Rafael David Serfaty, segundo suplente como candidato a diputado nacional por el Partido La Libertad Avanza, fundamentando “la existencia de causas judiciales abiertas contra Capitanich por delitos como fraude a la administración pública, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y vínculos con el Clan Sena“, recientemente condenados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski.

En ambos casos, los representantes de La Libertad Avanza señalaron que “si la Comisión de Asuntos Constitucionales está considerando analizar la “capacidad moral” de Villaverde para asumir su banca como senadora electa, resulta necesario que se aplique el mismo criterio” con ambos senadores peronistas.

Martin Soria - Tratamiento en particular ley de bases (Gustavo Gavotti)

La presentación generó malestar hasta en legisladores cercanos al oficialismo. “Si decimos por un lado que el que las hace las paga, y ahora impugnan a otros senadores, estamos en un problema. Si aprobábamos ficha limpia esta senadora no podría ni haber sido candidata”, dijo el senador Juan Carlos Romero, un hombre que suele votar acompañando al oficialismo y que planteó una fuerte diferencia entre Villaverde y el resto.

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“No podemos tener gente con esa ficha, con esa red de contactos”, apuntó, con lo que pareció adelantar su rechazo al pliego de la senadora electa por La Libertad Avanza “Una cosa es tener amigos, tener lobby, y otra cosa es tener vínculos con el bajo mundo”, agregó.

Lo mismo sucedió con el senador radical Pablo Blanco, quien ya había adelantado su rechazo al diploma de Villaverde, e hizo referencia a que “hay una forma para hacer las presentaciones, el resto cumplió con ese proceso”.

Finalmente, una hora más tarde, la comisión avanzó con el tratamiento de los diplomas de los 24 senadores electos, incluyendo las tres impugnaciones.

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La reacción de CFK tras las nuevas restricciones: “Molestó que hablemos de un modelo económico nacional de crecimiento”

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La ex presidenta Cristina Kirchner salió a responder tras la decisión de la Justicia de imponer nuevas medidas para el régimen de visitas mientras cumple con el arresto domiciliario para cumplir con la condena de la Causa Vialidad. Con críticas al “bestiario mediático”, la líder política justificó el encuentro que tuvo en los últimos días con nueve economistas en su casa de San José 1.111.

«No es la foto… es la Economía estúpido. El bestiario mediático se lanzó una vez más al ataque. ¿El motivo? Una foto mía, en San José 1111, junto a nueve jóvenes economistas que, en representación de más de 80 profesionales, me presentaron consideraciones y propuestas sobre un Modelo Económico Nacional de crecimiento productivo y federal para el Siglo XXI», comenzó la publicación que compartió a través de redes sociales.

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Y continuó: “¿Y? ¿Cuál es el problema? ¿Los economistas no estaban autorizados? Sí, claro que estaban autorizados. No recibo a nadie sin previa autorización del Tribunal. ¿Entonces? ¿Cuál es el problema? El bestiario mediático, en modo vociferante, dijo que eran ‘muchas personas’ y que, además, estaba ‘haciendo política’“.

La respuesta de la dos veces presidenta llegó tras conocerse una resolución del juez del Tribunal Oral Federal 2, Jorge Gorini, quien advirtió que no estaba autorizada la visita “simultánea” de los nueve economistas, sino de manera individual.

Justamente, el último lunes, CFK recibió en su casa a Anastasia Daicich, Jorge Carrera, Valentina Castro, Emiliano Estrada, Cristina Kirchner, Martín Pollera, Mercedes D’Alessandro, Juan Pablo Futten, Fernando Ausas y Pablo Manzanelli.

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“En el Día del Militante, recibimos en San José 1111 a un grupo de economistas que en representación de más de 80 profesionales me entregaron y presentaron consideraciones y propuestas sobre un modelo económico nacional de crecimiento productivo y federal para el siglo XXI”, destacó Fernández de Kirchner en X.

En ese sentido, ahora la ex mandataria remarcó otras cumbres con grupos grandes de personas a las que recibió en su domicilio ubicado en el barrio porteño de Constitución, citando fechas y compartiendo las imágenes. “¡Pero si el 26 de septiembre recibí a 7 personas con publicación de foto!… Seis de ellos dirigentes de la FES y la UES… ¡Y ese mismo día recibí, con foto también, a los seis candidatos a legisladores de Fuerza Patria por CABA!“, expresó.

La foto con candidatos peronistas, en una de las publicaciones que remarcó la ex presidenta

“La verdad de la milanesa es que lo que parece que molestó no fue ni el “número de personas”, ni que estaba “haciendo política” (¿hay acaso algo más político que reunirse con candidatos antes de una elección?). Lo que molestó de verdad al bestiario mediático, a sus patrones económicos y al Gobierno de Milei… es que hablamos de un Modelo Económico Nacional de crecimiento productivo y federal para el Siglo XXI en una Argentina que, desde el 10 de diciembre del 2023 a la fecha y bajo el gobierno y las políticas de Milei, no deja de destruir empresas y puestos de trabajo», apuntó.

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Y, con críticas a la política económica del Gobierno, siguió: “Entre noviembre del 2023 y agosto de este año desaparecieron, literalmente, 19.164 empresas; a razón de casi 30 por día. En ese mismo período de tiempo se destruyeron 276.624 puestos de trabajo registrados en unidades productivas. Es decir: más de 432 hombres y mujeres perdieron su trabajo cada día durante lo que va del gobierno de Milei”.

Hasta el Gobierno peronista más flojo, que además fue atravesado por una pandemia global sin precedentes… tuvo mejores resultados que esta catástrofe de Milei, en materia de puestos de trabajo y sostenimiento de empresas», enfatizó.

Cristina Kirchner tendrá más restricciones para recibir visitas mientras cumple con el arresto domiciliario (RS Fotos)

En tanto, completó: “Y ojo… porque esto de “bajar la inflación” (hasta ahí nomás porque hoy sigue siendo más alta que a fines del 2015) con brutal recesión, destrucción de puestos de trabajo, dólar anclado y salarios congelados… más que de “economista experto en crecimiento con o sin dinero”… Es de aprendiz de carnicero (con todo mi respeto a ese noble oficio)“.

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De acuerdo a lo que señaló la Justicia, CFK no podrá recibir este tipo de visitas ajenas a su núcleo cercano por más de dos horas. Además, desde ahora “deberá requerirse autorización individual, expresa y previa, acompañando una motivación concreta y detallada de la necesidad del ingreso, como así también la fecha y hora en la que se prevé su realización”, consigna la resolución a la que accedió Infobae.

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Renunció Javier Cardini, el funcionario de Economía que quedó salpicado por las denuncias de coimas en ANDIS

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El subsecretario de Gestión Productiva, Javier Cardini, presentó su renuncia al cargo en el Ministerio de Economía, después de que su nombre quedara apareciera involucrado en la causa que investiga un supuesto circuito de coimas en la Administración Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Cardini era funcionario y pareja de Ornella Calvete, quien también era directora del Palacio de Hacienda, a quien se le encontró 700 mil dólares en efectivo y una suma no determinada de dinero en otras monedas, en su departamento en una de las torres del exclusivo barrio de Puerto Madero.

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La pareja convivía y sus nombres aparecieron en las escuchas de la causa ANDIS, que instruyó el fiscal Franco Picardi y que ordenó el juez federal Sebastián Casanello. La investigación se inició por el audio del ex titular del organismo de Discapacidad, Diego Spagnuolo.

Sin embargo, a partir de ese audio obtenido de manera clandestina y difundido por los medios, la causa avanzó con allanamientos, declaración de testigos e imputados y una serie de escuchas a los principales involucrados en la trama de supuestos negocios ilegales con las prestaciones y medicamentos que compraba ese organismo.

Según pudo confirmar Infobae, el ahora ex subsecretario presentó su dimisión el jueves a la noche, en medio de la difusión de los detalles de la investigación que se plasmaron en el dictamen de Picardi.

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La escucha que salpica a Cardini

En el expediente que elaboró el fiscal Picardi se reproduce una de las escuchas realizadas al teléfono de Miguel Ángel Calvete, en las que aparece el nombre de Javier Cardini. En la transcripción aparecen Lorena Di Giorno, ex funcionaria de ANDIS que participaba del circuito presuntamente ilegal; y Guadalupe Muñoz, pareja de Calvete. Allí aparece el nombre del “novio de Ornella”.

“Esta conversación se da el mismo 9 de octubre de 2025, fecha en la que se llevaron a cabo los allanamientos en múltiples domicilios, entre ellos en uno de los domicilios vinculados a Miguel Ángel Calvete en calle Defensa. A continuación, transcribiré aquellas conversaciones de especial interés para la pesquisa, y en particular para abordar la participación de Lorena Di Giorno en los hechos investigados”, indica el informe al que accedió Infobae.

Y agrega: “Ese mismo día, a las 18:31 horas, Miguel Ángel Calvete -desde la línea 11675…- vuelve a llamar a Lorena Di Giorno y se produce el siguiente intercambio:

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MAC: “Está bien las facturas, el pago lo vemos. Fijate si podés llamar a

Paula, sabes cual es el tema que necesito el teléfono de Javier, del novio de Ornella [hija de

Miguel Ángel Calvete].”

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LDG: “Bueno, entonces yo le digo a coso que me de el teléfono de coso.”

MAC: “O que vaya Guada ahí a Quartier a ver a Ornella.”

LDG: “¿Qué hago de las dos cosas? Decime. Vos querés el teléfono de Javier.

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Listo”

MAC: “Las dos, yo para hablar con Ornella para ver cómo está ese tema.”

LDG: “¿Y si se lo pido a Yami?”

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MAC: “A ver si Yami lo tiene, ya le dije a Guada que haga eso. Hacé primero

eso. Escúchame, a coki ¿qué fueron a la casa de coki, y nada más, se llevaron el teléfono?”

LDG: “Sí, todo. Solo de ella.”

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MAC: “Pero de documentación no tiene un carajo”

LDG: “Nada. Es más, los demás teléfonos los dejaron.”

MAC: “Pasame con Guada”

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MAC: S, amor. Ahí estamos viendo qué allanamientos hubo y que no. Pero

ahí figura Roche, todas las empresas grandes”

GM: “Sí, todas las empresas. Lo que pasa que nadie quedó, nadie pasó nada,

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lo único que vos…”

MAC: “Sí, por ese tema. Ya está. Vamos para adelante.”

GM: “Ahora te veo en un ratito. Te amo”

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