POLITICA
El Gobierno ya tiene los borradores de las reformas laboral y educativa: las reuniones finales y la presentación

Mientras continúa con las negociaciones por el Presupuesto 2026, el Gobierno ya tiene los borradores de las reformas laboral y educativa que enviará en los próximos días al Congreso y que espera aprobar durante las sesiones extraordinarias a las que convocará para el verano.
Las dos medidas están siendo analizadas por los integrantes del Consejo de Mayo, que ya tienen en sus manos versiones avanzadas de los proyectos y están acordando los últimos detalles entre ellos antes de volverse a reunir.
En este sentido, el grupo ya fue convocado a un nuevo encuentro en la Casa Rosada para el próximo 27 de noviembre, que esta vez será encabezado por el flamante jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Hasta el momento, las jornadas de debate fueron lideradas por quien ocupó ese cargo hasta octubre, Guillermo Francos, pero tras la salida del funcionario, el organismo pasó a estar en manos del ex vocero.

El equipo está compuesto, además, por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, por el Ejecutivo; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, por las provincias firmantes del Pacto de Mayo; la senadora nacional, Carolina Losada, por la Cámara Alta; el diputado nacional, Cristian Ritondo, por la Cámara Baja; el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, por los sindicatos; y el presidente de la UIA, Martín Rappallini, por el empresariado.
Si bien recientemente circularon algunas versiones de lo que sería la reforma laboral -una de ellas es una antigua iniciativa de la legisladora libertaria Romina Diez que no se va a utilizar-, todavía no hay un texto consensuado.
Sin embargo, Infobae pudo confirmar que ya hay un borrador avanzado sobre el cual Sturzenegger está trabajando junto al resto de los miembros del Consejo.
“Tenemos la base, estamos compartiendo entre nosotros diferentes versiones de cada tema, pero no se pueden difundir, aunque algunas ya se filtraron”, lamentó uno de los referentes del grupo.
En el mismo, estaban tomando forma distintas medidas, como transformar algunos aspectos de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), los regímenes especiales y los procedimientos judiciales.
Tal como anticipó este medio, la idea es modernizar los criterios de registración, organización de la jornada, vacaciones, beneficios sociales, licencias por enfermedad, indemnizaciones y regulación de actividades consideradas esenciales, entre otros puntos.
En este tema estuvo colaborando el equipo de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que tiene esta área bajo su mando, pero no forma parte del Consejo de Mayo, por lo que se limitó a acercar iniciativas.
Los cambios no afectarían al empleo público, el trabajo agrario, el régimen de casas particulares, los vínculos comerciales regidos por el Código Civil y Comercial y a los servicios personales de transporte, reparto y mensajería mediante plataformas tecnológicas.

A pesar de que estas serían las medidas con mayor consenso dentro del grupo multisectorial, los borradores todavía están bajo análisis y las autoridades nacionales intentan que no se difundan sus contenidos.
“Nuestro silencio respecto a esto tiene una razón de ser: todo lo que se filtra, no está acordado. Por lo que no hay nada confirmado todavía. Estamos trabajando todos los temas al mismo tiempo”, remarcó otro de los integrantes del Consejo.
No obstante, Infobae pudo saber que, en cuanto a la reforma educativa, una de las propuestas que se pusieron sobre la mesa es, por ejemplo, la derogación de algunos aspectos de la ley N° 26.206, lo que traería novedades tanto para el nivel inicial, como para el primario y el secundario.
De esta manera, entre otras cuestiones, los establecimientos van a poder establecer sus propios planes de estudio, mientras que las familias tendrían la posibilidad de elegir que los menos aprendan en sus casas, en los colegios o de manera híbrida.
“No hay nada consensuado todavía ni nada oficial como se dijo. Hay propuestas, pero aun muchas de ellas no fueron puestas a discusión”, explicó a Infobae una fuente al tanto de las conversaciones.
Actualmente, el artículo 85 de la Ley de Educación Nacional indica que es el Ministerio de Educación -hoy Secretaría- en acuerdo con el Consejo Federal de Educación, del que participan todas las provincias, los que definen “estructuras y contenidos curriculares comunes y núcleos de aprendizaje prioritarios en todos los niveles y años de la escolaridad obligatoria”.

Además, son los que establecen “mecanismos de renovación periódica total o parcial de dichos contenidos curriculares comunes” y los que llevan adelante “procesos de innovación y experimentación educativa”.
La nueva norma, anticipada también por este medio, tiene 136 artículos y también habilita a las familias a elegir la educación en el hogar (el “home schooling”), como así también una alternativa híbrida que combine instancias presenciales y virtuales, o bien a distancia.
Asimismo, autoriza a las provincias a ofrecer “enseñanza religiosa confesional” en los establecimientos públicos, pero siempre de manera optativa para los alumnos y fuera del horario curricular.
Por otra parte, también se buscará declarar la “esencialidad” de la educación básica, una iniciativa con la que el Gobierno viene insistiendo desde el comienzo de la gestión para limitar el accionar de los gremios docentes y garantizar el servicio, incluso ante una medida de fuerza.
La del próximo jueves sería la última reunión del Consejo de Mayo, que tiene previsto entregar el informe final el 15 de diciembre con los resultados del trabajo para que, posteriormente, el Poder Ejecutivo envíe los proyectos correspondientes al Congreso, que para ese momento ya tendrá su nueva composición.
Los 10 puntos sobre los que se manejó el grupo fueron: la inviolabilidad de la propiedad privada; el equilibrio fiscal innegociable; la reducción del gasto público; la educación con alfabetización plena y sin abandono escolar; la reforma tributaria; la rediscusión de la coparticipación federal; la explotación de los recursos naturales del país; la reforma laboral moderna; la reforma previsional, y una apertura al comercio internacional.
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POLITICA
En línea con Estados Unidos, el Gobierno no acompañó el documento final del G20 en Johannesburgo

El Gobierno de Javier Milei decidió no respaldar el documento final presentado en la Cumbre de Líderes del G20 en Johannesburgo, alegando “diferencias sustantivas” en las consideraciones geopolíticas de la declaración y una consecuente quiebra a “las reglas del consenso que rigen el funcionamiento” de la cumbre.
A través de un comunicado publicado esta mañana, la Cancillería expresó su desacuerdo con la aprobación de una declaración sin el aval de todos los miembros, señalando que la medida fue adoptada tras varios días de negociaciones sin el acompañamiento de Argentina y otros Estados.
Según argumentaron, la omisión de la norma central del consenso contradice el mandato principal del G20, orientado a la coordinación global para la estabilidad financiera y el crecimiento económico.
La administración argentina también marcó disconformidad con la forma en la que el documento abordó al conflicto de Medio Oriente, diferenciándose por su “enfoque parcial” que “omite el contexto regional y las causas estructurales subyacentes del conflicto, elementos indispensables para el avance de un proceso de paz genuino, sostenible y equilibrado”.
De esta manera, será la primera vez en la historia del G20 que el documento que se acuerda con todos los miembros de la cumbre termine sin una firma consensuada por todas las partes.
El histórico boicot a la cumbre ya se había advertido con el anuncio de Milei de no viajar a Sudáfrica. Esta respondió a la misma decisión que había comunicado semanas atrás el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En los últimos días, la Casa Blanca había rechazado tajantemente las referencias al “cambio climático” en el borrador de la declaración. También había sido objeto de crítica la agenda del país anfitrión de promover la solidaridad y ayudar a las naciones en desarrollo a la transición hacia la energía limpia y a la reducción de los costos de deuda.
“Estamos haciendo causa con Estados Unidos”, indicó a Infobae una altísima fuente de la Presidencia para justificar la jugada.
La Cumbre de Líderes comenzó este sábado y se extenderá hasta mañana. La delegación argentina está presidida por el canciller Pablo Quirno, quien habló hoy ante los jefes de Estado allí presentes.
En su discurso, Quirno afirmó que la solidaridad, la igualdad y la sostenibilidad solo pueden tener éxito en un sistema global basado en reglas claras, disciplina fiscal y respeto a la propiedad privada.
“Hemos señalado las líneas rojas identificadas (…) con el objetivo de apoyar las metas más amplias del G20. Esas líneas rojas siguen vigentes”, afirmó ante el plenario Quirno. “Nos preocupa profundamente la forma en que ciertos asuntos geopolíticos están planteados en el documento. En particular, aborda el prolongado conflicto en Oriente Medio de un modo que no capta toda su complejidad”, señaló.
Se trató de la única voz disonante en el G20 porque, a diferencia de Argentina, la Casa Blanca no envió a un solo funcionario a Johannesburgo. Es por eso que ante ese discurso, el vicesecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, felicitó en redes al canciller argentino por la justificación argentina para no acompañar la declaración final. “Gracias Ministro Quirno por su clara articulación y defensa de los principios que permiten que la prosperidad y la dignidad humana florezcan”, publicó en su cuenta de X.

Con esta decisión, Milei abroquela aún más su vínculo con la administración de Donald Trump, quien decidió boicotear el encuentro al asegurar que los afrikáners (los sudafricanos blancos descendientes de colonos neerlandeseses) “están siendo asesinados y masacrados” y que sus tierras están siendo “confiscadas ilegalmente” en Sudáfrica. Esto generó una fortísima tensión con sus pares de Pretoria. Si bien el argentino acompañó la decisión de no ir, no utilizó en público esos argumentos como para no asistir.
El portavoz del presidente sudafricano, Vincent Magwenya, marcó sorpresa por la postura argentina dado que “el sherpa argentino [Federico Pinedo] ha estado aquí bastante tiempo. Ha participado en varias reuniones, así que resulta un poco sorprendente que Argentina no estuviera presente cuando los sherpas consideraron que habían llegado a un acuerdo. Una vez que lo hicieron, solo faltaba que los líderes en la cumbre ratificaran su acuerdo. Eso ocurrió”, explicó.
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En línea con EE.UU., la Argentina rechazó el documento final de la cumbre del G20 de Sudáfrica

La Argentina volvió a alinearse con Estados Unidos y decidió no acompañar el documento final que circuló durante la Cumbre de Líderes del G20 (grupo de países desarrollados y emergentes) en Johannesburgo. La postura del Gobierno marcó un fuerte contraste con el resto de los países y dejó en claro el malestar por la forma en que se resolvió la declaración.
Según explicaron desde Cancillería, la decisión argentina respondió “al quiebre de las reglas de consenso que rigen el funcionamiento del G20, así como a diferencias sustantivas en las consideraciones geopolíticas contenidas en el texto″.
Para el país, preservar el consenso es clave para la legitimidad de las decisiones que se toman en el foro.
Después de varios días de negociaciones, la delegación argentina lamentó que se haya dado por aprobada una declaración “sin el consenso de todos los miembros del foro, incluida la Argentina entre otros».
“Esta decisión omite una norma central del G20″, remarcaron, y recordaron que el mandato principal del grupo es la coordinación global de políticas para la estabilidad financiera y el crecimiento económico, “siempre sobre la base del consenso”.
El conflicto en Medio Oriente, otro punto de quiebre
En el comunicado oficial, la Argentina también se diferenció del enfoque que el documento final adoptó sobre el conflicto en Medio Oriente. El Gobierno consideró que el texto tiene una mirada parcial y que «omite el contexto regional y las causas estructurales» del conflicto, elementos que considera indispensables para avanzar hacia un “proceso de paz genuino, sostenible y equilibrado”.
EE.UU. decidió rechazar el comunicado final del G20
En otra muestra de alineamiento, Javier Milei ya había decidido acompañar a Trump en la decisión de no asistir a la cumbre en Johannesburgo y en su lugar envió al nuevo canciller Pablo Quirno.
Días atrás, Donald Trump anticipó el rechazo de EE.UU.. “Las prioridades de Sudáfrica en el G20 son contrarias a la postura política de Estados Unidos, y no podemos apoyar el consenso sobre ningún documento negociado bajo su Presidencia”, esgrime una carta con sello a la que tuvo acceso TN, enviada por la embajada norteamericana en Pretoria al Departamento de Relaciones Internacionales de Sudáfrica.
Trump ya había anunciado que él no participaría, como tampoco lo haría ningún representante de su gobierno.
La posición de la Casa Blanca responde al marcado rechazo a los organismos multilaterales desde el regreso de Trump y a las fuertes acusaciones contra el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, por el supuesto “genocidio blanco” que el propio magnate le achacó durante una visita en el Salón Oval en mayo de este año.
Qué es el G20
Fundado en 1999, el G20 es un foro integrado por 19 países -Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Francia, Alemania, India, Indonesia, Italia, Japón, Corea del Sur, México, Rusia, Arabia Saudí, Sudáfrica, Turquía, Reino Unido y Estados Unidos-, además de dos organismos regionales: la Unión Europea y la Unión Africana. Representan el 85% del PBI mundial y aproximadamente dos tercios de la población del planeta.
Javier Milei, G20, Cancillería
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Causa Cuadernos: el financista Ernesto Clarens reveló que recaudaba USD 300 mil por semana por orden de Néstor Kirchner

La confesión de Ernesto Clarens durante el juicio de los Cuadernos arrojó luz sobre el funcionamiento interno de una de las tramas de recaudación ilegal más complejas de la historia reciente argentina. En la tercera audiencia del juicio oral, se leyeron los fragmentos más significativos de su declaración como imputado colaborador, en la que describió con precisión su papel en el circuito de sobornos vinculados a la obra pública durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. “Yo me ocupaba por cambiar los pesos por dólares”, se escuchó en la audiencia, en referencia a su rol central en la conversión y traslado de fondos.
Cristina Kirchner está procesada como supuesta jefa de asociación ilícita y cohecho y es juzgada junto a De Vido, Baratta y otros 83 acusados.
La exposición de Clarens, un hombre cercano a Lázaro Báez, se realizó en una audiencia virtual en la que la expresidenta no estuvo presente durante las cuatro horas que duró la sesión. El relato comenzó con un episodio de mediados de 2005, cuando Carlos Wagner, entonces presidente de la Cámara de la Construcción, lo convocó a una reunión en la sede de la Cámara Argentina de Empresas Viales (conocida como la “Camarita”). Allí, según Clarens, Wagner le informó que el Gobierno nacional había decidido obtener fondos de la obra pública mediante una operatoria que requería su intervención para recibir pagos de constructoras en concepto de aportes o retornos, y que debía asegurarse de que esos fondos llegaran al secretario de Obras Públicas, José López, o a quien él indicara.
Clarens explicó que fue elegido para esa función porque era conocido como el financista de Báez. Tras recibir la instrucción de Wagner, verificó la operatoria con López y Báez, quienes le facilitaron el contacto de Daniel Muñoz, secretario privado de Néstor Kirchner. Muñoz le indicaba los lugares de encuentro para la entrega de dinero, que variaban según el monto a transferir.
El mecanismo, según la confesión, se desarrollaba de la siguiente manera: representantes de las empresas constructoras —en muchos casos los propios titulares, gerentes financieros o contadores— acudían a la oficina de Clarens, primero en Maipú 311 y luego en Manuela Sáenz 323, ambas en la ciudad de Buenos Aires. En ocasiones, era el propio Clarens quien se desplazaba a las sedes de las empresas. Entre los enviados habituales mencionó a Collazo por HELPORT, Santiago Altieri por IECSA, Eduardo Kennel por CHEDIACK, Losi en persona, Tito Biaggini por CARTELLONE, Copola por ESUCO, Aznar por DECAVIAL y Gerbi por COARCO. Clarens subrayó que, en la mayoría de los casos, los titulares de las firmas participaban directamente en la entrega.

Algunas empresas, como CPC de Cristóbal López y Electroingeniería, tenían una relación directa con el poder y no entregaban la recaudación a Clarens. El sistema, instaurado por orden de Néstor Kirchner, consistía en que los representantes de la Camarita dejaban sumas en pesos junto con una anotación detallando el monto cobrado y el concepto. El valor de cada entrega rondaba los USD 300.000 y se realizaba semanalmente. Con el tiempo, los montos disminuyeron porque las empresas tenían dificultades para reunir el dinero, ya que la Dirección Nacional de Vialidad demoraba los pagos de los certificados de obra. El porcentaje habitual de la recaudación era el 10% de lo cobrado, aunque en ocasiones se entregaban sumas menores por los retrasos en los pagos oficiales.
Clarens detalló que su función principal era cambiar los pesos recibidos por dólares en el mercado informal, obteniendo una comisión que constituía su ganancia en negro. Para ello, recurría a un corredor llamado Vallarino, operando en “cuevas” financieras y, en ocasiones, a través de la mesa de dinero del Banco Finansur, que actuaba como intermediario con casas de cambio.
En una etapa posterior, Daniel Muñoz le solicitó que procurara euros en billetes de quinientos, por su menor volumen físico. Las entregas de dinero a Muñoz se realizaban en el Hotel Panamericano, donde el secretario tenía una habitación, o en el edificio de Juncal y Uruguay, residencia del matrimonio Kirchner, especialmente cuando se trataba de sumas importantes. Clarens precisó que nunca accedió al departamento, sino que Muñoz lo recibía en el hall de la planta baja.
La Camarita entregaba mensualmente a Clarens un listado con las obras licitadas, que incluía datos como la fecha, número de licitación, obra, presupuesto oficial, empresa adjudicataria, monto ofertado y porcentaje de sobreprecio. Un segundo listado correspondía al ranking de las empresas cartelizadas. La licitación preveía un adelanto financiero del veinte por ciento del total de la obra, del cual se exigía a la empresa la entrega de la mitad en una sola vez. Si el anticipo era del diez por ciento, se solicitaba ese monto en cuotas. Clarens aclaró que nunca participó en la selección de las empresas adjudicatarias.
En su declaración, Clarens relató un pedido específico de Cristina Kirchner: tras la muerte de Néstor Kirchner, la entonces presidenta ordenó que se adjudicara una obra en el sur a Cristóbal López, concretamente el tramo Perito Moreno – Bajo Caracoles de la Ruta 40. Aunque la licitación ya se había abierto, José López le encomendó a Clarens que contactara a todos los compradores del pliego para informarles que la obra estaba destinada a López y que debían desistir o acompañar. Finalmente, la adjudicación recayó en Cristóbal López.
Sobre el funcionamiento de la Camarita, Clarens describió que, tras la convocatoria a licitación de Vialidad Nacional, los interesados en los pliegos eran citados a la sede de la cámara. Allí, se resolvían los “pases” entre empresas, es decir, se negociaba la renuncia a determinadas obras en función de turnos y acuerdos previos. El proceso se reducía progresivamente hasta que quedaban pocas empresas, que en ocasiones se asociaban en UTE. La jornada de negociación se extendía desde las diez hasta las dieciocho horas.
Una vez definido el ganador, se discutía el precio a ofertar, que siempre superaba el presupuesto oficial en torno al 20%. De ese sobreprecio, la mitad se destinaba a coimas y la otra mitad a la generación de dinero negro. Clarens señaló que, aunque los presupuestos oficiales eran correctos en líneas generales, las ofertas y los adicionales posteriores incrementaban los valores, y sobre estos adicionales también se cobraban sobornos, aunque él no participaba en esa recaudación. Tras la muerte de Néstor Kirchner, Wagner y López le informaron que la recaudación se había discontinuado. Clarens estimó que el dinero movilizado en este esquema rondó los USD 30 millones.

En otro tramo de su confesión, Clarens relató que, después del fallecimiento de Néstor Kirchner, Cristina Kirchner buscó salvar a la constructora GOTTI, absorbida por Lázaro Báez. Por orden de la presidenta, José López le pidió a Clarens que apoyara a GOTTI, que debía operar como subcontratista de empresas con obras adjudicadas, aportando su capacidad de construcción y equipos. Dado que GOTTI tenía sus cuentas cerradas, Clarens gestionó la cobranza y se celebró un convenio de gestión financiera entre GOTTI y COFICRED. Posteriormente, GOTTI fue adquirida por ROVELLA, interesada en su capacidad operativa y equipamiento, con el objetivo de ingresar en la Patagonia.
Consultado sobre el motivo por el cual Cristina Kirchner quería salvar a GOTTI, Clarens respondió que lo desconocía, aunque sugirió que podría tratarse de una promesa pendiente de Néstor Kirchner a la empresa. Describió la situación de Sergio Gotti como desesperada, con la sociedad en bancarrota y abandonada por Báez, lo que habría motivado un pedido urgente a la presidenta.
Durante 2012 y 2013, Clarens afirmó que José López le comunicó que algunas empresas aportarían dinero para la campaña del kirchnerismo. Mencionó específicamente a ESUCO, CARTELLONE, LOSI, CHEDIACK y ROGGIO como firmas que entregaron fondos con ese fin. Tras cambiar el dinero a dólares, Clarens entregaba la recaudación directamente a López en un departamento cercano al Hotel Faena en Puerto Madero.
La demanda de fondos continuó durante el gobierno de Cristina Kirchner. En 2014 y 2015, Clarens preguntó a López por la razón de la persistencia de los pedidos, y este le respondió que había recibido un reclamo de Hebe de Bonafini por el programa Sueños Compartidos, y que necesitaba 70 millones de pesos para entregarlos a un estudio de abogados de la provincia de Mendoza. Clarens precisó que la recaudación total en este contexto ascendió a aproximadamente USD 30 millones, y que la efectuaba para José López.
Clarens corroboró un dato aportado por el propio ex secretario de Obras Públicas: “José López preparaba el listado del pago de Vialidad con Cristina, siendo que ella estaba al tanto de quienes cobraban primero”.
En la parte final de su declaración, Clarens reveló que Muñoz le había contado que el dinero en efectivo se almacenaba en archivos metálicos dentro de una bóveda en el subsuelo de la casa del matrimonio Kirchner en El Calafate, donde se percibía un fuerte olor a tinta. Muñoz le explicó que el dinero se transportaba los viernes en aviones oficiales que partían del sector militar de Aeroparque y aterrizaban en Río Gallegos o en El Calafate, siendo este último el destino final de los fondos.
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