“A medida que China inunda los mercados globales con sus productos, gana cuotas dominantes en mercados clave, engullendo a los competidores extranjeros y propulsándolo a una espiral descendente de desindustrialización”.

Tal una frase resaltada en uno de los recientes informes de la Comisión de Revisión Económica y de Seguridad del Congreso de EEUU sobre las relaciones con China, de los que dio informó Infobae y que dan cuenta no solo de la preocupación de Washington respecto de la relación bilateral con Beijing sino también del desafío chino a nivel mundial y en mercados particulares, como el argentino, en los que en lo que va del siglo XXI el gigante asiático ganó influencia y porciones cada vez más grandes de mercado. Y lo hizo con herramientas que EEUU impugna expresamente: subsidios, participación de empresas estatales políticamente orientadas, violación de propiedad intelectual y hasta uso de trabajo forzado o mano de obra semi-esclava, como suele suceder en la pesca marítima.

El “acuerdo marco” sobre comercio e inversiones con la Argentina que la Casa Blanca dio a conocer hace diez días, incluye compromisos explícitos sobre patentabilidad, el pleno cumplimiento de “las obligaciones del Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca de la Organización Mundial del Comercio (OMC)”, el de “abordar posibles distorsiones creadas por empresas estatales” y también “resolver subsidios industriales que puedan afectar la relación comercial bilateral”.

Además, cita la intención expresa de “facilitar la inversión y el comercio de minerales críticos” y la “prohibición de la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso u obligatorio”, amén de “reforzar la aplicación de las leyes laborales”.

Todas estas provisiones apuntan directamente a la competencia de EEUU con China en el mercado argentino.

El informe de la Comisión bicameral (6 senadores y 6 representatives o diputados) y bipartidaria (6 legisladores republicanos y 6 demócratas) tiene un título inequívoco (Made in China) y un capítulo específico (China shock) sobre el “impacto chino” en EEUU y terceros mercados.

De hecho, Julio Sevares, economista y miembro del Grupo de Trabajo sobre China del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), precisó en Infobae que China explica el 30% de la manufactura mundial y cuotas aún mayores en sectores como acero, industria química, paneles solares y vehículos eléctricos.

El reporte del Congreso de EEUU afirma que la exportación china de su exceso de producción “está socavando a los competidores global y ganando cuotas de mercado en cadenas de valor, desde commodities a bienes intermedios y finales”. Así, explica, “China confina a los mercados emergentes a eslabones menores de la cadena de valor”. En buena medida, explica, eso se debe a la participación de entidades y empresas estatales, políticamente orientadas, subsidiadas por el Estado chino.

Un gráfico al respecto precisa que mientras en 2014 el porcentaje de “entidades” chinas que operaban a pérdida (ergo, subsidiadas) no llegaba al 12% del total, en 2024 la proporción rozaba el 23 por ciento.

“Las exportaciones industriales y la inversión directa china en sectores industriales de mercados emergentes, dice el informe, profundizan la dependencia de esos países y presentan desafíos, pues los funcionarios chinos son cada vez más reacios a permitir transferencia de tecnología, limitando el beneficio al país anfitrión y profundizando la dependencia de la provisión de partes chinas, además de ser utilizados como base para triangulaciones con propósitos de evasión tarifaria”, dice un pasaje.

El resultado de esas prácticas es el sistemático aumento del superávit comercial chino, tanto a bilateral como global. Otro gráfico del informe muestra que el promedio móvil de exportaciones anuales de China al resto del mundo aumentó de unos 2,3 billones (millones de millones) de dólares a principios de 2016 a cerca de USD 3,7 billones en agosto de este año, contra importaciones chinas cercanas a los USD 2 billones, que dejan un superávit de unos USD 1,2 billones en doce meses.

Un fenómeno similar se observa en el ntercambio de la Argentina con la potencia asiática. Si bien en octubre el déficit bilateral fue menor al de meses previos, en lo que va del año el rojo fue de USD 7.266 millones, más negativo que el saldo bilateral con Brasil (USD 5.434 millones) y que con la Unión Europea (USD 1.864 millones). En igual período Argentina obtuvo superávits con Chile (USD 4.605 millones), India (3.305 millones) y EEUU (748 millones).

Si se excluye a China del cálculo de los primeros diez meses, el superávit comercial argentino es 106% superior, aunque octubre atenuó el desbalance, por el fortísimo aumento (1.512% anual) de las ventas de soja al gigante asiático, que se llevó la parte de león de los cargamentos de poroto durante las 72 horas que duró la eliminación de retenciones, en gran medida vía el propio trader chino, Cofco. Beijng profundizó así la la política de comprar la materia prima (el poroto) y limitar las de harina y aceite de soja, pues prioriza el procesamiento en su territorio.

El perfil del comercio bilateral argentino con China coincide con el informe del Congreso de EEUU, en particular con el pasaje que describe el Impacto Chino, en el que -dice- “la sobreproducción en industrias clave del sector manufacturero altamente subsidiado se expande hacia el exterior, causando un daño importante a las industrias de otros países (…) enormes subsidios estatales y otras distorsiones para impulsar la producción, dependencia de los mercados extranjeros para absorber el exceso de oferta y una atención mínima a la persistente y estructuralmente débil demanda interna”.

En los mercados emergentes, resalta el informe norteamericano, “el aumento de las exportaciones chinas ya ha provocado pérdidas de empleo y cierres de fábricas”.

El impacto de los subsidios, visible en el aumento del porcentaje de “entidades chinas que operan a pérdida” aparece también en la pesca, en que ONGs, a menudo financiadas desde EEUU, denuncian un accionar depredador de la enorme flota de pesca china que, aunque en apariencia privada, se debe a que es subsidiada (combustible, recursos logísticos) por el estado y usa mano de obra semiesclava. En septiembre pasado entró en vigor el Acuerdo de la OMC contra los subsidios a la pesca, una de las cartas para limitar la flota china “de pesca de aguas distantes”.

La cuestión de los “trabajos forzados” también aparece, y vinculada a otro tema sensible, la violación de marcas y propiedad intelectual, en otro informe de la Comisión Bicameral que estudia el accionar de China.

Se trata de un estudio sobre las plataformas chinas Shein y Temu, que Juan Martín de la Serna, presidente de Mercado Libre en la Argentina, pidió semanas atrás regular tras afirmar que el mercado local “se abrió indiscriminadamente”. Según el ejecutivo, esas plataformas generan una “competencia desigual” que afecta en especial a las pymes, que a su vez “representan cerca del 90% del volumen de ventas de Mercado Libre.

Azuzado por el senador Miguel Pichetto, a posteriori, Marcos Galperin, cofundador de Mercado Libre, relativizó los dichos de De la Serna, tal vez porque las objeciones de EEUU a los “subsidios” también pueden apuntar a las exenciones fiscales que el Estado argentino brinda por la “Ley de Economía del Conocimiento” y que, según un informe que en agosto brindó el entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en lo que va del gobierno de Javier Milei, sumaron más de $370.000 millones.

Concretamente, el informe del Congreso cita un informe del Tesoro de EEUU que estimó que a través del régimen de “De minimis” que minimiza controles y exime de aranceles a envíos desde el exterior inferiores a los USD 800, Shein y Temu ya habían hacia 2023 evitado pagar unos USD 10.000 millones anuales. Sucede, explica el informe, que mientras el régimen “De minimis” de EEUU fija un umbral de USD 800, el equivalente de Beijing (para envíos del exterior hacia China) es de apenas 7 dólares.

Los paquetes “De minimis” ingresados a EEUU y exentos de control y aranceles aumentaron de 410 millones en 2018 a más de 685 millones por año en 2022, la gran mayoría desde China. Según datos de la Aduana norteamericana, más de 10% de las ventas de China a EEUU llegaron ese año vía paquetes “De minimis”, contra apenas 1% en 2018. Los provenientes de China, agrega, eran ya 7 veces más numerosos que los que llegaban de Canadá, un país vecino con el que EEUU tiene históricos lazos familiares y culturales.

El informe del Congreso agrega que las plataformas chinas de bajo costo violan las leyes de Propiedad Intelectual y de Marcas. La violación de copyrights, dice el informe, “es una particular preocupación de artistas independientes cuyos diseños son usados por proveedores de Shein y de otras plataformas, y no disponen de recursos financieros y legales para defenderse”.

El aspecto más grave es la denuncia de que “Shein y otras firmas de moda rápida parecen estar abasteciéndose en violación de una ley de EEUU (la Uyghur Forced Labor Prevention) contra el uso de mano de obra forzada.

El informe cita una investigación de Bloomberg sobre el uso del algodón de la región de Xinjiang, donde se encuentra la etnia Uigur. Esa cuestión dice, es difícil de verificar a falta de tecnologías de monitoreo de origen y otras violaciones fuera del chequeo visual o por otros medios de la Aduana de EEUU.

Como reportó Infobae, la región de Xinjiang, al noroeste de China, es el principal centro de la minoría uigur, el mayor grupo musulmán de la zona, objeto desde hace más de una década de la represión de Beijing, que la responsabiliza de una serie de atentados y desde 2017 intensificó su control y persecución.

Informes occidentales basados en interpretaciones de documentos oficiales chinos, testigos de presuntas víctimas y extrapolaciones estadísticas dan cuenta de la existencia de“campos de reeducación política” con miradores, cámaras de seguridad y altos muros y líneas de alambrados, por donde pasaron al menos un millón de personas. EEUU calificó esas prácticas de “genocidio” y la ONU las consideró “posibles crímenes de lesa humanidad”.

Golpeada por una crisis productiva y económica sin precedentes, FADEA, la fábrica de aviones de Córdoba, llega a este cierre de 2025 con la pregunta abierta respecto de cuánto más podrá mantener su calidad de empresa activa. Por estos días, la estatal mantiene una deuda con la Fuerza Aérea del orden de los $3.800 millones, y también posee compromisos incumplidos con su cadena de proveedores local y extranjera del orden de los 18 millones de dólares. En paralelo, en este final de noviembre vence el cronograma de suspensiones rotativas de personal establecido, lo cual agiganta la posibilidad de que se pierdan 700 empleos. En este marco, una luz tenue volvió a aparecer al final del túnel: la posibilidad de fabricar una flota de aviones Pampa en sociedad con organismos y firmas militares mexicanas. El detalle está en que gran parte de la producción ocurriría directamente en tierras aztecas y con una transferencia de tecnología y secretos militares que alienta el recelo en las esferas castrenses argentinas.

La posibilidad de la alianza con México empezó a cobrar formar en septiembre de este año, momento en que representantes de FADEA, la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial (FAMIA) y la Secretaría de la Defensa de México (SEDENA) rubricaron un Memorando de Entendimiento (MOU) para avanzar con las conversaciones.

La propuesta que bajaron los mexicanos es desarrollar de manera compartida 24 aviones Pampa en una versión que se denominaría MX. La intención del aparato del país del norte es incorporar a la aeronave de entrenamiento y ataque ligero en sus misiones contra el crimen organizado.

La producción del Pampa pasaría a México

Un aspecto clave del acuerdo está en que la mayor parte de la fabricación no se llevaría a cabo en la Argentina, más allá de que se trata de un modelo y tecnología generada a nivel local.

Así, y según señalan fuentes mexicanas, el «montaje final e integración de equipos se realizará en México, incluso que el sistema de trenes de aterrizaje, la cúpula y algunos otros sistemas se fabriquen en Argentina, mientras que FADEA se encargará de la estructura y cableados».

México ya había mostrado interés por los Pampa en otras ocasiones: entre 2016 y 2017, hubo conversaciones orientadas a una eventual compra de aviones. El aparato militar de ese país siguió la evolución de la aeronave y sus distintas versiones sin perder interés en adquirir unidades.

De llegarse a un acuerdo exitoso, México tendría intenciones de sumar otros 12 Pampa que tendrían como destino ampliar la capacidad aérea de la Marina de ese país.

Plataformas especializadas como Full Aviación aportan más detalles: «De prosperar, México requerirá entre 40 a 60 plantas de poder para el potencial Pampa MX , razón por la cual Honeywell ya ha expresado que reabriría la producción del motor TFE 731-40-2N, situación que su vez favorecería por default a Argentina».

«Otro aspecto destacable es que la coproducción se haría bajo un concepto Buyer Furnished Equipment, donde sería la parte mexicana quien se encargaría de adquirir los materiales, sistemas y elementos requeridos para la producción del Pampa MX. Evitándose el recurrente problema argento de disponibilidad de dólares. Siendo el monto global estimado del acuerdo de más de 600 millones de dólares«, se añadió.

El inconveniente frente a esta posibilidad está en que, a diferencia de lo concretado por la administración que encabeza Claudia Sheinbaum en México, el área de Defensa del Gobierno argentino aún no se pronunció respecto de si avala o no este potencial contrato.

Precisamente, esa falta de señales de apoyo a la posibilidad reactiva las versiones de que La Libertad Avanza (LLA) apunta a cesar las actividades en FADEA para luego avanzar con una pronta privatización.

La fábrica de aviones, en su peor momento

Como expuso iProfesional recientemente, sendas comunicaciones internas develan que la compañía atraviesa un parate productivo agravado. Y que siguen sin rubricarse los contratos con la Fuerza Aérea que le acercarían cierto oxígeno económico. Mientras tanto, su plantel de operarios asiste a las instalaciones de la firma sólo tres días a la semana y FADEA posee una deuda multimillonaria con proveedores.

Hoy por hoy, según datos de fuentes cercanas a la empresa, la fábrica de aviones de Córdoba opera sólo a partir de los fondos que el Ministerio de Economía aporta de manera mensual. Este financiamiento, se señala en torno a FADEA, podría interrumpirse en cualquier momento dado que la firma depende de la cartera de Defensa, que en el último tiempo se ha mantenido reacia a incrementar el apoyo financiero a la estatal.

A la par de esa situación, el malestar dentro de FADEA se intensificó en los últimos días tras conocerse una carta firmada por Emilio Magnaghi, actual vicepresidente de la fábrica de aviones, donde se expone que la compañía prácticamente bordea el cierre.

En la misiva expuso que la fábrica de aviones ostenta un «patrimonio neto negativo» y padece una «liquidez operativa prácticamente nula».

La carta en cuestión, afirman fuentes cordobesas, fue dirigida a la Secretaría de Inversiones y Producción del Ministerio de Defensa. En el texto se subraya que las instalaciones en la provincia mediterránea atraviesan una «crisis terminal».

Por último, se señala que, por la ausencia de contratos con la Fuerza Aérea, hoy por hoy la formación de pilotos en FADEA se encuentra interrumpida, como así también las labores de producción y mantenimiento de unidades IA-63 Pampa y C-130 Hércules.

Los data centers, o centros de datos, son instalaciones que alojan equipos informáticos (servidores, racks, unidades de procesamiento) y toda la infraestructura que los sostiene: energía, refrigeración, conectividad, redundancia eléctrica, entre otros. Son el corazón de la infraestructura digital moderna, ya que permiten almacenar, procesar y transmitir los datos que operan las aplicaciones, la nube, los sistemas corporativos y, cada vez más, los modelos de inteligencia artificial (IA).

Durante años, estas instalaciones respondieron principalmente a demandas de almacenamiento, virtualización y servicios en la nube. Pero la aparición de la inteligencia artificial está transformando sus exigencias.

Hernán Neirotti, Regional Manager de Secure Power (división de Schneider Electric), dijo a Infobae que los centros de datos ya no solo alojan información, sino que están diseñados para soportar entornos de alta densidad computacional y energética para atender la demanda de la IA.

Neirotti también vincula esta transición al crecimiento del internet de las cosas y el Big Data, pero subraya que la principal impulsora es ahora la IA. “Es ni más ni menos que grandes volúmenes de datos … muy muy grandes por los cuales se entrenan modelos de IA”, afirma. Al entrenar un modelo -ya sea en medicina, historia o cualquier otro campo-, se utilizan bases de datos enormes con información e imágenes. Esa tarea exige una capacidad de cómputo y almacenamiento considerable.

El consumo de energía y la generación de calor representan retos fundamentales. “El consumo de energía es altísimo. Ese consumo trae aparejado que se eleven los niveles de temperatura en la sala blanca”, explicó Neirotti, refiriéndose al espacio donde se instalan los equipos críticos.

La refrigeración para mantener estos ambientes demanda a su vez más energía, aumentando el costo operativo.

Para afrontar este escenario, muchas instalaciones adoptan sistemas de refrigeración líquida avanzados. Antes de la pandemia, un rack típico requería 25 kW, pero en Estados Unidos y Europa ya existen racks que superan los 100 kW, asociados especialmente al uso de GPU, esenciales para inteligencia artificial. “Todo lo que es IA va asociado a GPU. El principal desarrollador es Nvidia”, puntualizó Neirotti.

Esta realidad exige infraestructuras más flexibles. Según Neirotti, “hoy los data centers están entrenados para tener más flexibilidad y entregar más energía cuando es necesaria”. La capacidad de escalar dinámicamente se vuelve fundamental, sobre todo para entrenar modelos de IA y responder a demandas fluctuantes.

Modernizar centros existentes implica adaptaciones profundas, ya que su diseño original no contemplaba el salto energético y térmico actual. Los operadores deben invertir en nuevos generadores, sistemas eléctricos y soluciones de respaldo.

El desarrollo de data centers pensados para IA en Argentina enfrenta varios obstáculos. Uno de los principales es el espacio y la ubicación.

“Un cliente de Argentina está adaptando su data center y no puede ampliarlo más, porque está en medio de CABA. Tuvieron que comprar casas linderas para que su proveedor de energía entregue más energía”, relató Neirotti. La limitación de espacio y de acceso a más potencia representa una barrera significativa.

Mientras algunos centros lograron expandirse, otros enfrentan dificultades físicas y regulatorias. En países avanzados, existen zonas especialmente diseñadas para la instalación de estas infraestructuras. En Argentina, la falta de estos polígonos limita el crecimiento. Además, migrar de unos pocos kW por rack a decenas implica actualizar generadores, tableros eléctricos y ampliar el espacio disponible.

Otro desafío clave es la fuente de energía. Las telcos están construyendo diferentes salas: algunas estándar, otras de mayor densidad y otras especialmente diseñadas para IA. Para sostener esta demanda creciente, muchos clientes buscan energía renovable. Neirotti señala que algunas demandas provienen directamente de grandes empresas tecnológicas, que alientan el uso de fuentes limpias.

En términos de costos, la infraestructura crítica de un data center -sin contar el equipamiento informático- tiene un precio elevado. Según Neirotti, “por cada megawatt de potencia se deben invertir USD 2 millones”: se refiere a la inversión para tableros, generadores, módulos de energía y refrigeración, entre otros, excluyendo servidores y racks.

También hay una apuesta de largo plazo: en Argentina hay condiciones para desarrollar data centers sostenibles. “Tiene territorio, tiene conexión a cable submarino de internet relativamente simple”, apunta el experto.

Se ha hablado incluso de data centers en la Patagonia, aprovechando el potencial de generación renovable y las conexiones de fibra. Pero también, advierte, es necesaria una regulación clara: “Se requieren regulaciones económicas y de impuestos que sean claras. Estas inversiones son de mediano y largo plazo”.

Neirotti menciona además la carencia de una cámara o asociación de data centers en el país. A su juicio, “no hay un organismo que reúna a todos. Falta una agrupación que vaya por un marco regulatorio que sirva y permita el crecimiento.

La mano de obra es otro punto sensible. Adaptar y operar data centers para IA exige perfiles especializados: ingenieros, diseñadores, técnicos en refrigeración por líquido, mantenimiento de sistemas de alta potencia. “Hay que entrenar a la gente en tecnologías nuevas”, afirma Hernán Neirotti.

“No se buscan plazos de amortización de 15 o 20 años … se buscan plazos mucho más cortos, porque los data centers están basados en tecnología que se va desarrollando”, cuenta el especialista.

Un ejemplo ilustrativo es el streaming: al ver una película online, los datos pueden estar alojados localmente para asegurar calidad, rapidez y seguridad. Las aplicaciones críticas y los modelos de IA requieren infraestructura de alto rendimiento.

Este potencial posiciona a Argentina como candidato para convertirse en un hub regional que combine energía limpia y capacidad computacional avanzada.

En octubre de 2025, OpenAI anunció una alianza con Sur Energy, empresa argentina dedicada a energía limpia, para la construcción de un mega data center para IA en la Patagonia. El proyecto se denomina Stargate Argentina, y la inversión estimada alcanza los USD 25.000 millones y prevé una capacidad de hasta 500 megavatios, lo que lo convertiría en uno de los principales del continente.

El nodo planeado tendría una capacidad de hasta 500 megavatios, lo que lo convertiría en uno de los centros de datos más grandes de América Latina. Sur Energy aportaría la infraestructura energética y de construcción, mientras que OpenAI actuaría como offtaker, es decir, comprador de la potencia computacional generada.

OpenAI resaltó el potencial de Argentina para albergar este proyecto y el compromiso con “fuentes de energía limpias y seguras”. Emiliano Kargieman, cofundador de Sur Energy y de Satellogic, detalló que la iniciativa involucra a bancos internacionales, fondos de inversión y un operador global de nube. “El alineamiento con Estados Unidos ayuda mucho a la inversión”, observó Kargieman sobre el contexto geopolítico favorable.

El anuncio generó también preguntas sobre el posible impacto ambiental. Kargieman afirmó que trabajan para garantizar una provisión de energía renovable y que la infraestructura será sostenible.

Sam Altman, CEO de OpenAI, destacó que el proyecto “va más allá de la infraestructura” y busca “poner la inteligencia artificial en manos de la gente de toda la Argentina”. Altman rindió homenaje a Mat Travizano, empresario argentino que impulsó la idea y falleció recientemente: “No estaríamos haciendo este anuncio sin sus esfuerzos. La visión de Mat era sobre el impacto”, expresó Altman.

El Gobierno respalda la iniciativa, y Sur Energy gestionará su integración al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), accediendo así a beneficios fiscales.

Para Neirotti, la oportunidad es clara: la Patagonia podría recibir data centers altamente exigentes y aprovechar su capacidad de generación de energía limpia y su conectividad. Pero para que eso ocurra, se necesitan regulaciones claras, recursos humanos calificados y una planificación estratégica a largo plazo.

Según Kargieman, el financiamiento no será un freno: mencionó que están armando un esquema con bancos internacionales y fondos, y que la inversión inicial (entre 7.000 y 10.000 millones de dólares) será para la construcción de la infraestructura básica.

Sin embargo, ya emergieron cuestionamientos ecológicos. Kargieman aseguró que la sustentabilidad es prioritaria, aunque se aguardan más precisiones sobre la implementación de estas tecnologías limpias.