El Gobierno activa gestiones para llevar al Congreso en abril el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO), uno de los compromisos incluidos en el acuerdo comercial con los Estados Unidos. Según pudo saber TN, el Ejecutivo busca avanzar en la votación en la Cámara de Diputados en medio de diferencias internas sobre el encuadre legislativo y de presiones del sector farmacéutico.

La decisión responde a la necesidad de destrabar uno de los capítulos más sensibles del entendimiento bilateral con Washington. En la Casa Rosada sostienen que el frente de propiedad intelectual es el más complejo del acuerdo y reconocen que la discusión se aceleró en las últimas semanas por los plazos de implementación comprometidos con la administración estadounidense.

La trastienda expone también diferencias internas sobre el tratado. En un sector de Balcarce 50 aseguran que el expediente que obtuvo media sanción del Senado en 1998 quedó “obsoleto” frente al nuevo escenario y a los compromisos asumidos en el acuerdo con Estados Unidos. En otro espacio interno sostienen, en cambio, que ese antecedente parlamentario sigue vigente y que lo central pasa por empujar su tratamiento en Diputados sin reabrir toda la ingeniería legislativa.

El tratado habilita un sistema internacional administrado por la WIPO que permite centralizar la presentación de solicitudes de patente con efectos en múltiples jurisdicciones. La adhesión quedó incorporada como una de las señales que el oficialismo busca mostrar en el plano comercial e institucional frente a la Casa Blanca.

El movimiento se inscribe además en la estrategia de alineamiento que Javier Milei profundizó con los Estados Unidos desde el inicio de su gestión. El Gobierno ya avanzó por vía administrativa en capítulos del acuerdo que no requerían ley inmediata, como el reconocimiento de certificaciones y la eliminación de algunas barreras no arancelarias.

El Ejecutivo ya empezó a mover fichas en el plano regulatorio local. La última señal fue la resolución 75/2026 del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI), que actualizó los aranceles del organismo y creó la Unidad de Medida Arancelaria de la Propiedad Industrial (UMAPI), que comenzará a aplicarse desde mayo con ajustes mensuales atados al IPC.

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La medida se complementa con la reciente eliminación de las restricciones de 2012 sobre patentabilidad farmacéutica que guiaban el examen de patentabilidad de invenciones químico-farmacéuticas. El organismo deberá ahora resolver caso por caso según la Ley 24.481, sin quedar atado a ese filtro previo más específico.

En la Casa Rosada advierten que el frente interno más delicado está puesto en los laboratorios. Los internacionales empujan la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), mientras que los laboratorios locales resisten por el posible impacto sobre la competencia, los genéricos y el mercado interno. Esa tensión cruza la mesa política de Balcarce 50, donde conviven sectores más alineados con la agenda externa de Estados Unidos y otros que plantean dudas sobre el costo político y económico de avanzar sin reparos.

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Una investigación periodística reveló que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, adquirió un departamento en el barrio de Caballito por 230 mil dólares mediante una hipoteca no bancaria contraída con las vendedoras del inmueble.

Según el Registro de la Propiedad Inmueble, las acreedoras del crédito de 200.000 dólares son dos jubiladas, Beatriz Viegas y Claudia Sbabo. Sin embargo, al ser consultadas por Clarín sobre el vínculo con el funcionario, Viegas respondió: “No, la verdad que no”, negando también haberle cedido dinero, mientras que desde el entorno de Sbabo afirmaron: “No, ni idea de esas cosas”.

La operación, realizada en noviembre del año pasado, despertó sospechas en el diputado Esteban Paulón debido al “desfasaje entre los valores de mercado del inmueble y los que pagó el ministro coordinador”.

El legislador señaló que el funcionario abonó aproximadamente 1.155 dólares el metro cuadrado, casi la mitad del valor de mercado tasado entre 300 y 350 mil dólares. Paulón planteó que la situación “parecería una intermediación ya pautada por el breve lapso de tiempo que estas mujeres la tuvieron en su poder antes de venderla a Adorni”, tras haber pertenecido previamente a un exfutbolista.

Este incremento patrimonial se suma a la escrituración de una casa en el country Indio Cuá a nombre de la esposa de Adorni, Bettina Angeletti, por la que paga expensas de casi 700 mil pesos.

El fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo investigan el caso, considerando que la hipoteca representa el 87% del valor de la vivienda de la calle Miró. Sobre la capacidad financiera del vocero, el diputado denunciante cuestionó que “con su salario no sabemos cómo hará para pagar las cuotas”, en un contexto donde las supuestas prestamistas niegan conocer al titular de la propiedad.

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El Gobierno nacional oficializó la creación del Registro Integrado de Beneficiarios de Políticas Sociales (RIB), dependiente del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, con el objetivo de consolidar y armonizar los datos de quienes reciben prestaciones o servicios sociales en todo el territorio nacional.

La medida se hizo efectiva esta madrugada, mediante la publicación de la resolución 23/2026 del Minsiterio de Capital Humano en el Boletín Oficial. La decisión se apoya en la necesidad de contar con una única base administrativa que permita identificar con precisión a las personas que efectivamente acceden a beneficios sociales, así como las características y atributos específicos de cada caso.

De acuerdo con lo dispuesto, el registro funcionará en el marco del Sistema Integrado de Información Social (SIIS), bajo la gestión del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, que tendrá a su cargo la administración, resguardo y actualización de la base de datos.

El SIIS, creado en septiembre de 2024 por resolución del Ministerio de Capital Humano, actúa como repositorio central de bases de datos para la integración e interoperabilidad de información proveniente de distintas áreas del Estado. El Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales es responsable de la custodia y cruce de datos, así como de la elaboración de estadísticas y la evaluación de políticas públicas basadas en evidencia.

La resolución que dio origen al RIB establece que el gasto para su implementación será cubierto por las partidas presupuestarias del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. Se dispuso además la intervención de la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación y archivo correspondiente.

Desde el Gobierno, alegaron que la implementación del RIB permitirá contar con un panorama actualizado y preciso de la cobertura de las políticas sociales, facilitando la gestión de la inversión pública y la evaluación del impacto de las intervenciones.

En la práctica, el RIB integrará y consolida información que antes se encontraba fragmentada en distintas dependencias del Estado. De este modo, se busca evitar duplicidades, superposiciones y vacíos de datos, asegurando la integridad y trazabilidad de la información oficial. Según lo dispuesto, el registro se nutrirá exclusivamente de datos provistos por los organismos competentes y será administrado bajo estrictos estándares de seguridad y confidencialidad.

El establecimiento de este registro responde a la necesidad de fortalecer la transparencia y la trazabilidad de las políticas sociales, así como de mejorar la coordinación interinstitucional.

A principios de marzo, la minsitra de Capital Humano, Sandra Pettovello, afirmó que “no existen los planes sociales”; por el contrario sostuvo que se trata de prestaciones de la seguridad social y programas con reglas y objetivos diferentes.

“Técnicamente, no existen los planes sociales. Es una expresión coloquial que mezcla cosas distintas y genera confusión. No es lo mismo un programa social que una prestación de la seguridad social. Las jubilaciones y las pensiones son derechos establecidos por ley, se otorgan automáticamente a quienes cumplen los requisitos”, dijo la ministra en un video publicado en redes sociales.

“No dependen de cupos, no dependen de intermediarios, no son discrecionales, eso no es un plan, es seguridad social. Los programas sociales son otra cosa, son herramientas política pública focalizada. Tienen objetivos concretos, reglas de acceso, condicionalidades y evaluación de resultados. Y si no funcionan, se modifican o se cierran”, aseguró.

“En diciembre de 2023, la Asignación Universal por Hijo (AUH), con su complemento alimentario, cubría apenas el 54% de la canasta básica alimentaria. Hoy, cubre cerca del 100%. Eso no es expandir asistencia. Es recomponer el poder adquisitivo para combatir la indigencia y la pobreza extrema. Corregimos una inconsistencia del sistema. No aumentó la cantidad de programas sociales. No aumentó la cantidad de personas asistida”, agregó.

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