El Consejo Superior del Trabajo (CST) de El Salvador confirmó que avanza en la elaboración del anteproyecto legal para facilitar la transición de la economía informal, que representa 70% de la fuerza laboral, a la formalidad.

El ministro de Trabajo y presidente del CST, Rolando Castro, informó este domingo, a través de su cuenta en X que: “El Consejo Superior del Trabajo avanza firmemente en la elaboración del anteproyecto sobre la transición de la economía informal a la formalidad. Estamos afinando la parte legal para firmarlo como CST y remitirlo al Presidente para su análisis”.

Actualmente, el organismo concentra sus esfuerzos en perfeccionar el marco legal de la propuesta, con el objetivo de firmarla en el seno del CST y transmitirla al Presidente de la República para su estudio. Este anuncio ocurre en el marco de las acciones permanentes del Consejo encaminadas a la formalización laboral y a la mejora de las condiciones de empleo en El Salvador.

El Consejo Superior del Trabajo, conformado por representantes del gobierno, trabajadores y empleadores, ha subrayado en los últimos meses su énfasis en el diálogo social y la cooperación intersectorial para impulsar propuestas orientadas a la formalización del empleo y al fortalecimiento del mercado laboral salvadoreño. En comunicados recientes, el CST ha afirmado que prioriza acciones para responder a las demandas de la población trabajadora y consolidar un mercado laboral más inclusivo.

La economía informal representa cerca del 70% de la fuerza laboral en El Salvador, según datos de organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Este dato exhibe la dimensión de la iniciativa liderada por Castro y el CST.

El CST se instaló el 27 de agosto de 2025 y en este ámbito tripartito se han comenzado a definir mecanismos y acuerdos con la participación de representantes de empleadores y trabajadores, así como con el aporte de expertos. El objetivo central es incentivar la regularización de actividades económicas mediante incentivos tangibles y regulaciones adaptadas a la realidad de los emprendedores.

En ese sentido, el año pasado, Castro anunció una propuesta para exonerar temporalmente de impuestos a pequeños negocios que decidan salir de la informalidad, con el fin de facilitar su crecimiento y promover la formalización del trabajo en El Salvador.

“En la propuesta vamos a plantear al Presidente Bukele una exoneración en el momento transicional que se dé para que las personas no tributen un periodo de tiempo, mientras se estabilizan económicamente. Tenemos aproximadamente un 68 % de economía informal en El Salvador, planeamos hacer una prueba piloto con una cantidad muy significativa que transite y luego cuenten cómo les está yendo, también una estrategia de gradualidad”, indicó el funcionario en septiembre pasado.

Pero en diciembre actualizó esos datos y afirmó que entre el 73% Y EL 74% de las empresas en el país operan en la informalidad. En esa oportunidad, el CST explicó que un micronegocio requiere un aproximado de $1,000 para hacer el trámite de inscripción para formalizar su empresa, por lo que implicaba un escollo para muchos microempresarios.

“Estamos trabajando este tema con aportes de expertos nacionales e internacionales. Nosotros tenemos la Unidad de Investigación del Mercado Laboral, con técnicos de los empleadores y trabajadores”, subrayó Castro el año pasado, respecto al avance del proyecto que deberán presentar a Casa Presidencial.

La reciente recategorización de oficio de monotributistas por parte del sistema Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) generó inquietud y consultas masivas en el sector tributario. El foco está puesto en qué movimientos detectó el fisco nacional y cuáles parámetros se activaron para disparar miles de notificaciones. Y el eje del debate gira en torno a los regímenes de información, los umbrales de ingresos y la manera en que las billeteras virtuales informan los movimientos de sus usuarios.

El tributarista Sebastián Domínguez explicó que existen dos regímenes de información distintos, cada uno con sus normas y alcances. El primero corresponde al denominado “Título I” de la Resolución General 4614/2019, que establece la obligación de informar comisiones que cobraron con servicios de gestión de pago electrónico. En este grupo se encuentran las ventas realizadas a través de terminales tipo posnet y los pagos con tarjetas de crédito, débito, compras, links de pago y sistemas QR. Según Domínguez, en estos casos, las entidades informan las comisiones cobradas y las ventas correspondientes a cada usuario.

Por otro lado, el “Título II” abarca un régimen diferente, en el que se deben informar todos los ingresos, egresos y saldos finales al cierre de cada mes, siempre que se cumpla alguna de las tres condiciones clave: ingresos totales iguales o superiores a $50 millones, egresos que alcancen o superen ese mismo monto, o que el saldo final supere el umbral de $50 millones. Estas exigencias aplican únicamente para personas humanas. Domínguez detalló que si ninguna de estas variables supera el piso establecido, no se informa ningún dato adicional. Pero si uno solo de los parámetros se activa, corresponde informar los tres conceptos: ingresos, egresos y saldo final, siempre mes a mes.

Es decir, las billeteras, bancos, tarjetas y otros sujetos obligados ya no informan consumos o saldos debajo de los $50 millones, pero si informan los cobros que hicieron para sus clientes.

La mecánica de estos regímenes cobra relevancia en el contexto de las recategorizaciones de oficio que el fisco realiza mediante controles sistémicos. Según el tributarista, ARCA puede utilizar toda la información que posee en sus sistemas, pero aclaró que en esta oportunidad fue por la información que recibió por el “Titulo I”. Así, las ventas procesadas a través de medios electrónicos —como tarjetas o links de pago— entran en el radar del fisco por el título uno, mientras que transferencias, movimientos por alias o CBU integran el marco del título dos, que, según la interpretación vigente, no se utiliza para recategorizar en estos controles actuales.

La gerente de Lisicki, Litvin & Abelovich, Noelia Girardi, precisó que la Resolución General 4614/2019 establece una diferenciación entre el Título I y el Título II, regulando situaciones y alcances claramente distintos. El límite de $50 millones mensuales para personas humanas —y $30 millones para personas jurídicas— rige exclusivamente para el Título II, que se aplica a los proveedores de servicios de pago (PSP) encargados de administrar cuentas virtuales y billeteras. Ese umbral define a partir de qué montos los usuarios deben ser informados por su saldo, ingresos y egresos totales. Si no se superan esos montos, la información no se reporta bajo ese título.

En cambio, el “Título I” no contempla ningún umbral mínimo. Girardi señaló que este régimen aborda los servicios de procesamiento de pagos electrónicos y comprende a las plataformas que gestionan cobros comerciales mediante tarjeta, débito o QR. Aquí, lo que se reporta es el monto total operado por cada contribuyente y las comisiones cobradas, en directa vinculación con la actividad económica del sujeto. La especialista remarcó que, si una persona cobra tan solo $1 a través de un QR comercial, esa operación ya se encuadra en el Título I y puede ser informada a ARCA, sin importar lo bajo del monto. Lo relevante es la naturaleza del movimiento: si se trata de un cobro comercial procesado electrónicamente, queda abarcado por ese régimen.

Girardi advirtió que, en la práctica, se identificaron casos de contribuyentes que aseguran no haber realizado cobros con tarjeta, débito o QR comercial y, de todos modos, figuran con un monto informado bajo ese encuadre. Esto podría deberse a una incorrecta calificación del movimiento por parte de la plataforma o a una interpretación que asimila transferencias a cobros comerciales. La gerente de Lisicki, Litvin & Abelovich sostuvo que resulta esencial analizar cada situación en particular y verificar qué tipo de operación se reportó efectivamente. En todas las notificaciones revisadas figuraba el Título I, vinculado a QR, y remarcó que es correcto que ese régimen no tenga tope, aunque la mayoría de los monotributistas afirman no operar con QR ni cobran con tarjeta y aún así fueron recategorizados.

Tambien Domínguez advirtió sobre posibles errores en el procesamiento de la información por parte de las billeteras virtuales. Señaló que algunas plataformas podrían haber informado operaciones que no corresponden al Título I, “no por desconocimiento, sino muchas veces por el procesamiento de la información”, dado el volumen de datos involucrados. En este sentido, mencionó que pueden existir problemas en la preparación de los reportes que se entregan a la AFIP para cumplir con los regímenes de información, lo que podría derivar en errores de categorización.

Y otra fuente en off the record apuntó en el mismo sentido. “Aparentemente las plataformas informaron transferencias y movimientos del ‘Título II’ como si fueran del I. Y de ahí las recategorizaciones que se dispararon. Se reunieron con las plataformas para ver qué pasó y como lo pueden arreglar a futuro”, confirmó a Infobae. Este dato refuerza la hipótesis sobre la confusión al informar operaciones, que habría provocado que muchos monotributistas reciban recategorizaciones automáticas que no se ajustan a su verdadera situación fiscal.

Ante este escenario, el tributarista recomendó a monotributistas y comercios revisar cuidadosamente la información sobre cobros (o lo que es lo mismo, los pagos que les hicieron sus clientes) en sus billeteras virtuales, cuentas bancarias y otros medios de pago para saber con qué información cuenta el fisco. El sistema cruza los datos informados de todo el período fiscal 2025, por lo que resulta clave detectar posibles errores en los reportes y, de ser necesario, solicitar la rectificación de las presentaciones. La verificación de los reportes es especialmente relevante para quienes recibieron notificaciones de recategorización, dado que los controles automáticos se sustentan en esas bases de datos.

El procedimiento ante una notificación de recategorización exige a los monotributistas presentar un recurso dentro de los quince días hábiles administrativos. De no hacerlo, la recategorización queda firme y, aunque AFIP puede reevaluar la situación si se aportan datos nuevos, no existe garantía de que el organismo lo haga de manera espontánea. Por este motivo, Domínguez subrayó la importancia de apelar en los casos pertinentes, para evitar que quede consolidada una recategorización basada en datos incorrectos.

La revisión de los datos presentados y la presentación de recursos en tiempo y forma se posicionan como los mecanismos disponibles para quienes consideran que la recategorización realizada por ARCA no refleja su realidad fiscal. El cruce de información, la automatización de los controles y la interpretación de los regímenes continúan alimentando el debate en el universo de los monotributistas y profesionales del ámbito tributario.

La indumentaria en Argentina ha sido históricamente un tema de discusión por la tensión que genera entre los costos para producir y los precios para consumir. No ha sido extraño ver argentinos cruzar la cordillera para comprar ropa, aprovechar unas vacaciones en el exterior para abastecer el armario o, más recientemente, recurrir a la importación directa a través de plataformas digitales, en su mayoría asiáticas.

El debate vuelve a tomar fuerza por un cambio en el contexto: luego de años de restricciones, una mayor apertura comercial y diferentes medidas económicas dejaron al sector expuesto a la competencia externa.

Como punto de partida, se toman datos elaborados por Focus Market, que comparan cuánto cuesta vestir a dos personas (un hombre y una mujer) en 2026 en Argentina frente a países seleccionados, medido en dólares. Para ampliar el análisis, se retoman los datos relevados en 2024 y se reconstruye la evolución de la misma canasta a lo largo de dos años.

La canasta de indumentaria utilizada incluye, para el hombre, una camiseta estampada, jeans de moda, zapatillas urbanas y un perfume de 100 ml EDT; y para la mujer, una blusa o camisa informal, bermuda o short, sandalias, un perfume de 50 ml EDP y un bolso o cartera.

En 2024, el conjunto de prendas y calzado considerado costaba USD 1.049 en Argentina. En 2026, ese mismo conjunto pasó a USD 936, una disminución del 10,8%. Este descenso se explica principalmente por la apreciación del dólar respecto al peso y por una mayor competencia de la ropa importada.

En el resto de los países los precios se incrementaron: en Chile un 31,3%, Brasil 24,3%, Uruguay 19,6% y en Paraguay 10,1%. Así, vestirse en Argentina sigue costando más (en dólares), pero la distancia respecto de los países vecinos es menor a la de hace dos años, con brechas reducidas en hasta 70 puntos porcentuales, como ocurre respecto a Chile.

La pregunta relevante es por qué se achicó la brecha y allí se abren distintas aristas del debate. El consumidor busca precios razonables y el productor busca evitar quebrar:

• Desde la demanda, la lógica es simple: se comparan los precios y se compra donde el dinero rinda más.
• Del lado de la oferta, se explica que los precios locales responden a la estructura de costos, la carga impositiva, los costos laborales y la litigiosidad, las dificultades de financiamiento y otros factores que afectan la competitividad.

Es conveniente en este punto evitar la lectura de “buenos y malos”, porque ambos agentes describen restricciones reales. No explica el problema por sí solo reducir la discusión a que la apertura comercial es la causa.

La indumentaria era cara con medidas proteccionistas y el sector ya mostraba fragilidades previas. La apertura contribuyó a acelerar tensiones, pero no inventa de cero un esquema de precios altos ni una estructura productiva vulnerable.

El comportamiento de los precios en dólares no se explica únicamente por lo que ocurrió dentro del sector, sino también por la dinámica cambiaria regional. Durante el período considerado, en Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay, las monedas locales se apreciaron respecto al dólar, mientras que en Argentina el peso se depreció. Esta diferencia es relevante porque, cuando una moneda se aprecia, los precios expresados en moneda local se traducen a un valor mayor en dólares, aun cuando la inflación interna sea moderada.

Parte del aumento en dólares observado en los países vecinos se debió menos a un salto de precios y más a un tipo de cambio que se movió a favor de sus monedas. Al mismo tiempo, la caída en dólares de la canasta argentina se vio influida por una dinámica inversa y por el efecto de la competencia importada.

Una fuerte señal de la debilidad estructural del sector se observa en los indicadores del nivel de actividad industrial. Según la última publicación disponible de Indec que refleja la utilización de la capacidad instalada, el rubro “Productos textiles” opera a menos de un tercio de su potencial. En noviembre de 2024, el uso de la capacidad instalada era de 48,2%. En el mismo mes de 2025 cayó a 29,2%. Es un desplome de casi 19 puntos porcentuales interanuales.

Cuando una industria trabaja tan por debajo de su capacidad, no es una simple desaceleración, sino una retracción profunda de la producción, con efectos directos sobre los costos unitarios, el empleo y la sostenibilidad empresarial.

En paralelo, los datos ayudan a comprender por qué la baja en dólares no necesariamente implica una mejora estructural: en pesos y en términos mayoristas el sector siguió aumentando sus precios. En diciembre de 2025, los precios mayoristas de prendas de materiales textiles subieron 6,1% y los de cuero, marroquinería y calzado aumentaron 11,8%, ambos interanualmente. Incluso con una brecha regional menor medida en dólares, el sector no muestra una dinámica de precios compatible con una ganancia de productividad, ya que los costos internos siguen empujando al alza y la corrección relativa parece deberse a otra dinámica.

En términos económicos, la baja en dólares puede explicarse por la combinación de tipo de cambio y competencia importada, pero la estructura de costos domésticos y la dificultad para ganar eficiencia siguen ejerciendo presión. Si la industria pierde escala, trabaja con elevada capacidad ociosa y enfrenta costos crecientes, la consecuencia natural es una competitividad débil. La apertura comercial orientada a la competencia no crea el problema, pero sí expone con mayor crudeza lo que antes quedaba amortiguado por barreras.

El empleo completa el panorama. La evidencia de largo plazo sugiere que las medidas comerciales proteccionistas no sostuvieron el empleo formal. Un informe reciente de Idesa, en base a la Secretaría de Trabajo y la EPH, muestra que los asalariados no registrados y cuentapropistas pasaron de 204.000 a 261.000 entre 2012 y 2023. Mientras que de 2023 a 2025, los asalariados registrados disminuyeron de 105.000 a 97.000, y los no registrados junto con los cuentapropistas lo hicieron en 13.000 personas.

La tendencia es consistente: el empleo formal cae y persisten las modalidades informales que precarizan. Los salarios reales del sector cayeron un 31% entre 2012 y 2025, sumando al análisis que incluso bajo un esquema más cerrado, el empleo formal no creció y, además, perdió poder adquisitivo.

En la misma línea, datos del Ministerio de Capital Humano muestran que en el segundo trimestre de 2025 los puestos de trabajo asalariados registrados tuvieron una caída interanual del 2,1% en “Confecciones” y del 11,2% en “Cuero y calzado”.

El empleador evita riesgos, el trabajador acepta condiciones precarias porque ‘es lo que hay’.

El autor es Analista Económico y director de Focus Market