Bajo presión interna y cuestionada por haber negociado con el Gobierno tras bambalinas, la Confederación General del Trabajo (CGT) resolvió activar un paro general sin movilización para el día en que se trate el proyecto de reforma laboral en la Cámara de Diputados. El debate legislativo podría ser este jueves o el miércoles 25 de febrero.

Sería la cuarta huelga contra la gestión de Javier Milei y la misma tendría la adhesión total de los gremios del transporte. La medida significa un endurecimiento en la estrategia sindical, que hasta ahora apostaba a introducir más cambios en la iniciativa libertaria mediante el diálogo entre algunos dirigentes y representantes del Gobierno.

La contundencia de la medida de fuerza reside en la participación de la Unión Tranviaria Automotor (UTA). El sindicato de los colectiveros mantuvo una postura cautelosa en las últimas semanas. Roberto Fernández evitó declaraciones públicas recientes, pero sus allegados confirmaron la adhesión al plan nacional de la central obrera. Desde el gremio sostuvieron: “Somos una entidad confederada, por lo cual si la cúpula decreta una medida vamos a adherir”.

El antecedente del paro previo genera preocupación en la dirigencia gremial. En el mes de abril de 2025, el servicio de colectivos funcionó con normalidad debido a una conciliación obligatoria estatal. Esta situación debilitó el impacto de la huelga en la región metropolitana en aquella oportunidad. La adhesión plena de los choferes resulta vital para asegurar que la protesta paralice efectivamente los centros urbanos y las zonas industriales.

La estrategia de no marchar hacia el Congreso generó tensiones con otros sectores del gremialismo. El Frente de Sindicatos Unidos, con base en la sede de la UOM sobre la calle Alsina, anunció una movilización independiente para el mismo día del debate.

Este bloque cuenta con el apoyo de los trabajadores estatales de ATE, los Aceiteros y las dos ramas de la CTA. Pablo Moyano respalda esta postura activa frente al Congreso.

Los dirigentes del triunvirato central prefieren un perfil bajo para evitar el desgaste público y los choques con la policía. Un integrante del consejo directivo reconoció: “No existe el clima social para una protesta masiva pese a los cambios que la reforma laboral ocasiona”.

Los desmanes ocurridos el miércoles pasado durante el choque entre manifestantes de izquierda y las fuerzas federales influyeron en la decisión final de la cúpula cegetista.

Marcelo Pasciuto, director del grupo DOTA, manifestó este martes en diálogo con LN+ que “hasta el momento el sindicato de colectiveros y la UCRA no nos notificaron de ningún paro: todo lo que sabemos es a través de los medios”.

“Nosotros controlamos 68 líneas de colectivos en el AMBA, pero hasta el momento no tenemos una confirmación oficial”, insistió.

La CGT definió un cese de actividades por 24 horas sin desplazamiento de columnas para la jornada en que la Cámara de Diputados analice el proyecto de ley de la reforma laboral: la fecha probable del tratamiento legislativo oscila entre este jueves 19 y el miércoles 25 de febrero.

En caso de que se termine de confirmar, el apoyo de los sindicatos del transporte garantiza un alcance total en la paralización de los servicios urbanos y de larga distancia durante toda la jornada de protesta.

En medio de la polémica por el artículo 44 de la reforma laboral sobre licencias médicas, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, reconoció el lunes por la noche que el oficialismo cometió “un error” al no diferenciar entre enfermedades severas y no severas a la hora de obtener una licencia médica y aseguró que se corregirá cuando se trate en la Cámara de Diputados.

Después de elogiar el proyecto que envió el Gobierno, la exministra de Seguridad reconoció el error. “Cometimos un error que, bueno, nobleza obliga lo vamos a arreglar“, y aclaró que ”es algo que puede pasar en 210 artículos”,

“Lo de las licencias por enfermedad no fue incluido a último momento. No se escuchó el tema porque es muy técnico. Hay una mafia en los certificados médicos. La Argentina tiene en el sector privado un 15% de ausentismo”, justificó Bullrich en diálogo con TN, y comparó que en países como Finlandia cuando ocurren accidentes que no están relacionados con el trabajo se reduce el salario un 25%.

“En enfermedades severas vamos a hacer una modificación y vamos a dejar el sueldo al 100% sólo con corroboración concreta y fehaciente”, dijo luego. De esta manera, diferenció las licencias por enfermedad y las que son por accidentes no relacionados al trabajo. “Si te querés hacer el vivo, vas a cobrar el 50%”, advirtió la senadora.

En tanto, indicó que se está evaluando de qué manera se va a modificar y cuándo. También habló de la licencia psiquiátrica: “Es una de las que más se usa. Hay que terminar con la Argentina trucha”.

En otro tramo de la entrevista, Bullrich se mostró confiada en que la ley obtenga la media sanción que le falta, pero planteó que en el Gobierno no temen que vuelva al Senado. “No nos asusta dijo”, dijo y comentó: “Es parte de trabajar conjuntamente”.

De acuerdo a la norma que obtuvo media sanción el jueves pasado, si un trabajador sufre un accidente o una enfermedad ajenos a sus tareas laborales, recibirá el 50% de su salario básico durante tres meses si no tiene personas a cargo o seis meses si las tiene, siempre que el hecho derive de una actividad voluntaria y consciente.

Si la incapacidad no resulta de una acción voluntaria y riesgosa, el trabajador recibirá el 75% de su salario en los mismos plazos.

En el Gobierno, el viernes, tomaron distancia del cambio e incluso dijeron que fue idea de algún “senador”, mientras que los legisladores que colaboraron con la aprobación apuntaron directamente al oficialismo. El fin de semana, en diálogo con , desde el bloque libertario se hicieron cargo de haber incluido en el proyecto el artículo 44, del capítulo VII, con los cambios en el régimen actual de licencias.

Sin embargo, argumentaron que «no se entendió» cómo será la aplicación, que estuvo “mal interpretada” y que no busca quitar derechos laborales, sino que la intención es “terminar con las mafias” y las “licencias truchas”, y escuchar el “ruego” de dueños de Pymes y de un grupo de jueces laborales.

“La introducción fue por pedido de jueces laboralistas razonables y por el ruego de los empresarios Pymes”, indicaron en la bancada conducida por Bullrich.

Qué dice el proyecto

“En caso de sufrir un accidente o una enfermedad que no sea consecuencia de la prestación de tareas derivadas del contrato de trabajo, y que impida dicha prestación, el trabajador tendrá derecho a percibir el 50% de su remuneración que perciba al momento de la interrupción de los servicios si la imposibilidad de trabajar fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador que implicara algún riesgo en la salud durante un período de tres meses si el trabajador no tuviera personas legalmente a su cargo, o de seis (6) meses si las tuviera.

La recidiva de enfermedades crónicas no será considerada una enfermedad distinta, salvo que se manifestara una vez transcurridos los dos años. Si la imposibilidad de trabajar no fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador sobre el riesgo en la salud, percibirá el 75% de tal remuneración, en cualquier caso, durante el mismo periodo de tiempo dispuesto en el párrafo precedente».