POLITICA
El Gobierno otorgó un préstamo a Río Negro para recuperar El Bolsón tras los incendios forestales
Luego de que en la zona de El Bolsón se combatiera un incendio forestal durante gran parte del verano, el Gobierno nacional oficializó un contrato de préstamo financiero con Río Negro. De esta manera, la provincia recibirá un respaldo financiero de hasta USD 5.000.000 para asistir a la población y recuperar a la región.
La medida fue aprobada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo, a través del Decreto 839/2025. Asimismo, el documento fue publicado esta madrugada en el Boletín Oficial.
“Apruébase el Modelo de Contrato de Garantía a suscribirse entre la República Argentina y el Fondo Financiero para el desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA)”, dictaminaron en el primer artículo, mientras que en el segundo se hizo mención al “Modelo de Contrato de Contragarantía a suscribirse entre la República Argentina y el Gobierno de la Provincia de Río Negro”.
De esta manera, se estableció que el préstamo sea destinado a la ejecución del “Programa de Emergencia para la Atención Primaria y Recuperación del Bolsón”. Esta iniciativa busca responder a la emergencia provocada por los incendios y promover la recuperación sostenible de la región afectada, según explicaron las autoridades nacionales.
El programa tiene como meta principal mitigar los efectos de la emergencia y facilitar la recuperación de la zona. También buscará contribuir a la restitución de bienes y servicios para la población damnificada, implementar medidas de recuperación productiva, económica y ambiental que permitan restablecer los medios de vida y el equilibrio ecosistémico.
Otro de los objetivos es fortalecer el Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF). Así, se espera que este sistema incremente su capacidad operativa tanto en prevención como en respuesta ante futuras emergencias.
Para alcanzar estas metas, el programa se articula en tres componentes: atención primaria de la emergencia, recuperación de áreas afectadas y fortalecimiento del SPLIF, y gerenciamiento, evaluación y auditoría. Cada uno de estos ejes está orientado a cubrir tanto las necesidades inmediatas como las acciones de mediano y largo plazo para la región.
Luego de que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) evaluara el impacto de la operación en la balanza de pagos, se concluyó que la magnitud de la operación “implica un impacto limitado en términos macroeconómicos sobre los flujos de la balanza de pagos internacionales”.
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En este sentido, resaltaron que dicho impacto “será acotado y consistente con la dinámica prevista para las operaciones externas”. Esta valoración respaldó la viabilidad financiera del préstamo en el contexto macroeconómico nacional.
Por su parte, la Oficina Nacional de Crédito Público del Ministerio de Economía manifestó que no existen objeciones respecto al financiamiento solicitado, al considerar que “el costo financiero del préstamo de referencia, basado en la información disponible y los supuestos realizados, es inferior al que la República podría obtener en el mercado”.
En este marco, el FONPLATA propuso al Gobierno nacional la firma de un Contrato de Garantía, con el objetivo de que la República Argentina respalde las obligaciones financieras que la Provincia de Río Negro asuma al suscribir el Contrato de Préstamo FONPLATA ARG-63/2025.
Para asegurar el cumplimiento de los compromisos derivados de este acuerdo y preservar el crédito público nacional, Nación le formuló a la provincia la suscripción de un Contrato de Contragarantía, mediante el cual Río Negro se compromete a cancelar los pagos en los plazos estipulados.
En caso de que la provincia no cumpliera con la cancelación de los compromisos, el acuerdo autorizará al Gobierno nacional a realizar las gestiones necesarias para el débito automático de los fondos correspondientes de la Cuenta de Coparticipación Federal de Impuestos o del régimen que la sustituya, hasta cubrir el total de la deuda.
Los incendios forestales que afectaron a El Bolsón
Desde el 31 de enero, más de 400 personas —entre brigadistas, bomberos y equipos de emergencias— participaron en las tareas de combate, apoyadas por siete medios aéreos y cerca de 50 unidades móviles, incluyendo autobombas, camiones cisterna y equipos de ataque rápido en el Área Natural Protegida Río Azul Lago Escondido (ANPRALE) en Río Negro.
El desastre dejó un saldo devastador: 3.892 hectáreas de vegetación consumidas, 221 viviendas afectadas —de las cuales 166 fueron destruidas por completo y otras 55 sufrieron daños severos—, y la evacuación de más de 700 familias en distintas zonas del municipio. Los sectores de Cascada Escondida, Las Perlas del Azul y Mallín Ahogado figuraron entre los más perjudicados.
La respuesta institucional fue inmediata. El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, se trasladó a la zona desde el inicio del siniestro para supervisar las acciones del Comité de Emergencia (COEM) y coordinar el despliegue de recursos junto a autoridades de los distintos niveles de gobierno. “Hemos perdido mucho, pero también hemos salvado mucho”, dijo el mandatario al portal Río Negro.
La gravedad del incendio obligó a incrementar la dotación del Servicio Nacional de Manejo del Fuego de diez a 37 efectivos. Sin embargo, no fue suficiente, ya que también se solicitó la colaboración de la División Bomberos de la Policía de Buenos Aires, que reforzó su equipo con dos brigadistas adicionales, alcanzando un total de 32 combatientes. A este esfuerzo también se sumaron bomberos voluntarios de El Bolsón y Bariloche, así como brigadistas provenientes de Buenos Aires y San Luis.
En noviembre, otro incendio se desató en la zona y los brigadistas trabajaron intensamente por contenerlos.
POLITICA
La UTA confirmó que se sumará mañana al paro general de la CGT en rechazo a la reforma laboral
La Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó esta tarde que mañana se sumará al paro general anunciado por la CGT en el marco de una jornada en la que la reforma laboral se tratará en la Cámara de Diputados.La medida de fuerza alcanzará a servicios de corta, media y larga distancia, combis y subterráneos en todo el país, en protesta por la reforma laboral.
A través de un comunicado, la organización advirtió sobre el riesgo para la dignidad del trabajo y la viabilidad del sector del transporte, argumentando que la convocatoria no responde a intereses sectoriales sino al reclamo de quienes ven amenazadas sus condiciones de vida. El gremio instó a los empleados del sector a sostener el paro como un mecanismo de “defensa colectiva”.
La UTA fundamentó la medida por la caída del salario real y el deterioro de las condiciones de empleo, cuestiones que el sindicato atribuye directamente al ajuste económico. Desde la entidad, además, señalaron el impacto del incremento del costo de vida y la pérdida del poder adquisitivo, junto a la preocupación por la estabilidad laboral.
El sindicato reafirmó que el paro abarca todas las actividades del transporte a nivel nacional y reiteró su compromiso con la defensa del salario y el empleo.
Noticia en desarrollo
POLITICA
Piden al procurador Casal que ordene a los fiscales retirarse de los tribunales internos de la AFA
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) le pidió al procurador general Eduardo Casal que el Ministerio Público Fiscal retire a sus fiscales del Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), un órgano interno de la entidad que revisa y sanciona infracciones disciplinarias vinculadas a los partidos y que ya había sido cuestionado por sus múltiples vínculos con el Poder Judicial.
“La AFA regula y administra el fútbol profesional argentino, un ámbito que involucra intereses económicos de enorme magnitud. La exposición de fiscales a este universo, en roles directivos o disciplinarios, crea un riesgo evidente de múltiples conflictos de interés”, advirtió la organización.
La ACIJ señala que esa “doble función” es ilegal, incompatible y contraria a estándares internacionales y apunta al caso particular del fiscal de Comodoro Py Ramiro González, que actualmente ejerce funciones dentro del Tribunal de Disciplina de la entidad que lidera Claudio “Chiqui” Tapia.
Según el escrito, la integración de los tribunales internos de la AFA “supone la realización de tareas propias de la profesión jurídica”, puesto que sus miembros revisan expedientes, investigan antecedentes, analizan pruebas, celebran audiencias y dictan resoluciones sancionatorias. “En otras palabras −sostiene el texto− implica intervenir en el trámite de expedientes, en la valoración de pruebas, en el razonamiento jurídico y, finalmente, en la emisión de verdaderas ‘sentencias’”.
La organización recordó, además, que el Reglamento para la Justicia Nacional establece que los magistrados y fiscales no pueden participar en asociaciones profesionales ni integrar comisiones directivas de ninguna asociación sin autorización expresa de la autoridad de superintendencia.
A su vez, señalan que no hay constancias de que la Procuración de Casal haya otorgado permisos especiales para ocupar esa doble función que, además, tensiona las directivas que recomienda la ONU para que los fiscales pueden desarrollar sus tareas “sin intimidación… ni injerencias indebidas”.
La AFA y el cruce con la Justicia
La repentina aparición de un puñado de causas sensibles colocó a la AFA en el centro de una tormenta judicial.
En los últimos meses del año pasado, y en medio de esa creciente judicialización, a los tribunales de ética y de disciplina de la AFA renunciaron distintos miembros del Poder Judicial: Diego Barroetaveña, que es presidente del Cámara de Casación Federal y lideraba el tribunal de Ética de la AFA; Juan Ignacio Pérez Cursi, titular de la Cámara Federal de Mendoza y árbitro de la Cámara Nacional de Resolución de Disputas de la AFA; Néstor Barral, de la Cámara Federal de San Martín y miembro del tribunal de Disciplina; y el juez en lo Criminal y Correccional Nº9 de la ciudad de Buenos Aires, Martín Peluso, que también integraba la comisión.
La ACIJ había elevado un pedido a la Corte Suprema para que disponga el cese inmediato de las funciones que desempeñan los jueces en los tribunales internos de la AFA por posibles conflictos de intereses.
El caso del juez Barroetaveña terminó por ilustrar las preocupaciones de la ACIJ. Como miembro de la Casación, el camarista deberá decidir junto a otros dos colegas si la causa que busca esclarecer de quién es la fastuosa quinta de Villa Rosa, Pilar, sospechada de pertenecer a los altos mandos de la AFA, sigue tramitando en la justicia federal de Campana, como quieren los imputados, o regresa al fuero Penal Económico.
El propio fiscal González debió intervenir en los inicios de la causa que investigaba la quinta de Pilar, cuando el expediente daba sus primeros pasos en Comodoro Py, antes de pasar al fuero Penal Económico y a la Justicia de Campana, donde se encuentra ahora.
Los nexos de la AFA con la Justicia exceden la formalidad de los cargos. Del tribunal también formaba parte, por ejemplo, Esteban Mahiques, cuyo padre es Carlos Mahiques, miembro de la Casación Federal junto a Barroetaveña. Otro caso es el de Fernando Mitjans, que preside el tribunal de Ética de la AFA y está casado con Marcela Losardo, exministra de Justicia durante el gobierno de Alberto Fernández.
AFA,Claudio Chiqui Tapia,Casos de corrupción,Conforme a,AFA,,Investigación. La Justicia analiza transferencias por supuesto juego ilegal que llegan hasta Sur Finanzas PSP,,AFAGate. Dos empresas “gemelas” de Miami recibieron casi US$ 5 millones y desaparecieron: los pagos a la misma hora,,»Ya nada será lo mismo». Nueva era: cómo es la nueva televisación de la Primera Nacional por la plataforma de la AFA
POLITICA
Causa Cuadernos: se anunció el traslado de la sede del jucio a Comodoro Py para que puedan comenzar las audiencias presenciales
El Consejo de la Magistratura de la Nación anunció una serie de medidas para la implementación del sistema acusatorio en Comodoro Py, entre las que se incluye el traslado del Tribunal Oral Federal 7 que actualmente lleva adelante el juicio por la denominada causa Cuadernos.
La medida se concretaría antes de mitad de año, según detalló el organismo, y con el traslado podrán comenzar las audiencias presenciales, una demanda creciente de las partes y de la Cámara Federal de Casación Penal.
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El TOF 7 es el único tribunal que no funciona en Comodoro Py y tiene su sede en el Palacio de Tribunales. Los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli expusieron oportunamente las complicaciones de esa distancia ante la Cámara Federal de Casación Penal cuando se inició el juicio por la causa Cuadernos y se debatió la presencialidad del proceso oral y público.
Con la mudanza se garantizará al TOF el uso de la Sala AMIA, destinada para la realización de juicios orales de gran magnitud y que fue modernizada y habilitada en diciembre pasado. También podrán disponer de otra decena de salas que se crearon y acondicionaron en el último año en el edificio de Retiro.
El cambio de sede también simplifica los mecanismos previstos para el eventual traslado de detenidos desde la alcaldía del Servicio Penitenciario Federal que funciona en la planta baja de Comodoro Py.
“La relocalización del TOF recién se realizará cuando esté finalizando todo el trabajo de infraestructura y sistema que se está implementado en distintas etapas. De acuerdo a las estimaciones, no sería antes de mitad de año”, remarcó el Consejo.
Desde el inicio del juicio, el TOF 7 optó por celebrar audiencias principalmente virtuales, dos veces por semana por Zoom. Sin embargo, la Cámara Federal de Casación Penal, así como representantes del Ministerio Público Fiscal, reclamaron de manera insistente una frecuencia mayor de audiencias y su realización de forma presencial para dar mayor dinamismo al debate oral.
El juicio
El proceso comenzó el 6 de noviembre pasado, con la lectura del primer requerimiento de elevación a juicio formulado por el fiscal Carlos Stornelli, centrado en las imputaciones por asociación ilícita, cohecho pasivo y admisión de coimas atribuidas a los principales exfuncionarios acusados, entre ellos la expresidenta.
La lectura de esa primera acusación continuó durante las audiencias del 13, 20, 25 y 27 de noviembre, cuando se concluyó con ese tramo y se avanzó con el segundo requerimiento, que abordó imputaciones por cohecho activo, cohecho pasivo, admisión y recepción de dádivas.
El 27 de noviembre también se inició la lectura del tercer requerimiento de elevación a juicio, cuya exposición finalizó el 4 de diciembre, luego de que una de las audiencias fuera destinada a tratar un planteo de recusación presentado por la defensa de De Vido, que finalmente fue rechazado por el tribunal.
Posteriormente, en las audiencias de los días 9, 11, 16 y 18 de diciembre, se dio lectura al cuarto requerimiento de elevación a juicio del Ministerio Público Fiscal y se comenzó con la acusación de la Unidad de Información Financiera (UIF) en la causa conocida como “La Camarita”, vinculada a la presunta cartelización de la obra pública civil a través de la Cámara Argentina de Empresas Viales.
Finalmente, en la última audiencia realizada, el tribunal avanzó con la lectura del quinto requerimiento de elevación a juicio, correspondiente a la causa “Trenes”, que investiga supuestas maniobras ilícitas en la adjudicación de contratos ferroviarios, además de la presentación efectuada por la UIF en ese expediente.
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La acusación sostiene que la expresidenta y funcionarios de su gobierno llevaron adelante “un plan integral en el cual implementaron una logística ceñida a la recaudación de dinero que empresarios de la construcción, de energía y del transporte, entre otros/ entregaban a modo de contraprestación, a cambio de beneficios que le eran otorgados a las compañías que representaban”.
“El sistema de recaudación ilegal contó con, cuanto menos, dos canales independientes, aunque complementarios y funcionales entre sí. En el primero eran los propios funcionarios públicos los que recaudaban el dinero en efectivo garantizado por los empresarios“.
Comodoro Py, cuadernos de la corrupción, Consejo de la Magistratura
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