Hace una semana, en la primera acción que encaró como nuevo Procurador del Tesoro, el ex secretario de Justicia Sebastián Amerio, un funcionario de la extrema confianza del asesor presidencial Santiago Caputo, solicitó a través de una presentación ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York la paralización de la etapa de exhibición y producción de documentos conocida como discovery, del requerimiento de aplicación de sanciones y de la audiencia probatoria fijada para los días 21 al 23 de abril de 2026, recordando que el pasado 26 de febrero, el Departamento de Justicia de EEUU ya había presentado un escrito en respaldo de la posición argentina.

Esa presentación del Gobierno argentino es lo que generó que el viernes pasado el Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentara un Memorándum ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York en respaldo de la moción de emergencia interpuesta por Argentina para suspender el proceso de discovery post sentencia en el caso YPF.

Por qué el respaldo de EEUU marca un punto de inflexión en el litigio

Para entender de qué se trata y por qué favorece a nuestro país hay que señalar que en su presentación, el Departamento de Justicia sostiene que «el discovery actualmente en curso resulta excesivamente intrusivo y contrario a los principios de cortesía internacional y reciprocidad«.

El escrito además señala que «este tipo de requerimientos dirigidos contra Estados soberanos puede generar fricciones diplomáticas y abrir la posibilidad de que tribunales extranjeros impongan medidas similares contra los propios Estados Unidos».

También destaca que «al evaluar el factor de interés público en una solicitud de suspensión, los tribunales deben considerar los posibles efectos sobre las relaciones exteriores y, en ese marco, otorgar especial deferencia a la posición del Poder Ejecutivo en materia de política exterior».

Por otra parte, el Memorándum solicita que «al resolver la moción presentada por la Argentina para suspender el discovery, el tribunal tenga debidamente en cuenta los principios de cortesía internacional, reciprocidad y las implicancias que la cuestión puede tener para las relaciones exteriores».

Cabe recordar que, en su moción de emergencia presentada el 6 de marzo, la Argentina solicitó la suspensión de la etapa de producción de documentos (discovery), del requerimiento de sanciones y de la audiencia probatoria fijada entre el 21 y el 23 de abril de 2026.

Qué dice el Departamento de Justicia sobre los litigios contra estados extranjeros

En su documento, el Departamento de Justicia de EEUU, que encabeza la jueza Pam Bondi, una funcionaria clave del gobierno de Donald Trump, dice que los litigios en Tribunales de Estados Unidos contra estados extranjeros «pueden tener importantes implicancias en materia de relaciones exteriores para Estados Unidos y afectar el trato recíproco que recibe el gobierno estadounidense en los tribunales de otras naciones».

El escrito además señala que «esa práctica litigiosa está generalmente regida por la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA por sus siglas en inglés), que, entre otras cosas, establece que los bienes de estados extranjeros en EEUU son, en general, inmunes a la ejecución«.

También explicita que «aunque la Corte Suprema sostuvo en Republic of Argentina v. NML Capital (un juicio por el default de 2002) que la FSIA no limita el alcance del descubrimiento posterior a la sentencia sobre los bienes de un estado extranjero, la Corte también reconoció que pueden existir otros fundamentos que limiten dicho descubrimiento».

Según el Departamento de Justicia, «los Estados Unidos tiene un interés sustancial en asegurar que los tribunales estadounidenses que supervisan el descubrimiento posterior a la sentencia sobre bienes de estados extranjeros presumiblemente inmunes se adhieran cuidadosamente a los principios básicos de relevancia y sean sensibles a las cuestiones de cortesía internacional, reciprocidad y relaciones exteriores que plantea un descubrimiento potencialmente gravoso».

En este caso, la argumentación oficial del Departamento de Justicia es que «exigencias de descubrimiento intrusivas en áreas sensibles, particularmente en lo que respecta a la propiedad soberana y a las comunicaciones de funcionarios extranjeros, junto con la amenaza de sanciones y desacato por incumplimiento, pueden causar una fricción significativa con gobiernos extranjeros y abrir la puerta a órdenes recíprocas contra EEUU en tribunales extranjeros».

Por eso, alega, «Estados Unidos respetuosamente sostiene que los tribunales deben considerar, al evaluar una solicitud para suspender el descubrimiento en una acción contra un soberano extranjero, las preocupaciones relacionadas con la cortesía internacional, la reciprocidad y las relaciones exteriores que plantean solicitudes de descubrimiento potencialmente gravosas e intrusivas dirigidas a un estado extranjero o a sus funcionarios».

Argentina alcanza acuerdos millonarios con fondos litigantes por el default

También hay que destacar como otro aspecto positivo que en la semana pasada la Argentina alcanzó un principio de acuerdo con los fondos litigantes Attestor Master Value y Bain-bridge Fund. Estos últimos son acreedores que mantenían demandas activas contra el país por el default de 2001.

Esto fue lo que informaron ambas partes a la jueza Loretta Preska en el Distrito Sur de Nueva York. El entendimiento involucra a los demandantes con sentencia firme a favor, quienes mantenían reclamos judiciales por sumas millonarias y buscaban embargos sobre activos nacionales.

Por lo que pudo saber iProfesional, ambas noticias alegraron a los participantes del cierre del Argentina Week en Nueva York, en particular a la delegación de YPF encabezada por su CEO Horacio Marín, quien dejó definiciones contundentes sobre el futuro de la energía en nuestro país.

Horacio Marín traza la hoja de ruta para convertir a Argentina en potencia exportadora

Marín fue el protagonista de una jornada organizada por IDEA donde presentó la hoja de ruta para transformar a la Argentina en un hub exportador de clase mundial.

Ante un auditorio de más de 800 personas, Marín detalló cómo la combinación de recursos no convencionales, infraestructura estratégica y un marco normativo favorable permitirán un salto exportador sin precedentes.

Durante el panel, que contó con la participación de los gobernadores de Neuquén, Río Negro, Chubut, Mendoza y Corrientes, el directivo subrayó que la unidad política y la decisión empresaria son los motores para que el país logre su «despegue definitivo». Para Marín, el objetivo es claro: convertir a Vaca Muerta en el corazón de un sistema capaz de generar entre u$s40.000 M y u$s50.000 M anuales en exportaciones para el año 2032.

La agenda de Marín en Nueva York no se limitó solo a las exposiciones públicas, ya que durante la semana pasada mantuvo reuniones clave con entidades financieras de Wall Street y ejecutivos de empresas internacionales interesadas en participar del financiamiento del proyecto de Gas Natural Licuado (GNL).

Con la mira puesta en el pago de vencimientos de deuda de julio, el gobierno de Javier Milei ya consiguió USD 500 millones mediante la emisión del Bonar 2027 (AO27) en las dos últimas licitaciones de instrumentos en pesos y dólares. Bajo esta modalidad, el equipo económico aspira a colectar USD 2.000 millones, que serán destinados a cumplir con los compromisos financieros de mitad de año.

En la subasta del bonos del jueves, la Secretaría de Finanzas adjudicó USD 150 millones con una tasa nominal anual de 5,45%, inferior al 5,74% que se había registrado en la instancia precedente. La demanda resultó más acotada: se presentaron ofertas por USD 436 millones, frente a los USD 868 millones que se habían ofrecido en la primera operación de este tipo.

El viernes, el Ministerio de Economía informó que en la licitación realizada ese mismo día se adjudicaron USD 100 millones extra a la misma tasa, tras recibir propuestas por 218 millones de dólares. El monto asignado implicó un factor de prorrateo del 46,46% respecto al total ofertado. De esta manera, el equipo liderado por Luis Caputo ya tiene en su haber USD 500 millones, un cuarto del objetivo proyectado.

La emisión prevé un tope de USD 2.000 millones hasta el mes de julio. Las subastas se organizarán con frecuencia quincenal y, tras la licitación principal, se habilitará una segunda vuelta al día siguiente, permitiendo ampliar la adjudicación hasta USD 100 millones extra, siempre respetando el precio de corte fijado en la primera ronda. El bono paga un cupón mensual con una tasa nominal anual menor al 6%, y el precio definitivo se establece en cada licitación.

“El Tesoro volvió a ofrecer el nuevo bono en dólares AO27, donde adjudicó primero USD 150 millones y luego USD 100 millones adicionales en la rueda posterior, completando así el cupo total en esta licitación, lo que confirma que continúa existiendo demanda por este instrumento. El bono fue colocado a una tasa del 5,59%, por debajo del rendimiento del mercado secundario (5,67%), y por debajo de la licitación anterior (5,9%), lo que constituye una señal positiva en términos de demanda”, remarcó un informe de la consultora Invecq.

En tal sentido, Federico Furiase, titular de la Secretaría de Finanzas, comunicó que el Gobierno prácticamente ya tiene asegurados los fondos en moneda extranjera para cubrir los próximos dos compromisos importantes de deuda. Durante una entrevista en la Televisión Pública, explicó que, además del Bonar 2027, se han gestionado alternativas de financiamiento que serán comunicadas en breve y permitirán cumplir con el pago de USD 4.200 millones en julio y con el siguiente vencimiento previsto para enero de 2027.

El organismo que encabeza Furiase cuenta con los recursos necesarios para responder tanto al vencimiento de julio como al pago programado para comienzos del próximo año. El funcionario indicó que, junto al AO27 y la posible venta de activos del Estado, se sumarán nuevas alternativas de financiamiento que se darán a conocer próximamente.

“Con todas estas fuentes de financiamiento que estamos teniendo, prácticamente está cerrado el vencimiento de julio y el de enero del año que viene”, señaló Furiase durante una entrevista con Antonio Aracre y Ramiro Castiñeira en el programa Economistas. El funcionario fundamentó su declaración en la combinación de diversos mecanismos.

Además del programa de bonos AO27, Economía evalúa otras alternativas de financiamiento, priorizando la disminución del endeudamiento externo y el fortalecimiento del mercado de capitales local. En tal sentido, Caputo remarcó su intención de limitar la exposición a Wall Street y enfocar la estrategia en recursos internos.

Entre las opciones consideradas figura la posibilidad de concretar un nuevo repo. En enero de 2026, el Banco Central había acordado un préstamo de este tipo por USD 3.000 millones con entidades financieras internacionales, medida que permitió robustecer las reservas y afrontar los pagos de deuda por USD 4.200 millones en el inicio del año. A esta suma se añadió la emisión de un BONAR hacia fines de 2025, con una tasa anual del 9,26 por ciento, muy superior al AO27.

El Gobierno también busca aumentar el ingreso de divisas a través de la ley de Inocencia Fiscal. El titular del Palacio de Hacienda subrayó que la principal meta oficial es reducir la dependencia de financiamiento externo y consolidar el mercado de capitales nacional, haciendo hincapié en la movilización de los fondos disponibles en el país.

El economista y director de la Fundación Libertad y Progreso analizó el rumbo argentino y sostuvo que hoy en día el principal problema es político

15/03/2026 – 19:26hs

El economista Agustín Etchebarne, director de la Fundación Libertad y Progreso, analizó el presente del país y fue tajante al identificar las amenazas que podrían frenar la recuperación. Según el especialista, el mayor riesgo que enfrenta actualmente la Argentina no reside en las variables técnicas de la economía, sino en la capacidad del sistema para sostener el rumbo. «El principal riesgo hoy no es económico, es político», afirmó.

En diálogo con Newsweek Argentina, Etchebarne reconoció que el país logró atravesar con éxito una etapa de fuerte ajuste macroeconómico, lo que permitió ordenar indicadores clave como el déficit fiscal y la inflación. Sin embargo, advirtió que quedarse solo en ese punto sería un error estratégico. «La economía viene mostrando señales de estabilización, pero todavía falta consolidar las reformas para que ese proceso se mantenga en el tiempo», señaló.

Para el director de Libertad y Progreso, el ordenamiento de las cuentas públicas es solo el comienzo de un proceso más profundo que debe apuntar al sector privado. Según su visión, el foco debe trasladarse ahora a la remoción de trabas que impiden el crecimiento real. «Ahora la cuestión central es remover los obstáculos estructurales que impiden invertir, producir y contratar», explicó.

Etchebarne enumeró los problemas que, a su juicio, todavía afectan la competitividad argentina y desalientan la llegada de capitales:

• Presión impositiva: Un sistema tributario complejo, costoso y que encarece la producción.
• Mercado laboral: Persistencia de rigideces que dificultan la generación de nuevos empleos.
• Falta de crédito: La ausencia de financiamiento a largo plazo para proyectos productivos.
• Trabas regulatorias: Un entramado de normas que actúan como un lastre para la inversión.

Etchebarne: el factor confianza y las reformas de «segunda generación»

Más allá de los números, el economista puso el acento en la «confianza institucional» como el motor indispensable para la inversión. Advirtió que los inversores no solo miran la macroeconomía, sino la estabilidad de las reglas de juego y la fortaleza del sistema político para no dar marcha atrás con los cambios. «Si el proceso se interrumpe por razones políticas, eso puede afectar seriamente la recuperación», alertó.

Hacia adelante, Etchebarne planteó la necesidad de avanzar con lo que denomina «reformas de segunda generación». Esto incluye cambios profundos en los sistemas tributario, laboral y previsional. «Si Argentina logra sostener la estabilidad y avanzar con estas reformas, tiene un potencial enorme para crecer. Pero para eso necesita previsibilidad política y reglas claras», concluyó, dejando en claro que la pelota hoy está en la cancha de los consensos políticos.