Cuando el presidente Javier Milei anunció durante una entrevista que el Gobierno le iba a comprar submarinos a Francia, el embajador argentino ante ese país, Ian Sielecki, que justo se encontraba en Buenos Aires, llamó inmediatamente al ministro de Defensa, Luis Petri, y le pidió una reunión para conversar sobre el tema, que no estaba en agenda.

Hasta ese momento, tanto en el interior de las Fuerzas Armadas como en la Casa Rosada circulaba la versión de que las autoridades nacionales estaban evaluando alternativas para recuperar su capacidad militar debajo del mar, que perdió tras el hundimiento del ARA San Juan.

En rigor, las conversaciones con los distintos fabricantes de este tipo de embarcaciones comenzó hace poco más de tres años, durante la administración de Alberto Fernández, lo cual es habitual, debido a que son procesos que suelen tardar incluso décadas.

En ese momento, se firmó una carta de intención para comprarle varios sumergibles a la compañía Naval Group, la cual es la principal proveedora de la marina francesa y tiene casi 400 años de trayectoria.

Si bien comenzó en 1631 como una compañía pública, recientemente fue privatizada. No obstante, más del 60% de sus acciones continúa en manos del estado europeo, que tiene el mayor poder de decisión.

La firma ya tiene una fuerte presencia en América Latina a partir del contrato que firmó en 2008 con Brasil y que dio origen al programa PROSUB, que incluye la construcción de cuatro submarinos convencionales, que ya fueron entregados, y uno de propulsión nuclear, que sería el primero en la región.

De hecho, esta semana el país vecino puso en operaciones al tercero de ellos y lanzó al agua el cuarto, ambos construidos íntegramente en un astillero ubicado en la ciudad de Itaguaí, Río de Janeiro.

Si bien las negociaciones con la Casa Rosada recién están iniciando, la empresa tiene en su cartera varias opciones de navíos, que en todos los casos serían adaptados para cumplir con las necesidades específicas de la Armada Argentina.

El modelo en el que se mostró interesada la gestión de Milei es el Scorpene, la misma clase que adquirió Brasil, pero el acuerdo tiene como principal obstáculo el precio de la nave, que suele estar por encima de los 700 millones de dólares.

En diálogo con Infobae, el director de Ventas para países estratégicos, Grecia, Brasil y Latinoamérica de Naval Group, Laurent Mourre, dio precisiones sobre las propuestas de la compañía y las opciones de financiamiento que suelen otorgarse en este tipo de compras.

“Argentina, como Colombia, como Perú, pronto Chile y Ecuador, son todos países que tienen una flota bastante vieja y que quieren renovarla. Algunos ya quieren y otros van a querer. Yo creo que todos quieren modernizar la flota. Son procesos complejos por la complejidad de los productos y del proceso de adquisición, y son caros. Entonces, lo que puedo confirmar es que el gobierno argentino quiere comprar submarinos”, comenzó aclarando el empresario.

Al respecto, recordó que en el pasado la firma también recibió cartas de intención de Polonia y tras siete u ocho años de intensas conversaciones, finalmente no se realizó ninguna contratación. Algo similar ocurrió con Grecia.

“Involucra muchos aspectos. El primero es fundamental para muchos países, para casi todos, y es el económico. Es algo muy sensible en Argentina, porque es una nación que poco a poco está saliendo. Está mejorando la situación económica, pero todavía está con mucho reparo en lo que es el gasto público”, señaló.

Las propuestas de la empresa: construirlo en Argentina o importarlo

Al respecto, Mourre remarcó que “hay una diferencia grande entre el costo que puede representar el construirlo de manera local, en Brasil, en Francia o en otro lugar”, por lo que esta será una decisión clave para el futuro de las tratativas.

“Yo creo que un criterio muy importante es este, cuál es el impacto de costo. Si lo quieres construir en Argentina, Tandanor hoy es un astillero que necesitaría inversiones importantes para tener las condiciones de infraestructura para poder construir submarinos”, explicó.

Esto es, justamente, lo que sucedió en Brasil, que tuvo que hacer una inversión millonaria en la base naval de Itaguaí y formar a un equipo de profesionales para fabricar los Scorpene en su propio país y no tener que importarlos.

Si el Gobierno decidiera seguir el mismo camino, se tendría que acordar la creación de un programa similar al brasileño, entre Naval Group, la Armada y otros organismos públicos, lo cual “tardaría como 10 años” desde el lanzamiento del plan hasta la presentación de la primera unidad.

Si bien varias de las charlas por este tema son a través del Ministerio de Defensa, el representante de la firma europea subrayó que “la decisión política de este tipo de compra en cualquier país del mundo siempre va al más alto nivel”, por lo que tendría que ser un consenso entre Milei y su par francés, que por ahora es Emmanuel Macron.

“La relación geoestratégica entre Argentina y Francia es excelente. Yo creo que estamos en un mundo con grandes cambios. Es importantísimo que Francia consolide la relación con algunos países que están fuera de la esfera histórica”, opinó Mourre.

Además del Scorpene, la compañía también produce el Barracuda, que tiene propulsión nuclear -lo que lo hace mucho más rápido y eficiente- y también una versión de este mismo, pero adaptada al mecanismo convencional, es decir, diesel-eléctrico.

Asimismo, en la firma destacan que no solo ofrecen los buques, sino también el mantenimiento de los mismos, los sistemas eléctricos y equipamiento, e incluso el armamento.

En esta línea, Naval Group cuenta con la capacidad de fabricar misiles MU90, que es el torpedo ligero más potente del mundo, capaz de neutralizar todo tipo de submarinos y que es utilizado por 12 países.

También vende el F21, un torpedo submarino inteligente, que es de largo alcance y por su versatilidad puede ser implementado para atacar objetivos de varios tamaños y funciona hasta en condiciones complejas.

Además, la empresa diseñó un sistema de defensa antitorpedo llamado SINGER, que está basado en el revolucionario principio de confusión/dilución, esta contramedida genera cientos de objetivos falsos que se renuevan constante y aleatoriamente para saturar el procesamiento de datos de los torpedos más modernos y agotar su energía.

De todas formas, en la compañía evitan dar una cifra de cuánto le costarían a la Argentina los sumergibles e indican que ese número dependerá no solo de qué es lo que finalmente se contrate, sino fundamentalmente “del nivel de modificación que se tengan que hacer en relación con un Scorpene standard, que pueden tener costos muy altos o muy pequeños”.

“Cuando estamos en fase anterior a un, a un contrato y que haya una competencia potencial, hay competidores activos, así que es natural que el precio sea una información confidencial”, sostuvo Mourre.

El director de Ventas para América Latina de Naval Group precisó que “hay muchas modalidades diferentes” de financiamiento, pero generalmente todas “sirven para no pagar inmediatamente todo el valor”.

“Las condiciones de la financiación, que no dependen de Naval Group, pero sí el estado francés puede tener un papel relevante, porque puede dar una garantía para la financiación. Todo va a depender de la ganancia, la tasa de interés, del valor de la garantía, del seguro”, manifestó.

El mecanismo que se suele utilizar para estas transacciones es el de export finance (crédito de exportación), en el que “generalmente el gobierno da una garantía, la cual ya tiene algunas condiciones asociadas, no es un cheque en blanco”

“Solemos elegir para esto a bancos que ya conocemos, con los que estamos acostumbrados a trabajar y que conocen el país comprador o que facilitan las relaciones”, cerró.

El Gobierno no para de crecer en materia de diputados y senadores. Está a solo tres legisladores de convertirse en la primera minoría en la Cámara Baja, un paso clave para poder asegurar el Presupuesto 2026 y negociar la reforma laboral.

La contracara del oficialismo es Fuerza Patria. El kircherismo pierde continuamente diputados porque los gobernadores ya no quieren estar bajo el ala de Cristina Kirchner y deben pelear por los intereses de sus provincias.

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Es así como muchos jefes provinciales dejaron de tributar para el peronismo y conformaron un bloque aparte. El mismo tendrá 15 diputados que representan a Salta, Catamarca, Tucumán, Neuquén y Misiones.

Este movimiento dejaría como primera minoría a La Libertad Avanza, que sigue creciendo por dos motivos claros: porque es la bancada del oficialismo y porque tiene algo que ofrecerle al resto de los legisladores.

Por esta última razón es que los diputados del PRO siguen pasándose al bloque oficialista, que sumará un voto más cuando Silvia Lospennato pase a la legislatura porteña.

El bloque libertario está lejos de los 129 votos que se necesitan para tener quórum propio, pero con la primera minoría puede presidir comisiones y manejar con mucha mayor holgura la Cámara Baja. Esto será clave para tratar los dos proyectos que el Gobierno impulsa desde hace tiempo: el Presupuesto 2026 y la reforma laboral.

La Ley de Presupuesto 2026 está bastante más encaminada que la reforma laboral. El Ministro del Interior, Diego Santilli, viajará a Corrientes en lo que será la continuación de la gira que viene haciendo por todo el país para sumar voluntades de los bloques provinciales.

El proyecto de reforma laboral requiere de otras negociaciones que le llevarán más tiempo al Gobierno. En principio, ya lo comenzó a tratar en el último Consejo de Mayo, donde se redactaron algunos artículos del borrador.

En ese encuentro, el Ejecutivo mantuvo negociaciones con Gerardo Martínez, que representa a la UOCRA y a la CGT; con el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; con Martín Rapallini, en representación de la UAI, y con representantes de la Bolsa de Comercio y de los grandes grupos empresarios.

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Ahora el gran paso lo tiene que dar el Gobierno. Entre el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y el secretario de Trabajo, Julio Cordero, están tratando el último borrador, que va a ser presentado el 9 de diciembre.

El Gobierno va a tratar de asegurar los votos en Diputados, y luego saldrá a negociar con la CGT. La postura del Gobierno es clara: desfinanciar a los gremios y a las obras sociales.

Es posible que se llegue a una postura intermedia, pero está claro que demorará tiempo. No saldrá en diciembre y es probable que tampoco en febrero y marzo.

Gobierno, La Libertad Avanza, Javier Milei

En la Legislatura de la provincia del Neuquén presentaron un proyecto de ley que propone un cambio sustancial en el acceso de los extranjeros no residentes a los servicios públicos provinciales de Salud y Educación Superior.

La iniciativa, impulsada por la diputada Brenda Buchiniz del Bloque Cumplir, plantea la implementación de aranceles obligatorios para quienes se encuentren en la provincia bajo la categoría de residentes transitorios o cuenten con una autorización de residencia precaria, según lo establecido en la ley nacional Nº 25.871.

El eje central del proyecto reside en la decisión de cobrar por la prestación de servicios de salud pública y educación superior a extranjeros que no hayan adquirido la residencia permanente. Esta medida, según la autora, responde a la necesidad de proteger los recursos provinciales y garantizar que el financiamiento de estos servicios recaiga principalmente en quienes contribuyen de manera regular al sostenimiento del sistema.

En abril del año pasado, el bloque de Juntos por el Cambio (PRO-NCN) de dicha provincia presentó un proyecto de ley que buscó arancelar la atención médica a extranjeros, tanto a turistas como a residentes transitorios o precarios. La iniciativa fue impulsada por la diputada Verónica Lichter.

El destino de lo recaudado

La propuesta establece que los fondos recaudados a través de estos aranceles se destinarán a la creación de dos fondos especiales: uno para salud y otro para educación. El Fondo Especial para la Salud Pública se nutrirá de los ingresos generados por el cobro a extranjeros y tendrá como destino exclusivo el financiamiento de la atención y los servicios en hospitales y centros de salud provinciales, la adquisición y mantenimiento de equipamiento médico, la capacitación del personal y la mejora de la calidad sanitaria. El texto detalla que estos recursos también podrán atender otras necesidades del sistema público de salud que determine el Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Salud o el organismo que lo reemplace.

En el ámbito educativo, el Fondo Especial para la Educación Pública se conformará con los aranceles cobrados a extranjeros en instituciones de nivel terciario, institutos técnicos superiores e institutos de formación de la provincia. Estos recursos estarán destinados exclusivamente a solventar gastos de funcionamiento, mejoras edilicias, adquisición de equipamiento y mobiliario, y otros gastos con fines educativos, quedando expresamente prohibido su uso para el pago de salarios.

El proyecto contempla excepciones en situaciones de urgencia o emergencia médica, así como para víctimas de trata de personas, refugiados y solicitantes de asilo. En estos casos, la provincia garantiza la prestación de los servicios de salud, aunque la autoridad sanitaria podrá buscar el recupero de los gastos incurridos. El articulado aclara que, para estos supuestos, se aplicarán de manera supletoria las disposiciones de la ley Nº 3.431, en la medida en que resulten pertinentes.

Además, la iniciativa faculta al Poder Ejecutivo Provincial a celebrar convenios de reciprocidad con otros países. El objetivo es asegurar que los habitantes de Neuquén reciban atención sanitaria gratuita durante su tránsito o estadía temporal en países con los que se suscriban estos acuerdos. En tales casos, los extranjeros alcanzados por el artículo 1º quedarían exentos del pago de aranceles tanto en salud como en educación superior.

La administración y reglamentación de la ley quedaría en manos de los ministerios de Salud y de Educación y Derechos Humanos de la provincia, que tendrían la potestad de dictar las normas necesarias para su implementación dentro de sus respectivas competencias.

Fundamentos y argumentos

En los fundamentos del proyecto, la diputada Buchiniz sostiene: “El Estado no puede ser un financiador ilimitado de servicios para personas que no contribuyen de manera efectiva a su sostenimiento”. También argumenta que el sistema público de salud y educación de la provincia se financia con los aportes de los ciudadanos neuquinos y argentinos, y que resulta injusto que quienes no han contribuido ni tributado de manera regular accedan gratuitamente a prestaciones de alto costo. La legisladora enfatizó que “los recursos del contribuyente no pueden ser confiscados para sostener obligaciones que no le corresponden”.

El texto subraya que la propuesta no implica un abandono de la solidaridad ni del humanitarismo, ya que garantiza la atención en casos excepcionales y prevé mecanismos de protección para los grupos más vulnerables. Sin embargo, fuera de esos supuestos, la diputada consideró que “es justo que quienes no forman parte del contrato social provincial paguen por los servicios que demandan”.

La creación de fondos especiales con afectación específica busca evitar que los recursos recaudados se diluyan en la burocracia y asegura que se destinen exclusivamente a la mejora de infraestructura, equipamiento e insumos, sin engrosar estructuras administrativas ni sostener gasto corriente. El proyecto se presenta como un acto de orden y racionalidad presupuestaria, bajo el principio de que “el Estado no debe ni puede ser un proveedor gratuito universal, sino que debe garantizar reglas claras y justas y esto es que quien utiliza un servicio, lo pague”.

“La Provincia del Neuquén tiene derecho a resguardar sus recursos y a velar por el bienestar de quienes efectivamente los generan y sostienen con su esfuerzo. Establecer aranceles a los extranjeros en salud y educación es un acto de justicia fiscal, de respeto al contribuyente y de defensa de la libertad frente al abuso del gasto público indiscriminado”, concluyó la diputada Buchiniz entre los argumentos.

Otros casos en el país

En febrero del 2024, el Gobierno de Salta oficializó el cobro de la atención sanitaria a extranjeros. La medida se oficializó a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y contempla como excepción a las urgencias, que seguirán siendo garantizadas.

Otra provincia que se sumó a esta iniciativa fue Mendoza, que desde el 1 de agosto del año pasado estableció su sistema de cobro a través de un decreto, con el objetivo de recuperar fondos y fortalecer el sistema de salud local. La medida especifica que los costos deben ser cubiertos por los propios pacientes extranjeros o sus seguros, y aplica a aquellos categorizados como residentes transitorios o precarios.

En Santa Cruz se tomó una medida similar en abril del 2024 y que fue tomada como respuesta a un déficit económico significativo en el sistema de salud provincial. Las tarifas se ajustan según el tipo de atención y la duración de la internación y busca disuadir el uso no contributivo del sistema de salud por parte de extranjeros.

A mediados de septiembre, la Legislatura de Jujuy reglamentó la ley 6.116, que en 2019 había creado el Sistema de Seguro de Salud para Personas Extranjeras. Sin embargo, luego entró en un parate debido al acuerdo que Argentina y Bolivia habían firmado sobre asistencia sanitaria recíproca.

En marzo de este año, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires anunció el cobro de la atención médica en hospitales públicos a ciudadanos extranjeros que no cuenten con DNI argentino. La medida no incluye emergencias, que siguen siendo gratuitas.

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