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El Gobierno presentó el nuevo Código Penal y prometió penas más duras contra los delitos graves y la corrupción

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El Gobierno nacional dio a conocer este lunes los principales ejes del proyecto de reforma integral del Código Penal, una iniciativa que apunta a modificar de raíz el sistema de penas vigente en la Argentina. El anuncio fue encabezado por la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en una conferencia de prensa realizada en Casa Rosada, en la que ambos funcionarios defendieron la iniciativa como una herramienta central en el combate contra el delito y la impunidad.

Según explicaron, el nuevo texto buscará actualizar un Código que data de 1921 y que, a lo largo de más de un siglo, fue objeto de múltiples modificaciones parciales. Para el Gobierno, esas reformas fragmentarias derivaron en un sistema “desordenado, poco claro y carente de firmeza frente al delito”, lo que motivó la necesidad de avanzar en una versión completamente revisada.

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Adorni aseguró que la reforma tiene un trasfondo político e institucional de largo plazo. “Un país serio no puede depender de parches ni de la ideología del gobierno de turno. Necesitamos reglas estables que traigan orden donde hubo descontrol”, afirmó. En ese sentido, sostuvo que el proyecto apunta a reconfigurar la política criminal del Estado bajo una consigna clara: eliminar la laxitud judicial y reforzar la responsabilidad penal.

Uno de los puntos más sensibles será el endurecimiento de las penas para delitos considerados graves, en especial aquellos vinculados a la corrupción, el narcotráfico, la violencia reiterada y el abuso de poder. El Gobierno anticipó que el proyecto incluirá sanciones más severas para funcionarios que delincan en ejercicio de la función pública y la eliminación de beneficios especiales para personas condenadas por hechos de corrupción.

“La impunidad tiene fecha de vencimiento”, remarcó el nuevo jefe de Gabinete, al tiempo que anunció que quienes hayan cometido delitos desde cargos públicos podrán perder jubilaciones especiales y otros beneficios previsionales. La medida busca enviar una señal política fuerte sobre la responsabilidad agravada de quienes administran recursos del Estado.

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Por su parte, Patricia Bullrich afirmó que el Congreso tendrá un rol decisivo en el proceso legislativo. “Será una discusión histórica”, enfatizó la ministra saliente, que recordó que los códigos penal y procesal constituyen la base del orden jurídico.

En ese marco, Bullrich detalló una serie de cambios centrales que propondrá el Ejecutivo. En materia de homicidios simples, la pena máxima pasará de 25 a 30 años de prisión. Para los homicidios agravados, que actualmente prevén prisión perpetua, se incorporarán nuevos criterios que endurecen la calificación del delito, como los casos de magnicidio, el asesinato de autoridades educativas en funciones, víctimas menores de 16 años o adultos mayores.

Otro punto sensible es el referido a los siniestros viales con consecuencias fatales o lesiones graves. En los casos de conducción imprudente, las penas se elevarán de los actuales rangos de 1 a 3 años hasta un nuevo margen de entre 2 y 6 años de prisión, mientras que las figuras agravadas pasarán de 2–4 años a un tope de 6. La propuesta, según Bullrich, busca terminar con el tratamiento judicial “benévolo” frente a casos que terminan en tragedias.

En relación al uso indebido de armas, el nuevo Código incluirá condenas específicas para quienes porten armas sin autorización legal, eliminando interpretaciones judiciales amplias que, según la ministra, hoy facilitan la excarcelación.

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La reforma también endurece el régimen de ejecución penal. El Gobierno pretende que las condenas se cumplan efectivamente y que la prisión perpetua no tenga límite temporal. A su vez, en delitos graves se habilitará la acumulación de penas, lo que derivaría en condenas extensas en casos de elevada peligrosidad.

Uno de los cambios más relevantes será la modificación del concepto de legítima defensa, que quedará formulado en favor de quien se defiende de una agresión. Además, por primera vez las víctimas tendrán derecho a participar durante todo el proceso penal y serán notificadas de manera inmediata cuando un condenado obtenga salidas transitorias o acceda al cumplimiento final de su pena.

Otro eje es la imprescriptibilidad de delitos considerados graves y gravísimos. Entre ellos figuran el homicidio agravado, los delitos sexuales, la trata de personas, la sustracción de menores, el terrorismo y el narcotráfico. En esos casos, las penas serán de cumplimiento efectivo y no estarán sujetas a plazos de prescripción.

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La reforma tendrá alcance nacional y se aplicará en todas las provincias. Desde el Ejecutivo destacaron que el objetivo es terminar con la disparidad de criterios judiciales según jurisdicción y unificar reglas en todo el país.

Por último, uno de los puntos más contundentes está vinculado a la corrupción: los funcionarios condenados perderán el acceso a jubilaciones de privilegio, una medida que el Gobierno considera simbólica y política y que busca marcar una diferencia frente a gestiones anteriores.

El proyecto será enviado al Congreso en las próximas semanas y el oficialismo anticipa un debate intenso. La reforma penal se perfila como una de las principales banderas legislativas del Ejecutivo para el año próximo.

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Código Penal,Corrupción,Manuel Adorni,Patricia bullrich,Reforma del Código Penal

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La CGT puso en duda que el Gobierno tenga el proyecto de reforma laboral: “Nosotros no sabemos nada”

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La incertidumbre domina el escenario sindical tras las últimas declaraciones de Jorge Sola, miembro del triunvirato de la CGT, quien puso en tela de juicio la existencia misma del proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional. En diálogo con Infobae en vivo, Sola manifestó que la central obrera no recibió ningún borrador y que la falta de comunicación solo agrava los temores dentro del sector. “¿Será cierto que está redactado? Nosotros no sabemos nada y ante la falta de noticias certeras podemos pensar cualquier cosa», expresó Sola.

El dirigente advirtió que la discusión está teñida por una mirada ideológica que, según él, se impone sobre el análisis del impacto real de la reforma: “Hay una mirada más ideológica sobre la reforma laboral, que sobre el impacto que puede llegar a tener. Está más cerca de replicar el DNU 70/23, que la creación de una mirada que pueda incorporar más empleo en negro al registrado”, precisó.

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En esa línea agregó: “Si una institución como lo es la CGT o los empresarios no tienen noción directa sobre lo que se está escribiendo, la verdad que es un problema, para la clase política es un gran problema, que dicen tener la solución, y cosa que dudo notablemente”.

Sola también puso el foco sobre los riesgos de avanzar hacia negociaciones individuales por empresa, advirtiendo que estas estrategias debilitan la posición de los trabajadores, y explicó que defender la negociación por actividad es un principio básico en la protección de los derechos laborales. “No afecta el poder de negociación de los sindicatos, sino de los trabajadores. Cuando negocias por empresa tenés menos poder de negociación. Habrá algunos que serán más condescendientes y otros que aplicarán más el derecho. En Argentina y en el derecho laboral se tiene que defender la fuerza de trabajo, porque es la que tiene menos fuerza. Defendemos la negociación por actividad, sin dejar de considerar que hay algunas miradas particulares sobre las necesidades que se tienen”, sostuvo.

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En un clima de marcada tensión, el sindicalista expuso la existencia de obstáculos políticos e ideológicos que, a su criterio, dificultan toda instancia de diálogo genuino. “Hay cuestiones ideológicas del Gobierno contra nosotros. Hay una idea de que quien está enfrente es una confrontación con quien tiene ideas diferentes, políticamente, eso triunfa en una parte del gobierno cuando debería triunfar la sensatez. Ese sector del gobierno es el de Sturzenegger. El triángulo es más negociador. Ahí está la verdadera negociación”, describió, sugiriendo internas dentro del propio oficialismo.

Para Sola, la exclusión de los representantes sindicales del proceso de debate estructural impide la construcción de soluciones realistas para el mercado de trabajo. “Lo que debería triunfar es la sensatez, cuando haces una reforma recae sobre los actores principales y en esta negociación no están sentados en la mesa para opinar o para proponer ideas y generar soluciones. Nosotros tenemos miradas distintas, porque los que laburan no son los políticos”, reflexionó.

Consultado sobre instrumentos como el banco de horas, Sola remarcó que su aplicación debe depender de cada convenio colectivo y que no tiene el mismo efecto en todos los sectores. También abordó el debate en torno a la reducción de la jornada laboral, señalando que el mundo ya discute ese tema y que podría formar parte de la agenda para enfrentar el desempleo. “En el mundo se está pensando la idea de reducir la jornada laboral, si nosotros tenemos problemas de desempleo y queremos que más personas se introduzcan en el empleo formal, ¿no sería mejor que se reduzca la jornada laboral?”, expresó.

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Jorge Sola advirtió que la negociación por empresa puede reducir el poder de los trabajadores

La preocupación de la CGT también abarca el deterioro salarial y la pérdida de empleos, problemas que, según Sola, se profundizaron con la aceleración inflacionaria y la imposición de topes en las paritarias. “Ahora tenemos dos problemas, la caída del empleo y los trabajadores que tienen empleo y no le alcanza, porque han pisado las paritarias. La caída del poder adquisitivo es peor ahora, la inflación venía altísima y ahora aún se prevé que va a haber una inflación del 2% y te topean la paritaria, lo que hace que al trabajador no le termine alcanzando”.

El sindicalista también puso distancia respecto del relato oficial que vincula conflictividad laboral con actitudes perjudiciales hacia los empleadores. “Se armó un discurso de que el laburante viene para joder al empleador, no es así, el laburante lo único que quiere es trabajar para llevar el pan a su casa”.

Antes de concluir, Sola insistió en la necesidad de incentivos fiscales que acompañen la inversión productiva y recalcó la urgencia de una reforma tributaria. “Hoy el empresario que quiere invertir, quiere incentivos fiscales. Es imprescindible la reforma tributaria, estamos en recesión, el INDEC no lo dice, pero es así. Esto es lo importante, que se promueva la economía.”

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De este modo, la CGT refuerza su postura y siembra dudas sobre la transparencia y los objetivos del Gobierno en su propuesta de modificación laboral, mientras en los despachos oficiales la agenda se mueve entre negociaciones políticas y el desafío de sumar consensos parlamentarios.

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El Gobierno frena la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, pero no descarta impulsarla en el futuro

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El Gobierno finalmente no incluyó en el anuncio sobre el contenido del proyecto de nuevo Código Penal a la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, como lo estuvo analizando el fin de semana, aunque no descarta hacerlo en el futuro.

”Nosotros, los técnicos, levantamos los temas todo el tiempo y las definiciones políticas llegan de arriba», dijo a un funcionario del Gobierno, que participó de la redacción de la iniciativa, al explicar la determinación oficial.

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La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dieron una conferencia de prensa en la Casa Rosada en la que dieron detalles del proyecto de ley que enviarán al Congreso para modificar el Código Penal.

El Gobierno enviará al Congreso la reforma del Código Penal
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunciaron que el nuevo Congreso contemplará la reforma.
Presidencia

El proyecto agrava las penas para delitos comunes, para la corrupción y dispone que no son imprescriptibles los delitos graves. Durante el fin de semana, una fuente del Ministerio de Seguridad había dicho a que se incluían entre esos delitos los de corrupción. Y una fuente del Ministerio de Justicia coincidió: “Está en estudio”, admitió.

En el anuncio de este lunes, cuando le preguntaron a Bullrich, la ministra dirigió la consulta al viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, que estaba sentado en la primer fila, quien negó que estuvieran incluidos como imprescriptibles los delitos de corrupción.

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Sebastián Amerio,el viceministro de Justicia

En el proyecto de reforma están incluidos el homicidio agravado; el abuso sexual, la producción, comercialización y distribución de material de abuso sexual infantil; la corrupción de menores, la promoción y facilitación de la prostitución, explotación y rufianería, la sustracción de menores con fines sexuales, la trata de personas, el secuestro, los atentados al orden constitucional y al sistema democrático, los procesos contra organizaciones criminales, y el terrorismo y su financiamiento.

Mas tarde, un funcionario del Gobierno explicó lo ocurrido de esta manera: “Patricia dijo que está a estudio, pero no está puesta hoy la corrupción como imprescriptible. Pero ella lo dijo en la conferencia, y charlaremos sobre la posibilidad de hacerlo. Todavía hoy no está puesto. No es algo tan urgente como parece, porque mientras se es funcionario no corre la prescripción”.

“Habría que ver el caso bien y la definición política al respecto. Nosotros los técnicos levantamos los temas todo el tiempo y las definiciones políticas llega de arriba y las acomodamos. Hoy no está puesto todavía como un delito imprescriptible”, explicó este funcionario cercano a la mesa donde se decide el texto final que se enviará al Congreso.

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El nuevo texto del Código Penal prevé el agravamiento de las penas. Se elevarán los mínimos y máximos de una gran cantidad de delitos. Entre estos delitos están el homicidio simple que pasa de 8 a 25 años a 10 a 30 años de cárcel.

Javier Milei y Patricia Bullrich cuando presentaron en la cárcel de Ezeiza el nuevo Código Penal, en plena campaña electoralTadeo Bourbon

Según el texto de la reforma, para el homicidio agravado la pena es de prisión perpetua cuando la víctima sea el presidente, jefe de Gabinete, ministros, docentes, menores de 16 años o mayores a 65 años. También si ocurre el crimen en un lugar de concurrencia masiva, centro educativo o deportivo o en la vía pública, mediante armas, automotores u otros elementos aptos para producir la muerte de un número indeterminado de personas o por encargo.

La lesiones leves pasan de un mes de mínima a 1 año de máxima, para situarse en 1 año de mínima a 3 años de máxima. Mientras que la pornografía infantil actualmente se pena con 3 a 6 años de prisión y se prevé ir de 3 a 12 años con agravantes que llevarían el mínimo a 4 años.

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El proyecto, en el que trabajaron en forma conjunta los ministerios de Justicia y de Seguridad, aumenta a 10 años la pena de trata de personas y a 15 si es agravada. En el hurto se eleva la pena de 1 a 3 años. Y en el robo de 3 a 8 años de prisión o de 3 a 10 años si es con violencia sobre las personas.

La iniciativa oficial eleva las penas para la corrupción: el cohecho pasa de 6 años de pena máxima a 10 años. Asimismo, se eleva en un tercio adicional cuando se trate de contrataciones públicas. Si el que comete el delito es presidente, vicepresidente, jefe de Gabinete, entre otros, la escala va de 5 a 15 años. Como consecuencia de las reformas, el 82% de los delitos pasarán a ser de cumplimiento con prisión efectiva.


Hernán Cappiello,Conforme a

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Kicillof culpó a Milei por la falta de recursos en la Provincia y pidió que se apruebe el endeudamiento

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Axel Kicillof volvió a confrontar con el presidente Javier Milei en la antesala de una sesión clave en la que intentará conseguir la sanción de la Ley de Financiamiento. Denunció un “asedio financiero ilegal” sobre la provincia de Buenos Aires; afirmó que la Nación le “quita recursos obligatorios” y señaló que existen “decisiones deliberadas de exclusión de reuniones”.

También reclamó por la falta de transferencias vinculadas a seguridad, transporte y jubilaciones, y definió como un “robo de billones de pesos” la deuda que, según dijo, mantiene la gestión libertaria con la Provincia.

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Leé también: La oposición acusa a Kicillof de incumplir con los acuerdos y se complica la posibilidad de aprobar el endeudamiento de la Provincia

“No estamos dispuestos a afrontar vencimientos de deuda, de una deuda que no tomamos originalmente, con recursos que se retraigan de salud, de educación. La Legislatura debe decidir en favor del orden económico y social de nuestra provincia. No hay negociación que debiera condicionar algo de esta importancia”, afirmó Kicillof.

El impacto del ajuste de Milei

En un acto acompañado por la vicegobernadora Verónica Magario y un grupo de intendentes de diferente signo político, Kicillof sostuvo que la provincia enfrenta “una situación de excepción” y repasó que el paquete de leyes económicas fue enviado el 3 de noviembre, pero solo dos normas fueron aprobadas el 26.

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Recordó que el Presupuesto 2025 declaró la emergencia económica debido a la “profunda recesión” y al “incumplimiento por parte del Gobierno nacional de transferencias automáticas y no automáticas” y señaló que la actividad económica cayó 5,7% en la provincia; la industria, 10%; la construcción, 25%, y el comercio, 8%, además de la pérdida de “18.000 empresas en el país y 5000 en la provincia” de Buenos Aires.

El oficialismo bonaerense hará un nuevo intento este miércoles para conseguir quórum para tratar la Ley de Financiamiento en la Legislatura. (Foto: Prensa Cámara de Diputados bonaerense)

También apuntó al freno de la obra pública: “Por decisión de Milei hay cerca de 1000 obras frenadas en todos los rubros”. Advirtió que la población “no puede pagar el mínimo de la tarjeta” y sostuvo que el Gobierno nacional “modificó números” para mostrar una actividad sin recesión, cuando al descontar la intermediación financiera “estaríamos en números negativos”. Añadió: “Mientras hay una fiesta en el mundo financiero, en el mundo real la vida de la mayoría se vuelve cada vez más difícil”.

Sobre el impacto fiscal, afirmó que Buenos Aires dejó de percibir “$12,9 billones, que serían US$9000 millones”, monto que, según aseguró, “disimula un presunto superávit” nacional. A eso sumó “$3,6 billones de recaudación disminuida”, equivalentes a “unos US$2500 millones”. “Si la Provincia no se derrumbó es porque se ha decidido priorizar y trabajar con muchísima dedicación, planificación, eficiencia, sensibilidad y responsabilidad”, remarcó.

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Kicillof defendió la administración provincial como “la más austera” del país y señaló que Buenos Aires, junto con Córdoba, es la jurisdicción con menos trabajadores estatales por habitante. Subrayó además la inequidad estructural: la provincia aporta el 38% de la recaudación y recibe “menos de un 7%”.

El pedido de Kicillof a la Legislatura

Tras detallar el impacto del ajuste de los recursos nacionales sobre la Provincia, su repaso sobre la Ley de Financiamiento, explicó que el pedido oficial no implica incrementar el stock de deuda: “No tenemos un pedido de nueva deuda, sino de los recursos para atender parte de los vencimientos del año pasado y de este”. Indicó que la deuda provincial bajó del 9% al 6% del producto y que la carga de intereses descendió del 8,7% al 3% del presupuesto. “La deuda no va a subir ni bajar, si no es por cuestiones coyunturales”, dijo.

Leé también: Citan a indagatoria al exministro de Transporte de Kicillof por el escándalo con las fotomultas y la VTV

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El proyecto incluye un fondo para municipios: el 8% del financiamiento se repartirá entre las comunas y se garantizarán $250.000 millones en cinco pagos fijos hasta junio, más allá del volumen final de las colocaciones. Kicillof destacó que esos recursos darán previsibilidad para afrontar gastos corrientes.

“No estamos dispuestos a afrontar vencimientos de deuda, de una deuda que no tomamos originalmente, con recursos que se retraigan de salud o educación”, alertó. De cara a la sesión de este miércoles advirtió que “no hay negociación que debiera condicionar algo de esta importancia” y cerró con un mensaje directo a la oposición: “Con serenidad, firmeza y convicción democrática, le pido a la Legislatura que vote en favor de los 17 millones de bonaerenses”.

Axel Kicillof, Javier Milei, legislatura bonaerense

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