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Uno de los acusados por las irregularidades en la Andis apuntó contra sus superiores

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Roger Grant, uno de los funcionarios de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) investigado por las presuntas irregularidades en la compra de medicamentos, apuntó ante la Justicia hacía arriba en la organización: declaró que era su jefe, Daniel Garbellini, quien le indicaba todo lo que debía hacer. En los audios que dieron origen al escándalo, el extitular de la Andis, Diego Spagnuolo, identificó a Garbellini con Eduardo “Lule” Menem, mano derecha de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Grant fue indagado esta tarde por el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, ante quienes se explayó y contestó preguntas, dijeron a fuentes con acceso al caso.

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Agregaron que Grant explicó el procedimiento de la adquisiciones de medicamentos desde su cargo en el área de compras, pero “apuntó a Garbelli como quien le decía a quién llamar para ofertar y a quién adjudicar”.

En su declaración, Grant terminó por admiitir sus gestiones y su participación en el hecho, cometido por otro, pero con conocimiento de lo que ocurría, señalaron.

Grant era formalmente coordinador de Gestión de Urgencias de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS.

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Según explicó, Grant le consultaba a Garbellini −y procedía de conformidad− en todo lo relativo a las contrataciones de medicamentos.

En su declaración, corroboró que era Garbellini quien sabía quiénes iban o no a cotizar; manejaba los tiempos del proceso; ejecutaba instrucciones sobre a qué droguerías dar o no de alta en el sistema; y se interiorizaba sobre quiénes habían “podido” cotizar.

Grant está acusado de direccionar las operaciones ordenadas por Garbellini y figuraba en los cuadernos secuestrados en la vivienda de Miguel Ángel Calvete, otro intermediario clave en toda la operatoria.

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En esta causa ya fueron indagados Calvete, Spagnuolo, Garbellini, Eduardo Nelio González y Lorena Di Giorno. La mayoría se negó a declarar.

Ahora está previsto que declaren otras ocho exfuncionarios ligados a estas operaciones subterráneas donde se acordaba qué empresas iban a ofertar en la compra de medicamentos de alto costo y baja incidencia (Pacbi).

Grant fue designado como coordinador en la Andis el 11 de junio de 2024. Su trabajo era el de administrar las compras de medicamentos en el sistema Siipfis.

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Grant se conocía con Garbelli por haber trabajado juntos en la obra social Ospsip. “A partir de la incorporación de Roger Grant a la Andis se puede advertir el rol que este tuvo en la agencia de discapacidad como ejecutor de las decisiones de Daniel María Garbellini en el marco de un esquema de irregularidades y arbitrariedades del que venimos hablando”, señaló el fiscal Picardi en su acusación.

Grant le informaba en forma permanente a Garbelini cuando se sacaba una cotización o a quiénes se debía convocar. Conocía el sistema de compulsa de precios “general” y otro que denominaba “especiales”.

Este mecanismo paralelo era el usado para las adquisiciones irregulares. Allí solo participarían habitualmente cuatro droguerías, por menos drogas y se alternaban en las ganancias, dice la acusación.

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Venezuela: liberaron a más de 30 presos de El Rodeo I, pero no hay novedades de Nahuel Gallo

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Al menos 30 presos políticos fueron liberados este lunes de la prisión El Rodeo I, en las afueras de Caracas, tras la promulgación de una histórica ley de amnistía en Venezuela. Los beneficiarios salieron del penal con la cabeza rapada y camisas blancas al grito de “¡somos libres!”, siendo recibidos por familiares que aguardaban en las inmediaciones.

Según informó el diputado Jorge Arreaza, quien preside la comisión para el cumplimiento de la norma, el proceso ya benefició a 2021 personas con medidas cautelares y a 177 detenidos que recuperaron su libertad plena.

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Pese al avance de las excarcelaciones, el gendarme argentino Nahuel Gallo continúa recluido en El Rodeo I y mantiene una huelga de hambre. Su pareja, María Alexandra Gómez, confirmó a TN que hasta el momento no recibió noticias sobre su situación.

María Gómez, esposa de Nahuel Gallo

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El efectivo argentino exige la visita de la Cruz Roja y asistencia consular como condiciones para levantar la medida de fuerza, en un contexto donde el proceso de liberaciones, según los allegados, avanza “a cuentagotas”.

La Ley de Amnistía fue impulsada por la presidenta Delcy Rodríguez, quien asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. La norma busca transitar hacia “una Venezuela más democrática, más justa, más libre”, aunque expertos dudan de su alcance real, ya que militares acusados de actividades terroristas podrían quedar excluidos.

No obstante, algunos de los liberados este lunes pertenecen al ámbito militar, como el cadete Javier Rivas, quien denunció haber sufrido “tortura, golpes, maltrato físico” durante su detención.

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Hasta la mañana del lunes, la ONG Foro Penal contabilizó 65 amnistiados desde la entrada en vigencia de la ley. Por su parte, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, detalló que 1500 presos políticos solicitaron formalmente su libertad a través de este instrumento legal.

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AMNISTIA VENEZUELA,liberados,Nahuel Gallo,Presos Políticos

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El Gobierno puso en marcha el plan de retiros voluntarios en los medios públicos

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El Gobierno busca reducir la planta de empleados en los medios públicos y para eso puso en marcha un nuevo plan de retiros voluntarios. La medida alcanza a Radio y Televisión Argentina (RTA) y Contenidos Públicos, que en total tienen una dotación de más de 2200 empleados. El proceso se extenderá hasta fines de marzo próximo.

Los medios públicos están intervenidos desde comienzos de la administración mileísta y desde mediados del año pasado tienen nuevas autoridades, con el exvocero de la Sociedad Rural Carlos Curci al frente de ellos.

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La intervención fue renovada nuevamente a comienzos de este mes con la publicación del decreto 79/2026 en el Boletín Oficial (BO). Está prevista que se extienda hasta febrero de 2027.

Tanto desde el inicio de la gestión libertaria, como desde que se produjo ese cambio en el área, se insistió en la idea en que el plan es reducir “a casi la mitad” la planta de empleados. Este será el primer paso.

Con el plan de retiros voluntarios, el objetivo, señalaron a dos fuentes oficiales, es que entre 500 y 600 personas abandonen sus puestos en marzo.

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En la Casa Rosada reconocen que no saben si será posible llegar a ese número debido a las distintas condiciones y funciones de los trabajadores, que podrían hacerlos elegir quedarse en el entramado de medios oficiales. Contra sus propias intenciones, admiten “que a la gente le puede convenir más que la echen antes que un retiro voluntario”.

“La mayoría del plantel tiene más de 20 años de antigüedad”, añadió la fuente, que reconoció que se podría dificultar el plan oficial de reducir la plantilla.

“Apuntamos a que se sumen lo más que se puedan”, terminó reconociendo un funcionario del área.

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El retiro voluntario que se abrió alcanza a RTA (que incluye a la TV Pública, Radio Nacional y Canal 12 de Trelew) y la unidad de Contenidos Públicos, que incluye las señales Paka Paka, Depor TV y Cont.ar. “Esperamos que sea la mayor cantidad de gente posible”, insistieron.

El retiro voluntario fija entre sus condiciones a quienes lo acepten que “no podrán trabajar en el Estado por cinco años” y para los que tengan mayor antigüedad, la posibilidad de cobrar en hasta tres cuotas su salida.

Una semana atrás, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, había adelantado la inminente apertura de los retiros voluntarios. Sobre la TV Pública, dijo: “No se puede privatizar porque no lo permite la ley. Por lo tanto, lo que te queda es achicar al mínimo el gasto. Hacerla eficiente en términos de achicarla todo lo que se pueda, en virtud de no tener la chance de privatizarla”.

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Adorni también se refirió a un cambio de nombre al canal estatal, que aún conserva el que quedó de la etapa kirchnerista.


Cecilia Devanna,Medios y política,Conforme a,,Mendoza. La alianza de la UCR y LLA derrotó al peronismo en uno de sus bastiones municipales,,Reforma laboral. Desafíos para una ley multipropósito,,Solo en Off. Furor y decepción entre quienes pagaron para sentarse cerca de Milei en Mar a Lago,Medios y política,,Lo compraría un aliado de Trump. Terremoto político y mediático en Italia: se venden La Repubblica y La Stampa, dos de los principales diarios opositores,,“Salón de la Vergüenza”. Trump ya tiene su Fake, 7,8… en la web oficial de la Casa Blanca,,»Me pasó de todo». Roberto Funes Ugarte: de su dura infancia a la “horrible” experiencia que vivió en Miami y el gran sueño que tiene

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El Gobierno avanza en un modelo de auditoría para fortalecer los “modelos de control internos”

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En el marco de una estrategia de modernización estatal, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), encabezada por Alejandro Díaz, impulsa un cambio en los controles internos del Estado y consolida la certificación de calidad en nuevas Unidades de Auditoría Interna. Este proceso toma relevancia en una coyuntura donde la profesionalización y la transparencia en la gestión pública son demandas centrales de la ciudadanía. También en momentos en que varios hechos de corrupción, como en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el fentanilo mortal, dejaron expuestos fallas en las unida de control interno.

Recientemente, el secretario de Transporte, Fernando Augusto Herrmann, y el titular de la SIGEN, firmaron el Acta Compromiso para implementar el Referencial IRAM N° 13 en la Unidad de Auditoría Interna de esa Secretaría. El mismo día, el rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos, Andrés Sabella, suscribió un acuerdo semejante, integrando a la institución en el esquema de gestión de calidad promovido por la sindicatura. Según información de la SIGEN, estas iniciativas buscan profesionalizar la auditoría interna y establecer procesos evaluables conforme a estándares reconocidos.

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El Referencial IRAM N° 13 es un documento normativo que establece los requisitos para un sistema de gestión de la calidad específico para las Unidades de Auditoría Interna (UAI) del Sector Público Nacional. Esta referencia fue desarrollada por el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) junto con la Sindicatura General de la Nación.

El caso de la ANDIS enendió las alarmas en el Gobierno y llevó a las autoridades a pensar formas de control más estrictas

“Estamos impulsando mucho más que una certificación técnica. Estamos promoviendo un cambio cultural en el Estado. La calidad no puede ser una opción ni un atributo accesorio: debe convertirse en el estándar sobre el cual se estructure la gestión pública”, expresó Díaz durante la firma.

También señaló que profesionalizar la auditoría interna y someter los procesos a evaluación permanente permite construir un Estado que aprende, corrige y mejora. “Ese es el camino hacia una administración más eficiente, más transparente y más responsable frente a la ciudadanía”, sostuvo.

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Con estas adhesiones, cuatro Unidades de Auditoría Interna avanzan hacia la certificación: la Secretaría de Transporte, la Universidad Nacional de Entre Ríos, la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires y el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). En 2025, estas dos últimas firmaron sus correspondientes Actas Compromiso. Además, se están formalizando acuerdos con el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, Operadora Ferroviaria S.A. y el Ministerio de Capital Humano.

En diálogo con Infobae, Díaz ya había opinado que la corrupción trasciende lo administrativo y financiero, considerándola “un fenómeno cultural que erosiona la confianza, debilita instituciones y ‘mata’”. El funcionario evocó la propuesta de Sandra Pettovello, quien dijo que se trata de “un experimento inédito: una prueba piloto de evaluación de políticas públicas con tablero de mando”.

Este sistema consiste en relevar los objetivos del Ministerio y establecer indicadores para controles durante el proceso, no solo al finalizar. “La idea es contar con indicadores intermedios que alerten desvíos. Sandra, por ejemplo, nos dice ‘quiero llegar a tal objetivo en determinada área’. Tal vez no lo logre, porque los indicadores intermedios ya marcan desvíos. Y si no se hace nada en el medio, no se consigue. La idea es que las medidas sean más oportunas. Esta sería una prueba piloto para empezar y después replicar en otros ministerios”, detalló Díaz.

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En ese sentido, Díaz agregó que uno de los ejes principales de la sindicatura es participar en el proceso de ingreso de Argentina a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). “Argentina ya participa del G20, que aprueba normativas de la OCDE. Estar ahí nos permitiría incidir en su elaboración. La clave es hacer los deberes, aggiornar las regulaciones, cumplir estándares internacionales y avanzar en convenciones contra la corrupción”, enfatizó el titular de SIGEN.

En palabras de Díaz, “hacer los deberes” significa actualizar procesos, transparentar circuitos, documentar decisiones, establecer indicadores y someterse a auditorías externas. En ese sentido, señaló que este enfoque “estructural” resulta fundamental para el ingreso de Argentina a la OCDE, ya que la organización promueve políticas públicas sustentadas en evidencia, integridad y buenas prácticas.

Para Díaz, el desafío de la calidad excede lo técnico y exige un cambio cultural. “La corrupción no es solo un desvío administrativo, sino un fenómeno cultural que atraviesa toda la sociedad. Sí, yo creo que la corrupción mata. Es un flagelo cultural en nuestra sociedad. Si la sociedad no logra cambiar esa cultura, terminamos siendo una sociedad corrupta que mata, que hace mal a la gente”.

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Desde SIGEN, la política de certificación se plantea como herramienta para fortalecer la gestión pública a partir de controles robustos, procesos claros y trazables, y una cultura orientada a los resultados. Ampliar la aplicación de normas de calidad responde a una decisión política: medir, evaluar y mejorar la gestión pública con estándares objetivos, trazables y verificables.

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