El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la diputada Natalia Zaracho protagonizaron un intercambio de declaraciones en la red social X. El debate ocurrió tras la aprobación de la reforma laboral en el Senado de la Nación. Los funcionarios discutieron sobre la negociación con los gobernadores y la ejecución de obras públicas en las provincias.

Natalia Zaracho cuestionó la votación en la Cámara alta con duros términos contra el Poder Ejecutivo y los mandatarios provinciales. La legisladora sugirió que se otorgaron beneficios a las provincias a cambio de votos positivos para la ley.

Zaracho escribió: “Se cagaron en los trabajadores de todo el país. La historia los va a poner en su lugar. A este Gobierno de hijos de p*ta, a los senadores que votaron esto y a los gobernadores que se vendieron por dos cordones cuneta”.

Manuel Adorni respondió el mensaje con un comentario técnico sobre las competencias del Estado nacional. El ministro coordinador buscó desacreditar la acusación de la diputada mediante la ironía. Adorni publicó: “Estimada Natalia, los ‘cordones cuneta’ son responsabilidad de los gobiernos locales, jamás podríamos haber otorgado dos de ellos tal como usted sugiere. Saludos”.

La iniciativa legislativa propone una modificación profunda en la Ley de Contrato de Trabajo. El texto otorga mayor flexibilidad en las condiciones de contratación y en el régimen de despidos. El oficialismo obtuvo el respaldo de los bloques de “opositores dialoguistas” para avanzar con estas medidas.

El plan estipula un recorte en los elementos que integran el cómputo para los pagos por desvinculación forzosa. Los empleadores excluyen el aguinaldo, las vacaciones y los premios de la cifra final. Tampoco ingresan las propinas en este cálculo. La ley crea los Fondos de Asistencia Laboral (FAL) como herramienta principal de financiamiento. Estas cuentas poseen carácter inembargable y reciben aportes mensuales de las patronales.

Las grandes empresas destinan el 1% de sus contribuciones para conformar este fondo. Las pymes realizan un aporte mayor, que llega al 2,5%. La reforma también altera el régimen de enfermedades y accidentes fuera del ámbito laboral. El empleado percibe el 50% de su salario básico durante tres meses si no tiene cargas de familia. El plazo se extiende a seis meses para los trabajadores con familiares a cargo.

La reforma laboral establece restricciones severas para las medidas de fuerza sindicales. El Gobierno divide las actividades en dos categorías principales según su importancia social. Los servicios esenciales deben garantizar una prestación mínima del 75% de su capacidad habitual. Los servicios considerados trascendentales operan con al menos el 50% de cobertura durante los paros.

El dictamen deroga cinco estatutos profesionales con vigencia histórica. Los periodistas, los viajantes de comercio y los peluqueros pierden sus marcos normativos específicos. La medida alcanza también a los choferes particulares y a los operadores de radio. La cuota sindical obligatoria permanece vigente para todos los trabajadores. Los empleados pagan este aporte a los gremios sin importar su condición de afiliados.

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La senadora Patricia Bullrich y el jefe del bloque peronista, José Mayans, sostuvieron una discusión este jueves por la madrugada en la Cámara alta. El debate parlamentario sobre la modificación de las leyes de trabajo dio origen a un fuerte intercambio previo a la votación del proyecto. La vicepresidenta Victoria Villarruel presidió la sesión, que contó con la asistencia de diversos integrantes del gabinete nacional en los palcos del recinto.

La confrontación entre los legisladores ocurrió durante el cierre de la discusión sobre la normativa laboral. Bullrich solicitó una cuestión de privilegio antes de su discurso final. El motivo del reclamo fue una comparación entre el proyecto oficialista y un “campo de concentración”.

La jefa de la bancada de La Libertad Avanza pidió omitir la expresión “el trabajo es libertad”. Según la visión de la senadora, esa inscripción remite a Auschwitz y el asesinato de millones de personas. Bullrich aseguró: “No lo merece esta casa de la democracia”. El senador opositor reaccionó con palabras desde su sitio, pero no se registraron sus dichos porque su micrófono no estaba habilitado.

La senadora oficialista exigió respeto para el presidente Javier Milei ante los calificativos de la oposición y solicitó el fin de los agravios e insultos contra el jefe de Estado. Además, aseguró que la única expresidenta que está detenida en el país es Cristina Fernández de Kirchner.

La discusión se desarrolló bajo la mirada de la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Diego Santilli también presenció el intercambio desde uno de los sectores del Senado.

El diagnóstico del Gobierno sobre el mercado de trabajo actual señala un agotamiento del esquema tradicional: Bullrich manifestó que el modelo vigente no logró el fomento de puestos laborales genuinos en las últimas décadas. La senadora sostuvo: “Este modelo fracasó, fracasó en generar empleo”.

El oficialismo considera que el andamiaje legal actual tiene como consecuencia el “quiebre de las pequeñas y medianas empresas”. También describió el sistema como una estructura que utiliza la defensa del trabajador como una pantalla para otros fines. La transparencia en las relaciones laborales constituye uno de los ejes de la reforma propuesta por el Poder Ejecutivo.

Bullrich señaló que la abundancia de normas facilita la aparición de irregularidades y actos ilícitos. La senadora explicó: “La simplificación es transparencia, es que la gente entienda por donde tiene que caminar”. El proyecto busca que la contratación de personal nuevo deje de representar un riesgo económico para los empleadores. El bloque oficialista calificó la etapa anterior como la Argentina de la amenaza para quienes desean invertir o trabajar de manera formal.

La estructura del empleo público en las diversas jurisdicciones del país también formó parte central de la argumentación oficial: Bullrich planteó que la actividad económica de las provincias no puede depender de forma exclusiva del Estado. La senadora propuso el fin de los esquemas que denominó como “estados feudales”. Según su exposición, en estos distritos existe un control total sobre la población a través de la administración pública.

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