El significado político es mucho más impactante, aunque probablemente menos profundo, que el efecto que los cambios puedan tener en la práctica y en la vida de la mayoría de los argentinos. Dos pilares simbólicos de una era acaban de ser tocados en su raíz.

La reforma laboral y la sanción del régimen penal juvenil aprobadas por amplia mayoría en las respectivas cámaras legislativas modifican leyes que en 50 años resultaron casi intocables. Y cuando se tocaron desataron conflictos serios, no solo motorizados y protagonizados por las dirigencias partidarias y sectoriales, sino con el aval y el mandato expreso o tácito de un amplio sector de la sociedad.

Nada de aquella resistencia (efectiva, sobre todo, cuando las reformas no fueron impulsadas por el peronismo) puede asemejarse a los deplorables incidentes y la fuerte represión que se observaron anteayer en la Plaza del Congreso y sus alrededores. Tampoco a la impotente y fragmentada oposición que encontraron las iniciativas oficiales en el seno del Parlamento. Si no fuera por el signo político gobernante, podrían establecerse varios parentescos con la primera mitad de la década menemista, aunque la solidez de los soportes gremial y partidario del que gozaba el riojano tampoco son parangonables.

La presidencia de Javier Milei aparece así como el vector de una demanda, una tolerancia o una resignación a cambios radicales que ya estaban instalados en la ciudadanía, como hace 36 años. Por eso, el argumento más exitoso del Gobierno fue que se proponía terminar con normas y políticas “que ya fracasaron”, aún cuando se pueda discutir con datos y conceptos qué cuotaparte de la decadencia y del fracaso le corresponde a cada una.

Sin embargo, el avance de estos proyectos de fuerte penetración en la opinión pública y que atañen a cuestiones que están en el tope de la pirámide de las preocupaciones sociales, como el empleo y la inseguridad, no solo dejó a la luz transformaciones profundas que han operado en los últimos años en la superestructura políticas y gremiales, así como en lo más hondo de la sociedad.

La aprobación de la reforma laboral y del régimen penal juvenil también muestra alteraciones sustantivas en la conducta del Gobierno en pos de obtener ese resultado. Nadie puede aventurar cuánto durará. Además, no se ha dado sin mucho trabajo, algunos costos y sin dejar heridos en el equipo gubernamental.

Es un hecho manifiesto que la disposición a la negociación y a hacer concesiones, mostrada en los dos casos, no tiene precedentes, aún hasta llegar al borde del papelón de cambiar el proyecto original hasta a último momento o de retirarlo y volverlo a presentar con cambios, como ocurrió con la ley penal juvenil. Y adquiere aún más significación cuando se repara en que se atendieron los reclamos y se les preservaron los intereses más contantes y sonantes a sectores que desde los orígenes han sido demonizados por todo el universo libertario, empezando por el propio Milei.

El retiro y la morigeración de varios artículos que afectaban el corazón de las cajas sindicales es por estas horas motivo de celebración (con espumante francés) para la dirigencia sindical dialoguista, encabezada por Gerardo Martínez, Andrés Ródríguez y el flamante triunviro cegetista Cristian Jerónimo, interlocutores frecuentes de Santiago Caputo. Aunque también varios de ellos han anudado a lo largo de este proceso un vínculo con una antigua exenemiga, como la senadora Patricia Bullrich, artífice junto a otro examarillo, como Diego Santilli, de este primer paso.

Del equipo de los pragmáticos no debe excluirse a algunos jugadores decisivos, empezando por la hermanísima Karina Milei, secundada y apoyada (siempre) por los primos Menem. La circunstancial coincidencia de varios de ellos no implica que se hayan saldado las profundas disputas internas existentes, sobre todo entre el ala karinista y el ala caputista. Las contradicciones secundarias a veces ceden ante los objetivos principales.

La concesión que preserva ingresos de los gremios resulta tan significativa, en tanto, que dejó desacomodados a varios funcionarios de la primera línea mileísta, empezando por uno de los preferidos del Presidente, como es Federico Sturzenegger, abanderado público del embate a la (¿ex?) casta gremial.

La rápida aparición pública del ministro de Desregulación para elogiar el paso dado en el Senado confirma la vigencia de un instrumento idóneo para saber quién queda en offside en algún momento dentro del campo de juego mileísta.

Aparecer como el tempranero y repetido vocero o defensor en medios o redes sociales en algún momento crucial es una buena unidad de medida para identificar a los que pisaron en falso o quedaron a contramano. La verborragia mediática y digital de Luis “Toto” Caputo durante la semana de la crisis en el Indec y de la reinstalación de la inflación en la agenda pública es un buen ejemplo de eso.

Los artículos resignados en la reforma laboral, así como la identidad de los beneficiados por esos cambios, hacen que no se pueda comparar con ningún otro acontecimiento la flexibilidad y el pragmatismo oficialistas mostrados en las últimas horas. Ni siquiera con las muchas concesiones que debió hacer obligada y tardíamente el oficialismo cuando se dispuso a presentar la segunda (y recortada) versión de la Ley Bases, después del estrepitoso fracaso de la versión original, donde el Gobierno se inmoló por sus dogmas. También por la ausencia de experiencia política y la supina ignorancia de la técnica parlamentaria.

Dos años después, las acciones y los actores principales, aun cuando algunos sigan siendo los mismos, difieren radicalmente. Aprendizaje, resignación o curso acelerado de pragmatismo. Da igual. Por ahora.

La aprobación de dos proyectos de tan fuerte contenido simbólico, además de las consecuencias prácticas inmediatas, como el beneplácito expresado por los mercados, permite dejar en segundo plano, por el momento, tanto las secuelas que el tránsito de las iniciativas tuvo puertas adentro del Gobierno, como las consecuencias prácticas que tendrían si, finalmente, logran la sanción en las cámaras que aún deben tratarlo.

Por lo pronto, en Diputados los aliados ya han expresado algunas reticencias a ciertos artículos de la reforma laboral y el número y la identidad de los que votaron en contra o se abstuvieron en el Senado, lleva a presumir que todavía el Gobierno y sus negociadores tienen trabajo por realizar.

Nadie duda, una vez más, de que la aprobación en general está garantizada en esta segunda instancia, más allá de algunos cacareos de ocasión. También en la Casa Rosada y en la presidencia de Diputados se da por hecho que, al final, aparecerán los votos para que salga en la votación particular, pero que deberán trabajarlo.

Cualquier modificación que se introduzca generará demasiado ruido, ya que haría volver el proyecto a la Cámara de origen. Nada que agrade a los agentes del mercado. La mayoría alcanzada en el Senado fue una fuente de tranquilidad adicional, ya que si se reprodujera en Diputados, despejaría el horizonte en otros ámbitos, como el judicial, al que prometieron recurrir los gremios perdidosos y la oposición más frontal, encabezada por el kirchnerismo y la izquierda, debilitados por la magnitud de las adhesiones que logró reunir el oficialismo.

En ese punto, despertó alguna incomodidad y cierta inquietud el comunicado emitido por los aliados de Pro en el que cuestionaron que del texto final que se aprobó en la Cámara alta se haya quitado la facultad de pagar salarios por medio de las billeteras virtuales y que ese sea un monopolio de los bancos.

Ante la sospecha de lobby de algunas fintech, desde la conducción del bloque que encabeza Cristian Ritondo aclararon que lo usaron para marcar alguna diferencia con los libertarios después de la mimetización que vienen sufriendo y que se profundizó con el apoyo casi sin condiciones a las iniciativas oficiales.

“Es absurdo y sospechoso que se privilegie a los bancos, cuando buena parte de la población y, en especial, los jóvenes prefieren las billeteras virtuales. Habría que mirar quiénes esponsorearon las campañas de algunos candidatos de LLA que ahora son parte fundamental del tratamiento de estas normas. Además, los corrimos por derecha. Si son tan libertarios, ¿por qué no dan libertad de elección a los trabajadores también en esto?”, señaló con malicia una fuente cercana a la conducción del escorado submarino amarillo.

El señalamiento de Pro encendió algunas alarmas, ya que tanto en el Gobierno como en sectores del macrismo advirtieron que podrían sumarse al planteo otros bloques o legisladores para lograr introducirle cambios al proyecto y devolverlo al Senado, con la intención de demorar su sanción y aplicación. Desde el bloque de diputados macristas se apuraron a aclarar que más que un proyecto de modificación se trató de una chicana. A ver si los malinterpretan y sufren represalias. La paz libertario-macrista es frágil.

La foto que dejó la sesión de anteayer tiene, además, otras connotaciones relevantes. Muestra al Gobierno mucho más cerca de los cruciales dos tercios necesarios para aprobar leyes e iniciativas que requieren de mayorías agravadas, como la designación de jueces o el Procurador general, jefe de los fiscales. De todas maneras, proyectar esa imagen podría terminar en un espejismo peligroso, ya que cada situación y proyecto son distintos y generan distintos incentivos o temores para sumarse o rechazar las pretensiones oficialistas.

En la Casa Rosada ya dicen haber aprendido que no hay margen para impulsar figuras indigeribles o impresentables destinadas a ocupar cargos clave, como el de ministro de la Corte Suprema. Ante esta realidad más auspiciosa en el Senado ya empezaron a analizar sigilosamente en el Gobierno nombres que en nada se parecen al de Ariel Lijo, el frustrado candidato para el tribunal supremo. No es poco. En la Argentina lo provisional suele ser definitivo, pero lo que se pretende irreversible no suele durar para siempre.

Esa máxima vale también para este escenario en el que parece consolidarse el comienzo de un nuevo ciclo, en el cual el ideario libertario coincide con expectativas y demandas de una mayoría o al menos de un número que no tiene hoy oposición comparable. En magnitud y en propuestas. Aunque la adhesión dura al Gobierno no se acerque al 50 por ciento, enfrente solo hay balcanización y ausencia de proyecto nacional.

Sin embargo, algunas encuestas recientes y los relevamientos de las expresiones en redes empiezan a dar muestras incipientes de algunas fatigas. Los siete meses seguidos de aumentos de precios que rompieron la tendencia descendente, y que ponen al índice del IPC cada vez más cerca del 3% que del 2% −y ni que hablar del cero prometido por Milei para dentro de seis meses−, es una de las causas de esa reacción. La confirmación de la caía del poder adquisitivo de los salarios, que siguen por debajo del nivel de 2023, explica las nacientes alteraciones en el humor colectivo.

Otro tanto es el caso de la actividad económica y la destrucción de empleos formales registrados. La tensión entre mantener como sea el descenso del índice de precios y la recuperación económica, que advertían varios de los economistas más respetados, está siendo resuelta de la manera menos tranquilizadora. Las dos variables muestran comportamientos nada virtuosos. Hasta el amigo del Presidente, el reconocido Juan Carlos de Pablo, llamó a hacer algunas revisiones. El ancla monetaria podría tener algunas fisuras.

La duda es si en estas horas de logros y euforia hay lugar para el pensamiento crítico adentro del Gobierno. Especialmente en el Milei economista y en sus agentes en el palacio de Hacienda.

La adhesión, la aceptación, la tolerancia y la resignación social, así como el vacío opositor siempre dependen de las respuestas y la satisfacción de las demandas ciudadanas por parte de los gobiernos de turno. Y las demandas nunca son estáticas.

Tras la aprobación del nuevo régimen penal juvenil en la Cámara de Diputados, que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, el arco político reaccionó. Mientras que desde el oficialismo destacaron que se termina con la “impunidad”, la oposición criticó la medida que, según su visión, “agrava” la inseguridad.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue una de las primeras en pronunciarse. Señaló que “el menor que mata, paga”, y aseguró que la edad ya no será una “excusa para el crimen”.

En sintonía, el jefe de gabiente, Manuel Adorni, celebró que el país se encuentra “un paso más cerca” de terminar con el sistema de “puerta giratoria”. “Delito de adulto, pena de adulto”, escribió en X.

Además, Presidencia lo celebró a través de un comunicado: “Durante más de 4 años la dirigencia política evitó enfrentar esta discusión. Se presentaron más de 37 proyectos de reforma sin que ninguno fuese tratado. Mientras tanto, la realidad avanzó: el delito se volvió más violento, organizado y precoz. Sin embargo, la ley permaneció acanalada en otra época. La Argentina no puede seguir rigiendo con normas pensadas para un país que ya no existe. Este proyecto pone fin a esa distorsión”.

En otra parte del escrito, el gobierno expresó su esperanza de que el proyecto recibirá la media sanción restante en el senado “para que el fin de la impunidad sea una realidad”.

El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, también se unió a los festejos. “Gran paso en el Congreso: delito de adulto, pena de adulto”, afirmó. Sin embargo, señaló: “No nos olvidemos de lo más importante: penas efectivas. Porque si bajamos la edad pero la detención no se cumple, no cambia nada”.

Por el contrario, el rechazo de la oposición fue tajante. La ex diputada nacional y senadora bonaerense, Mónica Macha, advirtió que la baja de la punibilidad a los 14 años es una decisión que, lejos de traer alivio, “no resuelve el problema de la inseguridad, sino que lo agrava”.

En esa misma línea, la diputada Nacional Unión por La Patria, Sabrina Selva expresó: “El oficialismo no trajo ningún régimen penal para discutir: solo el título de un diario”.

Por su parte, el diputado Jorge Taiana sostuvo que el proyecto aprobado “busca criminalizar a los jóvenes más vulnerables”. “No hay una respuesta integral a la problemática de los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la Ley”, manifestó.

La legisladora Vanesa Siley también criticó en duros términos el proyecto del nuevo régimen penal juvenil parcialmente aprobado:

“El país que proyecta Javier Milei: trabajo esclavo para los padres, y cárcel para los pibes y pibas. La baja de la edad de imputabilidad, para habilitar el encierro desde los 14 años, ya tiene media sanción en Diputados”, indicó.

La intendente de Quilmes, Mayra Mendoza, se sumó a las críticas alegando: “¿Por qué no discutimos en serio una nueva escuela con doble jornada y formación técnica que les dé herramientas reales para el futuro? La seguridad también se construye con oportunidades”.