La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) finalizó una auditoría que cuestiona con gravedad el funcionamiento del PROCREAR II durante los años 2021 a 2023, un período en el que el programa dependió del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat —primero conducido por Jorge Ferraresi y luego por Santiago Maggiotti, durante el gobierno de Alberto Fernández— y quedó finalmente desmantelado tras el Decreto 70/2025, firmado por el presidente Javier Milei y por el ministro de Economía Luis Caputo. El documento, de más de 200 páginas, revela que el mayor programa habitacional del país operó durante años sin los controles mínimos para garantizar transparencia, trazabilidad, recupero y correcta aplicación de fondos públicos.

La conclusión del organismo es lapidaria: “Las tareas se llevaron a cabo en un marco que presenta debilidades… Se requiere intensificar la adopción de medidas necesarias para superar las debilidades apuntadas”. Traducido: un programa que manejó miles de millones de pesos, y destinado a beneficiar a miles de familias para acceder a su primera propiedad, funcionó con procesos improvisados, controles ausentes y bases de datos inconsistentes.

La disolución del PROCREAR II

En noviembre de 2024, el Gobierno dictó el Decreto 1018/2024, que disolvió el fondo fiduciario público que administraba PROCREAR. En 2025, a través del Decreto 70/2025 se disolvió la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda —la dependencia del Estado que gestionaba PROCREAR II y otros programas habitacionales— como parte de una reestructuración, impulsada por La Libertad Avanza desde la Casa Rosada.

A partir de esa decisión, la mayoría de los fondos y programas habitacionales dependientes de esa Secretaría quedaron cancelados, y sus funciones fueron reasignadas.

Según los comunicados oficiales y los decretos, las motivaciones para cerrar PROCREAR II y desmantelar su estructura fueron las siguientes:

• La construcción estatal de viviendas y el financiamiento público de proyectos habitacionales ya no serían una prioridad estatal, sosteniendo que la vivienda debe gestionarse principalmente por provincias, municipios o el sector privado.
• Se consideró que los fondos fiduciarios que administraban estos programas representaban “una carga para las cuentas públicas”, en particular tras los problemas detectados de fiscalización, irregularidades, demoras en entregas, falta de resultados y deficiencias en ejecución.
• También se aludió a una filosofía de reorganización estatal: reducir el tamaño del aparato estatal, eliminar duplicaciones, centralizar (o simplificar) funciones y desalentar la intervención directa del Estado en vivienda.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof fue uno de los primeros en cuestionar el anuncio del cierre del plan habitacional. A su vez, señaló que la medida implicaba un golpe contra las políticas de vivienda que promovían el acceso a la casa propia.

El PROCREAR (Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar) fue creado el 12 de junio de 2012, mediante el Decreto 902/2012, firmado por Cristina Fernández de Kirchner.

Ese decreto dispuso la creación del Fondo Fiduciario PROCREAR y estableció que sería administrado por el Banco Hipotecario S.A. como fiduciario, con el objetivo de otorgar créditos hipotecarios accesibles para construcción, compra de vivienda y desarrollos urbanísticos.

Los duros cuestionamientos de la SIGEN

La auditoría golpea el corazón del programa. La ex Secretaría de Desarrollo Territorial —bajo Ferraresi y Maggiotti— manejaba la planificación, adjudicación, supervisión de obras y control del destino de fondos, pero la SIGEN detectó que no existían manuales de procedimiento, no había sistemas integrados, las bases de datos presentaban duplicaciones e inconsistencias y se aprobaban desembolsos sin análisis técnico. La Dirección Nacional de Desarrollos Habitacionales operaba sin criterios uniformes y sin trazabilidad documental.

Uno de los hallazgos más graves es que no existía ninguna verificación presencial de obra. La SIGEN lo dijo con precisión quirúrgica: “No existiría una política de verificaciones a beneficiarios…”. Y sobre los desembolsos: “Verificación documental del avance hasta el 100% por parte del Banco Hipotecario S.A.”. Es decir, se aprobaba obra sin ir a la obra.

Cuando la SIGEN decidió hacer lo que el programa nunca hizo, confirmó lo que sospechaba: de 79 domicilios inspeccionados, 4 no tenían ninguna obra, varios estaban deshabitados y en otros los medidores de gas nunca habían sido colocados aunque figuraban como instalados.

A esto se suman fallas en los sistemas informáticos, con bases que no conversaban entre sí, registros duplicados y desembolsos que no coincidían con el avance declarado. Tampoco existían controles cruzados entre adjudicación, obra y pagos. El archivo físico y digital estaba desordenado, con expedientes incompletos o extraviados y documentos sin firma electrónica.

La línea de tiempo muestra cómo estas fallas se consolidaron. El PROCREAR II renace en 2020. En 2021, bajo Ferraresi, se entregan miles de créditos y ya aparecen las primeras irregularidades. En 2022 se firma el convenio con la UTN por $27,6 millones, que la SIGEN luego considerará incumplido. Ese año también se contrató más de $10.800 millones en seguros sin compulsa, una de las observaciones financieras más fuertes. Tras la llegada de Maggiotti, las debilidades no se corrigieron.

Entre 2022 y 2023, la mora explota: 41,13% en la línea “Mejora” y 58,14% en “Refacción”, con atrasos de hasta 2.066 días. El total impago supera los $3.970 millones. El Banco Hipotecario reconoció que en algunas líneas no realiza gestiones activas “salvo que el cliente tenga otros productos en mora”.

Luego ocurre el episodio más crítico: entre septiembre y noviembre de 2023 se adjudican 2.500 créditos hipotecarios a tasa 0 sin previsión presupuestaria. El Estado solo libera el 30% inicial y luego deja todas las obras paralizadas. La Secretaría intenta reconvertirlos en préstamos personales.

En el plano financiero, el fideicomiso contrató seguros por $10.840.632.505 sin compulsa, con Caruso Seguros e Hipotecario Seguros. Y el convenio con la UTN, por $27.678.000, prácticamente no entregó nada más que un tablero parcial.

En 2024 la SIGEN realizó sus verificaciones presenciales —las primeras en toda la historia del programa— y detectó irregularidades graves. Ese mismo año, el Ministerio fue desmantelado y muchas observaciones quedaron catalogadas como “no regularizables” porque el organismo ejecutor ya no existía. meses después, ya en 2025, se publicó el informe final.

En ese contexto, la auditoría enumera las irregularidades más significativas, que exponen un programa masivo sostenido sobre una estructura institucional debilitada.

Las 10 irregularidades detectadas por la SIGEN

1) Todas las obras se aprobaron solo con documentación enviada por los beneficiarios.

2) Obras inexistentes: en 4 de 79 viviendas inspeccionadas no había nada hecho.

3) Mora crítica: 41,13% en “Mejora” y 58,14% en “Refacción”, con atrasos de más de 2.000 días.

4) Créditos hipotecarios sin fondos: 2.500 familias quedaron con obras paralizadas.

5) Seguros sin compulsa por más de $10.800 millones.

6) Convenio UTN sin entregables: $27,6 millones por manuales que nunca aparecieron.

7) Bases de datos con fallas graves: registros duplicados y sistemas sin integración.

8) Selección de beneficiarios sin criterios homogéneos: riesgo de discrecionalidad.

9) Supervisión deficiente en desarrollos urbanísticos: informes incompletos y demoras sin justificar.

10) Archivo físico y digital desordenado: expedientes extraviados y documentos sin firma electrónica.

En total, la SIGEN observó $14.838.662.466,25, entre cuotas impagas, seguros sin compulsa y convenios incumplidos. Y advirtió que la falta de controles, sumada a la eliminación del organismo ejecutor, deja amplias áreas del programa sin posibilidad de revisión o regularización.

La auditoría muestra, en definitiva, que el PROCREAR II fue un programa de enorme impacto social sostenido con una estructura administrativa débil, datos inconsistentes y controles mínimos. Una política habitacional crucial que, según la SIGEN, se ejecutó durante años en un “marco de debilidades” que puso en riesgo la integridad financiera del Estado y la situación de miles de familias.