POLITICA
Prohíben salir del país a quienes aparecen como dueños de la quinta de Pilar que se asocia con las autoridades de la AFA

El juez federal Daniel Rafecas prohibió la salida del país e inhibió los bienes de quienes aparecen como propietarios de una fastuosa quinta de Villa Rosa, Pilar, que se le adjudica a las autoridades de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino.
La decisión de Rafecas recayó sobre Luciano Pantano y su madre, Ana Conte, así como también la firma Real Central SRL, que en los registros aparecen como titulares de la quinta con helipuerto, haras y un galpón donde se habrían acumulado autos de colección y de lujo.
Ana Lucía Conte fue monotributista hasta el año 2012 y, durante la pandemia, percibió el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) otorgado por la Anses. Posteriormente obtuvo su jubilación y quedó registrada bajo la cobertura de PAMI.
En mayo de 2022 pasó a registrarse como trabajadora autónoma con ingresos por $15.000. Ese trámite coincidió en tiempo con su constitución como accionista mayoritaria de la empresa que compró el lote en Pilar, siempre de acuerdo a lo denunciado.
Por su parte, Luciano Pantano figuró inscripto en el régimen simplificado de impuestos, con una facturación anual de $40 millones -como tope- y deudas bancarias registradas hasta septiembre de este año. Para la Coalición Cívica, que impulsó la acción penal, resulta inverosímil que una persona con su nivel de ingresos pudiera afrontar la compra de la mansión ubicada en Villa Rosa, Pilar, compuesta por dos lotes con una superficie total de 105.384,80 metros cuadrados.
Pantano tiene lazos con el mundo del fútbol. Fue presidente de la Asociación Civil Argentina de Futsal y ocupó un cargo en la tesorería del Club Almirante Brown.
Rafecas, tras recibir información fiscal de la DGI, dispuso la prohibición de salida del país, la inhibición general de bienes y el congelamiento de cuentas de los dos investigados y de la empresa.
De la información oficial recibida hoy en el juzgado de Rafecas surge que la firma Real Central SRL es titular de al menos 59 vehículos, autos y motos, muchos de alta gama, antiguos y de colección.
Por otra parte, mañana se completará la designación de peritos tasadores, de modo que se podrá avanzar en la tasación del inmueble en los próximos días.
Hasta entonces, la Policía Federal, por orden del juez, mantiene consignas en los tres accesos del predio denunciado como perteneciente a autoridades de la AFA.
Se busca determinar si la lujosa quinta de Villa Rosa, en Pilar, que está en la mira de la Justicia es propiedad de Pablo Toviggino y Claudio “Chiqui” Tapia. A partir de una denuncia de la Coalición Cívica, se investiga una presunta maniobra de lavado de dinero.
Rafecas dispuso reforzar la seguridad hasta que se defina quién será el magistrado que finalmente se quede con esta causa, iniciada por la denuncia de Elisa Carrió, Matías Yofe y Facundo del Gaiso.
La orden a la Policía Federal fue poner consignas en entradas y salidas de la mansión para la identificación de las personas que entren o salgan. Además, se pidió fotografiar y registrar bienes, por ejemplo, vehículos que lleguen o salgan del lugar.
Rafecas enviará el caso a la Cámara Federal, que esta semana decidirá si el expediente se queda en el fuero federal o en el Penal Económico.
La denuncia originaria se presentó el lunes 1° de diciembre en Comodoro Py. Rafecas se declaró incompetente y la envió al fuero en lo penal económico, dado que no hay funcionarios públicos implicados y se trataría de un delito económico, como es el lavado o la evasión.
Pero el juez Javier López Biscayart se declaró incompetente y le devolvió la causa a la justicia federal. El mismo viernes regresó el caso al juzgado de Rafecas, que le dio intervención del fiscal Ramiro González. El fiscal impulsó la causa y pidió una batería de medidas de prueba para investigar a quienes aparecen como titulares de la casa quinta de Pilar.
La sospecha de la Coalición Cívica es que la fastuosa casa quinta con helipuerto pertenece a las autoridades de la AFA o está a nombre de testaferros.
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POLITICA
Ariel Lijo quedó a cargo de la causa que investiga la presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad

El juez federal Ariel Lijo quedó a cargo de la investigación por la presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), tras el sorteo realizado por la Cámara Federal para cubrir la subrogancia del Juzgado Federal 11.
La causa había sido instruida hasta ahora por el juez Sebastián Casanello, quien en los últimos días procesó a 19 personas, entre ellas Diego Spagnuolo, extitular de ANDIS, por su presunta participación en una asociación ilícita vinculada con sobornos y sobreprecios en la compra de medicamentos e insumos.
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En las últimas horas, Casanello pidió ser excluido del sorteo para un nuevo período de subrogancia y solo quedaron disponibles Lijo y María Eugenia Capuchetti. María Servini y Marcelo Martínez de Giorgi también decidieron apartarse.
El cambio de juez se produce en medio de fuertes intentos de las defensas de los imputados para lograr la nulidad de la causa. Los abogados plantearon irregularidades en la obtención de pruebas, incluidos audios de Spagnuolo que habrían sido utilizados para sostener la acusación.
En ese sentido, la Cámara Federal ordenó en las últimas horas que se analice el planteo de Spagnuolo, que había sido desestimado por Casanello, donde puso en duda la autenticidad de los audios, abriendo un nuevo capítulo procesal en el expediente.
La decisión, firmada por los jueces Martín Irurzun y Roberto Boico –con la disidencia de Eduardo Farah–, criticó duramente al juzgado de primera instancia por incumplir una orden previa del tribunal. Casanello descartó “in limine” el reclamo de los abogados de Spagnuolo, Mauricio D’Alessandro y Pablo Parera, sin abrir el trámite correspondiente.
La defensa de Spagnuolo aseguró en distintas oportunidades que existen irregularidades en la génesis de la denuncia, al sostener que los audios presentarían fallas técnicas, como cortes, falta de metadatos y posibles manipulaciones mediante inteligencia artificial. En esa línea, invocaron la doctrina del “fruto del árbol envenenado”, argumentando que si la prueba inicial es inválida, toda la investigación debe anularse.
Antes de dejar la causa, Casanello procesó a Spagnuolo y a otros 18 acusados por administración fraudulenta. El magistrado aseguró que existió un entramado de corrupción en la ANDIS con adjudicaciones direccionadas, sobreprecios en insumos para personas con discapacidad y un sistema de retornos a través de droguerías proveedoras.
Entre los procesados figuran Daniel María Garbellini (exsubdirector), Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian, identificados como líderes de la presunta asociación ilícita. El juez ordenó embargos millonarios y nuevas indagatorias, profundizando en las estructuras societarias involucradas.
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Lijo hereda entonces un expediente con procesamientos firmes por un lado, pero con la obligación de examinar retroactivamente la validez del inicio de la causa por el otro. Este panorama deja abierta la posibilidad de un cierre prematuro si se comprueban irregularidades o de un avance hacia juicio si se valida el origen.
Lijo es titular del Juzgado Federal 4 y había sido propuesto por el presidente Javier Milei como candidato para integrar la Corte Suprema de Justicia, pero su postulación no obtuvo el aval del Senado el año pasado. Ahora, enfrenta el desafío de avanzar en una causa que involucra al titular del Ejecutivo y a su hermana, Karina Milei.
Diego Spagnuolo, Agencia Nacional de Discapacidad, Ariel Lijo
POLITICA
La CGT marcha al Congreso contra la reforma laboral mientras el Senado debate el proyecto

Desde el mediodía, organizaciones sociales, agrupaciones de izquierda y distintos sindicatos confluyen frente al Congreso para darle forma a la movilización que encabezará la Confederación General del Trabajo (CGT) en rechazo a la reforma laboral que promueve el Gobierno y que tiene hoy su primera parada en el Senado.
La protesta de desarrolla con fuerte presencia de los gremios a lo largo de toda la Plaza de los Dos Congresos, pero el frente que mira al Congreso -donde se plantará la CGT- todavía no se constituyó como el epicentro de la protesta.
En la esquina de la avenida Callao, donde se encuentran los militantes del Frente de Izquierda, hubo un cruce con la policía. Los manifestantes tiraron piedras y los efectivos respondieron con los camiones hidrantes y gases lacrimógenos.
Además, el operativo antipiquetes no está aplicado en su plenitud, ya que hay cortes casi totales en las avenidas de Mayo, Callo y otras calles aledañas al Congreso.
Se espera para alrededor de las 16 horas la presencia de la cúpula de la CGT, impulsora del reclamo. A esa hora la sesión en el recinto continuará, ya que se espera la votación para la noche.
El Congreso está vallado y rodeado de un operativo especial de las fuerzas de Seguridad, que incluye a la Policía Federal, la Gendarmería Nacional y a la Prefectura, además del aporte que hace en la periferia la Policía de la Ciudad.
Con Patricia Bullrich en la Cámara alta, la convocatoria de la CGT es el segundo gran desafío para la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. Ya enfrentó una marcha similar en diciembre, aunque el epicentro había sido la Plaza de Mayo. También la marcha había sido en rechazo a la iniciativa laboral.
Pese al revés que sufrió en la Justicia a fines del año pasado, el Gobierno dejó trascender que desplegaría hoy el llamado “protocolo antipiquetes”, el mecanismo con el que durante estos dos años consiguió sofocar las protestas no masivas, muchas de ellas frente al Congreso, con saldo dispar.
Por el momento, la avenida Callao, que está cortada al tránsito, separa el congreso de la protesta que ocurre por entero en la plaza.
Hay un pequeño foco de protesta más vigoroso contras las vallas puestas sobre la avenida Rivadavia. La Policía reforzó esa zona
Además de los gremios de la CGT, en las calles estarán hoy las dos vertientes de la CTA, entre otras expresiones sindicales. Ya hay presencia de municipales bonaerenses, trabajadores bancarios y empleados estatales, entre otros, y los improvisados puestos de comida se despliegan a lo largo de toda la plaza.
Al malestar de los sindicatos se sumará también la corriente del peronismo que lidera el hoy fortalecido Axel Kicillof, Movimiento Derecho al Futuro (MDF), la agrupación kirchnerista, La Cámpora, cada una de ellas con columna propia, y otras agrupaciones periféricas del PJ.
La movilización de la CGT también le dará cobijo a la protesta semanal que llevan adelante distintos grupos de jubilados los días miércoles, en las que ya se registraron numerosos incidentes pese a ser convocatorias más modestas.
Descontento
Entre las modificaciones que el Gobierno introdujo en el texto original en busca de su aprobación, hay varias concesiones para los gremios. Se borró, por caso, la reducción del aporte que hacen los empleadores a las obras sociales y se ratificó la permanencia de la llamada “cuota solidaria”, que es la contribución que hace el empleado que no está afiliado al sindicato y que el Gobierno quería eliminar.
Sin embargo, hay malestar con muchos otros aspectos de la reforma laboral, un tema de alta sensibilidad para las CGT, que en el recinto se trata por grupos de artículos.
La ultractividad de los convenios colectivos colectivos o modificaciones en el cálculo indemnizatorio.
“Quitaron los artículos que perjudicaban a los sindicatos pero quedaron todos los que perjudican a los trabajadores”, traducía Rodolfo Aguiar, líder de Asociación Trabajadores Estado (ATE), uno de los gremios más combativos, que anunció más de un 90% de adhesión al paro. “El financiamiento de los sindicatos y de sus actividades es importante, pero no puede estar por encima de los derechos de los afiliados”, dijo antes de la movilización.
Noticia en desarrollo
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POLITICA
De qué murió Sandra Mendoza, histórica dirigente del PJ chaqueño


El fallecimiento de Sandra Mendoza, dirigente central del Partido Justicialista chaqueño, generó conmoción en el ámbito político nacional y provincial. La noticia fue confirmada en el Senado por Juliana Di Tullio, quien interrumpió el debate de la reforma laboral para anunciar la pérdida. “El fallecimiento de una compañera, una amiga en términos personales. Alguien a quien el Chaco quiere mucho, la provincia del Chaco quiere independientemente de qué pertenencia política tiene. Ella es Sandra Mendoza, una diputada que durante sus ocho años de mandato fue compañera de muchos de quienes están aquí sentados”, expresó la senadora, marcando el impacto que la noticia tuvo entre los legisladores. La sesión se detuvo para rendirle homenaje con un minuto de silencio.
Mendoza, de sesenta años, había sido internada en una clínica privada de la Ciudad de Buenos Aires después de atravesar un cuadro de salud sumamente delicado. Su estado se agravó en los últimos días y permaneció en terapia intensiva entubada, bajo vigilancia estricta y con pronóstico reservado. Personas de su entorno detallaron que la dirigente sufrió una lesión en las vértebras que le provocó daños en la médula espinal, lo que se sumó a las complicaciones derivadas de una diabetes de larga data. Según informaron fuentes cercanas citadas por Infobae y Diario Chaco, Mendoza estuvo aproximadamente tres días sin aplicarse la insulina necesaria, lo que empeoró su situación clínica. Pese a los esfuerzos médicos y el acompañamiento familiar, no logró recuperarse.
La dirigente, nacida en Presidencia Roque Sáenz Peña el 20 de abril de 1963, fue la cuarta hija de Guillermo Mendoza, ex ministro de la Suprema Corte provincial, y de Tita Fernández. Se formó como kinesióloga en la Universidad Nacional del Nordeste, donde comenzó su militancia en la Juventud Universitaria Peronista. Fue en ese espacio donde conoció a Jorge Capitanich, con quien contrajo matrimonio en 1990 y tuvo dos hijas, Guillermina y Jorgelina. El vínculo con Capitanich, ex gobernador del Chaco, se disolvió en 2009.
Su trayectoria política se extendió por más de tres décadas y estuvo signada por el compromiso con la salud pública y los derechos sociales. Mendoza inició su labor como diputada provincial y luego asumió funciones en la Casa de la Provincia de Chaco en Buenos Aires. En 2007 fue designada ministra de Salud de la provincia, cargo desde el cual promovió políticas de accesibilidad y mejoras en la red sanitaria, incluyendo un plan para universalizar rampas y optimizar los espacios públicos. Ese mismo año resultó electa diputada nacional por el Frente para la Victoria (FpV), banca que renovó en 2013.
Durante su paso por el Congreso, Mendoza impulsó proyectos orientados a la seguridad y la protección de la infancia, como la incorporación del “agente encubierto” en la Ley 26.388 de Delitos Informáticos para combatir la pedofilia. En ese sentido, señaló en su momento que la modificación “cambió el panorama legal, pero no le puso freno a la pedofilia”. También presentó iniciativas para reconocer la labor docente, garantizar opciones aptas para celíacos en locales gastronómicos y promover tarifas diferenciadas para centros culturales.
Entre sus propuestas legislativas más destacadas figura la introducción del femicidio en el Código Penal y su participación en la reforma de la ley del Consejo de la Magistratura. Su gestión estuvo orientada a la inclusión social y la ampliación de derechos para los sectores más vulnerables.
El fallecimiento de Mendoza fue acompañado por manifestaciones de pesar desde todos los sectores políticos. El Partido Justicialista de Chaco emitió un comunicado en el que valoró su compromiso y trayectoria, además de expresar su acompañamiento a sus hijas. El gobernador Leandro Zdero también se pronunció en redes sociales: “Lamentamos profundamente el fallecimiento de la Diputada Mandato Cumplido Sandra Mendoza. Más allá de las diferencias políticas, su paso por la vida pública forma parte de la historia institucional del Chaco. Acompaño a su familia y seres queridos en este momento de dolor”.
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner sumó su mensaje en la red social X y definió a Mendoza como una “gran compañera” y “guerrera de la vida”. Su influencia trascendió los cargos ocupados, consolidándose como referente de movimientos de mujeres y militancia peronista en la provincia, con una presencia activa incluso tras finalizar su mandato legislativo.
La partida de Sandra Mendoza deja una marca en la historia política del Chaco y el justicialismo, reflejada en el reconocimiento de colegas, adversarios y referentes de distintos espacios, que destacaron el esfuerzo y la dedicación con los que desempeñó su labor pública.
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