El oficialismo decidió modificar el artículo más cuestionado de la reforma laboral para destrabar su aprobación en la Cámara de Diputados. Luego de la controversia generada por el sistema de licencias médicas, el Gobierno negocia una nueva redacción con bloques aliados con la intención de votar la iniciativa esta misma semana.

La jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, reconoció públicamente la falla del texto original. “Tuvimos un error porque la ley original no distingue entre enfermedades. Tuvimos un error, lo reconozco”, admitió tras reunirse con el presidente Javier Milei en la Quinta de Olivos.

El artículo 44, aprobado previamente en el Senado, modificaba el régimen vigente al establecer que un trabajador que no pudiera prestar tareas por una enfermedad o accidente no laboral percibiría el 50% de su salario. El mismo apartado indicaba que, si la imposibilidad no provenía de una acción voluntaria ni del conocimiento previo del riesgo para la salud, el pago ascendería al 75% de la remuneración.

En medio de la tensión por la reforma laboral, Milei recibió a Patricia Bullrich en Olivos

El alcance de ese cambio generó rechazo en sectores sindicales y también en bancadas opositoras dialoguistas, lo que puso en duda la votación en Diputados. Desde el PRO advirtieron que corregirlo únicamente en la reglamentación implicaba otorgarle al Poder Ejecutivo un margen de discrecionalidad excesivo, mientras que otros legisladores consideraban que esa alternativa era insuficiente.

Frente a ese escenario, el oficialismo optó por reescribir directamente el artículo antes del debate parlamentario. En La Libertad Avanza aseguran que la idea es llegar al plenario de comisiones con el texto consensuado: “Queremos llegar al plenario ya con la redacción acordada con los aliados”, señalaron a Clarín desde el bloque.

El cronograma legislativo prevé que las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto y Hacienda se reúnan para emitir dictamen y habilitar la sesión. En el oficialismo confían en reunir los votos necesarios para la aprobación en general. “Para la general estamos arriba de los 130 votos”, afirmaron fuentes parlamentarias.

La modificación obligará a que el proyecto vuelva al Senado, ya que cualquier cambio respecto de la media sanción requiere la revisión de la Cámara alta. Allí, el plan es tratarlo en comisión de inmediato y, tras cumplir los plazos reglamentarios, sancionarlo hacia fines de mes.

El objetivo político del Gobierno es que la reforma esté aprobada antes de la apertura de sesiones ordinarias del Congreso. En el entorno oficial relativizan los tiempos: sostienen que la prioridad es la sanción de la ley, incluso si se demora algunos días más.

Interna sindical por la reforma laboral: los gremios duros exigen a la CGT una marcha al Congreso

La polémica por las licencias médicas, sin embargo, ya tuvo impacto político. La CGT convocó a un paro general el día del tratamiento en Diputados y sectores sindicales adelantaron protestas frente al Congreso. La discusión se convirtió así en uno de los principales focos de tensión entre la administración de Milei y el movimiento obrero.

Por el momento, el oficialismo descartó introducir otros cambios reclamados por aliados, como modificaciones al sistema de pago de salarios mediante billeteras virtuales. En paralelo, continúan las negociaciones por el Fondo de Asistencia Laboral, destinado a financiar indemnizaciones, aunque en la Casa Rosada aseguran que la iniciativa mantiene respaldo suficiente para avanzar.

Si el esquema legislativo se cumple, la reforma laboral podría quedar definitivamente sancionada en los próximos días, marcando uno de los proyectos centrales de la agenda económica del Gobierno.

La entrada El Gobierno corrige el punto más polémico de la reforma laboral y busca aprobarla esta semana en Diputados se publicó primero en Nexofin.

Congreso Nacional,Diputados,Patricia bullrich,Reforma Laboral

@trebuquero,pic.twitter.com/fJhvzYfFUg,February 18, 2026,LN+,Paro general contra el Gobierno,,Conforme a,,Había pedido ayuda a la gobernación. Tras la polémica, Samid fue trasladado a la Argentina en un vuelo privado,,“Autopuesta en peligro”. El Gobierno pide a los periodistas no estar en lugares de conflicto durante la cobertura de la reforma laboral,,El artículo de la polémica y el voto negativo «por anticipado». La trastienda del acuerdo entre el Gobierno y sus aliados para destrabar la reforma laboral,LN+,,¿Sin movilización? Qué se sabe del paro nacional de la CGT contra la reforma laboral, este martes 17,,Buena fortuna. Año Nuevo Chino 2026: un especialista explicó el significado del Caballo de Fuego y reveló las dos comidas típicas del festejo,,El rol clave de las familias. Therian: un especialista explicó por qué detrás del fenómeno viral «hay sufrimiento»

El gobierno de Uruguay, a través de su Ministerio de Ambiente, solicitó a la firma HIF Global que incluya a la ciudad argentina de Colón, Entre Ríos, dentro de los centros poblados que podrían ser afectados por la instalación de su planta de hidrógeno verde.

“Se deberán detallar los elementos más relevantes del medio natural, prestando especial atención al Área Protegida Islas del Queguay, los cuerpos de agua y los montes nativos, así como los principales elementos del medio antrópico en el entorno de cada componente, tales como centros poblados del área de influencia (incluyendo a la ciudad transfronteriza de Colón), instituciones educativas y vías de tránsito”, indicó el informe revelado por el medio oriental El Observador.

Además, las autoridades del vecino país le reclamaron a la firma controlada por capitales chilenos que releve la oferta turística y recreativa de la zona vinculada al río Uruguay. El escrito exigió “énfasis en la ciudad de Colón y otros receptores relevantes, identificando puntos de mayor sensibilidad y eventos característicos”.

La planta de HIF en Paysandú representará una inversión de más de 5 mil millones de dólares. Se trataría de la principal inyección de capital privado extranjero en la economía uruguaya. El complejo tendría la capacidad de producir 876 mil toneladas de e-metanol y 313 mil toneladas de e-gasolina.

En total, se prevé una producción de 880.000 toneladas de e-combustibles anuales en la última fase del proyecto. La empresa ya tiene contratos previos asegurados en Europa para colocar los productos.

Cuál fue el reclamo argentino

A través de sucesivas reuniones con autoridades uruguayas, tanto el canciller Pablo Quirno como el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, reclamaron la necesidad que la planta sea reubicada.

Es que el proyecto se establecería en una zona lindante a la costa uruguaya del río. Está al norte de Paysandú, pero frente a los balnearios de Colón. El turismo representa el principal motor económico de la zona. La alternativa argentina es que la planta se mueva 30 km tierra adentro y salga del área de impacto visual y medioambiental del río.

La posición de nuestro país está incorporada también en el pliego de condiciones que el Ministerio de Ambiente de Uruguay hizo a la multinacional. La cartera solicitó que justifique la “selección del sitio realizada” para cada componente del emprendimiento.

En ese sentido, demandó evaluar “la incidencia del proyecto en la calidad visual del entorno, considerando las instalaciones visibles”. Esto incluiría edificios industriales, chimeneas y antorchas, entre otras. Sumó a la evaluación la “percepción” desde “receptores sensibles”. Bajo este calificativo incluyó viviendas, centros poblados y zonas recreativas. “A partir de la caracterización del paisaje actual, se analizarán las modificaciones y fragmentación del paisaje”, puntualizó el escrito de Ambiente.

A comienzos de enero, la fiscal federal de Concepción del Uruguay, Josefina Minatta, presentó una denuncia penal al respecto. Se trata de la formalización de una pesquisa que la funcionaria venía llevando adelante. El delito sería el de contaminación ambiental.

Controles

Por otro lado, el documento oficial uruguayo incluyó estudios sobre la calidad del agua entre los términos de referencia que deberá contemplar la solicitud de autorización ambiental previa. Dentro de las medidas que solicitó Minatta está la toma de muestras del río. Es a los fines de preservar prueba en caso de que la causa penal avance.

Las autoridades uruguayas solicitaron que se justifiquen y evalúen las tecnologías seleccionadas para la producción de hidrógeno y combustibles sintéticos. En este punto, HIF deberá incluir un comparativo de las tecnologías disponibles a nivel internacional. Asimismo, tendrá que explicitar los criterios que fundamentan la elección del equipamiento que eligió para su proyecto en Paysandú.

Los ítems a considerar serán la eficiencia energética, el consumo y la disponibilidad de recursos, la seguridad y el impacto ambiental.

En ese marco, el Ministerio le pidió a la firma que realice descripciones hidrológicas del río Uruguay. El curso de agua es un recurso compartido entre ambos países. Su gestión está a cargo de un organismo binacional. Se trata de la CARU (Comisión Administradora del río Uruguay). Toda acción que un Estado quiera hacer sobre el recurso necesita el visto bueno del otro.

En el estudio que deberá realizar HIF, tendrá que considerar los caudales de agua, niveles y velocidades en períodos tanto de sequía como de creciente. El foco deberá colocarse en los puntos donde la planta captará agua del río, en los sitios en los que instalará infraestructura o descargará efluentes.

El documento que elaboró la cartera de Ambiente estableció, por último, que en la condición de que la evaluación “concluya que de implementarse el proyecto sin más existirán impactos negativos significativos, se deberá proponer medidas de mitigación”. Cuando estas no resulten suficientes, “se establecerán medidas de restauración o compensación por las afectaciones residuales”, subrayó.

“En todos los casos se deberá explicitar con claridad responsabilidades y compromisos asumidos por el proponente (HIF) en relación a cada una de las medidas propuestas”, concluyó.