EL CALAFATE.- En un nuevo capítulo en la disputa por el poder judicial en Santa Cruz, los vocales del Tribunal Superior de Justicia que fueron designados por el kirchnerismo -cuatro titulares y una vocal subrogante- declararon la inconstitucionalidad de la Ley 3949 que elevó de cinco a nueve miembros al máximo tribunal y se resisten así a la reforma impulsada por el gobernador Claudio Vidal. El fallo de alto impacto, marca otro punto de inflexión en la fuerte crisis que atraviesa el poder judicial que desde septiembre convive en un doble comando.

El fallo firmado por cinco jueces a instancias del amparo presentado por la Asociación Gremial de Empleados Judiciales, argumenta entre otros puntos, que la reforma fue acelerada, invadió la independencia judicial y no contempló partidas presupuestarias para hacer frente a los nuevos nombramientos. La decisión incluye la nulidad de los actos derivados de la ley impugnada, incluidos los relativos a la designación y jura de los nuevos vocales, impulsados por el actual gobierno, quienes ya están en funciones hace más de dos meses.

La sentencia salió por unanimidad y lleva la firma de los vocales Paula Ludueña Campos, Alicia de los Ángeles Mercau, Fernando Basanta, Reneé Fernández, y completa el quinto lugar con la subrogante, Romina Vanessa Saúl, la misma composición que en octubre pasado el Tribunal Superior había hecho lugar al amparo de los trabajadores judiciales, gremio también alineado con el kirchnerismo.

El Tribunal Superior de Justicia, TSJ, declaró la inconstitucionalidad de la Ley N° 3949 basándose en una serie de argumentos que cuestionaron tanto el fondo de la reforma como el procedimiento seguido para su sanción y ejecución. Los jueces indicaron que la reforma judicial no se orientaba a fortalecer el servicio de justicia, sino a incidir en la integración del máximo órgano judicial provincial.

Los argumentos que estuvieron a cargo de la jueza Ludueña, y al que adhirieron los demás vocales, expresan que los fundamentos expuestos por el Poder Legislativo, tiene vacíos empíricos, ausencia de diagnósticos serios y carencia de planificación institucional lo cual “reforzaría la sospecha de que la reforma no estaría orientada al fortalecimiento del servicio de justicia, sino a incidir sobre la integración del máximo órgano judicial provincial”.

También consideraron que la ampliación del número de vocales, de cinco a nueve, no se justificó con un diagnóstico suficiente que demostrara que esa medida, por sí sola, era el remedio idóneo para las demoras, la conflictividad o el aumento poblacional invocados, en tanto que consideraron que la medida adoptada resultaba sin sustento empírico ni una justificación funcional suficiente.

Entre otros argumentos consideraron que se produjo un quebrantamiento del principio republicano y la división de poderes ya que el Tribunal consideró que la forma en que se estructuró y ejecutó la reforma constituyó una “invasión de competencias” y un “acto de suma gravedad institucional y violatorio del sistema representativo y republicano no sería el ejercicio de la función legislativa encomendada por la Constitución provincial”.

Otro argumento central para dictar la inconstitucionalidad se basó en los vicios procesales y la vulneración de la tutela judicial efectiva durante la tramitación de las designaciones ya que cuestionan que la Cámara de Diputados celebró la sesión extraordinaria secreta y aprobó las postulaciones pese a la existencia de una medida cautelar que le ordenaba abstenerse de dar tratamiento a las ternas remitidas por el Poder Ejecutivo; en tanto que sostienen que la sesión extraordinaria y secreta adoleció de vicios, dado la designación de los vocales fue por mayoría simple, y no por una mayoría especial.

Hasta el momento, ningún miembro del gobierno de Vidal se pronunció sobre los siguientes pasos por seguir y sobre si apelarán el fallo, de lo que desde el vidalismo consideran “el último bastión kirchnerista”.

Desde agosto pasado, el poder judicial vive un terremoto ocasionado por la reforma de la ley que amplió el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), de cinco a nueve jueces, impulsada por Vidal y aprobada por mayoría en la Legislatura con la negativa de los diputados opositores y la promoción de medidas cautelares desde el kirchnerismo.

Tras la ampliación de la Corte de cinco a nueve miembros, y pese a que se nombraron los cuatro nuevos vocales, -entre ellos el exgobernador Sergio Acevedo-, la Corte no se conformó en los hechos. Mientras los cuatro nuevos vocales reconocen como presidente a Daniel Mariani — presidente del cuerpo y quien tomó la jura a los nuevos vocales- los antiguos vocales, conformaron mayoría propia, lo revocaron del cargo y desconocieron las nuevas designaciones, en tanto nombraron en la presidencia a Renee Fernández.

Durante estos meses el TSJ estuvo paralizado, los nuevos vocales convocaron a reuniones de acuerdo a las que faltaron los vocales históricos y no logró conformarse la Corte, existiendo una suerte de doble comando en la presidencia, así durante la elecciones de octubre, tanto Mariani como Fernández participaron de la junta electoral.

En este tiempo, de los cuatro vocales del Tribunal Superior alineados con el kirchnerismo, uno de ellos, el juez Fernando Basanta atravesó un juicio político por haber asumido en el cargo sin contar con los seis años en el ejercicio de la abogacía requerido. Sin las manos suficientes en la Legislatura, el vidalismo no logró removerlo del cargo y ahora Basanta, acompañó el fallo que declara inconstitucional la ampliación de la Corte.-