POLITICA
El Gobierno volvió a tener un triunfo parcial en Diputados: cómo fueron las gestiones para aprobar el Presupuesto

Luego de una sesión maratónica y de intensas negociaciones por parte tanto de las autoridades parlamentarias como del Ejecutivo, el Gobierno consiguió su primera victoria legislativa, aunque parcial, este jueves por la madrugada, al lograr que la Cámara de Diputados le diera media sanción al Presupuesto 2026, por lo que avanza así el proyecto que ahora será tratado por el Senado con el objetivo de que se convierta en ley antes de fin de año.
Con este triunfo, La Libertad Avanza pudo promover una iniciativa enviada por la Casa Rosada por primera vez desde febrero pasado, en esta ocasión gracias a un contexto más favorable tras el recambio en el recinto que dejó al oficialismo más fuerte y al kirchnerismo, más debilitado.
No obstante, fracasó en su intento de derogar el financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad, ante el rechazo de las provincias a dar de baja esas normas que el Congreso aprobó meses atrás.
A pesar de que las condiciones eran mejores que a principio de año, cuando -también en extraordinarias- el oficialismo consiguió los votos para la suspensión de las PASO y el juicio en ausencia, entre otras medidas, el presidente Javier Milei no quiso dejar nada librado al azar y ordenó llevar adelante todas las gestiones necesarias para garantizar el triunfo.
Desde el lunes, el ministro del Interior, Diego, Santilli, prácticamente se instaló en el despacho del titular de la Cámara, Martín Menem, para coordinar juntos la estrategia de cara a esta sesión.
En estos días previos a la votación, el funcionario se dedicó a llamar a varios gobernadores, entre ellos, Osvado Jaldo (Tucumán), Claudio Vidal (Santa Cruz), Jorge Macri (CABA), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) e Ignacio “Nacho” Torres (Chubut), que en mayor o menor medida tienen influencia legislativa.

Si bien ya se había reunido semanas atrás con ellos para escuchar sus reclamos, “El Colo” retomó las comunicaciones recientemente para ratificar el acompañamiento y solucionar algunos imprevistos que iban surgiendo.
“Creo que lo tiene todo bastante ordenado. La Casa Rosada consolidó a los aliados electorales, están bien con los peronistas no K y seguramente Provincias Unidas se abstenga”, vaticinaba antes de la media sanción una persona al tanto de las negociaciones.
En paralelo, Menem llevó adelante el diálogo con los principales representantes de las otras fuerzas, fundamentalmente para impedir una maniobra de la oposición que buscaba sostener las leyes de financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad.
En el artículo 75 del proyecto, el Poder Ejecutivo establecía la derogación de ambas normas que fueron aprobadas hace algunos meses y que en su momento incluso tuvieron el respaldo de algunos espacios cercanos al oficialismo.
Después de algunos intercambios en el recinto, el jefe de bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, propuso una moción para que el texto se votara más tarde por capítulos, lo que dificultaba el rechazo de ese apartado.
Al mismo tiempo, la jugada también les daba a los otros partidos una excusa para dejar sin efecto dos leyes que previamente ellos mismos habían impulsado, ya que si votaban en contra del Capítulo “Disposiciones Generales”, que es el que contenía estas derogaciones, también iban a ir contra la actualización trimestral de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las personas con Discapacidad, entre otras cuestiones.

La idea de Bornoroni prosperó con la colaboración de Fuerza del Cambio, Innovación Federal, Producción y Trabajo, Elijo Catamarca e Independencia, y la abstención de Karina Banfi, de Adelante Buenos Aires.
A su vez, Santilli había logrado el martes un acuerdo con el PRO, que estaba molesto porque no se había incluido en el Presupuesto ninguna mención a la deuda que la Nación tiene con la Ciudad de Buenos Aires por el recorte de la coparticipación que sufrió en el 2020.
El ministro del Interior se reunió con el jefe de esa bancada, su ex compañero, Cristian Ritondo, y aceptó agregar un artículo en el que se facultaba a la Casa Rosada a ajustar las partidas para hacer frente a ese gasto.
De esta manera, pretendía que Fuerza del Cambio, interbloque en el que también está la UCR, el MID y Adelante Buenos Aires, ratificara el apoyo a la iniciativa.
Cuando en la Cámara continuaban las negociaciones frenéticas, Milei se dirigía al canal de streaming oficialista Carajo para participar del programa “La Misa” que conduce Daniel “El gordo Dan” Parisini, cercano al asesor Santiago Caputo, quien movilizó a una importante cantidad de militantes a la puerta del estudio para recibir al Presidente.

Mientras tanto, en los alrededores del Congreso seguía la fuerte protesta contra el Presupuesto y la reforma laboral -que se estaba tratando en comisión en el Senado- encabezada por partidos de izquierda y opositores, que más temprano habían generado algunos disturbios.
Los manifestantes se robaron cuatro vallas de contención, por lo que los efectivos policiales que se encontraban en el lugar intentaron disuadirlos con la ayuda de un camión hidrante
“Un puñado de violentos identificados como Club Antifascista, ya denunciados por el Ministerio, derrumbaron el vallado y atacaron a las fuerzas. Y como dice la doctrina de Seguridad y Orden: la manifestación debe ser pacífica. Si hay violencia, las fuerzas actuarán. El protocolo está vigente”, remarcó la flamante ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, en su cuenta de X.
Aunque originalmente estaba previsto que el proyecto se votara pasadas las 20:00, cuando llegó ese horario hubo complicaciones porque algunos de los gobernadores dieron vuelta su apoyo por estar en desacuerdo con el artículo 75.
En el recinto, de hecho, estuvo el propio Nacho Torres, que tiene como alfil a Jorge Ávila, uno de los integrantes de Provincias Unidas, grupo que ya para entonces estaba analizando rechazar el Capítulo XI, de “Disposiciones generales”.
De hecho, el patagónico era el único mandatario local con llegada a ese espacio que todavía respaldaba ese apartado, ya que Martín Llaryora (Córdoba) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe) se mostraban en contra.
En el entorno del chubutense reconocían que había conflictos por algunos puntos de la iniciativa y que a esa hora no tenían las voluntades necesarias como para avanzar con el texto y todo se demoró.

En paralelo, la tensión con el PRO volvió cuando las autoridades parlamentarias precisaron que el pago de la deuda a la Ciudad se iba a incluir en el capítulo en disputa, lo que volvió a provocar cruces con Ritondo, que protestó.
Finalmente, el proyecto fue aprobado en general en la madrugada del jueves con 132 votos positivos, 97 negativos y 19 abstenciones (entre las cuales hubo algunos habituales aliados del Gobierno.
No obstante, cuando se trató en particular, la oposición rechazó el Capítulo XI, por lo que no prosperó el artículo 75, pero tampoco los fondos para el territorio porteño.
Con la media sanción en Diputados, ahora el proyecto será enviado al Senado, donde la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, ya lo espera para incluirlo en el temario de asuntos a discutir esta misma semana en comisiones.
De acuerdo con lo que precisaron fuentes parlamentarias, la idea es que la iniciativa ingrese antes del viernes o, a más tardar, ese mismo día, para que pueda tener dictamen lo antes posible.
La ex ministra de Seguridad quiere que el Presupuesto sea tratado el 26 de diciembre, en la sesión en la que también se debatirá la reforma laboral y las modificaciones a la ley de glaciares, por lo que se prevé otra jornada maratónica.
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POLITICA
Reforma laboral: los gobernadores que le ayudaron al Gobierno a habilitar el debate en Diputados

El Gobierno logró abrir el debate de la reforma laboral en la Cámara de Diputados con una mayoría ajustada y apoyos provinciales determinantes. La sesión comenzó con número justo y dejó expuesto que la suerte del proyecto no depende solo de los bloques aliados, sino del rol que juegan los gobernadores en la construcción de mayorías.
Seis mandatarios, en su mayoría peronistas o con origen en ese espacio, aportaron diputados clave para habilitar el recinto. Sin esos respaldos, el oficialismo no habría alcanzado el piso necesario para iniciar el tratamiento de una iniciativa que se convirtió en una de las principales apuestas políticas del Ejecutivo.
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El respaldo, sin embargo, no implica un cheque en blanco, advierten desde las provincias. En el propio oficialismo reconocieron que “los números están justos” y admitieron que algunos puntos del texto todavía generan dudas entre los aliados provinciales.
El mapa provincial que inclinó la balanza
El quórum de este jueves se construyó con el aporte de legisladores que responden a los gobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Vidal (Santa Cruz), Hugo Passalacqua (Misiones) y Raúl Jalil (Catamarca).
En total, esos espacios provinciales sumaron 16 diputados que resultaron determinantes para inclinar la balanza. El aporte fue especialmente sensible en un contexto de paridad, donde cada ausencia o llegada tardía podía alterar el resultado.
El caso de Santa Cruz se destacó por el peso simbólico del último respaldo que permitió completar el número. En paralelo, los bloques habituales que acompañan al oficialismo, como el PRO y la UCR, también garantizaron presencia plena, mientras que otros interbloques optaron por no colaborar en la apertura del debate.
La ausencia de legisladores alineados con el kirchnerismo y la izquierda consolidó un escenario polarizado desde el inicio de la sesión.
Incentivos, recursos y agenda productiva
Detrás del respaldo provincial operan intereses concretos. Varios de los gobernadores que facilitaron el quórum administran distritos con fuerte impronta minera y siguen de cerca los cambios normativos que pueden impactar en inversiones y recursos.
En el caso de Catamarca, el traspaso de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) a la órbita provincial significó una señal política relevante. La empresa retiene el 60% de las utilidades netas de explotaciones de oro, plata y litio, lo que la convierte en una caja estratégica para la provincia.
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También aparece en el horizonte la discusión sobre la Ley de Glaciares, cuya eventual modificación podría ampliar zonas disponibles para la actividad minera. Ese debate impacta de manera directa en provincias como San Juan, donde el cobre y otros minerales forman parte central de la agenda económica.
Pero, aunque los gobernadores facilitaron el inicio de la sesión, no todos los puntos del proyecto tienen asegurado el mismo nivel de respaldo. Entre los aspectos que generan más resistencia figura el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que propone financiar indemnizaciones con aportes patronales que hoy se destinan a la Anses.
reforma laboral, Gobernadores
POLITICA
La respuesta de la AFA a la citación indagatoria de Tapia y Toviggino por evasión

Tras el llamado a indagatoria a los dirigentes de la Asociación del Futbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, desde la entidad calificaron de “prematuro y carente de justificación” la citación de la Justicia. Por medio de un comunicado aseguraron que la entidad “no tiene deuda alguna exigible por las obligaciones fiscales” tomadas en la denuncia en cuestión.
Así, desde el organismo que preside Tapia se deslindaron de las acusaciones volcadas en la denuncia presentada por ARCA. “El pago voluntario de estas obligaciones fiscales se hizo en forma previa a su vencimiento, siendo esta cuestión la base del planteo que ya fuera realizado ante el tribunal interviniente, y que a la presente fecha se encuentra pendiente de resolución por la Cámara de Apelaciones”, señalaron.
Según remarcaron desde la entidad, “el pago de las obligaciones se realizó antes de su vencimiento”, por lo que cuestionaron que el organismo recaudador busque considerar esos compromisos —que, según sostienen, aún no se encontraban vencidos— como sustento de la presunta comisión de un delito penal tributario. En ese sentido, afirmaron que el planteo de ARCA se encuentra “en abierta contradicción a las normas jurídicas vigentes”.
Además, desde la AFA señalaron que la institución es “la única entidad” denunciada penalmente por ARCA en una situación impositiva y previsional que, aseguran, comparten otras organizaciones sin fines de lucro del país. En el comunicado, insistieron en que el llamado a indagatoria se produjo mientras permanecen pendientes de resolución planteos judiciales que —según la entidad— demostrarían la inexistencia del delito denunciado.
El titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, fueron citados a prestar declaración indagatoria acusados de haber retenido aportes previsionales y omitido el pago de impuestos. Además, el juez dispuso la prohibición de salida del país para ambos dirigentes.
La decisión fue adoptada por el juez en lo penal económico Diego Amarante. Las audiencias fueron fijadas para el 5 de marzo en el caso de Tapia y el 6 de marzo para Toviggino. A los directivos se los investiga por el presunto delito de omisión en el pago de aportes de la seguridad social correspondientes a jugadores y empleados.
Según la denuncia original, existirían $7.593.903.512,23 en obligaciones que no habrían sido depositadas en tiempo y forma, divididas entre retenciones impositivas y retenciones de la seguridad social. Con la ampliación posterior, el monto denunciado sumó otros $11.759.643.331,62. De este modo, el total bajo investigación supera los $19.300 millones por retenciones y aportes que, según la acusación, no fueron ingresados al fisco.
En cuanto a la prohibición de salida del país, el magistrado fundamentó la medida en “la gravedad de los hechos investigados” y “la severidad de la pena” que podría corresponder en caso de condena, además de la necesidad de garantizar la realización de los actos procesales. La restricción fue comunicada a los abogados defensores, a la Dirección Nacional de Migraciones y al Ministerio de Seguridad Nacional. No está definido si la medida será revisada tras las indagatorias, en un calendario que incluye compromisos internacionales de la selección argentina, como la Finalissima prevista para el 27 de marzo frente a España.
La resolución también alcanza a la AFA como persona jurídica y a los directivos Cristian Ariel Malaspina, Gustavo Roberto Lorenzo y Víctor Blanco Rodríguez, quienes fueron citados a declarar en distintas fechas. En la resolución, el juez sostuvo que existen “motivos suficientes para sospechar la participación de los nombrados en los hechos investigados”.
el llamado a indagatoria,AFA,Claudio Chiqui Tapia,Pablo Toviggino,Conforme a,AFA,,Indagará a Tapia y Toviggino. Quién es Diego Amarante, un juez de perfil severo y alejado de los operadores judiciales,,Estaba en un evento. Cómo se enteró Tapia de la citación de la Justicia y la decisión de no responder en público,,Posible conflicto de intereses. Piden al procurador Casal que ordene a los fiscales retirarse de los tribunales internos de la AFA
POLITICA
Restaurantes de lujo y terrenos estatales: los negocios de Omar Maturano, el secretario de La Fraternidad

El sindicato de La Fraternidad es conducido desde 1992 por Omar Aristides Maturano, cuya familia fue señalada por desarrollar emprendimientos gastronómicos privados sobre terrenos del Estado. Según una investigación de El Disenso, su pareja, María Selva, es empleada de Trenes Argentinos y, simultáneamente, titular de la firma “Ainhoa SRL”.
Esta empresa gestiona los restaurantes de lujo “Olegario” y “Tribu”, ambos ubicados en locaciones ferroviarias; el primero en un antiguo archivo y el segundo en terrenos con vista al río adjudicados por un canon mensual de 500 mil pesos.
La adjudicación de estos espacios presenta irregularidades legales, ya que el Reglamento de Compras y Contrataciones de SOFSE establece que los “agentes y funcionarios del Sector Público” no podrán contratar con la entidad.
A pesar de que la pareja de Maturano cumple funciones en la empresa estatal, fue la única oferente en la licitación del predio donde se levanta el restaurante Tribu. El informe destaca que el canon fijado es irrisorio, afirmando que la cifra “a valor del menú se paga con 30 platos de ravioles con tuco”.
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La investigación denuncia una falta de transparencia por parte de las autoridades de Trenes Argentinos, quienes se negaron a responder pedidos de acceso a la información durante cuatro meses. El medio indica que funcionarios de la empresa, incluido su presidente Luis Luque, escribieron en “términos disuasivos” ante las consultas.
La negativa incluyó el rechazo a entregar el legajo de María Selva, argumentando que la solicitud vulnera la intimidad, a pesar de que la mujer promociona los emprendimientos en sus redes sociales personales.
Finalmente, el reporte asocia estos negocios a la influencia política y gremial de Maturano, describiendo una “amplia familia enquistada en la estructura ferroviaria” que utiliza el patrimonio público.
Como contraprestación simbólica, el sindicato ofrece a los trabajadores ferroviarios un beneficio en los locales de la familia: “gracias a la gran gestión del compañero Maturano al frente del sindicato, todos ellos gozan de un 15% de descuento en Olegario. Promoción válida solamente para pagos en efectivo”.
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La Fraternidad,Omar Maturano,Restaurante,trenes argentinos
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