Este miércoles, comenzó el proceso judicial contra el ex intendente Ernesto Fernando Gonza quedó abierto en la localidad de San Lorenzo, en la provincia de Salta. Junto a su hermano y ex secretario de Hacienda, Rogelio Higinio Guaymás, y el concejal Aldo Dalmiro Gonza, enfrenta acusaciones vinculadas a delitos que, según el expediente, habrían ocasionado un grave perjuicio al erario municipal.

La causa se originó tras una auditoría externa ordenada por el actual jefe comunal, quien dispuso revisar la gestión anterior. El informe resultante expuso numerosas inconsistencias en la administración municipal, lo que derivó en una denuncia formal y la apertura del proceso judicial.

Según informó el medio local El Tribuno, durante la etapa más reciente del juicio, el tribunal colegiado presidido por Federico Diez resolvió cuestiones preliminares tras los planteos de las defensas de los Gonza y de Guaymás. Se hizo lugar parcialmente a una revocatoria solicitada por la defensa anterior de los hermanos Gonza y se declaró abstracto un pedido de nulidad presentado por Guaymás. El tribunal también postergó el dictamen sobre un recurso de casación presentado por la defensa.

El defensor de Guaymás, Juan Diego Herrera, objetó la continuidad del juez presidente al alegar que había intervenido en un expediente previo, de 2011, donde Guaymás también figuraba como imputado. A raíz de este planteo, el tribunal estableció un cuarto intermedio hasta el viernes 13 de febrero a las 9.30, período durante el cual fiscales y querellantes deberán revisar el expediente objetado antes de continuar el debate.

Ernesto Fernando “Kila” Gonza está imputado por los delitos de peculado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función, todos en concurso real. Guaymás, en tanto, enfrenta cargos como presunto autor de peculado e incumplimiento de deberes, mientras que Dalmiro Gonza figura como partícipe necesario de peculado, de acuerdo con la acusación judicial.

La investigación sostiene que el ex intendente habría ignorado reiteradamente las normativas establecidas para la gestión financiera y administrativa del municipio. Según la imputación, los tres acusados habrían dispuesto de los recursos municipales de forma discrecional, omitiendo los controles y procedimientos que exige la ley. Según la Justicia, esta conducta habría causado un grave perjuicio al erario municipal.

Uno de los puntos centrales de la acusación es la falta de presentación de rendiciones de cuentas por parte de Ernesto Gonza al concluir su mandato. El tribunal está integrado por Diez, Paola Marocco y Francisco Mascarello. El Ministerio Público está representado por la fiscal Claudia Geria, mientras que la querella está a cargo de Juan Casabella Dávalos y Débora Ramírez, apoderada de la Municipalidad de San Lorenzo.

Gonza ya había sido condenado a tres años de prisión en ejecución condicional. En esa oportunidad, los hechos investigados lo vincularon con la malversación de fondos que debían destinarse al plan de viviendas “Una casa para tu hogar”, durante su gestión al frente del municipio.

La sentencia incluye la privación del empleo aunque provenga de elección popular. La decisión llegó tras una revisión judicial que lo halló responsable de fraude y peculado cometidos durante su mandato en la gestión municipal.

Sin embargo, compitió en las elecciones como candidato y se convirtió en concejal de San Lorenzo. Frente a esto, la Justicia ratificó la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

“Se le impuso la pena de inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cualquier tipo de cargo público, la cual implica la privación del empleo o cargo público que ejercía el penado aunque provenga de elección popular”, aclaró un comunicado emitido este martes por el Poder Judicial salteño.

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El Gobierno de Javier Milei busca este miércoles darle media sanción a uno de los proyectos claves para la segunda parte de su gestión: la reforma laboral. Por este motivo, en los últimos días hubo intensas negociaciones con la oposición dialoguista para acordar cambios en la iniciativa.

En este sentido, la jefa de bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Alta, Patricia Bullrich, informó este martes esas 28 modificaciones. Y envió un mensaje a los gobernadores: se quitó el capítulo que contemplaba cambios en el Impuesto a las Ganancias, y por lo tanto afectaba la recaudación de las provincias.

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Este último reclamo de los mandatarios provinciales era el gran escollo que tenía el oficialismo para avanzar en la media sanción de la reforma laboral. Ahora, se espera que la sesión de este miércoles en el Senado sea favorable al Gobierno.

No obstante, en las afueras del Congreso habrá un clima de máxima tensión. Hay una movilización que encabeza la CGT contra la reforma laboral, pero también hay un paro general convocado por ATE, CTA y gremios de transporte.

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En las últimas horas, los gremios docentes universitarios confirmaron que se sumarán a la manifestación. “La situación de la docencia universitaria ya es insostenible. En ese marco, la CONADU resolvió la necesidad de impulsar un plan de lucha de paros y movilización”, señaló la Secretaria General de CONADU, Clara Chevalier.

Los principales cambios acordados con la oposición

De acuerdo a lo informado por Bullrich, el Senado avanzó con un proyecto de modernización laboral que reúne aportes de distintos bloques y provincias y contempla 28 modificaciones consensuadas. La iniciativa busca actualizar el marco normativo del empleo formal, reducir la litigiosidad y generar incentivos para la contratación.

En el Gobierno indicaron que buscan incentivar “la inversión productiva y la capacitación, en un contexto de estancamiento del mercado laboral y alta informalidad”.

Uno de los ejes centrales es la redefinición del cálculo de la indemnización, con el objetivo de desactivar lo que el oficialismo denomina la “industria del juicio”. En el caso de un despido sin causa será únicamente la remuneración mensual, normal y habitual, excluyendo conceptos no mensuales como el aguinaldo o las vacaciones, y fija que la indemnización será la única reparación económica.

El proyecto también introduce un nuevo esquema de actualización de créditos laborales, que combina el índice de precios al consumidor (IPC) con un adicional del 3% anual, con la intención de aportar previsibilidad tanto para trabajadores como para empleadores y evitar distorsiones en los montos judicializados.

Otro punto relevante es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un sistema destinado a cubrir costos de desvinculación y obligaciones indemnizatorias. Será financiado exclusivamente por los empleadores, con aportes mensuales del 1% para grandes empresas y del 2,5% para MiPyMEs, y funcionará como un patrimonio separado, inembargable y de afectación específica.

Además, la iniciativa impulsa una registración laboral simplificada y digital, al establecer que la inscripción ante ARCA será suficiente y que no podrán exigirse requisitos adicionales por otras autoridades. Además, se habilita la digitalización de los libros laborales, que deberán conservarse durante diez años y tendrán plena validez legal.

El proyecto redefine también los beneficios sociales no remunerativos, precisando qué conceptos quedan excluidos del salario, como comedor, reintegros médicos, guardería, útiles escolares y capacitación, con el objetivo de dar mayor claridad normativa y reducir conflictos interpretativos.

En cuanto a la organización del trabajo, se habilita de manera voluntaria el banco de horas, siempre por acuerdo entre empleador y trabajador, y se introducen cambios en el régimen de vacaciones. Estas podrán tomarse entre el 1° de octubre y el 30 de abril, con posibilidad de acordar períodos fuera de temporada y de fraccionarlas, respetando un mínimo de siete días corridos.

La iniciativa incorpora además un Régimen de Incentivo para la Formación Laboral, orientado a promover la capacitación, la empleabilidad y la reconversión, con foco en jóvenes y personas sin experiencia. A esto se suma la creación del Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión, que apunta a estimular inversiones productivas, tecnológicas y de expansión, con impacto directo en la generación de empleo.

Por último, el texto prevé una reducción de cargas sociales para facilitar la contratación de nuevos trabajadores, establece la prelación de los convenios de empresa por sobre los acuerdos nacionales y deja asentado el compromiso de avanzar en una futura reforma fiscal integral, orientada a reducir la presión tributaria mediante acuerdos entre la Nación y las provincias.

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