POLITICA
Javier Milei excluirá a Victoria Villarruel de los aumentos de sueldos
Javier Milei excluirá a Victoria Villarruel de los aumentos salariales que dispondrá para el gabinete. El presidente firmará hoy la medida -que se publicará el viernes 2 de enero en el boletín oficial- y congelerá también su salario de forma indefinida.
En la Casa Rosada aseguran que el decreto alcanzará a ministros, secretarios y subsecretarios, en línea con la recomposición que vienen reclamando distintos sectores del gabinete tras casi dos años de congelamiento. En Nación estiman que los sueldos jerárquicos acumularon una pérdida de poder adquisitivo cercana al 60% desde diciembre de 2023.
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La inflación acumulada en 2024 fue de 117,8% y el IPC acumula 27,9% en 2025 a noviembre. En Balcarce 50 sostienen que el aumento no implicará un esquema diferencial respecto del resto del Estado y que la recomposición no será superior a la que percibieron los empleados públicos bajo las paritarias del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP).
En la mesa chica del oficialismo argumentan que el jefe de Estado definió excluir también a la vicepresidenta porque se trata de un cargo “electo y no técnico”. Se da en un contexto de vínculo deteriorado con el primer mandatario, que se profundizó a lo largo de 2025 por diferencias de agenda, exposición pública y posicionamientos internos.
En el Gobierno sostienen que el congelamiento salarial complicó el funcionamiento interno de la gestión, en especial para sostener equipos técnicos y cubrir cargos estratégicos. También advierten que la brecha con el sector privado se amplió en los últimos dos años, lo que generó dificultades para retener cuadros especializados.
El esquema salarial vigente contempla más de $4 millones para el presidente, $3,7 millones para la vicepresidenta y $3,58 millones para los ministros, además de $3,2 millones para secretarios y cerca de $2,8 millones para subsecretarios. Los senadores cobran hasta $9,5 millones y los diputados alrededor de $7 millones.
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Las tensiones dentro del gabinete por el congelamiento salarial tuvieron diferentes niveles a lo largo del 2025, que contaron con planteos directos al primer mandatario para que habilite su firma. La mesa política de Nación no quería impulsarlo antes de las elecciones de octubre y se comprometió puertas adentro a oficializarlo a partir de enero.
El decreto se terminó de cerrar entre la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de gabinete, Manuel Adorni, y los ministros Luis Caputo (Economía) y Federico Sturzenegger (Desregulación). La última instancia en la que Nación impulsó con un aumento salarial para cargos jerárquicos terminó con el desplazamiento del exsecretario Armando Guibert y con la derogación de la medida.
Javier Milei, Victoria Villarruel, sueldo
POLITICA
Documento clave: la empresa de Faroni pactó con la AFA quedarse con el 30% de sus ingresos comerciales en el exterior
TourProdEnter LLC, la empresa del productor teatral Javier Faroni, se quedó con el 30% de todos los ingresos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en el exterior durante los últimos cuatro años. No sólo eso: también embolsó el 10% de todas las salidas de dinero vinculadas a la logística de la entidad de la calle Viamonte y de la Selección desde 2021, según surge de la copia firmada del contrato que obtuvo .
Titulado “Acuerdo de Agente Comercial Internacional”, el documento lo firmaron Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, como presidente y secretario ejecutivo de la AFA, el 9 de diciembre de 2021; es decir, apenas un día después de que la esposa de Faroni, Erica Gillette, presentó una “oferta” de trabajo a la AFA con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026.
El contrato, tal como quedó formulado, le otorgó a TourProdEnter LLC su representación comercial exclusiva en todo el mundo, con la sola excepción del territorio argentino, para promover en nombre de la AFA “la suscripción de acuerdos de sus marcas, emblemas, imágenes y otros derechos incluidos”. Y, también, la “concertación de distintos eventos deportivos y comerciales”.
Como parte de sus funciones, TourProdEnter LLC también quedó autorizada a “actuar como agente de cobro de los contratos de esponsoreo y/o patrocinio que genere, y en aquellos casos que así AFA se lo requiera”, y a abocarse a la “promoción de las distintas actividades de AFA y/o sus Selecciones Nacionales a los fines de obtener distintos acuerdos que produzcan dinero para AFA”.
En la misma senda, la empresa que Faroni y Gillette montaron en Florida, Estados Unidos, también quedó a cargo de la “realización de tareas de logística” para AFA; en otras palabras, que desde sus cuentas en el Bank of America, Citibank, JP Morgan y Synovus debía pagarles a los proveedores de la entidad de la calle Viamonte por, entre otros rubros, el traslado internacional y alojamiento de la Selección.
Según surge de los registros bancarios confidenciales a los que accedió , TourProdEnter LLC recaudó más de US$ 260 millones para la AFA desde fines de 2021, por lo que sus honorarios rondarían los US$ 78 millones, de acuerdo a lo estipulado en el contrato, aunque la cifra sería mayor, en atención a los pagos cursados por “logística”.
Nicolás Pizzi,Hugo Alconada Mon,Ignacio Grimaldi,Conforme a
El Gobierno prevé volver a convocar a sesiones extraordinarias para el 2 de febrero, con el objetivo de retomar el tratamiento de la reforma laboral y de las modificaciones a la Ley de Glaciares. Se trata de la fecha que tiene en carpeta el Ejecutivo para retomar la actividad legislativa. Lo definió en reuniones de este lunes.
En la Casa Rosada tienen previsto que el presidente firme el decreto que oficializa la convocatoria en la última semana de enero. La intención de la mesa política de Balcarce 50 es acelerar las negociaciones con los legisladores y gobernadores aliados durante enero para llegar al Congreso con acuerdos macro.
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La reforma laboral ya cuenta con dictamen, pero no llegó al recinto porque el oficialismo definió priorizar la sanción del Prespuesto 2026 junto con la Ley de Inocencia Fiscal, que promueve el uso de dólares del “colchón”. Los cercanos al jefe de Estado no descartan cambios en el texto que modifica el régimen del trabajo para lograr su sanción.
“Todo lo que no tenga que ver con la creación de empleo puede quedar afuera”, agregan. Los interlocutores oficiales mantienen la postura igualmente de que no planean convocar a las autoridades de la Confederación General del Trabajo (CGT) para negociar en el corto plazo y le bajan el tono a la posibilidad de que se convoque a un paro general.
En el Gobierno reconocen que los cambios tributarios de la reforma laboral implican un costo fiscal estimado en torno al 0,5% del PBI, pero apuestan a que el impacto sea compensado por un aumento de la formalidad y del empleo registrado. Según proyecciones privadas, ese porcentaje equivale a una merma de ingresos cercana a US$3500 millones anuales.
Es una cifra que es superior a las estimaciones difundidas que se concentraron en el impacto del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) y lo ubicaron en torno a US$2500 millones por año. Se trata de la reasignación del 3% de las contribuciones patronales desde el sistema previsional hacia un fondo destinado a financiar indemnizaciones por despido.
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Los rendimientos quedan exentos del impuesto a las ganancias y del IVA, con excepción de las comisiones. Es la parte del articulado que más le interesa al Ejecutivo porque buscan recapitalizar el mercado local a través de la inversión de ese monto. El documento que la Casa Rosada envió al Senado abarca además otros cambios tributarios.
Contempla la reducción de las alícuotas del Impuesto a las Ganancias corporativo, la exención de ese tributo sobre la venta de inmuebles por parte de personas humanas, la ampliación de exenciones para ciertos rendimientos financieros, la devolución acelerada del saldo técnico de IVA para medianas inversiones y la eliminación de varios impuestos internos selectivos.
El Gobierno argumenta que una pérdida de US$3500 millones -equivalente a 0,5% del PBI— no pone en riesgo el equilibrio de las cuentas públicas si se cumplen las metas del Presupuesto 2026. Según las proyecciones oficiales, el Tesoro prevé un superávit primario cercano al 1,5% del PBI, lo que permite absorber ese costo sin incurrir en déficit.
La apuesta del Ejecutivo se basa en que la reforma laboral reduzca el costo del empleo formal, incentive la registración y eleve la base imponible, lo que permitiría compensar parte de la baja inicial de ingresos con mayor recaudación por IVA, Ganancias y aportes sociales. El sector menos optimista del oficialismo advierte que el impacto puede ser “muy lento”.
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En la Casa Rosada descartan por el momento enfocar los esfuerzos en negociar otras iniciativas como el nuevo Código Penal o el proyecto de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria. La estrategia oficial es avanzar de manera escalonada, priorizar las reformas vinculadas a lo económico e intentar evitar choques con aliados.
En Balcarce 50 admiten que la estrategia fiscal está atada a una secuencia política y económica más amplia. Es por eso que definieron fragmentar la reforma tributaria y avanzar primero con los cambios incluidos en la reforma laboral, mientras postergan un rediseño integral del sistema impositivo -como la modificación del IVA, la eliminación del impuesto al cheque y cambios en la coparticipación- por falta de margen fiscal y consenso político.
Gobierno, sesiones extraordinarias
POLITICA
El Gobierno apeló el fallo contra el protocolo antipiquetes y logró que se reponga hasta que resuelva la Cámara
El Gobierno apeló el fallo del juez en lo administrativo Martín Cormick que suspendió el uso protocolo antipiquetes, informaron fuentes del Ministerio de Seguridad. “La sentencia judicial queda suspendida hasta que la Cámara resuelva la apelación”, dijeron fuentes de la cartera.
El fallo que cuestiona el Poder Ejecutivo, dictado por el juez Cormick, hizo lugar a un amparo colectivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que pedía la “nulidad absoluta” de todos los artículos de la Resolución 943/23, por la cual el ministerio que por entonces conducía Patricia Bullrich creó la herramienta que le permitió mantener despejadas las calles ante protestas no multitudinarias.
El juez sostuvo que mediante la resolución y bajo la apariencia de “instruir” a las fuerzas de seguridad, el Poder Ejecutivo se inmiscuía en asuntos legislativos.
“La Resolución 943/23 conforma un exceso en la competencia otorgada al PEN por nuestro ordenamiento jurídico en cuanto bajo la apariencia de ‘instruir’ al personal dependiente de dicho Ministerio está legislando y ello conforma violación al derecho aplicable por cuanto el PEN se inmiscuye en facultades propias del Poder Legislativo”, dijo el juez.
En el ministerio que desde la salida de Bullrich conduce Alejandra Monteoliva respaldaron el protocolo. “Ni un paso atrás contra los que quieren que regrese el caos y el desorden. El Protocolo es legítimo y se cumple. En esta Argentina, ley y orden”, afirmó el comunicado oficial.
“Desde su implementación -agregó-, el Protocolo permitió garantizar la libre circulación y que las calles vuelvan a pertenecer a quienes eligen trabajar, circular y vivir en libertad. El Protocolo no prohíbe, ordena. Hay derecho a manifestar y peticionar, pero es con orden y respeto a la libre circulación y el derecho a ejercer el comercio entre muchos otros. Sin Protocolo vuelve el caos y el desorden. Con Protocolo hay orden, convivencia y reglas claras para todos.”
Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS, la ONG que promovió la demanda contra el protocolo, dijo que, pese a que la concesión del recurso suspende los efectos del fallo, el Gobierno debería “abstenerse de aplicar el protocolo” porque así lo impone la buena fe procesal. “El Gobierno debería preocuparse por respetar el fallo de un juez que dijo que la regulación es contraria a derechos constitucionales”, afirmó.
suspendió el uso protocolo,https://t.co/EVDO8QyZ11,December 30, 2025,Conforme a
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