POLITICA
Promulgaron el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal tras la aprobación del Senado
El viernes 26 de diciembre, el Senado aprobó por amplia mayoría el primer Presupuesto bajo la gestión de Javier Milei luego de una sesión que se extendió por más de ocho horas. Ahora, el Gobierno publicó en Boletín Oficial la reglamentación tanto del plan fiscal 2026 -bajo el decreto 932/2025-, como de la Ley de Inocencia Fiscal.
Tras el debate en la sesión especial del Senado, la votación fue positiva y se aprobó en general el Presupuesto 2026. La victoria fue por amplio margen: 46 votaciones afirmativas ante 25 negativas. Solamente hubo una abstención.
El cálculo para el período que comienza contempla una expansión del Producto Bruto Interno (PBI) del 5%, una inflación anual estimada en 10,1% y un valor del dólar que, según el Gobierno, alcanzará los $1.423 en diciembre del próximo año. De acuerdo con lo informado por la Casa Rosada, se proyecta un superávit primario equivalente al 1,5% del PBI y un superávit financiero del 0,2%. Además, las exportaciones tendrían un aumento del 10,6%.
El Presupuesto prevé también la evolución de la demanda agregada para el próximo año. Las proyecciones oficiales señalaron que el consumo privado crecería 4,9%, lo que implica una reducción de 5,3 puntos porcentuales respecto a la estimación para 2025. En cuanto al consumo público, se espera un incremento del 1,2%, superior en 1,4 puntos al registro de este año. Por su parte, la inversión presenta una expectativa de crecimiento del 9,4%.
“Estímase para el Presupuesto del Sector Público Nacional, Ejercicio Fiscal 2026, un resultado financiero superavitario de pesos dos billones setecientos treinta y cuatro mil veintinueve millones seiscientos cincuenta y cinco mil cincuenta y cinco ($2.734.029.655.055)”, establece el texto de Ley 27798. Pese a las diferencias que generó el proyecto en el Congreso, el Senado terminó por aprobar la ley de leyes con 42 votos a favor, 28 en contra y 2 abstenciones.
El artículo 30 del capítulo 2 fue uno de los temas que más dudas generó durante el debate, debido a que contemplaba la eliminación de cláusulas relacionadas con el financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, la Educación Técnico Profesional y el Fondo Nacional de la Defensa.
De hecho, el texto publicado derogó:
- El artículo 9° de la Ley de Educación Nacional (26.206), el cual obligaba al Estado nacional, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires a destinar al menos el 6% del Producto Interno Bruto (PIB) al financiamiento del sistema educativo nacional.
- El inciso 1 del artículo 4° de la Ley 27.565, que creaba el Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF) y establecía que el 0,8% de los ingresos corrientes del presupuesto nacional se debían destinar al reequipamiento y modernización de las Fuerzas Armadas, incluyendo inversiones en ciencia y tecnología para la defensa.
- El artículo 52 de la Ley 26.058 (Educación Técnico Profesional), que creaba el Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional (FNEP)
- Y los artículos 5°, 6° y 7° de la Ley 27.614 (Financiamiento de Ciencia y Tecnología), que establecían una meta de inversión progresiva en ciencia, tecnología e innovación, con el objetivo de alcanzar el 1% del PIB en 2032
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Inocencia Fiscal
En paralelo a la aprobación del Presupuesto 2026, el Congreso aprobó la Ley de Inocencia Fiscal, una iniciativa que modifica el régimen penal tributario y los procesos de control fiscal. El objetivo es facilitar el uso de ahorros en dólares fuera del sistema bancario y simplificar los trámites para los contribuyentes. Según el Indec, al cierre del tercer trimestre de 2025 los argentinos mantenían alrededor de USD 254.000 millones fuera del sistema financiero.
La ley no habilita un blanqueo de capitales ni cambia la estructura del Impuesto a las Ganancias, sino que permite a los contribuyentes usar sus ahorros hasta un máximo de $100 millones sin enfrentar sanciones por parte del fisco, siempre que no superen ciertos límites. En este sentido, quedan excluidos de este beneficio quienes tengan ingresos anuales superiores a $1.000 millones, un patrimonio mayor a $10.000 millones o sean considerados grandes contribuyentes nacionales.
Entre los principales cambios que introduce la norma se destacan:
- Principio de Inocencia Fiscal: el Estado presume que los contribuyentes cumplen sus obligaciones y solo investiga si hay pruebas concretas de incumplimiento. Ya no se podrá suponer automáticamente la existencia de evasión.
- Ajuste de los montos penales: se actualizan los valores a partir de los cuales la evasión se considera delito penal, y se permite cancelar deudas y evitar causas penales si se paga antes de que se inicie la denuncia, aunque solo se podrá hacer una vez por persona.
- Extinción de la acción penal: si el Estado pierde la posibilidad de reclamar una deuda por vía administrativa, tampoco podrá hacerlo por la vía penal. No se podrán cerrar causas de evasión con mecanismos de conciliación como sucede en otros delitos.
- Penas por simulación: quienes utilicen documentos falsos o maniobras engañosas para simular el pago de impuestos podrán recibir entre dos y seis años de prisión si el monto involucrado supera ciertos valores, medidos en salarios mínimos.
- Actualización automática de montos: los valores de referencia para multas y delitos se ajustarán cada año según la inflación y deberán publicarse oficialmente.
- Cambios en plazos y multas: se reducen los plazos de prescripción a tres años para quienes cumplen regularmente, y se eliminan suspensiones automáticas. Las multas administrativas para individuos y pymes bajan hasta un 90%, pero no para grandes empresas.
- Declaración jurada simplificada: personas físicas con ingresos de hasta $1.000 millones y patrimonios de hasta $10.000 millones podrán optar por una declaración simplificada del Impuesto a las Ganancias
- Efecto sobre ahorros en dólares: la ley no establece un blanqueo, pero reduce el riesgo de fiscalizaciones automáticas si los ahorros no superan los límites y no hay inconsistencias graves en las declaraciones.
- Modernización fiscal: El éxito de la reforma dependerá de que el organismo recaudador implemente tecnología y mejore sus sistemas de control.
- Multas más altas: las sanciones por no presentar documentación pasan de $200 a $220.000 para personas y de $400 a $440.000 para empresas, aunque habrá un periodo de aviso antes de aplicar la multa.
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A través de un decreto publicado en el primer Boletín Oficial del año, el Gobierno promulgó la Ley de Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal. La oficialización se da luego de que el Senado las sancionara el 26 de diciembre, con 46 votos a favor, 25 votos en contra y una abstención.
La normativa contempla gastos totales por $148 billones, con un superávit primario del 1,2% del PBI, una inflación proyectada del 10,1% para todo el año, un dólar a $1423 para diciembre de 2026 y un crecimiento del 5% del PBI.
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En tanto, la ley de Inocencia Fiscal, también promulgada este viernes 2, busca incentivar el uso de los dólares del colchón.
Los puntos claves del Presupuesto 2026
El Presupuesto 2026 incluye los siguientes puntos claves:
- Prevé un crecimiento económico de 5% del Producto Bruto Interno (PBI);
- Una inflación anual de 10,1%.
- El dólar a $1423 para finales de diciembre del próximo año.
- El superávit primario será de 1,5% del PBI y el financiero, de 0,2%.
- Las exportaciones se incrementarán 10,6% a finales del año que viene.
- Asigna $4,8 billones a las Universidades nacionales;
- Eleva el gasto en jubilaciones, 5%; en Salud, 17% y en Educación, 8%.
Inocencia Fiscal: la otra Ley promulgada en el primer Boletín Oficial del año
En paralelo, el Gobierno oficializó el Régimen Penal Tributario y Procedimiento Tributario, conocido como ley de Inocencia Fiscal, que busca incentivar el uso de ahorros en dólares fuera del sistema bancario
La norma parte de la premisa de que el contribuyente debe ser considerado cumplidor salvo prueba en contrario. Además, no elimina impuestos ni borra antecedentes fiscales, ni tampoco modifica la Ley de Prevención del Lavado de Activos ni las atribuciones de la Unidad de Información Financiera (UIF).
La ley permite a los contribuyentes usar sus ahorros hasta un máximo de $100 millones sin enfrentar sanciones. En este sentido, quedan excluidos de este beneficio quienes tengan ingresos anuales superiores a $1.000 millones, un patrimonio mayor a $10.000 millones o sean considerados grandes contribuyentes nacionales.
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POLITICA
El avance de la reforma laboral amenaza con recrear en la CGT el enfrentamiento entre los dialoguistas y el ala dura
La CGT buscará este primer mes de 2026 torcer el destino de la reforma laboral de Javier Milei: intentará forzar cambios en el proyecto y, de todas formas, presionará para que fracase su sanción legislativa.
Será una carrera contrarreloj en la que también incidirá la interna sindical. El ala dialoguista, mayoritaria en la cúpula cegetista elegida el 5 de octubre, negociará en varios frentes sin acelerar los tiempos de un nuevo paro general, pero el sector duro no aceptará una versión atenuada de la reforma laboral y apurará la realización de las protestas para desgastar al Gobierno, en una decisión teñida por la carrera hacia 2027.
El triunvirato de la CGT tiene un claro signo dialoguista, ya que esa es la impronta de Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguro) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio), pero, sobre todo, el mismo sesgo negociador es característico de quienes impulsaron sus designaciones en el máximo peldaño cegetista, que, aun en un segundo plano, ejercen una influencia decisiva en la estrategia que lleva adelante la central obrera.
A Argüello lo apadrina Hugo Moyano (Camioneros), Sola fue promovido por “los Gordos” Héctor Daer (Sanidad) y Armando Cavalieri (Comercio) y Jerónimo logró su encumbramiento gracias al apoyo de Gerardo Martínez (UOCRA) y un sector liderado por Sergio Sasia (Unión Ferroviaria). En todos los casos, se trata de dirigentes de estirpe dialoguista que estuvieron aliados en la anterior conducción de la CGT, aunque Daer mantuvo (y mantiene) una postura más intransigente contra el Gobierno, que, según sus rivales internos, obedece al hecho de que es uno de los principales pilares sindicales de Axel Kicillof.
De los 36 sindicatos que integran el Consejo Directivo de la CGT, hay 10 más identificados con posturas ultraopositoras, como, por ejemplo, los alineados con el kirchnerismo (UOM y bancarios), los del transporte (Dragado y Balizamiento, Aeronavegantes y La Fraternidad) y algunos que mantienen una feroz disputa con el Gobierno como UATRE, cuya poderosa obra social está intervenida por la administración Milei.
¿Quiere decir que los 26 sindicatos restantes de la cúpula de la CGT sostienen una postura dialoguista a rajatabla? Todos los dirigentes más moderados buscan negociar, pero ninguno da muestras de querer inmolarse en ese intento si finalmente no logra resultados. Uno de los ejemplos es el de UDA, que lidera Sergio Romero, de buena llegada al Ministerio de Capital Humano, pero que este año se convertirá en combativo si no hay mejoras para los salarios docentes o se confirman las medidas del Gobierno que jaquean el financiamiento educativo.
Por eso será clave lo que suceda este mes de enero con la reforma laboral. La CGT, con mayoría dialoguista, buscará todos los caminos posibles para introducir cambios en el proyecto oficial porque algunos artículos dinamitan el poder sindical, su financiamiento o afectan derechos de los trabajadores. Eso quiere decir que se reforzarán las reuniones con gobernadores y legisladores con el fin de asegurar que Milei no tenga los votos suficientes en el Congreso para sancionar la iniciativa tal como está.
De la misma forma, la dirigencia cegetista apelará a sus fluidos contactos con el sector político del Gobierno (el asesor presidencial Santiago Caputo y los Menem, Martín y Lule, alineados con Karina Milei) para tratar de que la reforma laboral sea menos “hostil” hacia el gremialismo.
Aun así, parece imposible que la CGT avale la reforma laboral aunque quede una versión pasteurizada, de la misma forma que no lo hizo cuando se sancionó la Ley Bases, pese a que la presión sindical había conseguido, a través de las gestiones del diputado Miguel Angel Pichetto, que el Gobierno accediera a eliminar 42 artículos del capítulo laboral del proyecto que eran objetados por los gremialistas, como una forma de garantizar la aprobación parlamentaria de la iniciativa.
Lo más probable es que, aunque la CGT consiga desactivar varios artículos de la reforma laboral que rechaza, igual se decida avanzar en marzo hacia otro paro general para descomprimir las tensiones internas y graficar el rechazo conceptual del sindicalismo a cualquier intento de modificar las leyes laborales.
Por algo en la movilización cegetista del 18 de diciembre a la Plaza de Mayo sus cotitulares anticiparon que si el Gobierno no accedía a negociar la reforma laboral iban a concretar otra huelga general. Fue una amenaza dirigida a los funcionarios libertarios y, a la vez, una forma de atajar eventuales reclamos a viva voz de los manifestantes de un paro contra Milei, algo que habría puesto en aprietos a esta CGT de signo dialoguista.
Sin embargo, el factor político-electoral pesará en este tablero dominado por la reforma laboral. Hay dirigentes de la CGT que están apostando al proyecto presidencial de Kicillof y actuarán en sintonía con ese objetivo, lo que implica multiplicar las protestas sindicales y ganar la calle para debilitar a Milei.
En estas filas se visualiza el mes de marzo como decisivo: prevén que, tras el efecto apaciguador del receso veraniego, habrá más cierre de empresas y despidos de trabajadores, lo que configurará un escenario ideal para embestir contra el Gobierno.
Los dirigentes menos entusiasmados con el proyecto Kicillof Presidente, de todas formas, tampoco se mantendrán pasivos si la Casa Rosada decide imponer en el Congreso una reforma laboral sin cambios.
En ese caso, los dialoguistas y los duros se unificarán sin matices. Unos y otros buscarán hacer todo lo posible para cerrarle el paso al plan reeleccionista de Milei y soñar juntos con el regreso al poder en 2027.
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Javier Milei tiene decidido mantener sus giras por todo el país en este 2026. Es por eso que comunicó que los primeros destinos que visitará en este nuevo período serán Córdoba y Buenos Aires.
El Presidente visitó ambos lugares en más de una oportunidad durante el 2025, en plena campaña electoral.
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La confirmación de los viajes la hizo el propio Milei a través de sus redes sociales. “Javo, ¿cuál va a ser la próxima provincia que vas a visitar?“, le preguntó un usuario a través de X. Su respuesta no tardó en llegar: ”1) Córdoba, 2) Buenos Aires».
Según fuentes consultadas de LLA, todavía no hay fecha oficial para ninguno de los dos viajes. Sin embargo, en Córdoba se espera que durante la organización del evento —que podría ser un acto o recorrida— tenga participación Gabriel Bornoroni, jefe del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados.
El paso de Milei por Córdoba y Buenos Aires en 2025
La última vez que Milei visitó Córdoba fue a mediados de diciembre de 2025, para recorrer la provincia con el “Tour de la Gratitud”, una manera que ideó La Libertad Avanza para festejar el triunfo en las elecciones nacionales de medio término.
En ese momento, el Presidente estuvo acompañado por Bornoroni, Gonzalo Roca (que encabezó la lista libertaria en ese territorio) y por Karina Milei, su hermana y secretaria General de la Presidencia.
Todos ellos encabezaron una caravana que recorrió las calles cordobesas, que también tuvieron la presencia de los seguidores libertarios.
Para el oficialismo era importante volver a Córdoba, ya que en octubre Roca se impuso con el 42.35% de los votos en las urnas, sobre el exgobernador Juan Schiaretti y Natalia De la Sota, hija del exgobernador José Manuel De la Sota.
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Por otro lado, el Presidente realizó más de una caravana en Buenos Aires, territorio liderado por Axel Kicillof. La última ocurrió el 17 de octubre, en Tres de Febrero.
Durante todas las recorridas del mandatario en esta provincia hubo tensión entre los manifestantes que apoyan al Gobierno y aquellos que pertenecen a la oposición.
Este último caso no fue la excepción: antes de la caravana hubo empujones entre los militantes de La Libertad Avanza y las personas en contra del oficialismo. Para evitar mayores problemas, Gendarmería se interpuso entre ambos sectores.
Tras esa situación, Milei llegó acompañado por la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el primer candidato a diputado, Diego Santilli (que luego fue designado como ministro del Interior); Karina Milei y Cristian Ritondo, representante del PRO y jefe del bloque de ese espacio en Diputados.
El Presidente caminó entre los manifestantes, rodeado de un fuerte operativo de seguridad, escoltado por camionetas. Tras relacionarse durante unos metros con sus seguidores, el mandatario se subió a la caja de unas de uno de los vehículos que estaban presentes y habló a través de un megáfono. “El kirchnerismo quiere un país de bárbaros”, aseguró.
Para el oficialismo, la presencia en PBA es importante, ya que intenta desde principios de años mostrar músculo político para poder disputarle el poder a Kicillof en 2027.
Javier Milei, Córdoba, Buenos Aires
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