Un grupo de abogados, dirigentes y exfuncionarios ligados al radicalismo o surgidos de ese partido presentó hoy un recurso de amparo contra el DNU 941/2025 que reformó la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y amplió sus facultades, por ejemplo, para detener a personas. Los peticionantes consideran la norma inconstitucional y se reservan, en el caso de no encontrar eco favorable en su reclamo en primera instancia, el derecho de acudir directamente a la Corte Suprema a través del recurso excepcional del per saltum.

La reforma de la ley de inteligencia establece una serie de modificaciones que buscan fortalecer el rol de la SIDE, a cargo de Cristian Aguadra, que responde al asesor Santiago Caputo, y la faculta para detener personas. También dispone la creación de la Dirección Nacional de Ciberseguridad bajo la órbita de la jefatura de Gabinete, a cargo de Manuel Adorni.

La presentación, que ingresó ayer a la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo, la firman Leopoldo Moreau, Federico Storani, Ricardo Alfonsín, Luis Alberto Cáceres, Manuel Garrido, Eduardo Santín y Ricardo Terrile. Solicitan la habilitación de una medida cautelar urgente con el fin de suspender inmediatamente la aplicación del decreto. “Arrasa con el plexo de los derechos y garantías consagrados en la Constitución Nacional”, afirman.

Este recurso de amparo se suma al presentado ayer por los diputados Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, de la Coalición Cívica, así como el legislador Esteban Paulón, del Partido Socialista. El caso le tocó al juzgado en lo Contencioso Administrativo N°4, de la jueza Rita Alián.

Los dirigentes ligados al radicalismo alegan en el escrito que no existe una “necesidad y urgencia” real u objetiva que impida el trámite legislativo ordinario y que se trata de una materia de “alta sensibilidad constitucional” que, dicen, debe estar sujeta al control parlamentario. Además, señalan que la reiteración de decretos para redefinir el sistema de inteligencia en menos de un año demuestra “un proceso de redefinición institucional inestable e improvisado” y no una emergencia impostergable.

Desde el punto de vista material, objetan que el decreto crea un sistema de inteligencia basado en conceptos vagos como “influencia” o “injerencia”, y cuestionan que esto abra la puerta a una “vigilancia estatal” sin control judicial previo. Denuncian que la norma establece el secreto como regla general para todas las actividades del sistema, lo que atenta −dicen− contra la transparencia institucional y el control ciudadano y parlamentario. “Lesionan de manera actual e inminente derechos y garantías fundamentales de la totalidad de la ciudadanía, entre ellos el derecho a la privacidad, a la intimidad, a la protección de datos personales, a la libertad de expresión, de asociación, de participación política y de peticionar a las autoridades”, señalan.

Finalmente, la acción advierte sobre la grave afectación al equilibrio republicano y el riesgo de que se institucionalicen prácticas de espionaje interno y disciplinamiento político. “A través de una arquitectura legal deliberadamente opaca, el decreto impugnado diluye los límites establecidos por la normativa vigente en torno a la prohibición del espionaje interno, la recolección de datos sin orden judicial y la vigilancia ideológica o política. Se institucionaliza un régimen de inteligencia que habilita el monitoreo de la ciudadanía no ya en función de hechos ilícitos concretos y verificables, sino sobre la base de criterios amplios e indeterminados de oportunidad política, conveniencia estratégica o prevención difusa, incompatibles con un Estado constitucional de derecho”, aseveran.

Ante el peligro de que la vigencia del decreto produzca daños de imposible reparación ulterior, los firmantes solicitan una medida cautelar urgente para suspender sus efectos de inmediato. Plantean, además, la reserva de acudir directamente a la Corte Suprema mediante el mecanismo del per saltum, bajo el argumento de “la gravedad institucional” y por tratarse de una reforma de naturaleza “estructural”.