Con el apoyo de sus aliados, el bloque de la La Libertad Avanza (LLA) se apresta a presidir las comisiones más importantes de la Cámara de Diputados y asegurarse, así, el control en el tratamiento de los proyectos de ley. Busca relegar a Unión por la Patria, el espacio opositor más nutrido, al que cederían las comisiones de menor relevancia política.

Durante las sesiones extraordinarias, el oficialismo se garantizó la presidencia de nueve comisiones, entre ellas las de Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales y Relaciones Exteriores. Son comisiones llamadas “de gestión” por las cuales transita la mayoría de las iniciativas antes de ir al recinto. Ahora pretende sumar cuatro más e incluso encabezar la Comisión de Discapacidad, usina que tradicionalmente estuvo en manos de la oposición y que engendró, el año pasado, las iniciativas que tuvieron a maltraer el Gobierno para declarar la emergencia en el servicio.

El oficialismo convocó para la semana próxima a constituir otras 18 comisiones (en total son 45) para poner en marcha la agenda legislativa tras la inauguración de las sesiones ordinarias. Por ello aceleró en los últimos días las negociaciones con sus aliados para asegurarse el control de las más importantes.

En este primer reparto, que se realiza por el sistema D’Hont de acuerdo al número de integrantes por espacio político, el interbloque Fuerza del Cambio -que aglutina a Pro, UCR y MID- se lleva, por ahora, las presidencias de tres comisiones y Provincias Unidas otras dos.

Una vez anudados esos acuerdos, el oficialismo convocó a Unión por la Patria, al que le garantizó que le respetará la cantidad de presidencias que le corresponde. Anticipó que, en esta primera tanda, encabezará nueve comisiones pero, en principio, todas ellas son de menor rango.

“No solo quieren quedarse con la presidencia de las comisiones más importantes; pretenden incluso controlar las comisiones de menor peso para impedir que hagamos política”, despotricaba un legislador de Unión por la Patria.

En minoría, el bloque que conduce Germán Martínez buscaba, al menos, quedarse con las presidencias de las comisiones de Salud y de Ciencia y Tecnología. Las negociaciones con el oficialismo continuarán hasta la semana próxima.

El bloque de La Libertad Avanza anticipó que presidirá, además de la Comisión de Discapacidad, la de Energía y la de Legislación General, que seguirá en manos de Santiago Santurio. “La Comisión de Salud todavía está en duda”, indicaron los voceros de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados.

Con la constitución de las nuevas comisiones la semana próxima, se espera que la agenda parlamentaria adquiera un mayor ritmo luego de que el oficialismo hiciera un alto en la actividad legislativa para reorganizar el esquema de comisiones tras la asunción de los nuevos diputados.

Por de pronto, el único tema en agenda en la Cámara de Diputados es la reforma a la ley de Glaciares, que ya cuenta con media sanción del Senado. Dentro de diez días se realizarán las audiencias públicas correspondientes con la expectativa de llevar la iniciativa al recinto después de Semana Santa.

El derrotero legislativo continuaría con la ley de financiamiento de las universidades nacionales, proyecto enviado por el Poder Ejecutivo el mes pasado para poner fin al conflicto que enfrenta en la Justicia por su decisión de no aplicar la norma cuya vigencia ratificó el Congreso en dos oportunidades.

Un abogado que tiene la matrícula suspendida por su inconducta amenazó este jueves a una jueza del trabajo con prenderle fuego, junto con su juzgado, lo que derivó en que la Gendarmería Nacional le ponga una custodia permanente.

La amenaza de muerte, por la cual ya intervino la Cámara Laboral, afectó a la titular del juzgado del Trabajo N° 14 Silvia Garzini, una magistrada que hace 18 años está en el cargo y se caracteriza por su temperamento tranquilo y apacible, al punto que no se le conocen conflictos.

El letrado que realizó las amenazas es Pablo Ibalo, con la matrícula suspendida por su conducta por el tribunal de disciplina del Colegio Público de la Abogacía desde el 6 de febrero de 2026 hasta el 5 de febrero de 2027.

Según dijeron a fuentes judiciales, las amenazas fueron realizadas mediante avisos en los estados de WhatsApp del celular del letrado, en los que mencionaba a la magistrada y decía: “Vieja c… la próxima vez que vaya al 14 antes habré de pasar por una Shell” y “los expedientes amarillentos arden más rápido”.

En otros mensajes expresó: “Vieja c… del juzgado 14, la próxima vez que me mires a los ojos será el fin de tus días”, en una explícita amenaza de muerte.

Tras recibir las amenazas, la jueza las puso en conocimiento de la Cámara del Trabajo y la Gendarmería Nacional le colocó una custodia permanente en los tribunales.

La situación mereció que muchos jueces laborales se solidarizaran con la magistrada y que reclamaran que se dispongan medidas de restricción para el letrado y una sanción más severa.

“Acabo de leer y no puedo creer, otra vez este sujeto, mi total solidaridad con vos Silvia. Y estoy de acuerdo en mandar la nota a la cámara y en hacer un pedido colectivo al Colegio Público para que le retiren de una vez la matrícula”, dijo un magistrado a su colega.

“Yo estoy poniendo en conocimiento del Colegio Público cada escrito que este sujeto presenta en una causa judicial estando suspendido”, expresó otro juez.

La Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo repudió los hechos. Dijo que el abogado “no solo la insulta con una bajeza irrepetible sino que la amenaza de muerte, por lo que esta Asociación expresa toda su solidaridad con la Dra. Garzini”.

Y reclamó que “las autoridades del Colegio Público de la Abogacía de la Ciudad de Buenos Aires impongan la máxima sanción al letrado, sin perjuicio de las acciones penales que correspondan”.

Estas amenazas se conocen en momentos en que se conocieron afiches contra la magistrada de la Cámara del Trabajo Diana Cañal y cuando hay una huelga casi permanente de empleados judiciales contra el traspaso de la justicia laboral nacional a la Ciudad.