POLITICA
El ala dura del sindicalismo se divide por la reforma laboral: los gremios del transporte se alinean con la CGT
Sin el aval de la CGT, el titular de la UOM, Abel Furlán, convocó a sindicatos para este miércoles con el fin de decidir un paro con movilización contra la reforma laboral, pero la propuesta no tendrá el apoyo de la Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT), que, aunque integra el ala dura del sindicalismo, no comparte la iniciativa “inorgánica” del metalúrgico.
Los líderes de la CATT acordaron reunirse en los primeros días de febrero para analizar cómo frenar la reforma laboral del Gobierno: la idea es adherir a la estrategia de la CGT, aunque no descartan adoptar medidas de fuerza por su cuenta si no se logra eliminar el artículo que reglamenta el derecho de huelga en diversas actividades y que afecta en particular al transporte.
Liderada por Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), la poderosa entidad también prevé mantener reuniones con sectores de la política, como gobernadores y legisladores, tal como viene realizando la CGT, con el fin de dejar en claro la postura específica de los gremio del transporte sobre el proyecto oficial.
“Pero actuaremos siempre dentro de la CGT porque, más allá de las diferencias que podamos tener, hoy tenemos que estar todos juntos contra la reforma laboral”, dijo a Infobae un referente de la CATT.
Eso implica que los sindicatos agrupados en esta confederación esperarán la reanudación de las negociaciones entre el Gobierno y la CGT para evaluar cambios en el proyecto que está en el Senado, que se concretará esta semana, y estarán pendientes de los resultados de esas tratativas porque les preocupa, entre otros artículos, el que limita el derecho de huelga.
“Si ese punto no se elimina o se modifica, vamos a defender nuestra postura con todos los recursos que tengamos a mano, lo que significa que, si hiciera falta, no descartamos tomar medidas por separado de la CGT”, agregó la fuente consultada.
La posición de Schmid de alinearse con la estrategia de la CGT es compartida por otros dirigentes de la CATT como su secretario adjunto, Omar Pérez (Camioneros), y su secretario Gremial, Juan Pablo Brey (aeronavegantes), pero hay otros que podrían adherir a la iniciativa de Furlán de realizar un paro general con movilización cuando el Senado comience a tratar la reforma laboral como Pablo Biró (pilotos), Edgardo Llano (APA), Paola Barrita (ATEPSA), Néstor Segovia (metrodelegados) y Graciela Aleñá (viales), entre otros.
Biró ya anticipó que es partidario de no esperar para realizar un paro contra la reforma laboral: “Si la CGT se pone combativa y resiste podrá cambiar la realidad; si no, le gritarán ‘poné la fecha’. Las bases piden respuesta a la conducción”, señaló a Infogremiales.
“Yo no voy a criticar a la CGT porque somos parte y somos orgánicos -enfatizó-. Si empieza un plan de lucha con paros nacionales puede que tengas una posibilidad de interpelar al Gobierno. Si la estrategia es armar videos de TikTok, el Gobierno seguirá al galope».
Más allá del rechazo en general al proyecto del Gobierno, la CATT cuestiona en particular el artículo que reglamenta el derecho de huelga en el transporte, la educación y la salud, entre otras actividades
Ese punto, que rescata el artículo incluido en el DNU 70 y en el decreto 340 (frenados por la Justicia), modifica lo que fija la Ley 25.877 de Ordenamiento del Régimen Laboral, sancionada en 2004, al establecer: “Los conflictos colectivos que pudieren afectar la normal prestación de servicios esenciales o actividades de importancia trascendental quedan sujetos a las siguientes garantías de prestación de servicios mínimos. En el caso de los servicios esenciales, en ningún caso se podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al 75% de la prestación normal del servicio de que se tratare. En el caso de las actividades o servicios de importancia trascendental, en ningún caso se podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al 50%”.
El listado de servicios considerados esenciales que figura en el proyecto incluye las siguientes actividades:
a) Los servicios sanitarios y hospitalarios, así como el transporte y distribución de medicamentos e insumos hospitalarios y los servicios farmacéuticos;
b) La producción, transporte y distribución y comercialización de agua potable, gas, petróleo y otros combustibles y energía eléctrica;
c) Los servicios de telecomunicaciones, incluyendo internet y comunicaciones satelitales;
d) La aeronáutica comercial y el control de tráfico aéreo y portuario; incluyendo balizamiento, dragado, amarre, estiba, desestiba, remolque de buques y todos los servicios portuarios;
e) Los servicios aduaneros y migratorios, y demás vinculados al comercio exterior;
f) El cuidado de menores y educación de niveles guardería, preescolar, primario y secundario, así como la educación especial;
g) El transporte marítimo y fluvial de personas y/o mercaderías y/o carga, servicios conexos y operaciones costa afuera, a través de los distintos medios que se utilicen para tal fin; y
h) El servicio de recolección de residuos.
Por su parte, en la iniciativa se consideran de importancia trascendental las siguientes actividades:
a) La producción de medicamentos y/o insumos hospitalarios;
b) El transporte terrestre y subterráneo de personas y/o mercaderías a través de los distintos medios que se utilicen para tal fin;
c) Los servicios de radio y televisión;
d) Las actividades industriales continuas, incluyendo siderurgia y la producción de aluminio, actividad química y la actividad cementera;
e) La industria alimenticia en toda su cadena de valor;
f) La producción y distribución de materiales de la construcción, servicios de reparación de aeronaves y buques, todos los servicios aeroportuarios, servicios logísticos, actividad minera, actividad frigorífica, correos, distribución y comercialización de alimentos y bebidas, actividad agropecuaria y su cadena de valor;
g) Los servicios bancarios, financieros, servicios hoteleros y gastronómicos y el comercio electrónico; y
h) La producción de bienes y/o servicios de toda actividad que estuvieran afectados a compromisos de exportación.
En medio de la polémica por el artículo 44 de la reforma laboral sobre licencias médicas, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, reconoció el lunes por la noche que el oficialismo cometió “un error” al no diferenciar entre enfermedades severas y no severas a la hora de obtener una licencia médica y aseguró que se corregirá cuando se trate en la Cámara de Diputados.
Después de elogiar el proyecto que envió el Gobierno, la exministra de Seguridad reconoció el error. “Cometimos un error que, bueno, nobleza obliga lo vamos a arreglar“, y aclaró que ”es algo que puede pasar en 210 artículos”,
“Lo de las licencias por enfermedad no fue incluido a último momento. No se escuchó el tema porque es muy técnico. Hay una mafia en los certificados médicos. La Argentina tiene en el sector privado un 15% de ausentismo”, justificó Bullrich en diálogo con TN, y comparó que en países como Finlandia cuando ocurren accidentes que no están relacionados con el trabajo se reduce el salario un 25%.
“En enfermedades severas vamos a hacer una modificación y vamos a dejar el sueldo al 100% sólo con corroboración concreta y fehaciente”, dijo luego. De esta manera, diferenció las licencias por enfermedad y las que son por accidentes no relacionados al trabajo. “Si te querés hacer el vivo, vas a cobrar el 50%”, advirtió la senadora.
En tanto, indicó que se está evaluando de qué manera se va a modificar y cuándo. También habló de la licencia psiquiátrica: “Es una de las que más se usa. Hay que terminar con la Argentina trucha”.
En otro tramo de la entrevista, Bullrich se mostró confiada en que la ley obtenga la media sanción que le falta, pero planteó que en el Gobierno no temen que vuelva al Senado. “No nos asusta dijo”, dijo y comentó: “Es parte de trabajar conjuntamente”.
De acuerdo a la norma que obtuvo media sanción el jueves pasado, si un trabajador sufre un accidente o una enfermedad ajenos a sus tareas laborales, recibirá el 50% de su salario básico durante tres meses si no tiene personas a cargo o seis meses si las tiene, siempre que el hecho derive de una actividad voluntaria y consciente.
Si la incapacidad no resulta de una acción voluntaria y riesgosa, el trabajador recibirá el 75% de su salario en los mismos plazos.
En el Gobierno, el viernes, tomaron distancia del cambio e incluso dijeron que fue idea de algún “senador”, mientras que los legisladores que colaboraron con la aprobación apuntaron directamente al oficialismo. El fin de semana, en diálogo con , desde el bloque libertario se hicieron cargo de haber incluido en el proyecto el artículo 44, del capítulo VII, con los cambios en el régimen actual de licencias.
Sin embargo, argumentaron que «no se entendió» cómo será la aplicación, que estuvo “mal interpretada” y que no busca quitar derechos laborales, sino que la intención es “terminar con las mafias” y las “licencias truchas”, y escuchar el “ruego” de dueños de Pymes y de un grupo de jueces laborales.
“La introducción fue por pedido de jueces laboralistas razonables y por el ruego de los empresarios Pymes”, indicaron en la bancada conducida por Bullrich.
Qué dice el proyecto
“En caso de sufrir un accidente o una enfermedad que no sea consecuencia de la prestación de tareas derivadas del contrato de trabajo, y que impida dicha prestación, el trabajador tendrá derecho a percibir el 50% de su remuneración que perciba al momento de la interrupción de los servicios si la imposibilidad de trabajar fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador que implicara algún riesgo en la salud durante un período de tres meses si el trabajador no tuviera personas legalmente a su cargo, o de seis (6) meses si las tuviera.
La recidiva de enfermedades crónicas no será considerada una enfermedad distinta, salvo que se manifestara una vez transcurridos los dos años. Si la imposibilidad de trabajar no fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador sobre el riesgo en la salud, percibirá el 75% de tal remuneración, en cualquier caso, durante el mismo periodo de tiempo dispuesto en el párrafo precedente».
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POLITICA
Seguirá detenido el manifestante que armó y lanzó la molotov durante los incidentes en el Congreso
La Justicia le dictó prisión preventiva a Milton Iván Tolomeo, señalado como “el anarquista de la molotov”, por su presunta participación en los incidentes frente al Congreso durante la marcha contra la reforma laboral. La medida fue ordenada por el juez Gonzalo Rua, a pedido del fiscal Mariano Camblón.
Tolomeo quedó detenido luego de que el magistrado avalara el planteo de la fiscalía en el marco de la causa que investiga el lanzamiento de bombas molotov contra efectivos de las fuerzas federales. Se trata del hombre que aparece en imágenes difundidas por TN armando y arrojando uno de los artefactos incendiarios contra la Policía.
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El acusado había sido detenido el domingo pasado en un torneo de boxeo en Avellaneda. La aprehensión se produjo tras una investigación que incluyó el análisis de los videos registrados durante los disturbios. Según informaron fuentes del caso en el que interviene la Unidad Fiscal de Flagrancia Este porteña, en el procedimiento se secuestró vestimenta similar a la utilizada durante el ataque, un bidón de cinco litros con combustible y otro de igual tamaño con alcohol, guantes térmicos, dispositivos electrónicos y material vinculado a grupos de ideología anarquista.
La detención de Tolomeo se había concretado tras un allanamiento en su domicilio. De acuerdo con la información oficial difundida entonces, en la vivienda se hallaron bidones con nafta, botellas y la ropa que habría usado el día de la protesta. Los peritos lograron establecer su participación directa en el lanzamiento de artefactos incendiarios tipo molotov contra personal de fuerzas federales.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, celebró la captura en sus redes sociales. “El anarquista de la Molotov, preso. Desde las 7 de la mañana, para contarte que detuvimos al violento que fue al Congreso a provocar caos”, escribió en X. En el mismo mensaje agregó: “En su casa encontramos bidones con combustible, la ropa utilizada durante el ataque, guantes térmicos y material vinculado a grupos anarquistas violentos. Dijimos que lo íbamos a atrapar, y lo hicimos. En la Argentina, las hacen, las pagan”.
La investigación avanzó a partir del análisis de las imágenes de los incidentes ocurridos el miércoles, cuando un grupo de manifestantes atacó con bombas molotov a las fuerzas de seguridad en medio de la movilización. Tolomeo no figuraba en las listas preliminares de sospechosos ni en los primeros videos difundidos por el Ministerio de Seguridad, donde se había identificado a cuatro personas. Tampoco aparecía en la nómina de 17 implicados que se conoció el viernes posterior a los hechos.
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En paralelo, el juez resolvió liberar a los otros dos detenidos en la causa, quienes continuarán el proceso en libertad. A uno de ellos se le impusieron medidas restrictivas, entre ellas la prohibición de acercarse al Congreso.
El primer detenido había sido encontrado durmiendo en un cajero automático del barrio de Belgrano. El segundo fue reconocido en el barrio de San Nicolás por un tatuaje en el brazo. Fue identificado como Matías Enzo Roldán y cuenta con antecedentes por delitos contra la propiedad.
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Los disturbios frente al Congreso dejaron tres policías heridos, según informó la Policía porteña. Uno de los efectivos sufrió un traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento y fue trasladado al Hospital Italiano.
Tras los incidentes, el Gobierno había reclamado celeridad en la identificación de los responsables de los ataques y calificó a los grupos involucrados como “grupos terroristas”.
Molotov, Congreso, reforma laboral
Las diferencias en el movimiento obrero persisten, ante la inminente sanción definitiva de la reforma laboral en la Cámara de Diputados, que el gobierno de Javier Milei prevé para esta semana. Pese a que la CGT convocó a un paro nacional, atendiendo a los reclamos internos de los sectores más confrontativos, el secretario general de la UOM de Córdoba, Rubén Urbano, definió como “bastante tibios” a los dirigentes de la central obrera.
El dirigente gremial destacó que la modalidad que proponen desde su sector es un “paro activo”, que en la filial cordobesa comenzará a las 10 de la mañana, con abandono de tareas en cada ciudad. En ese marco, Urbano precisó que, debido a la adhesión de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) desde las 0 horas, quienes puedan viajar a Buenos Aires se movilizarán al Congreso.
“Es paro con movilización. No nos sirve un paro dominguero, un paro matero en estos momentos cruciales. No se trata de un acuerdo salarial, sino de algo gravísimo como quitar todas las leyes y derechos que tenemos los trabajadores”, remarcó, en diálogo con el periodista Eduardo Feinmann por radio Mitre.
El referente metalúrgico, que forma parte del Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), un nucleamiento sindical de perfil netamente opositor al gobierno de Milei, analizó que la gestión libertaria se dedica a descargar “el ajuste únicamente al empleado” y a los jubilados. “Con un gobierno como el que tenemos no se puede discutir y directamente aplica los ajustes, al no tener posibilidad de dialogar correctamente, no nos queda otra que el derecho de huelga que nos da la Constitución nacional”, señaló.
Ante la consulta sobre el comportamiento de la cúpula gremial, Urbano calificó como “bastante tibio” porque la huelga con movilización “evidentemente no tendría que haber salido de una organización o de un frente (de sindicatos), sino de nuestra central obrera”.
En la previa, Daniel Yofra, secretario general de la Federación de Aceiteros y de Desmontadores de Algodón (FTCIODyARA), ratificó que llevarán a cabo la medida de fuerza gremial ante una reforma laboral que “perjudica a todos los trabajadores” y “ninguno de los 213 puntos beneficia al trabajador”. “Si la CGT no hubiese hecho paro, nosotros lo hubiésemos hecho en los congresos nacionales”, corroboró.
Aunque se trata de un sindicato pequeño en cantidad de asalariados, el dirigente subrayó el peso económico del sector aceitero y su impacto. “Nosotros aportamos al 25% de los derechos de las exportaciones. Tenemos un poder económico muy grande“, sostuvo.
Ayer, la CGT resolvió convocar el cuarto paro general contra el gobierno de Milei. Ahora bien, será la primera vez que se paralizarán todas las actividades en todo el país por 24 horas, ya que contará con la adhesión de los colectiveros de la Unión Tranviarios Automotor (UTA). La huelga se efectuará al momento en que la Cámara de Diputados trate la reforma laboral, por lo que se espera que sea el jueves.
Esta decisión, tomada en un encuentro virtual del Consejo Directivo de la organización sindical, responde al endurecimiento de la postura sindical y a un contexto de mayor conflictividad con el gobierno nacional. Sobre todo, se abrió una ventana de oportunidad para visibilizar el desacuerdo con la inclusión del artículo 44, que limita el derecho de los trabajadores a percibir el 100% del salario en caso de enfermedad o accidente no relacionado con el ámbito laboral.
La nueva redacción estipula que los empleados en estas circunstancias recibirán únicamente el 50% del salario, con la posibilidad de aumentar a un 75% cuando se demuestre que la causa no responde a una acción voluntaria ni al conocimiento previo del riesgo.
Durante la reunión, se determinó también que el triunvirato de la CGT asista a la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados, que inicia el tratamiento del proyecto aprobado en el Senado. Pese a que el Poder Ejecutivo hizo concesiones para que los sindicatos continúen percibiendo las cuotas solidarias, el movimiento obrero se encamina a un nuevo paro porque lo conseguido en las negociaciones sabe a poco, y varios sectores gremiales lo hizo saber a la cúpula cegetista.
Para esta semana, algunos dirigentes propusieron acompañar la medida de fuerza con una movilización al Congreso, iniciativa impulsada por Octavio Argüello (Camioneros), respaldada por Osvaldo Lobato (UOM) y Sergio Palazzo (bancarios). Sin embargo, prevaleció la opción de una paralización total sin protestas callejeras, con el fin de aprovechar la adhesión del sector transporte para dar una señal de fuerza sindical.
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