De esta manera, el ICC se ubicó en 44,38 puntos en el segundo mes del año. En la comparación interanual, el índice exhibió una disminución de 6,09% respecto de febrero de 2025, según precisó el reporte.

La confianza se enfría y acumula una caída de más del 6% desde su máximo

En este marco, puntualizó que «el índice acumula una caída de 6,33%» desde el pico registrado en el actual gobierno durante enero de 2025, con un valor de 47,38 puntos. Asimismo, remarcó que desde el piso alcanzado en enero de 2024, tras las primeras medidas del presidente Milei, cuando el índice había caído a 35,60 puntos, el ICC acumula una suba de 24,66%».

Al referirse al resultado exhibido en términos regionales, el indicador registró caídas generalizadas en febrero. La disminución más pronunciada se observó en CABA (-7,77%), seguida por GBA (-5,35%), mientras que el Interior mostró la contracción más moderada (-2,26%).

En este segmento del análisis, el informe precisó que el Interior continúa exhibiendo el índice más elevado (50,08 puntos), en tanto que el GBA mantiene el valor más bajo entre las tres regiones (41,25 puntos).

Por nivel de ingresos, el ICC registró caídas mensuales en ambos segmentos. La disminución fue más pronunciada se dio entre los hogares de ingresos altos (-5,24%), mientras que entre los hogares de ingresos bajos la contracción fue más moderada (-2,28%).

El deterioro del ánimo económico golpea con fuerza en la percepción personal

A pesar del mayor declive en la confianza, los hogares de ingresos altos continúan exhibiendo un índice superior (45,50 puntos) frente a los hogares de ingresos bajos (43,63 puntos).

Por subíndices, todos los componentes del ICC mostraron variaciones mensuales negativas. La caída más marcada se observó en Situación Personal (-7,62%), seguida por Situación Macroeconómica (-5,37%), mientras que Bienes Durables e Inmuebles se mantuvo prácticamente estable (-0,02%).

Al analizar los componentes por horizonte temporal, el informe de la Di Tella expuso que en febrero ambos indicadores mostraron caídas mensuales. La disminución más pronunciada se observó en las Expectativas Futuras (-5,75%), mientras que las Condiciones Presentes retrocedieron 3,22%.

En la comparación interanual, las Condiciones Presentes se ubican 3,63% por encima del nivel de febrero de 2025, en tanto que las Expectativas Futuras se encuentran 12,08% por debajo del registro de un año atrás.

La confianza del consumidor crece un 2,24% en enero, pero sigue por debajo de 2025

El ICC había registrado un aumento de 2,24% en enero con respecto al mes anterior. De esta manera, el indicador se ubicó en 46,57 puntos, retomando el crecimiento luego de la baja observada en diciembre. El incremento mensual estuvo impulsado por el subíndice de Bienes Durables e Inmuebles, que creció 9,90%.

Por su parte, el componente de Situación Personal subió 1,83%, mientras que el de Situación Macroeconómica cayó 2,23%. Al analizar el horizonte temporal, las Condiciones Presentes mostraron una mejora de 7,88% y las Expectativas Futuras una caída de 1,40%.

En medio del debate de la reforma laboral, el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) es uno de los artículos que más dudas está generando puertas adentro del Congreso y críticas de legisladores opositores. En este marco, el Ieral, de la Fundación Mediterránea, planteó dudas respecto a su impacto, diseño y efectividad.

El FAL tiene como objetivo inicial asistir a los empleadores privados en el cumplimiento del pago de indemnizaciones por despido sin causa, mutuo acuerdo de desvinculación y muerte del trabajador, entre otros. De esta manera, los empleadores tienen una mayor flexibilidad para efectuar despidos.

En primer lugar, el informe del Ieral aseguró que reducir los costos del empleo formal es clave para mejorar el mercado laboral, pero el debate en el Congreso va más allá de modificar reglas puntuales. Consideran que la reforma será relevante si logra estimular la formalización y, al mismo tiempo, demuestra consistencia fiscal y sostenibilidad en el tiempo.

El contexto es complejo: entre 2023 y 2025 se sumaron unos 200 mil nuevos desocupados, lo que refleja la dificultad crónica para generar empleo al ritmo de una oferta laboral en aumento.

El empleo asalariado privado permanece estancado, mientras que la informalidad sigue creciendo y ya supera el millón de nuevos trabajadores informales desde 2012. Este fenómeno revela que, ante las restricciones, el ajuste laboral no solo se traduce en más desempleo, sino también en una mayor precarización y expansión de empleos de baja calidad.

En este contexto surge uno de los puntos más sensibles del proyecto del Gobierno: el Fondo de Asistencia Laboral (FAL).

Al respecto, el IERAL opinó: “Más allá de su objetivo de reducir la incertidumbre asociada al despido, el diseño del FAL plantea algunos aspectos discutibles. Su costo fiscal directo se estima en torno al 0,5% del PIB, un valor significativo en un contexto de restricción presupuestaria. Además, su impacto neto depende de que efectivamente se genere empleo formal adicional, algo que no está garantizado”.

“A esto se suma un problema de diseño, una prima homogénea (porcentaje fijo que todas las empresas deben pagar) del 3% que puede resultar insuficiente para empresas con alta rotación donde cubriría solo una fracción de las indemnizaciones y, al mismo tiempo, generar acumulaciones excesivas en firmas con baja rotación y planteles más estables”, detalló.

Vale recordar que, según el texto oficial, el financiamiento del Fondo se realizaría a través de contribuciones mensuales obligatorias: las grandes empresas deberán aportar el 1% de las remuneraciones brutas de cada trabajador, mientras que las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) aportarán el 2,5%. Pero las contribuciones se toman como base para el cálculo de los aportes patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) de cada trabajador.

El estudio subraya que ese diseño puede generar distorsiones e incentivos poco claros, además de mayor complejidad administrativas. Como alternativa, el Ieral afirma que el mínimo no imponible aplicado sobre la masa salarial aparece como un instrumento más simple, focalizado y fiscalmente más acotado, ya que reduce de manera permanente la carga en los segmentos donde la informalidad es más elevada.

Más en detalle, este mínimo no imponible, elaborado por el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, dependiente del Ministerio de Capital Humano, propone reformular el esquema de contribuciones patronales aplicando el mínimo sobre la masa salarial total de la empresa y no por trabajador, incorporando progresividad y focalización en las pequeñas empresas.

Se trata de una herramienta fiscal que establece un umbral de remuneración a partir del cual los empleadores comienzan a pagar contribuciones patronales.

Las estimaciones del documento oficial permiten cuantificar el impacto fiscal. Los distintos escenarios planteados de mínimo no imponible implicarían un costo anual que oscila entre 0,05% y 0,23% del PIB, según el monto establecido, acompañado por la creación de nuevos empleos registrados.

“Incluso bajo supuestos conservadores sobre la respuesta del empleo formal, los costos netos resultan significativamente menores que los asociados a una reducción generalizada de contribuciones. Además, al concentrar el beneficio en micro y pequeñas empresas se minimiza el riesgo de subsidiar puestos que ya eran formales, mejorando la eficiencia del esfuerzo fiscal”, señaló Laura Caullo, responsable de la sección social-laboral del Ieral.

“La discusión de fondo no es si hay que modernizar el mercado laboral. Eso es indiscutible. La cuestión es elegir el instrumento que permita ampliar el empleo formal con el mayor impacto posible y el menor costo fiscal. En esa comparación, el mínimo no imponible ofrece una relación más equilibrada entre formalización e impacto sobre las cuentas públicas. La reforma laboral abre una oportunidad, que se traduzca en empleo registrado dependerá, en buena medida, del diseño que finalmente se adopte”, concluyó.

Los jubilados que cumplen con los 30 años de aportes exigidos por la ley previsional acceden a un haber inicial calculado según su historial salarial. En los casos en que se superan esos años mínimos, el sistema previsional argentino reconoce un adicional por cada año trabajado de más, dentro de los límites establecidos por la normativa vigente.

El haber jubilatorio inicial se determina a partir del promedio de los últimos 120 salarios actualizados, correspondientes a los últimos 10 años de actividad laboral. En este cálculo no se incluye el aguinaldo.

Para obtener ese promedio, la ANSES suma los 120 sueldos y divide el total por 120. El resultado se actualiza mediante un índice oficial que refleja la evolución de los salarios y la movilidad previsional.

Desde noviembre de 2025, el cálculo incorporó un cambio relevante. A través de la Disposición 29/2025 del Ministerio de Capital Humano, se estableció un índice combinado que promedia la RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables) y el índice de movilidad jubilatoria. Este coeficiente se aplica únicamente a quienes se jubilan a partir de diciembre de 2025.

Jubilación con más de 30 años de aportes: cómo impacta en el haber

Cuando una persona acredita más de 30 años de aportes, el sistema previsional reconoce un adicional del 1% por cada año excedente, con un tope máximo del 15%. Esto equivale a un reconocimiento total de hasta 45 años de aportes.

Si el haber resultante, aun con ese adicional, queda por debajo del valor de la jubilación mínima vigente, el beneficiario cobra igualmente el haber mínimo garantizado por el Estado.

Hasta su finalización, la moratoria previsional permitió que quienes alcanzaban la edad jubilatoria sin reunir los 30 años exigidos regularizar aportes faltantes y acceder, en la mayoría de los casos, a una jubilación mínima.

Cuánto cobra un jubilado en marzo de 2026

Desde marzo de 2026, las jubilaciones y pensiones tendrán un incremento del 2,9%, conforme a la fórmula de movilidad vigente. El ajuste surge de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a enero, informado por el INDEC.

Con esta actualización, la jubilación mínima ascenderá a $369.495,16, mientras que el haber máximo se ubicará en $2.486.347,64. El aumento también alcanzará a las Pensiones No Contributivas (PNC) y a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), estableciendo un nuevo piso de ingresos.

Además, el Gobierno confirmó la continuidad del bono extraordinario de $70.000, destinado a reforzar los ingresos de quienes perciben haberes más bajos. Con este adicional, el ingreso mínimo garantizado en marzo rondará los $439.495,16.

El refuerzo se abonará de manera completa a quienes cobran la jubilación mínima. En tanto, quienes perciban montos superiores a la mínima pero inferiores al tope establecido recibirán un bono proporcional hasta alcanzar ese límite. Aquellos que superen los $439.495 no accederán al beneficio.

En el caso de las PNC, el ingreso total con bono será de $328.649,34, mientras que la PUAM alcanzará los $365.596,53 tras la aplicación del extra.

Qué es el juicio por reajuste jubilatorio y cuándo corresponde

El juicio por reajuste jubilatorio es una acción judicial mediante la cual un jubilado o pensionado solicita la revisión del cálculo de su haber, ya sea del monto inicial o de los aumentos posteriores, cuando considera que la fórmula aplicada por ANSES fue incorrecta o desfavorable.

En distintos fallos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó que ciertos índices utilizados por ANSES no reflejaban adecuadamente la evolución de los salarios, lo que habilitó miles de reclamos judiciales.

La ley bajo la cual te jubilaste y su impacto en el reajuste

Antes de iniciar un juicio, es clave identificar el régimen legal aplicable:

• Ley 18.037: quienes se jubilaron bajo este régimen suelen obtener una corrección casi total del haber.

• Ley 24.241: los criterios de recálculo se apartan de la jurisprudencia de la Corte Suprema, lo que puede implicar resignar parte del haber potencial si se acepta la propuesta de ANSES sin litigar.

Cada caso requiere un análisis técnico individual, preferentemente con un abogado previsionalista independiente.

Cuándo conviene iniciar un juicio de reajuste jubilatorio

Existen situaciones frecuentes en las que el reclamo judicial puede resultar procedente:

• Errores en el cálculo del haber jubilatorio, como aportes omitidos o topes indebidos

• Haber inferior al 82% móvil de los últimos salarios

• Haber igual o inferior al Salario Mínimo, Vital y Móvil

El juicio de reajuste puede iniciarse para jubilaciones otorgadas hasta marzo de 2018, período en el que existía un vacío legal en la fórmula de cálculo. Para jubilaciones posteriores, la normativa ya estableció un esquema definido.

Plazos, honorarios y pago de sentencias judiciales

Los juicios previsionales suelen demorar entre 5 y 7 años, según la complejidad del caso y la carga de los tribunales. Los honorarios profesionales, en general, se pagan solo si el jubilado obtiene un resultado favorable.

Una vez dictada la sentencia, ANSES liquida el nuevo haber y los retroactivos adeudados. Si el pago no se efectúa en la fecha asignada, los fondos regresan al organismo y se reprograman automáticamente.

Según el Comunicado A-7028 del BCRA, el cobro de sentencias por reajuste jubilatorio se realiza por ventanilla bancaria, sin necesidad de turno previo.