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La intervención federal del puerto de Ushuaia: notificación por WhatsApp, traspaso desprolijo y una pelea que recién empieza

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La medianoche del 20 de enero hubo más movimiento de lo habitual frente al Puerto de Ushuaia. Alguien le avisó a Roberto Murcia, presidente de la Dirección Provincial de Puertos (DPP) que algo pasaba. Llegó urgido y se encontró en la puerta de ingreso al área de logística con funcionarios que ya conocía de la agencia nacional a cargo de los puertos. ¿Qué necesitan?, les preguntó. “Venimos a intervenir”, le respondieron. Murcia reclamó que no había sido notificado. “Te lo paso por WhatsApp”, fue la respuesta. En la helada y clara noche fueguina, les propuso pasar y mantener la conversación en la oficina. “No, ya no pueden entrar”. El paso quedó cerrado por el personal de la Prefectura Naval, para él y los 90 operarios locales del puerto. Por decisión de la Casa Rosada, el Estado nacional había tomado el control del puerto fueguino.

Así empezó la intervención federal al Puerto de Ushuaia en medio de la temporada alta de cruceros. Sucedió tras detectar “irregularidades financieras”, “desvíos de fondos” y “riesgo operativo” en las instalaciones, según argumentó la resolución 4/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) firmada a las 22.45 del 20 de enero a cargo. La agencia está a cargo de Iñaki Arreseygor. La medida puso en pie de guerra al gobierno de Gustavo Melella, quien consideró la acción como un avasallamiento de la autonomía provincial por parte de la Casa Rosada.

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“Esta intervención constituye un avasallamiento, sin ningún tipo de argumento ni hecho que la avale, a la autonomía de nuestra provincia, garantizada por la Constitución Nacional. El Puerto de Ushuaia es un pilar fundamental para nuestro desarrollo económico y logístico. Tierra del Fuego y su gente, otra vez más, ve con sorpresa otro acto intempestivo y grave desde el Gobierno Nacional que afecta el trabajo y el normal desarrollo de la actividad productiva provincial”, aseguraron desde el gobierno de Melella a través de un comunicado.

Si bien aclararon que el diálogo no está roto adelantaron que avanzarán por vía judicial el reclamo ante la intervención. Fuentes del gobierno nacional con línea directa con el presidente Javier Milei aseguraron a que el diálogo “no está cortado”, pero fueron cautos en adelantar cómo continuará la relación con Melella.

El puerto de Ushuaia, en manos de la provincia de Tierra del Fuego desde 1992, por disposición del gobierno de Carlos Menem, es considerado uno de los activos económicos y geopolíticos más valiosos de la provincia más austral. Según datos oficiales maneja un presupuesto anual de $ 22.000 millones producto de los servicios múltiples que presta a los más de 500 buques que recalan en su muelle.

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Trabajo de abastecimientos de buques en el Puerto de Ushuaia, Tierra del Fuego.DPP Tierra del Fuego

A las 00.03 del 21 de enero, con la intervención recién en funciones, llegó a la bandeja del correo electrónico oficial de Murcia la resolución declarando la intervención del puerto. Luego, en otro mensaje, a las 00.55, le comunicaron el listado de las personas autorizadas a ingresar.

La vicegobernadora, Mónica Urquiza, también llegó esa madrugada, al igual que el equipo de la secretaría Legal y Técnica. Allí firmaron un acta ante el escribano oficial de lo ocurrido en la que se detalló que no se iba a tocar ningún bien, vehículo o maquinaria de la provincia de Tierra del Fuego.

Buques en el Puerto de Ushuaia, Tierra del Fuego.DPP Tierra del Fuego

“’¿Cómo van a operar? La provincia está comprometida en su operatividad y el muelle tiene que funcionar como está operando hasta ahora, eso fue lo primero que les pregunté, en tanto la vicegobernadora quiso saber quién era el interventor a cargo, y respondieron que era, Iñaki Arreseygor”, dijo a Roberto Murcia, -director de la DPP con rango de ministro- al recordar esa madrugada. En ese momento se anotició que 20 operarios del puerto fueron licenciados y nombrados para trabajar en forma directa para la actual intervención.

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Arreseygor es el actual titular de la ANPyN, la agencia creada por decreto que reemplazó a la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables y la estructura residual de la Administración General de Puertos y tiene por objeto simplificar la estructura estatal, mejorar la eficiencia administrativa y eliminar la duplicación de funciones.

Desde 1992, la provincia de Tierra del Fuego se hizo cargo de los sueldos de los empleados portuarios y de las obras de infraestructura. La última ampliación del muelle se inauguró en 2023, con una inversión de $2500 millones de fondos provinciales y mejoró la logística del puerto y por ende la proyección internacional, según datos de la DPP. Ushuaia está considerado el puerto de entrada a la Antártida, según estadísticas oficiales el 96% de los cruceros parten de allí que implican en la actualidad cerca de 540 recaladas anuales.

Al puerto llegan lujosos buques expedicionarios antárticos, barcos bioceánicos, buques de carga general, de pesca, de la Armada que realiza abastecimiento a las bases antárticas, -tanto de Argentina como de otros países- buques científicos y hasta veleros con banderas de todo el mundo.

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En un comunicado del gobierno fueguino, en el que se cuestionó la intervención, detalló que en las últimas dos semanas se registró récord de arribo de barcos que fueron recibidos con una operatoria sincronizada, consiguiendo atender a 16 embarcaciones de bandera internacional en un período menor a 24 horas y más de 30 en la semana. En total más de 30.000 personas entre pasajeros y tripulantes pasaron por el Puerto en ese período.

El conflicto se originó tras una denuncia del gremio “Unión Personal Superior Ferroviario de Tierra del Fuego” contra la Ley Provincial Nº 1596, sancionada por unanimidad de la Legisltura en julio pasado que habilitó el uso excepcional del superávit financiero del Puerto de Ushuaia para fortalecer la Obra Social del Estado Fueguino.

Tras la denuncia del gremio, la ANPyN realizó una inspección técnica que, según el informe, detectó fallas estructurales graves, obsolescencia en sistemas de seguridad y una alarmante falta de inversión en mantenimiento esencial. Y argumentaron irregularidades financieras y deficiencias estructurales.

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El informe dado a conocer en octubre generó gran revuelo y derivó en recursos interpuestos ante la agencia de parte de la Dirección Provincial de Puertos. Murcia explicó que los funcionarios que hicieron la inspección en agosto es el mismo equipo técnico que los había asesorado y controlado durante las obras de infraestructura del puerto. “Ellos eran parte de la obra y vinieron a inspeccionar algo que conocían al dedillo. No nos sorprende lo que nos imputan porque estábamos trabajando con ellos hace un año y medio atrás. Con el nuevo gobierno se cortó la relación”, dijo.

Desde la agencia ANPyN cuestionaron también a la administración de fondos del puerto. El funcionario detalló que realizaron colocaciones financieras en el Banco de Tierra del Fuego para mejorar la rentabilidad de las ganancias y avanzar en la ejecución de obras para el puerto. En tanto, dijo que firmaron dos convenios con el Ministerio de Salud provincial a través del cual prestaron $200 millones para la compra de equipamiento en un caso y $4000 millones para terminar el Hospital de Ushuaia en el otro. “Ambos préstamos se están devolviendo con interés y con la garantía del Banco provincial”, aseguró el titular de la DPP.

“Lo más grave de todo es que hay un desconocimiento total de cómo se manejan los fondos en la provincia, tengo una auditoría interna como órgano autárquico, que depende del ministerio de Economía y del Tribunal de Cuentas”, explicó Murcia.

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Según lo publicado en medios de la isla, los 20 trabajadores que fueron recontratados por la intervención pertenecen al gremio denunciante, la Unión Personal Superior Ferroviario de Tierra del Fuego.

Desde el gobierno local cuestionaron que en la misma resolución inhabilita la operación de la terminal para luego, en dos artículos posteriores, dejar sin efecto esa misma inhabilitación y seguir operando.


Estado nacional había tomado el control del puerto fueguino,January 21, 2026,pic.twitter.com/81UoO4Ahn4,January 21, 2026,https://t.co/1fvKAVP1qx,pic.twitter.com/7VSLGCpx6L,January 23, 2026,Mariela Arias,Conforme a,,Reforma laboral. Los gobernadores de Córdoba y Santa Fe condicionaron su apoyo y piden cambios,,Ola de despidos. Denuncias de corrupción y sospechas internas aceleran el recambio de funcionarios en la era Milei,,Cifra récord. Aumentaron casi 500% los reclamos por jubilaciones que llegan hasta la Corte Suprema

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Milei, Techint y la tercera batalla de Davos

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Como en los dos primeros años de su mandato, en Davos, Javier Milei le dio “on” al año político argentino. Su presentación buscó no sólo sumar un nuevo capítulo a la saga de su posicionamiento global: está claro que, en parte la suerte de la gestión mileísta orbita alrededor del planeta Trump y la valoración que reciba desde Estados Unidos. Pero además, como en 2024 y 2025, Milei usó Davos para anticipar el foco de su agenda local.

En lo local, Milei dejó claro las dos nuevas dimensiones de su batalla cultural versión 2026. En ambos casos se trata de una profundización de su concepción de la economía de mercado. Por un lado, el combate contra la identificación entre capitalismo de mercado e injusticia social y la defensa decidida de la conexión entre capitalismo, eficiencia y ética como la única base posible de una política pública justa.

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En Davos, Milei aseguró la existencia de un “vínculo profundo entre la moral y los mercados libres”. Por otro lado, presentó a la desregulación como la única política de Estado posible en el marco de ese capitalismo justo con el que sueña. Por eso el caso Techint y su derrota en la licitación de los tubos para un gasoducto en Vaca Muerta se volvió el primer emblema del Milei modelo Davos 2026: la adjudicación a una empresa extranjera pero con mejor precio es toda una muestra del nuevo avance del Gobierno en su visión económica. En esa concepción, cualquier intervención directa del Estado para beneficiar a algún actor del mercado argentino rompe el virtuosismo del capitalismo justo que pregona Milei, aunque en la tradición política argentina parezca lo contrario.

Es una toma de posición no sólo ya en términos de la “guerra cultural” macroeconómica: en la adjudicación de la licitación a la firma india Welspun, la escalada de la visión del gobierno se volvió palpable y material, es decir, afecta a la realidad de las inversiones, flujos de dólares, y a la realización de una concepción de “empresariado”, el “héroe” del capitalismo justo que Milei dice alentar: tomador de riesgos, competitivo y transparente.

No es casual que el arquetipo del funcionario desregulador de Milei, Federico Sturzenegger, haya salido en la red social X a dar la respuesta política a la decisión que dejó afuera a una empresa nacional y eligió a una extranjera. El argumento central es demoledor, sobre todo para Techint: dos revelaciones, según Sturzenegger. Primero, que Techint ofreció 40 por ciento más que su competidor y al enterarse, estuvo dispuesto a empatarlo y segundo, que pidió el derecho a un “first refusal”, “la posibilidad de mejorar cualquier oferta que se presentara”, de acuerdo con el posteo del ministro de Desregulación.

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Es decir, una empresa nacional puesta contra las cuerdas en la exposición de su discrecionalidad y búsqueda de privilegios en una licitación. El Gobierno no le ahorró nada a Techint.

De Davos al posteo de Sturzenegger, uno de los tres únicos funcionarios mencionados en el discurso de Milei en Suiza, además de Sandra Pettovello y Demian Reidel, una serie de declaraciones que explicitan ese lineamiento político: el eje de la eficiencia, es decir, la adjudicación al mejor precio, no importa si es de un competidor extranjero, con externalidades positivas en el mercado de trabajo y en la rentabilidad de muchos sectores nacionales, aunque se perjudique una empresa argentina en un caso puntual; el eje de la transparencia, con un capitalismo libre y un Estado que no juega a favor de un actor nacional en una licitación como condición necesaria y suficiente de un crecimiento sostenido y del flujo continuo de inversiones.

Esa línea de visión político económica se venía acentuando en las últimas semanas de 2025 y en las primeras de este enero. Quedó explicitada una semana antes del discurso de Milei en Davos. El 15 de enero, The Economist publicó un artículo conjunto de Milei y Sturzenegger con el mismo ideario. “El presidente argentino y Federico Sturzenegger, su ministro de Desregulación, llaman a una radical revisión de la intromisión gubernamental”: así sintetizó la posición de Milei y Sturzenegger.

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En las últimas apariciones del año pasado, el ministro de Economía Luis Caputo del año también subrayó una nueva etapa de la gestión centrada en el aspecto desregulador de la política mileísta. A la hora del ajuste le sucede la hora de la aceleración de la desregulación y la pretensión de reducir al máximo toda intervención estatal, incluso, en una licitación que afecta los intereses de un conglomerado nacional clave e influyente. La reforma laboral que se discutirá a partir de la semana que viene en el Congreso también cae conceptualmente bajo ese paraguas conceptual.

En la relación de la Argentina con Davos, Milei aporta una novedad: como Presidente, usa a Davos como una especie de herramienta de política pública local. Fija la cancha en la que quiere jugar en los próximos meses. El riesgo es que Davos también prefigure los errores y excesos de Milei: por ejemplo, el anti wokismo intenso que dominó su visión en Davos 2025 fue una anticipación del nivel de escalada de su política de conflictos innecesarios que lo metió en problemas durante la mayor parte del año pasado, hasta que se puso más negociador, y le llegó el rescate del par Trump-Bessent. ¿Cuál es el riesgo que podría anticipar su discurso en este Davos 2026?

Primero, el riesgo de sobregirarse en su visión teórica y desconectar de la realidad argentina: tanto Milei como Sturzenegger y Reidel tienen muy cerca el pecado de la hiper abstracción y la deshumanización de su visión. La desregulación extrema que alientan, con el sector de la IA como ejemplo, es contradictoria con muchas de las políticas mileístas clave, como el control del tipo de cambio, y no se cumple, en esa escala elevada a la enésima potencia, en capitalismos tan prósperos como justos. De esa tentación teórica vuelta ideología enceguecida y alejada de las soluciones cotidianas y realizables se deriva el segundo riesgo, un debate en torno al caso Techint en el que el Gobierno enfrenta muchas contradicciones: si hay el Gobierno encuentra tantas justificaciones, algunas aceptables, al gradualismo del cepo, ¿no tendría que ser gradualista en la exigencia a las empresas locales? ¿El empresariado argentino puede competir de igual con empresas extranjeras en medio de las condiciones argentinas, una estructura impositiva y laboral que todavía queda lejos del libre mercado? ¿Hay tiempo, en el caso de la realidad de los trabajadores, para esperar al largo plazo que propone Sturzenegger en relación a la creación de empleo y un beneficio general a la economía argentina aunque la licitación se otorgue a una extranjera?

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Techint aparece como la primera “casualty” de la guerra cultural-económica del Gobierno. Con el régimen de Tierra del Fuego, en cambio, la gestión mileísta ha sido mucho menos contundente y mucho más gradualista y piadosa. Dentro del ministerio de Desregulación, la sensación térmica en ese caso es de incomodidad: “Hay que preguntarle al Presidente”, se escucha.

En el frente global, la tercera aparición de Milei en la Conferencia del Foro Económico Mundial en Suiza se da en una geopolítica en pleno proceso de cambio que ofrece dos datos centrales para la gestión mileísta. Primero, un Donald Trump que acumula puntos críticos en su presidencia justo cuando enfrenta una elección legislativa. La elección de medio término en Estados Unidos plantea preguntas existenciales a una Argentina de Milei que sobrevivió su momento más crítico de 2025 con el “whatever it takes” de Bessent. Por eso el primer gran obstáculo político que enfrentará el Gobierno se juega en el tablero del hegemón en el que se referencia la presidencia mileísta, el Estados Unidos de Donald Trump. Con un año en su haber, el legado de Trump empieza a generar sus propias incertidumbres. Las encuestas no lo acompañan por el momento.

¿El mundo será el mismo con un Trump derrotado en las elecciones legislativas de Estados Unidos? Y más precisamente, ¿la suerte macroeconómica de la gestión mileísta cambiará con una derrota de su aliado central?

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Segundo, este año el mapa global da indicios de un mundo que empieza, o al menos intenta, imaginar respuestas consensuadas al dominio de la lógica de la fuerza del más poderoso. Hay un debate global en torno a Davos: ¿quién ganó Davos? ¿Trump o Mark Carney, el primer ministro canadiense? Las palabras del canadiense en Davos le disputaron el protagonismo global a Trump: no sólo apuntó a darle contenido a los desafíos específicos de Canadá. También a los esfuerzos de Europa por reconstruir su rol global y todavía más allá: cayó bien en países emergentes que resisten la influencia tan abierta de Trump, como Brasil. “Hizo un diagnóstico impecable y certero, y muy corajudo”, reconocía ayer una fuente diplomática brasileña inobjetable el mismo día en que Lula habló por teléfono con Donald Trump como líderes razonables: así de contradictorio está el escenario internacional. En la Argentina, resonó sobre todo en el kirchnerismo y una ciudadanía más independiente inquieta con el nuevo orden global. En Estados Unidos, el polo demócrata escuchó a Carney con interés. El polo trumpista minimizó su peso: “No estoy seguro de lo que está haciendo el primer ministro Carney, más allá de tratar de hacer “virtue-signal” (dar señales de virtud) a sus amigos globalistas de Davos”, dijo Bessent.

A un país periférico y todavía en emergencia como la Argentina, sólo le queda hacer malabarismos para sortear la distancia entre los hechos, las palabras y los sueños. En los discursos de Davos de Milei quedan explicitadas esas brechas.

Empieza 2026 pero la política argentina ya tira los dados por la elección presidencial de 2027: este 2026 es el inicio de la campaña presidencial por otros medios, el de los resultados. Milei puede mostrar algunos, como lo hizo en Davos, pero esto recién empieza.

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Luciana Vázquez,Conforme a

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El Gobierno debate los tiempos para tratar la Ley Penal Juvenil: los plazos y las claves de la articulación

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Luego de la reunión de mesa política, el Gobierno Nacional diseña los planes para avanzar en la aprobación de la nueva Ley Penal Juvenil y tiene en mente la idea de consensuar el proyecto con los sectores de la oposición que presentaron iniciativas similares para obtener los consensos necesarios que les permita su aprobación. Pese a haberla incluido en el temario de sesiones extraordinarias, en Casa Rosada debaten los plazos de su tratamiento y mientras hay quienes anticiparon a Infobae que podría quedar relegado para el año legislativo que iniciará el 1° de marzo, otros se mostraron dispuestos a aprobarlo este verano.

En el oficialismo están abiertos a articular y consensuar con la oposición que presentó normativas sobre el tema para sintetizar en un único proyecto, con base en el ya presentado, que garantice los respaldos para su sanción. Algo similar hicieron en agosto de 2024, cuando trataron el tema en Diputados, específicamente en las comisiones de Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia; y Presupuesto y Hacienda. En aquel entonces hubo debate de los bloques, se presentó una síntesis y se dio lugar a reuniones con técnicos y especialistas, lo que derivó en el proyecto que obtuvo dictamen en mayo de 2025.

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“Hay varios proyectos presentados. La idea es unificar y buscar consensos. Es un tema clave, pero tenemos que ver por dónde podemos generar los consensos”, explicó a este medio una importante fuente involucrada.

Lo cierto es que, si bien la administración libertaria aspira a que la reducción de la edad de imputabilidad sea a 13 años, están al tanto de que el consenso obtenido estableció que sea a partir de los 14, por lo que no descartan abrir el debate respecto de los detalles con los aliados. “La intención del Gobierno siempre fue 13, pero el consenso que se consiguió en comisión durante 2025 es que sea 14″, admitó una fuente del Gabinete a este medio.

Reunión de comisión de diputados que analizaron el Régimen Penal Juvenil de agosto de 2024

La determinación de incluir la Ley Penal Juvenil al temario de extraordinarias fue adoptada esta mañana por la mesa política que encabezó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, esta mañana bajo la supervisión de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Sin embargo, aún hay debates al interior del reducido equipo legislativo que sabe que el tratamiento demandará más tiempo del establecido para la prórroga de sesiones extraordinarias que iniciará el próximo 2 de febrero y se extenderá hasta el 27 del mes.

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El Ejecutivo espera iniciar febrero con el tratamiento de la reforma laboral, prevista para el 12 en Senadores en paralelo al debate en la Cámara Baja por el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea para trabajar proyectos cruzados y optimizar los tiempos. En el mejor de los escenarios, una vez que los proyectos continúen su curso, podría darse inicio a la discusión por la baja de la edad de imputabilidad.

“No hay tiempo. Tenemos pocas sesiones. A lo sumo, dos por cámara y tenemos que ser quirúrgicos. Quizás se empieza a tratar ahora y se continúa en extraordinarias. Hay que ver, pero lo cierto es que con los feriados de Carnaval hay pocos días”, explicó una importante fuente del ecosistema libertario.

Una tercera voz al respecto, también integrante de la reducida mesa, explicó a Infobae que Diputados podría dar lugar inicialmente al tratamiento para optimizar la tarea y confesó que la posibilidad de continuar durante el período ordinario está bajo análisis. “La idea es iniciar en Diputados, dado que casi todo lo enviado ingresa por Senado, por lo que podríamos llegar. En el peor de los caso, se terminará de tratar en marzo. No importa”, confesaron a este medio.

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La mesa política se reunió esta mañana en Casa Rosada

El tema volvió a instalarse en la agenda mediática en los últimos días a raíz del caso de Jeremías Monzón, el joven de 15 años torturado y asesinado en Santa Fe. Desde el corazón de la mesa chica, motorizaron la posibilidad de avanzar con el legislativo para dar lugar a la discusión que impulsó Patricia Bullrich, en traje de ministra de Seguridad, y que comprometió al secretario de Justicia, Sebastián Amerio, en articulación con la Subsecretaría de Política Criminal y la Dirección de Técnica Legislativa de la cartera.

El proyecto que apuntaba a reemplazar la Ley de Minoridad, vigente desde 1980, propone establecer también un sistema de responsabilidad penal para adolescentes de entre 13 y 18 años, con el objetivo de adecuar la normativa argentina a los estándares regionales. “En Brasil, está establecido a los 12 años y en Uruguay a los 13″, argumentó una fuente legislativa.

En paralelo, también hay planes de concluir con la reescritura de la reforma del Código Penal, cuyo debate se postergará para marzo con intención de tratarla con tiempo. En el oficialismo aclaran que el envío del proyecto que aún debe definirse, pero que reducirá la edad de imputabilidad, irá por fuera de las modificaciones dado que se trata de regímenes diferentes.

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Con respecto a los cambios penales, en una primera instancia, la idea del mandatario era aprobarla en febrero, pero con las miras puestas en concentrar esfuerzos para sancionar la reforma laboral, el Poder Ejecutivo pospuso su tratamiento para el año legislativo que iniciará a partir del 1° de marzo.

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El ataque a Cristina Kirchner: es imposible que Sabag Montiel haya gatillado dos veces la vieja Bersa Lusber 84

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La Bersa Lusber 84 calibre 7.65 que Fernando Andrés Sabag Montiel utilizó en el ataque contra Cristina Kirchner no es un arma fácil de usar: pesa el doble que las pistolas modernas, que además tienen mayor poder de fuego, y el tirador debe aplicar una fuerza considerable para poder accionar la corredera que permita que el proyectil suba a la recámara y quede en posición de disparo.

Así lo explicó uno de los armeros más importantes de la Argentina, que mostró a cómo funciona el arma secuestrada en poder del agresor. Al explicar el funcionamiento de la pistola echó por tierra una de las afirmaciones realizadas por la Policía Federal que difundió el primer informe sobre el ataque, en el que se indicaba que, “según los testigos, el agresor había gatillado dos veces el arma”.

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Esos mismos testigos, consignados en el informe de la Policía Federal sobre el ataque a la vicepresidenta de la Nación del 1° de septiembre pasado, dijeron haber escuchado dos veces el ruido del martillo de la pistola provocado por el golpe sobre la aguja percutora del arma.

El momento en el que le apuntan con un arma a Cristina Kirchner.Captura de video

Sin embargo, una demostración práctica derrumbó esas afirmaciones. Al presionar el gatillo –o cola del disparador– sin tener una bala en la recámara, el martillo se mantuvo siempre en su posición de “abatido” y nunca bajó a la posición de tiro.

Según el armero, “para que el martillo estuviera en posición de disparo, el agresor debió realizar dos movimientos: accionar la corredera o bajar el martillo manualmente. En los distintos videos que grabaron el ataque desde diferentes ángulos, no quedó registrado que el agresor haya accionado la corredera, lo que hubiera llevado el martillo hacia abajo”.

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Pero el disparo no salió porque la pistola no tenía un proyectil en la recámara. En ese momento, el agresor siguió presionando el gatillo, pero la cola del disparador no respondía debido a la ausencia del cartucho en la recámara y porque el martillo estaba arriba, no en posición de disparo.

Al ser consultado sobre la causa que provocó que Sabag Montiel no disparara, el armero respondió: “El disparo no se concretó porque, al accionar la corredera, este elemento no encontró ninguna bala para colocar en la recámara. Esto pudo ocurrir porque, posiblemente, el cargador no hubiera sido colocado correctamente o porque, al empuñar la pistola, el agresor presionó, accidentalmente, el botón expulsor del cargador”.

Otro especialista dio una explicación alternativa: “Sabag Montiel no es tirador profesional. Pero su ADN estaba en la base del cargador, la cola del disparador y la corredera. Lo que pudo haber pasado es que haya hecho una tracción incompleta de la corredera, producto de su inexperiencia. En ese caso, la munición no sube del cargador a la recámara”.

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La imagen del arma con el cargador parcialmente salido por debajo de la empuñadura fue difundida por la Policía Federal minutos después de la detención de Sabag Montiel. “Si el cargador estaba de esa forma en el momento en que el acusado accionó la corredera y presionó el gatillo, resultó imposible que el arma se dispare debido a que el cargador estaba mal colocado y no había forma que se coloque una bala en la recámara”, indicó el armero consultado.

Sabag Montiel y su novia posan con el arma

Según el perito balístico, “el martillo estaba ‘arriba’ hasta que el agresor accionó la cola del disparador. Una vez que bajó y no se produjo el disparo, debió haber subido el martillo con el pulgar o traccionando la corredera. La posición ligeramente fuera de su alojamiento del almacén cargador, que tenía cinco cartuchos, podría ser causal, en caso de accionarse la corredera”.

En los minutos posteriores a la detención de Sabag Montiel, fuentes judiciales indicaron que el arma estaba apta para el disparo, pero no estaba conformada para ser disparada. Según el armero que hizo la demostración a sobre cómo funciona el arma secuestrada al acusado, dicha afirmación constituye una cuestión técnica del Derecho.

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“El arma estaba entera. No tenía faltantes de piezas que hubieran impedido su funcionamiento. Pero no había sido preparada para ser disparada. Esto significa que, por algún motivo que todavía no se estableció, el acusado no accionó la pistola de forma tal que el proyectil pudiera ser disparado. Esto pasó porque no había una bala en la recámara”, explicó el experimentado perito balístico.

Con respecto a la pistola Bersa Lusber 84 secuestrada en poder de Sabag Montiel, el armero explicó que se fabricó entre 1969 y junio de 1975. Se construyó totalmente en acero y de forma artesanal. Debido a los materiales usados en esa época, su peso de 600 gramos, vacía, y de 670 gramos con el cargador completo, la convirtieron en un arma difícil de manipular.

A esta característica debe sumarse el hecho de que se trata de una pistola de acción simple, diferente de las armas actuales de tienen un sistema de doble acción y pesan no más de 300 gramos, debido a que las empuñaduras son de aluminio y solamente el cañón y la corredera son de acero.

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Otro detalle llamó la atención del armero y perito balístico consultado por sobre el arma y la forma de usarla. Al observar el video hallado en el celular de Sabag Montiel, en el que supuestamente el acusado se grabó mientras practicaba con el arma, el experimentado armero se detuvo en un detalle: “La persona que manipula la pistola no cumple con una premisa clave en los usuarios de armas, que es que lo último que se hace es tener el dedo en el gatillo”.

“Por lo que aparece en el video, el hombre que acciona el arma tiene el dedo colocado permanentemente en la cola del disparador. Los usuarios de armas nunca realizan ese movimiento para evitar un disparo accidental. Siempre, como regla de oro, el dedo queda por encima del arco protector. Aparentemente, el imputado no supo accionar el arma para producir el disparo supuestamente pretendido”, sostuvo el perito balístico.

Según fuentes policiales, Sabag Montiel le robó el arma a un vecino que falleció hace seis meses y que trabajaba en una empresa de seguridad. Los investigadores también sospechan que las municiones secuestradas en la pieza que alquilaba en Uriburu al 700, en Villa Zagala, partido de San Martín, fueron sustraídas a la misma persona. Al menos una de esas cajas de municiones corresponde a una partida fabricada hace más de diez años.

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