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POLITICA

Oficializaron la renuncia de Paul Starc y de otros tres funcionarios del Gobierno

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El Gobierno aceptó la renuncia de Paul Starc a la presidencia de la Unidad de Información Financiera (UIF) y oficializó un recambio en la Secretaría de Transporte mediante dos decretos publicados en el Boletín Oficial en la madrugada de este lunes.

El ciclo de Starc al frente de la UIF concluyó tras una serie de actividades de alto perfil, incluido su viaje reciente a Washington junto a funcionarios estadounidenses, con el objetivo de cooperar en la investigación sobre presunto lavado de dinero en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

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Estas reuniones, que contaron con la participación del embajador Alec Oxenford y de autoridades de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), buscaron fortalecer los vínculos institucionales para enfrentar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

En simultáneo, Starc terminó su gestión participando como querellante en el juicio de los Cuadernos, causa que involucra a ex funcionarios y empresarios argentinos, entre ellos la expresidenta Cristina Kirchner.

El ciclo de Starc al frente de la UIF concluyó tras una serie de actividades de alto perfil

El ex titular de la UIF había llegado a la gestión en abril de 2025 luego de la dimisión de Ignacio Yacobucci, a través del Decreto 256/2025, tras una extensa carrera en la investigación de delitos complejos y la implementación de políticas de seguridad.

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Tras varios meses frente al cargo, mediante el Decreto 45/2026, el Poder Ejecutivo aceptó su renuncia y le agradeció por los servicios prestados durante su paso por el organismo.

La gestión de Starc, de acuerdo con un comunicado difundido por el Ministerio de Justicia, se destacó por su profesionalismo y compromiso, adecuando el sistema de prevención del lavado de activos y de financiación del terrorismo a los estándares nacionales e internacionales vigentes. El comunicado también informó que Starc continuará colaborando con el Gobierno en tareas vinculadas a la gestión, desarrollo financiero y consolidación institucional.

El comunicado del Ministerio de Justicia

Si bien todavía no fue oficializado, desde el Gobierno ya adelantaron que el licenciado Ernesto Gaspari asumirá la conducción de la UIF.

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Según el Ministerio de Justicia, Gaspari posee una “sólida trayectoria en gestión pública y privada, finanzas y administración”, y fue anteriormente Secretario de Coordinación y Planificación Exterior en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

Las autoridades nacionales señalaron que, bajo esta nueva gestión, el objetivo será fortalecer los mecanismos de control y prevención, optimizar el uso de la información financiera y profundizar la cooperación con organismos tanto nacionales como internacionales.

El licenciado Ernesto Gaspari asumirá la conducción de la UIF

En paralelo, se hizo efectivo un cambio clave en la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía. Mediante el Decreto 47/2026 se oficializó la salida de Luis Octavio Pierrini y la designación, a partir del 22 de enero, del arquitecto Fernando Augusto Herrmann, como nuevo titular del área.

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Tras la salida de Pierrini de la Secretaría de Transporte, se anunciaron cambios entre las máximas autoridades de las empresas estatales Trenes Argentinos Operaciones (SOFSA) y Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF): los dos presidentes de las empresas, Gerardo Boschín y Leonardo Compelatore, renunciaron el miércoles de la semana pasada.

Vamos a hacer un cambio total en la gestión de Transporte”, indicaron fuentes oficiales de la Casa Rosada a Infobae. Las autoridades dijeron que Pierrini, la máxima autoridad de esa cartera, se fue por “motivos personales”, aunque diferentes versiones periodísticas alegan que había insatisfacción en el manejo y reparto de los subsidios de colectivos.

Fuentes oficiales marcaron que los cambios fueron gestionados por el nuevo secretario Coordinador de Infraestructura, Carlos Frugoni, quien antes era el director ejecutivo de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT) y ahora tiene bajo su órbita numerosas carteras administrativas, organismos y empresas públicas. “Todas las salidas de jefes y equipos las propuso él como comienzo de su gestión y se le aceptaron”, marcaron a Infobae.

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Carlos Frugoni, el nuevo secretario de Coordinación de Infraestructura

En particular, SOFSA es una de las compañías que más interesa en la cúpula del Gobierno, ya que es de las ocho compañías que fueron dispuestas para su privatización o concesión en la Ley Bases.

A su vez, la Secretaría de Energía aceptó la renuncia de Carlos Alberto María Casares a la conducción del Ente Nacional Regulador del Gas (ENERGAS) y nombró en su reemplazo a Marcelo Alejandro Nachon como nuevo interventor. El cambio se oficializó este lunes mediante la Resolución 18/2026 publicada en el Boletín Oficial.

En los fundamentos de la medida, la cartera explicó que el nuevo funcionario “reúne los antecedentes que justifican su postulación”. La función de Nachon será ejercer la administración y el control del ENARGAS mientras esté vigente la intervención dispuesta para el sector.

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Carlos Casares presentó su renuncia a la intervención del Ente Regulador del Gas

El nombramiento tiene un marco legal preciso. La duración y validez del cargo de interventor se rigen por lo dispuesto en el “Artículo 2° del Decreto N° 370 de fecha 30 de mayo de 2025”, que extendió el estado de intervención del organismo hasta el 9 de julio de 2026 o hasta que se conforme el directorio definitivo, lo que ocurra antes. Durante este tiempo, el interventor mantiene las facultades de gobierno y administración principales de ENARGAS.

La intervención sobre ENARGAS y el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) se extendió sucesivas veces a través de distintos decretos, en el contexto de la llamada emergencia energética. Esta situación también está vinculada con la creación de un nuevo organismo conjunto, el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, previsto en la Ley N° 27.742. Sin embargo, su directorio aún no está en funciones.

La secretaría recordó que hasta que ese órgano bicéfalo entre en vigencia “se mantendrán vigentes las actuales unidades organizativas del ENARGAS y ENRE y las responsabilidades, competencias y funciones asignadas en el marco legal y reglamentario vigente”, como forma de garantizar la continuidad del control estatal sobre el transporte y la distribución de gas natural y electricidad.

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Renunció Carlos Casares, el titular del Ente Regulador del Gas

Por último, se conoció que el Gobierno avanzó con otro cambio, al aceptar la renuncia del actual titular de la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas, el organismo responsable de los documentos de identidad y registros civiles de la Argentina. A partir del 1° de febrero de 2026, el contador Pablo Luis Santos dejará el cargo de director nacional y en su lugar asumirá el abogado Diego Sebastián Pérez Lorgueilleux. El cambio quedó formalizado por el Decreto 33/2026, firmado tanto por el presidente Javier Milei como por el ministro Diego Santilli.

En el texto oficial se aceptó la renuncia de Santos, quien venía conduciendo uno de los principales entes encargados de la administración y resguardo de la identidad de los ciudadanos.

El decreto incluye una fórmula habitual en este tipo de decisiones y agradece “los servicios prestados en el desempeño de dicho cargo”. Hasta la fecha, no se difundieron los motivos de la decisión ni un balance de la gestión concluida.

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A partir del 1° de febrero, asumirá Pérez Lorgueilleux, abogado, como nuevo director nacional del Registro Nacional de las Personas. El organismo depende de la Secretaría de Interior del Ministerio del Interior y cumple tareas clave como la emisión y control de documentos de identidad, pasaportes y partidas de nacimiento.

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POLITICA

La Coalición Cívica cuestionó el tratamiento exprés de la reforma laboral y advirtió sobre la falta de debate

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Continúa el debate por la reforma laboral. En este contexto, Maximiliano Ferraro, diputado nacional por la Coalición Cívica, criticó enérgicamente el tratamiento exprés de la iniciativa impulsada por el oficialismo en la Cámara de Diputados. “Nos están llevando a las patadas y así perdemos la oportunidad de discutir seriamente una modernización del sistema laboral”, afirmó Ferraro durante una entrevista exclusiva en Infobae en Vivo Al Amanecer

El legislador advirtió que, aunque la sesión para el jueves 19 no está convocada, se realizará el día de hoy, a las 14:00, un plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto y Hacienda, presidido por el diputado libertario Almirón. “Recordemos aquel diputado que en la sesión de presupuesto se confundió el listado de obras de un dictamen que pertenecía al kirchnerismo”, recordó Ferraro, en referencia a situaciones anteriores en el ámbito parlamentario.

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Al mismo tiempo manifestó: “Rechazamos que una reforma de esta magnitud sea tratada de manera exprés en menos de veinticuatro horas en la Cámara de Diputados, con doscientos artículos para analizar”. Añadió que los cambios no solo se presentaron en una conferencia de Patricia Bullrich, sino que también se introdujeron el mismo día de la sesión, alrededor de las dos de la mañana, antes de la votación y tras el anuncio del secretario parlamentario.

Consultado por Nacho Girón, periodista de Infobae en Vivo, sobre la introducción de artículos controvertidos sin debate transparente, Ferraro fue categórico: “Muchos están fingiendo demencia. Otros habrán establecido el ‘si pasa, pasa’. Basta ver la sesión o leer la versión taquigráfica: esto se leyó en el recinto”. Añadió que no se trata solo del artículo 44, que modifica el 208 de la Ley de Contratos de Trabajo acerca de licencias. “Hay colosales trastadas y desaciertos”, subrayó.

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En cuanto al proyecto del oficialismo, Ferraro opinó: “La reforma laboral propuesta por el oficialismo está anclada hace veintiséis años. Es muy similar en muchos aspectos a las que proponía el gobierno de la Alianza y lo llevó al fracaso que lo llevó en aquel entonces. Siento que es una ley sin rostro, principalmente porque no tiene en cuenta a los trabajadores ni a las pequeñas y medianas empresas”.

“Vamos a ver cómo transcurre el día de hoy, en que el jueves, o sea, mañana, pasemos a sesionar y a discutir estos doscientos artículos”, agregó el diputado, según indicó Infobae.

Respecto a los argumentos del Gobierno nacional sobre el impacto en el empleo, Ferraro expresó: “Me agarro de lo que han dicho muchos economistas del circuito libertario y otros. Esta ley no es que va a generar empleo de un día para el otro”. Subrayó que existe un “contexto de 40% de empleo no registrado, que es un mal estructural en la Argentina. Se cerraron 22.000 empresas en el último tiempo. Más de 120.000 personas perdieron el empleo”.

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El diputado subrayó que la propuesta oficialista omite el interés de trabajadores y pymes, repitiendo errores de reformas pasadas (Prensa Senado)

Ferraro sostuvo que se pierde la oportunidad de discutir en profundidad la modernización y de combinar productividad con derechos. “Perdemos la oportunidad de discutir seriamente la modernización, de combinar productividad con derechos y de bajar impuestos como debemos bajar, para potenciar principalmente a quienes generan y sostienen empleo en la Argentina, que son las pequeñas y medianas empresas”, afirmó.

En el análisis de las modificaciones, el diputado planteó dudas sobre la creación del Fondo de Asistencia Laboral. “¿Por qué un Fondo de Asistencia Laboral obligatorio que desfinancia los fondos del sistema previsional, que está quebrado y también merece una discusión seria?”, cuestionó.

Ferraro también se refirió al comportamiento de legisladores frente al Ejecutivo nacional. “Hemos visto la poca actitud de muchísimos senadores y diputados que no se le animan al Gobierno. En muchos aspectos, debo decir que a vos te llevan a las patadas, pero eso no implica estar en contra de discutir una ley que modernice el sistema laboral. No podemos naturalizar que este debate sea llevado en menos de 24 horas solo para cumplirle al presidente Milei”, remarcó en diálogo con Infobae en Vivo Al Amanecer.

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También denunció lo que llamó “doble vara” en la política argentina. “Ponían el grito en el cielo cuando el kirchnerismo hacía del Congreso una escribanía. Ahora miro para otro lado. Así se hace normal gobernar por decretos de necesidad y urgencia, cuando están prohibidos por la Constitución y solo son una excepción cuando el Congreso no puede sesionar”, señaló.

Por último, Ferraro reiteró la base histórica de su bloque. “La Coalición Cívica siempre ha tenido posiciones firmes y propuestas concretas en áreas sensibles del Estado”, concluyó.

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POLITICA

Cómo es el trámite legislativo para la aprobación de la reforma laboral a partir de la eliminación del artículo 44

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El presidente del bloque PRO de Diputados, Cristian Ritondo, destacó hoy “la capacidad de escucha que tuvo el Gobierno” para eliminar el polémico artículo 44, que creaba un nuevo régimen de licencia laboral, y aseguró que esta decisión destrabó la discusión para que la cámara baja pueda aprobar la ley y girarla nuevamente al Senado para su aprobación definitiva.

“Hablamos con distintas autoridades de la Cámara y, tras exponer los problemas que traía el artículo agregado, coincidimos en que era necesario eliminarlo”, explicó el legislador en diálogo con Radio Mitre, y agregó: “Me parece que complicaba mucho. Lo peor es que el texto era absolutamente inhumano”.

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El legislador insistió en los problemas de fondo que representaba mantener los cambios introducidos en las licencias médicas: “Estaba mal redactado y no se entendía. En otros países, cuando hay mecanismos como este, el Estado aporta el dinero adicional, o existe una red más amplia. Aquí, no solo se reducían los sueldos, sino que en casos de enfermedad grave, los aportes se recortaban a la mitad”, indicó. “Ese artículo trababa una ley fundamental para Argentina, que por fin se animó a discutir el Gobierno. Es vital para la modernización y el ingreso de argentinos al trabajo formal», subrayó.

Consultado sobre otras posibles modificaciones, Ritondo fue enfático y señaló que no se prevén más cambios, con excepción de un reclamo conjunto del PRO para que las billeteras digitales sean incluidas como opción para cobrar sueldos: “En las billeteras virtuales, mantenemos la libertad del trabajador. Cada persona debe decidir cómo cobra su salario, sea en un banco tradicional o en cuentas virtuales. El dinero es del trabajador, no de las empresas ni del Estado”, sostuvo.

En esta línea, puntualizó: “No creo que haya ningún otro retoque. El resto está bien. El sistema de vacaciones, las indemnizaciones, todo queda como llegó del Senado”. Y reafirmó que se busca combatir “el negocio de los juicios laborales” para aliviar la carga sobre las empresas y facilitar nuevas incorporaciones formales.

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Al referirse al proceso parlamentario que ahora deberá recorrer la ley, destacó que estarán los 129 votos para iniciar el debate. “Nos haremos responsables de dar este debate pendiente desde hace años en Argentina”, afirmó. Sobre la posible cantidad de votos, proyectó: “Espero un número similar al de la ley de baja imputabilidad, alrededor de 140 votos”.

El legislador también detalló los plazos: “La esperanza es que hoy modifiquemos el texto, terminemos y mañana vayamos al recinto. Así podremos sacar la ley desde Diputados y que la semana que viene el Senado termine el tratamiento”. El plazo máximo para que la cámara alta se expida sería hasta el sábado 28.

En cuanto al mecanismo parlamentario, Ritondo explicó: “En el Senado se aceptan o rechazan las modificaciones. Si las rechazan, la ley sale como está“. Así, la resolución definitiva quedará en manos de la cámara de origen, que decidirá si insiste en su versión y otorga la sanción final.

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Frente del edificio del Congreso de la Nación (EFE)

Qué cambia tras la decisión del Gobierno

Con la eliminación del artículo 44 del proyecto original, se descartó una de las modificaciones más profundas al régimen de licencias por enfermedad. La normativa que se pretendía implementar estipulaba que, cuando un trabajador sufría un accidente o enfermedad no relacionada con su empleo, el derecho a percibir su sueldo se vería segmentado según el origen de la afección.

En los casos donde la imposibilidad de trabajar surgía de una acción voluntaria y consciente que implicaba un riesgo para la salud, el trabajador pasaba a percibir el 50% de su salario habitual. Los plazos de cobertura se fijaban en tres meses para quienes no tuvieran personas a cargo, o seis meses para aquellos con familiares legalmente a cargo. Además, la propuesta establecía una restricción para las enfermedades crónicas: solo se consideraba un nuevo episodio, con derecho a cobro, si habían transcurrido más de dos años desde la última manifestación.

Por otro lado, si el accidente o la enfermedad no eran consecuencia de una conducta voluntaria del trabajador, el pago correspondía al 75% del sueldo, manteniendo los mismos plazos según la situación familiar. El texto también blindaba este derecho ante decisiones patronales, determinando que, si el empleador aplicaba suspensiones por motivos económicos o disciplinarios, esto no afectaba la percepción del porcentaje salarial previsto durante el período de convalecencia. Al retirarse este artículo, todos estos porcentajes y plazos diferenciados quedan sin efecto, rigiendo nuevamente el esquema tradicional de pago del 100% del salario.

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POLITICA

El Ministerio de Seguridad denunció penalmente a una cuenta de Instagram por instigar a cometer delitos

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El Ministerio de Seguridad Nacional presentó una denuncia penal contra el perfil de Instagram “Pedagogía para la acción” por difundir un video extranjero que instruía “de manera concreta” sobre la fabricación de artefactos punzantes, como Miguelitos, con el objetivo de dañar neumáticos y generar violencia en protestas.

Se trata de un historia del perfil que en su bio aclara que es un “espacio de formación antifacista de la clase obrera” y que subió una publicación de un video de una cuenta en inglés que enseña a hacer herramientas de defensa del hogar caseras: en ese caso, con una maguera y clavos.

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La denuncia sostiene que este contenido no es educativo, sino un llamado directo al sabotaje y al delito, especialmente en el marco de los recientes disturbios en el Congreso de la Nación.

Firmada por Lisandro Manuel Franco, director de Normativa y Legislación del Ministerio, la denuncia detalla que la publicación se dio este martes, es decir, en el mismo contexto en el que el Gobierno ya había iniciado causas por hechos delictivos ocurridos durante las sesiones extraordinarias en el Congreso y zonas aledañas.

Uno de los posteos publicado por “Pedagogía para la acción”

La preocupación oficial es que la difusión de este material, junto con otras publicaciones del perfil que postulan “el boxeo popular como resistencia para el asedio” y promueven la “lucha activa”, sean en realidad instrucciones tácticas para enfrentar a las fuerzas de seguridad en manifestaciones no pacíficas.

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La presentación afirma que el video, utilizado como prueba principal, va acompañado de imágenes que muestran figuras de individuos con el rostro cubierto, alzando los brazos en medio de incendios, y que el perfil que difunde el material plantea abiertamente la “formación doctrinaria e ideológica” con métodos violentos.

Según el Ministerio, este accionar podría encuadrarse dentro del delito de instigación pública para cometer daño agravado y resistencia a la autoridad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 209 del Código Penal de la Nación Argentina, considerando los artículos 184 y 237 del mismo código.

En el escrito se advierte: “La difusión de este tipo de contenidos no tiene carácter informativo ni pedagógico: no se trata de protesta, se trata de violencia, sabotaje y delito”. Se resalta además que esta situación reviste una gravedad particular por ocurrir en medio de tensiones políticas y hechos violentos ya judicializados por el Ministerio.

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La denuncia elevada ante la Justicia federal exige la apertura inmediata de una investigación, el seguimiento digital del perfil y la identificación de las personas responsables, con la posibilidad de que se los vincule a otras figuras penales vinculadas con la organización ilícita.

El detalle más relevante radica en que la denuncia no sólo pide sanciones para los administradores del perfil, sino que solicita explícitamente que la Justicia determine si el canal pudo haber servido también para la comisión de otros delitos y la formación de organizaciones ilegales.

Como prueba se acompañó el archivo con el video publicado por “Pedagogía para la acción”. El Ministerio fundamenta la presentación en la urgencia de frenar la escalada de contenidos digitales empleados para planificar sabotajes y ataques durante episodios de protesta.

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La denuncia fue remitida al juzgado federal que resulte de turno, con una solicitud explícita: “Se individualicen a los responsables y, en su caso, se aplique la pena correspondiente”.

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