El paréntesis veraniego terminó hace unos días. Para el Gobierno y el sistema político ya no hay por delante días asegurados de relax como los que les brindó enero. El cambio de mes acelerará y profundizará lo que ya Javier Milei empezó a vivir y protagonizar en las últimas semanas.

Del fulgor dominante del escenario internacional se pasó al barro local sin muchas escalas. La pelea con el grupo Techint operó como un aperitivo (amargo) para cortar con varias dulzuras veraniegas y abrirle paso a la intensidad de la disputa que comenzará esta semana por la reforma laboral en el Senado y fuera de él.

Será o pretende ser la piedra basal de la última parte del (¿primer?) mandato presidencial libertario. Un período en el que ya cuenta con más pasado propio que futuro, en el que deberá dejar atrás la etapa de romper, reparar y culpar a la herencia recibida para mostrar y hacerse cargo de los resultados de sus propias acciones.

Algo de eso es lo que disparó y tuvo como telón de fondo el airado ataque de Milei hacia Paolo Rocca, el dueño de Techint. La discusión no se reduce a la compra por parte de un consorcio privado a una compañía india de los tubos para un gasoducto, que dejó afuera a la empresa siderúrgica argentina.

En la desmesurada reacción presidencial ante los reclamos de Rocca asoma como motorizador, además de la natural ofuscación que le provocan las opiniones disonantes con sus ideas y acciones, la decisión de obturar cualquier planteo que ponga en cuestión pilares de su gestión, pero, sobre todo, que deje en evidencia probables efectos negativos concretos para la sociedad provocados por sus políticas. Demasiados cuestionamientos.

En ese plano aparece la destrucción de empleos formales en el sector privado registrada desde que Milei asumió la presidencia. En parte por la apertura económica sin gradualismo ni resguardos que “equilibren la cancha” ante asimetrías externas. Y, en parte, por la caída de la actividad. Es un asunto tabú para el Gobierno, que opta por minimizar los números rojos mostrando como contrapartida positiva el aumento de la informalidad y el monotributismo. Malabarismos estadísticos y discursivos que los afectados no celebran.

Eso, de alguna manera, es lo que los cuestionamientos del empresario ítalo-argentino amenazaban con instalar en la opinión pública. Justo mientras sindicatos y opositores se aprestaban para intentar complicar la aprobación de la reforma laboral. Inoportuno. Aunque lejos estuviera Rocca de querer ser funcional a esos intereses y cuestionar esa reforma, que tiene entre sus impulsores y autores intelectuales y materiales a agentes formados en su emporio, como el secretario de Trabajo, Julio Cordero, y otros que han estado y están en su círculo.

La dimensión de la reacción y de la descalificación presidencial sigue sorprendiendo y desacomoda a muchos funcionarios. No solo a los originarios de Techint, como Cordero o el presidente de YPF, Rubén Marín. Curiosamente, o no tanto, la empresa de propiedad mayoritariamente estatal fue la solitaria integrante del consorcio constructor del gasoducto dispuesta a evaluar una segunda oferta hecha por la siderúrgica argentina. Para más paradojas o ironías, Santiago Caputo, a quien se sindica como uno de los propulsores del ataque al empresario, tiene en YPF una fuerte incidencia.

Por eso, “Paolo [Rocca] no es el único sorprendido. Son muchos en el Gobierno que saben que él coincide con el 90% de las políticas que impulsa Milei y lo ha apoyado en muchos aspectos. No puede entender, sobre todo, que lo haya acusado de golpista”, dice una de las personas que conoce como pocos tanto al empresario como a la mayor parte del staff mileísta.

Las cadenas de equivalencias que unen reclamos y actores diferentes y hasta antagónicos, a veces, se anudan de manera impensada. Así es como estas disputas se vinculan con la resistencia que los gobernadores han sostenido al capítulo fiscal de la reforma laboral, especialmente la rebaja del impuesto a las ganancias de las empresas, por el impacto negativo que la caída en la recaudación de ese impuesto coparticipable tendrá en las arcas de sus provincias.

Ese es uno de los escollos principales que encuentra aún el proyecto para ser aprobado por el Senado y que ha hecho transpirar al ministro de Interior, Diego Santilli, más que cualquiera de las jornadas más calurosas de enero, sin terminar de destrabarlo. Los días por venir no serán menos arduos. Desarmar otra cumbre de gobernadores y encauzar apoyos a la reforma por parte de los senadores es su mandato urgente.

El ministro los espera con varias mudas de ropa preparadas y algunos otros pertrechos conducentes para tratar de lograr su objetivo. Sabe que no tiene asegurado el éxito, pero considera que está cerca de lograrlo. La duda es si lo conseguirá sin hacer concesiones en la letra del proyecto a las que el Presidente se resiste. Es una partida entre jugadores de póker experimentados, en la que no faltan los fulleros.

La de los gobernadores es la verdadera valla por sortear. La fragmentación peronista, en medio del indetenible ocaso kirchnerista y la ausencia de liderazgos, junto a la debilidad estructural y dirigencial del sindicalismo son resistencias menores.

Antes que cualquier posicionamiento nacional conjunto que exceda el plano retórico, en el peronismo mandan las realidades locales y la disputa por la sucesión dentro del kirchnerismo, que esta semana tendrá un match de fondo en la pelea entre cristicamporistas y kicillofistas por la condución del justicialismo bonaenerense, Nada que amenace con cambiar la vida de los argentinos.

Así, en este espacio que durante más de medio siglo resistió con éxito en el Congreso y en la calle a toda reforma laboral que no saliera de sus usinas, la judicialización asoma como la meta más probable y el último recurso posible para frenar algunos aspectos del proyecto oficialista que consideran más lesivos para sus intereses y los de sus representados. En ese orden.

Este es uno de los lodazales en los que el Gobierno y el propio Milei tienen que chapotear después de un enero benévolo en más de un aspecto, empezando por el frente monetario y financiero, con la paz verde del dólar y la baja del riesgo país por debajo de los 500 puntos, lo que no se veía desde hace siete años y medio. Todo en medio de un veraneo dispar en los distintos destinos turísticos, que confirmaron la existencia de varias argentinas contrapuestas y yuxtapuestas, con brechas socioeconómicas cada vez más marcadas. También, el fin de año dio señales de repunte en la actividad económica, aunque la heterogeneidad es la marca de la hora y no muchas de las mejoras son perceptibles masivamente ni impactan sobre los bolsillos mayoritarios.

De todas maneras, fue en el plano internacional donde tuvo otros fulgores. Hasta el (otrora) prestigioso The Washington Post le dedicó a Milei y su gestión un elogioso editorial, al tiempo que su pretendida y pretenciosa clase magistral de economía libertaria en Davos tuvo mejor repercusión que sus más que polémicas monsergas antiwoke de años anteriores.

Además, Milei y el Gobierno, disfrutaron de la centralidad absoluta que impuso en la agenda pública Donald Trump, ganada con creces con su tan polémica como celebrada incursión en Venezuela para derrocar y detener al dictador Nicolás Maduro y su esposa, hasta con la ordalía contra los inmigrantes que desató dentro de las fronteras estadounidenses, por citar solo lo más estridente que ha protagonizado en los últimos 30 días el más que excéntrico ídolo del presidente argentino.

Al respecto, la identificación personal, psicológica, política y cultural de Milei con Trump parece ser más fuerte que las diferencias que en materia económica y comercial existen entre ambos y que el presidente argentino reafirmó en su presentación en la cumbre suiza. Como si no existieran o sin temor a ser contradicho y a pesar de que la economía es el cristal a través del que Milei mira o dice mirar la vida. La escasa concurrencia que concitó su presentación tal vez le haya jugado en su favor.

Milei prefiere que el irascible Trump no advierta diferencias, si es que las admite. Tal vez por eso solo replicó una publicación de uno de sus voceros digitales que desmentía un acuerdo con Estados Unidos para recibir inmigrantes deportados arbitrariamente por Trump y que es objeto de serios cuestionamientos internos allí. Pareció la admisión de que sería una de las más indignas sumisiones que podría mostrar un país soberano.

En lo local, las revelaciones periodísticas, así como la errática marcha judicial de los escándalos por la presunta corrupción en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) de Claudio Tapia y Pablo Toviggino, sostuvieron los títulos de los diarios. Algo por encima de las muy relacionadas revelaciones sobre las maniobras con el dólar oficial, durante el gobierno de Alberto Fernández y la gestión de Sergio Massa, como ministro de Economía.

Al respecto, se destaca una paradoja: el Gobierno y las usinas de comunicación oficialista han explotado con más ahínco y han reaccionado con más celeridad en el caso del fútbol, que es una organización no estatal, antes que con lo ocurrido dentro del Banco Central, a pesar de su carácter de institución pública, custodia de la moneda y objeto de demonización por parte de Milei antes de llegar a la Presidencia.

Las pruebas y evidencias obtenidas hasta ahora parecen confirmar todas las sospechas sobre un grave perjuicio al Estado en beneficio, en principio, de algunos operadores financieros inescrupulosos gracias a cierta indolencia, tolerancia o complicidad de funcionarios públicos, cuyo nivel de responsabilidad y de orden en la escala jerárquica parece exceder en mucho al quinteto que hasta ahora aparece como directamente involucrado y que sigue siendo parte del plantel del BCRA. Notable cautela.

La disparidad de reacción e involucramiento del Gobierno en ambos casos es motivo de suspicacia para muchos observadores. Tanto como para reactualizar las versiones, rumores e indicios sobre las ayudas de distinta índole que Massa le habría prestado antes de la primera vuelta presidencial del 2023 al team libertario.

A pesar de la aparente falta de énfasis del Gobierno en este asunto, allegados al exministro y excandidato presidencial admiten que éste se siente apuntado y sigue atentamente, con cierta preocupación y mucho silencio público, el avance del caso.

Al mismo tiempo, han vuelto a circular versiones que apuntan a ciertos resguardos de los que gozarían Massa o algunos de quienes lo acompañaron en la gestión, ya sea en la entidad monetaria, en la Secretaría de Comercio en la exAfip (hoy ARCA). Esas versiones insisten en la existencia de filmaciones de las cámaras de seguridad de algunas de las financieras involucradas en las maniobras de compras de dólar a precio oficial a las que habrían concurrido y quedado registrados responsables de la financiación de la campaña libertaria. Algunos de ellos muy próximos a la cúspide del poder mileísta. Nada que hasta ahora haya podido ser confirmado y es parte de las grandes leyendas urbanas que rodean a la política argentina de los últimos años.

En este proceso, al igual que en el de la AFA, las miradas más suspicaces se centran sobre el Poder Judicial. Los estrechos y en algunos casos promiscuos vínculos que la dirigencia del fútbol y de la política han mantenido y mantienen con actores claves de la Justicia ayudan a instalar dudas sobre la calidad, la celeridad y la eficiencia de las investigaciones.

Las disputas sobre jurisdicciones y competencias entre jueces y fueros que rodean y han signado desde el principio estos escándalos, así como la reticencia para la adopción de medidas en algunos casos, no alimentan la muy escasa confianza que la ciudadanía ya tiene respecto del Poder Judicial. Pueden ser nuevos casos ejemplares. En todo sentido.

El verdadero comienzo del año político y económico, sin embargo, amenaza con disputarle protagonismo a estos asuntos tan dominantes de enero. La realidad es mucho más compleja y el Gobierno, obligado a bajar al barro, volverá a estar urgido a dar soluciones concretas y a no sumar problemas, ni autolesionarse. El verano siempre termina.

El megajuicio de los Cuadernos de las Coimas reanudará el martes próximo su marcha tras la feria judicial de enero. Ese día, Cristina Kirchner, todavía restableciéndose de un bajón en su salud que la tuvo internada durante el fin de año, encabezará la ola de objeciones que exfuncionarios y empresarios dirigirán contra el proceso en general, con pedidos de nulidad y otros planteos que buscarán minar las bases del debate judicial.

Confinada en su domicilio de San José 1111 por la condena a 6 años de prisión en la causa Vialidad, la expresidenta se encuentra aún recuperándose del complejo cuadro de apendicitis que la mantuvo internada en el Sanatorio Otamendi los últimos días de 2025 y los primeros de este año. Quienes la frecuentaron en el último tiempo la notaron algo disminuida y con los ánimos replegados, e incluso un poco “más flaca” de lo habitual tras la intervención. Pero en su entorno remarcan, sin embargo, que la exjefa del Estado pudo superar el cuadro de desánimo y mira hoy hacia adelante para afrontar las causas judiciales en su contra.

Su año en los tribunales asoma complejo. Acusada de ser la jefa de la asociación ilícita bajo estudio del Tribunal Oral Federal N°7, será el principal foco de atención durante todo el juicio por los Cuadernos de las Coimas que, por ahora, seguirá vía Zoom con dos audiencias semanales, a partir de este martes.

A su calendario judicial, la expresidenta deberá sumar dos nuevas fechas sensibles: el inicio del juicio por Hotesur-Los Sauces y el del Memorándum con Irán, dos procesos que también la ubican en el centro de las acusaciones. Sobre ese escenario de desgaste judicial se posará el desafío político de conservar peso dentro de un peronismo en proceso de reconfiguración.

Por lo pronto, para este martes en el juicio por Cuadernos de las Coimas está previsto que su abogado defensor, Carlos Beraldi, inaugure las “cuestiones preliminares”, liberando una catarata de cuestionamientos contra el proceso.

Se trata de una instancia previa a las indagatorias, en la que los abogados suelen jugar sus primeras cartas defensivas, con pedidos de sobreseimiento incluidos. En principio, está diseñada para formular planteos sobre cuestiones novedosas que hayan podido surgir entre el cierre de la instrucción y el comienzo del juicio, pero cada magistrado tiene un criterio propio respecto a qué se puede escuchar allí y suele ser un espacio abierto para que los defensores desplieguen sus estrategias.

Se descuenta que las presentaciones durarán todo de febrero y buscarán, de mínima, “entorpecer” la dinámica del debate, coinciden las fuentes judiciales consultadas por . Habrá, casi con seguridad, planteos sobre las declaraciones de los arrepentidos, pedidos de nulidades y algún cuestionamiento sobre “cosa juzgada” por parte de los exfuncionarios.

Son por lo menos 25 las defensas que anticiparon al Tribunal que harán uso de la palabra. Pero el resto de los 61 imputados podrá acoplarse a esas presentaciones con argumentos propios. “Se verá”, dijo un abogado que, en principio, no tiene pensado levantar la mano, pero escuchará con atención a sus colegas.

Cristina Kirchner cuenta con una hora y media para desplegar sus objeciones, tal como lo dispuso el Tribunal para aquellas personas involucradas en más de uno de los 6 tramos que forman parte de esta parte del caso. Quienes lo estén solo en una, en cambio, dispondrán de 45 minutos.

De acuerdo a lo estipulado, a Cristina Kirchner la seguirá el mismo martes la defensa del exministro Julio de Vido, que contará también con 90 minutos. Luego será el turno de Roberto Baratta, mano derecha del exministro en el presunto esquema de recaudación ilegal, y luego cerrarán la jornada el exfuncionario Julio Daniel Álvarez, acusado de encubrimiento; el empresario del rubro energético, Mauricio Balan, acusado de pagar coimas; y el financista Ernesto Clarens, que, según la fiscalía, las recibía, y oficiaba muchas veces de nexo entre los hombres de negocio y los Kirchner. Estos últimos dos, al declarar como arrepentidos, aportaron precisiones sobre el esquema de recaudación.

No forman parte de la nómina inicial figuras de relieve en la causa, como el chofer Oscar Centeno, en cuyas anotaciones precisó fechas, nombres, autos y montos relativos al circuito de recolección; o José López, el exsecretario de Obra Pública que fue detenido con casi 9 millones de dólares en un convento de General Rodríguez y admitió luego que eran de la “recaudación”.

Al término de las presentaciones, posiblemente en marzo, la fiscal Fabiana León deberá pronunciarse y luego los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli definirán si alguno de los argumentos volcados por las defensas debe ser atendido.

En caso de que esta etapa consuma más tiempo del previsto, el tribunal buscará compensarlo con más audiencias u horas adicionales, para no atrasar el cronograma. Concluidas las cuestiones preliminares, se comenzará así a las indagatorias. Se da por descontado que el juicio podría durar años.