POLITICA
Empresas públicas e inmuebles: la liquidación de activos que planea el Gobierno para pagar intereses de deuda
El presidente Javier Milei ratificó ayer que mantendrá una política de reducción (o no crecimiento) del nivel de títulos públicos en el mercado de deuda. El objetivo es generar la expectativa de que habrá una baja en la tasa de interés y, con ello, en el riesgo país, abaratando el costo de financiamiento hacia futuro.
En una publicación realizada desde su cuenta de X y titulada “Apuntando a la escasez de los bonos soberanos”, el Presidente confirmó a los inversores que se pagarán los intereses de la deuda y que se harán frente el pago con organismos multilaterales “con liquidación de activos del Estado”.
De acuerdo a estimaciones oficiales recabadas por Infobae, el Estado Nacional debe pagar USD 5.145 millones a los organismos multilaterales (sin contar al Fondo Monetario Internacional) en el consolidado del 2026, mientras que recibirá desembolsos por un total de USD 3.328 millones. El neto, es decir, los pagos (contando amortizaciones e intereses o cargos) menos la entrada de fondos, es de USD 1.817 millones.
El FMI debe recibir pagos por USD 4.249 millones a lo largo del 2026, mientras que desembolsará USD 2.478 millones. Si se le suma el cálculo con los otros organismos internacionales, el neto que debe poner el Estado Nacional es de USD 3.588 millones.
Hay dos métodos principales que el Gobierno tiene para liquidar activos del Estado a los fines de incrementar la capacidad de pago sin alterar previsiones presupuestarias. Una de ellas son las privatizaciones y concesiones de empresas públicas, mientras que también existe la posibilidad de vender bienes inmuebles y muebles a través de las subastas públicas que realiza la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).
El Gobierno inició el año con el anuncio de que había recibido u$s 700 millones por el proceso de privatización del control de Alicurá, El Chocón, Piedra del Águila y Cerros Colorados, que son los complejos hidroeléctricos del Comahue.
La privatización de las cuatro centrales fue clave por su timing para que el Ejecutivo complete el paquete de dólares con que por esos días terminó un pago de USD 4.214 millones del pago de vencimientos de capital e intereses y devolvió también los más de USD 2.500 millones que había llegado a usar el canje de monedas que el Banco Central había tenido, en octubre, con el Tesoro de los Estados Unidos.
El Gobierno tiene tres privatizaciones que pueden tener resultados concretos en los próximos meses. Dos de ellas responden a privatizaciones de las empresas públicas, Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) y Belgrano Cargas y Logística.
“Vamos a tratar de salir en el primer trimestre”, indica una altísima fuente de la Casa Rosada a Infobae, aunque fuentes técnicas indican que la licitación ferroviaria tendría algunas complicaciones por el esquema en el que fue dispuesto.
La privatización de Belgrano Cargas y Logística, que opera más de 7.600 kilómetros de vías en 16 provincias, contempla un modelo de desintegración vertical, con una licitación por líneas y talleres, venta de material rodante y un esquema de acceso abierto para nuevos operadores.
Si bien existen intereses de grupos agroexportadores, mineros y ferroviarios internacionales; técnicos del sector indican que por separado diferentes esquemas de negocio trajo desincentivos y que el Gobierno podría estar promoviendo que las empresas oferten para quedarse con todo el entramado.
Más claro parece el caso de AySA, responsable del servicio de agua potable y cloacas en Ciudad de Buenos Aires y numerosos partidos del Conurbano bonaerense. Esta avanza hacia la privatización con medidas para reducir subsidios y un nuevo marco regulatorio que habilita la concesión. El plan contempla vender, como máximo, el 90% del capital estatal, reservando el 10% para empleados; pero priorizando de que al menos el 51% en licitación pública quede en manos de privados.
Mientras tanto, el Poder Ejecutivo tiene previsto avanzar -con tiempos diferentes- en las privatizaciones de otras compañías dispuestas en la Ley Bases.
El Gobierno inició en julio pasado el proceso de privatización de Enarsa, que abarca la venta de todas sus unidades de negocio, incluidas participaciones en parques eólicos, centrales hidroeléctricas y termoeléctricas. Además, está prevista la venta de la participación en Transener, transportista clave de electricidad, con finalización del proceso antes de 2025.
La privatización de Corredores Viales, que administra más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales, se realiza mediante concesiones de obra pública por peaje. Ya se adjudicaron los primeros tramos y la empresa continuará intervenida hasta completar el proceso, fijado en un año.
El nuevo sistema incorpora aumentos de peajes, nuevos puntos de cobro y créditos del BICE para las empresas adjudicatarias. La segunda etapa de licitaciones se prevé para 2026, con el objetivo de ahorrar US$6.100 millones.
El Gobierno prevé vender el 100% de Intercargo, empresa estatal que brinda servicios de rampa a aerolíneas internacionales y nacionales. El proceso de privatización comenzó en julio y ya cuenta con interés del grupo francés Alyzia. Se espera concretar la venta por estos meses.
Nucleoeléctrica Argentina, que gestiona las centrales nucleares Atucha I, II y Embalse, inició un proceso de privatización parcial en noviembre. El Estado planea conservar el 51% del paquete accionario, vender hasta un 44% al sector privado y destinar el 5% restante a los trabajadores. La venta, destinada a financiar inversiones, enfrenta impugnaciones judiciales y, en el marco de las irregularidades que anotició Infobae, podría demorarse sustancialmente.
Por último, Yacimientos Carboníferos Río Turbio tuvo un primer paso al convertirse en sociedad anónima. Para su privatización se propuso que el Estado conserve el 51%, el 39% se abra al sector privado y el 10% quede para los trabajadores. La empresa arrastra un elevado déficit operativo y baja productividad, por lo que se busca reducir costos y reactivar la producción para atraer inversiones.
La privatización de la concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay ya inició por estas semanas. El pliego prevé obras por peaje durante 30 años y la posibilidad de aumentar la profundidad de la vía, lo que permitiría transportar más carga por barco.
Tal y como indicó Infobae meses atrás, la Agencia de Administración de Bienes del Estado que ahora comanda Tania Yedro ya vendió 10 inmuebles que estaban en poder de organismos públicos y recaudó USD 214,7 millones. A estos 10 inmuebles se suman otros 12 próximos a ser rematados por otros USD 44,6 millones.
En total, el Estado planea vender otras 150 propiedades en subastas futuras, que aún no tienen precio base. En el organismo reconocen que no hay un número claro. “Todos los bienes los tasa el Tribunal de Tasaciones de la Nación a medida que se pone la fecha estimada de subasta”, afirmaron.
POLITICA
Comenzó un nuevo juicio contra un ex intendente de Salta que ya cuenta con una condena por corrupción
Este miércoles, comenzó el proceso judicial contra el ex intendente Ernesto Fernando Gonza quedó abierto en la localidad de San Lorenzo, en la provincia de Salta. Junto a su hermano y ex secretario de Hacienda, Rogelio Higinio Guaymás, y el concejal Aldo Dalmiro Gonza, enfrenta acusaciones vinculadas a delitos que, según el expediente, habrían ocasionado un grave perjuicio al erario municipal.
La causa se originó tras una auditoría externa ordenada por el actual jefe comunal, quien dispuso revisar la gestión anterior. El informe resultante expuso numerosas inconsistencias en la administración municipal, lo que derivó en una denuncia formal y la apertura del proceso judicial.
Según informó el medio local El Tribuno, durante la etapa más reciente del juicio, el tribunal colegiado presidido por Federico Diez resolvió cuestiones preliminares tras los planteos de las defensas de los Gonza y de Guaymás. Se hizo lugar parcialmente a una revocatoria solicitada por la defensa anterior de los hermanos Gonza y se declaró abstracto un pedido de nulidad presentado por Guaymás. El tribunal también postergó el dictamen sobre un recurso de casación presentado por la defensa.
El defensor de Guaymás, Juan Diego Herrera, objetó la continuidad del juez presidente al alegar que había intervenido en un expediente previo, de 2011, donde Guaymás también figuraba como imputado. A raíz de este planteo, el tribunal estableció un cuarto intermedio hasta el viernes 13 de febrero a las 9.30, período durante el cual fiscales y querellantes deberán revisar el expediente objetado antes de continuar el debate.
Ernesto Fernando “Kila” Gonza está imputado por los delitos de peculado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función, todos en concurso real. Guaymás, en tanto, enfrenta cargos como presunto autor de peculado e incumplimiento de deberes, mientras que Dalmiro Gonza figura como partícipe necesario de peculado, de acuerdo con la acusación judicial.
La investigación sostiene que el ex intendente habría ignorado reiteradamente las normativas establecidas para la gestión financiera y administrativa del municipio. Según la imputación, los tres acusados habrían dispuesto de los recursos municipales de forma discrecional, omitiendo los controles y procedimientos que exige la ley. Según la Justicia, esta conducta habría causado un grave perjuicio al erario municipal.
Uno de los puntos centrales de la acusación es la falta de presentación de rendiciones de cuentas por parte de Ernesto Gonza al concluir su mandato. El tribunal está integrado por Diez, Paola Marocco y Francisco Mascarello. El Ministerio Público está representado por la fiscal Claudia Geria, mientras que la querella está a cargo de Juan Casabella Dávalos y Débora Ramírez, apoderada de la Municipalidad de San Lorenzo.
Gonza ya había sido condenado a tres años de prisión en ejecución condicional. En esa oportunidad, los hechos investigados lo vincularon con la malversación de fondos que debían destinarse al plan de viviendas “Una casa para tu hogar”, durante su gestión al frente del municipio.
La sentencia incluye la privación del empleo aunque provenga de elección popular. La decisión llegó tras una revisión judicial que lo halló responsable de fraude y peculado cometidos durante su mandato en la gestión municipal.
Sin embargo, compitió en las elecciones como candidato y se convirtió en concejal de San Lorenzo. Frente a esto, la Justicia ratificó la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
“Se le impuso la pena de inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cualquier tipo de cargo público, la cual implica la privación del empleo o cargo público que ejercía el penado aunque provenga de elección popular”, aclaró un comunicado emitido este martes por el Poder Judicial salteño.
POLITICA
Reforma laboral: las reacciones del arco político a la media sanción en el Senado: “El primer paso a un cambio histórico”
Tras la aprobación de la reforma laboral en el Senado, el arco político reaccionó a la media sanción del proyecto impulsado por el gobierno nacional con diferentes mensajes en redes sociales. Desde el ala oficialista celebraron la triunfo legislativo obtenido tras una maratónica sesión de más de 12 horas y la definieron como “un primer paso hacia un cambio histórico”, mientras que la oposición insistió en sus críticas a las reformas.
El presidente Javier Milei compartió una imagen del tablero de votación en sus redes sociales y expresó: “Histórico”. En total, el Gobierno consiguió 42 votos positivos.
Otro de los primeros en pronunciarse fue el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien escribió en sus redes sociales: “El primer paso hacia un cambio histórico”. En esta línea, la Jefatura de Gabinete realizó una publicación en la que indicó que la reforma modernizará el sector: “La normativa vigente data de 1974. Esta reforma, la más significativa desde entonces, representa una decisión trascendental impulsada por el gobierno nacional para actualizar las bases que organizan el trabajo en nuestro país”.
También se le sumó el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que felicitó a los senadores y señaló: “Este Congreso empieza a saldar una deuda histórica con millones de argentinos que quedaron afuera del sistema“. Además, anticipó la jornada que se desarrollará en la Cámara baja: ”Siguiendo la decisión del presidente Javier Milei de avanzar con las reformas estructurales que la Argentina necesita, ahora vamos a dar el debate en Diputados para convertirla en ley».
El presidente del bloque de La Libertad Avanza en Diputados, Gabriel Bornoroni, también adelantó la sesión en la Cámara baja e indicó que se trata de un “primer paso para cambiar una ley vetusta que nadie se animó a modificar”. “Vamos a trabajar para terminar de sancionar la modernización laboral lo más pronto posible”.
Por su parte, Sebastián Pareja, armador de LLA en la provincia de Buenos Aires, reaccionó a la media sanción y destacó que la Argentina consiguió “otro paso hacia la normalización de uno de los sistemas mas perjudiciales para que los argentinos puedan desarrollar sus caminos individuales”. “La ley de modernización laboral propuesta por Milei, como nuestro país desde que asumió la presidencia”, subrayó.
De la Cámara baja, el diputado Luis Petri, exministro de Defensa, se refirió tanto a la votación como a los incidentes que hubo en la previa, y apuntó: “La libertad le ganó a las piedras”. “Tenemos media sanción de la ley de modernización laboral”, añadió.
En cuanto a la oposición, la senadora Juliana di Tullio, del bloque kirchnerista, advirtió que “no es el camino” y explicó: “Los y las peronistas vamos a seguir defendiendo, en las calles y en la Cámara de Diputados, la dignidad del pueblo trabajador”.
El diputado Esteban Paulón cuestionó la aprobación y declaró que el proyecto fue validado “sin un debate profundo, un texto definitivo y cumplir ninguno de los objetivos propuestos”. A su vez, Natalia Zaracho, su par en la Cámara baja, manifestó: “Se cagaron en los trabajadores de todo el país. La historia los va a poner en su lugar. A este gobierno de hijos de p…, a los senadores que votaron esto y a los gobernadores que se vendieron por dos cordones cuneta”.
Noticia en desarrollo.
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El Gobierno quitó el capítulo de Ganancias e hizo 28 cambios a la reforma laboral para garantizar la media sanción en el Senado
El Gobierno de Javier Milei busca este miércoles darle media sanción a uno de los proyectos claves para la segunda parte de su gestión: la reforma laboral. Por este motivo, en los últimos días hubo intensas negociaciones con la oposición dialoguista para acordar cambios en la iniciativa.
En este sentido, la jefa de bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Alta, Patricia Bullrich, informó este martes esas 28 modificaciones. Y envió un mensaje a los gobernadores: se quitó el capítulo que contemplaba cambios en el Impuesto a las Ganancias, y por lo tanto afectaba la recaudación de las provincias.
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Este último reclamo de los mandatarios provinciales era el gran escollo que tenía el oficialismo para avanzar en la media sanción de la reforma laboral. Ahora, se espera que la sesión de este miércoles en el Senado sea favorable al Gobierno.
No obstante, en las afueras del Congreso habrá un clima de máxima tensión. Hay una movilización que encabeza la CGT contra la reforma laboral, pero también hay un paro general convocado por ATE, CTA y gremios de transporte.
Leé también: Inflación, marcha de la CGT y sesión en el Congreso: el Gobierno enfrenta una semana de definiciones clave
En las últimas horas, los gremios docentes universitarios confirmaron que se sumarán a la manifestación. “La situación de la docencia universitaria ya es insostenible. En ese marco, la CONADU resolvió la necesidad de impulsar un plan de lucha de paros y movilización”, señaló la Secretaria General de CONADU, Clara Chevalier.
Los principales cambios acordados con la oposición
De acuerdo a lo informado por Bullrich, el Senado avanzó con un proyecto de modernización laboral que reúne aportes de distintos bloques y provincias y contempla 28 modificaciones consensuadas. La iniciativa busca actualizar el marco normativo del empleo formal, reducir la litigiosidad y generar incentivos para la contratación.
En el Gobierno indicaron que buscan incentivar “la inversión productiva y la capacitación, en un contexto de estancamiento del mercado laboral y alta informalidad”.
Uno de los ejes centrales es la redefinición del cálculo de la indemnización, con el objetivo de desactivar lo que el oficialismo denomina la “industria del juicio”. En el caso de un despido sin causa será únicamente la remuneración mensual, normal y habitual, excluyendo conceptos no mensuales como el aguinaldo o las vacaciones, y fija que la indemnización será la única reparación económica.
El proyecto también introduce un nuevo esquema de actualización de créditos laborales, que combina el índice de precios al consumidor (IPC) con un adicional del 3% anual, con la intención de aportar previsibilidad tanto para trabajadores como para empleadores y evitar distorsiones en los montos judicializados.
Otro punto relevante es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un sistema destinado a cubrir costos de desvinculación y obligaciones indemnizatorias. Será financiado exclusivamente por los empleadores, con aportes mensuales del 1% para grandes empresas y del 2,5% para MiPyMEs, y funcionará como un patrimonio separado, inembargable y de afectación específica.
Además, la iniciativa impulsa una registración laboral simplificada y digital, al establecer que la inscripción ante ARCA será suficiente y que no podrán exigirse requisitos adicionales por otras autoridades. Además, se habilita la digitalización de los libros laborales, que deberán conservarse durante diez años y tendrán plena validez legal.
El proyecto redefine también los beneficios sociales no remunerativos, precisando qué conceptos quedan excluidos del salario, como comedor, reintegros médicos, guardería, útiles escolares y capacitación, con el objetivo de dar mayor claridad normativa y reducir conflictos interpretativos.
En cuanto a la organización del trabajo, se habilita de manera voluntaria el banco de horas, siempre por acuerdo entre empleador y trabajador, y se introducen cambios en el régimen de vacaciones. Estas podrán tomarse entre el 1° de octubre y el 30 de abril, con posibilidad de acordar períodos fuera de temporada y de fraccionarlas, respetando un mínimo de siete días corridos.
La iniciativa incorpora además un Régimen de Incentivo para la Formación Laboral, orientado a promover la capacitación, la empleabilidad y la reconversión, con foco en jóvenes y personas sin experiencia. A esto se suma la creación del Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión, que apunta a estimular inversiones productivas, tecnológicas y de expansión, con impacto directo en la generación de empleo.
Por último, el texto prevé una reducción de cargas sociales para facilitar la contratación de nuevos trabajadores, establece la prelación de los convenios de empresa por sobre los acuerdos nacionales y deja asentado el compromiso de avanzar en una futura reforma fiscal integral, orientada a reducir la presión tributaria mediante acuerdos entre la Nación y las provincias.
reforma laboral, Gobierno, Senado, TNS
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