YPF presentó los resultados de 2025, segundo año de gestión bajo los lineamientos del “Plan 4×4″, con una ganancia antes de intereses e impuestos (EBITDA) de USD 5.000 millones de dólares. Se trata del nivel más alto en 10 años.

“El foco puesto en Vaca Muerta, la búsqueda de eficiencias y el manejo activo del portafolio permitieron a YPF alcanzar resultados operativos y financieros récord en un contexto de caída de precios internacionales”, resaltaron desde la petrolera con participación estatal.

A su vez, las inversiones alcanzaron los USD 4.477 millones en 2025, de los cuales el 72% se destinó a la producción no convencional, principalmente en Vaca Muerta.

En el plano financiero, YPF obtuvo financiamiento por USD 3.700 millones, “mostrando su capacidad para financiar el ambicioso plan de inversiones en Vaca Muerta”, sostuvieron en la empresa.

En materia de producción, el segmento de shale registró un promedio de 165.000 barriles diarios, lo que representa un aumento interanual del 35%. En diciembre, la producción alcanzó los 204.000 barriles por día, un 43% más que en 2024, superando la meta establecida para fin de año.

Actualmente, señalaron en YPF, el shale oil representa el 70% del total de la producción de petróleo de la compañía y permite compensar los efectos de la salida de los campos maduros.

En ese sentido, “la estrategia que combina el aumento de la producción shale y la salida de los campos maduros permitió reducir el costo unitario de extracción un 44% en el cuarto trimestre de 2025 frente al mismo período del año anterior”, precisaron.

Por otra parte, en el segmento del Downstream, las ventas de combustibles crecieron un 3% respecto a 2024 y las refinerías lograron niveles récord de procesamiento en el último trimestre, mejorando sustancialmente sus márgenes.

También, desde YPF destacaron los avances en la transformación tecnológica que permitió mejorar la eficiencia de las operaciones. En el último año, la petrolera inauguró siete Real Time Intelligent Centers (RTICs) en sus operaciones que permiten optimizar la toma de decisiones.

En otro orden, resaltaron la profundización de su “estrategia de manejo activo de su portfolio con la venta de activos no estratégicos – como la subsidiaria Profertil y el yacimiento convencional Manantiales Behr – por una suma total de más de 1.000 millones de dólares”.

Asimismo, en enero pasado, se firmó un acuerdo de intercambio de activos con Pluspetrol para adquirir el 50% adicional de tres áreas estratégicas para el desarrollo del proyecto Argentina LNG, Meseta Buena Esperanza, Aguada Villanueva y Las Tacanas, además de sumar participación en los yacimientos Bandurria Sur y Bajo del Toro y Bajo del Toro Norte.

En relación con el proyecto Argentina LNG, en febrero de 2026, YPF, ENI y XRG firmaron el Acuerdo de Desarrollo Conjunto (JDA) para iniciar el desarrollo de un proyecto integrado de GNL de una capacidad de 12 millones de toneladas por año.

El presidente de YPF, Horacio Marín, dijo esta semana en diálogo con Infobae en Vivo: “En el 2027, agarrate, porque una vez que se firme, tenemos 4 años para hacer el gasoducto más grande que se va a hacer en Argentina”. Anticipó además que en breve podría sumarse un nuevo inversor: “Hay una posibilidad de que ingrese un cuarto socio muy importante”.

Consultado por las inversiones que requiere dicho proyecto, el ejecutivo afirmó: “Nosotros tenemos que invertir 20.000 millones de dólares en infraestructura, más de 10.000 millones en pozos. Son 30.000 millones en cuatro años. Y es pura inversión extranjera. YPF va a tener el 30%”.

Y agregó: “El proyecto Argentina LNG va a generar 40.000 puestos de trabajo, entre directos e indirectos”, donde la reciente creación del Instituto Vaca Muerta tendrá un rol clave.

“Brindamos capacitación orientada al trabajo específico que cada persona va a desempeñar. Vamos a instalar un equipo de perforación escuela, con todo el sistema informático y la tecnología que utilizamos para la transferencia de datos en tiempo real, para que puedan formarse y observar en detalle cada proceso”, detalló Marín.

El presidente de la Nación, Javier Milei, a través del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, les solicitó a todos sus ministros que preparen paquetes de reformas para los años que quedan de su mandato.

De acuerdo con lo que pudo saber iProfesional de fuentes cercanas a la Casa Rosada, la orden es que cada uno deberá presentar por lo menos 10 reformas.

Al respecto, Adorni manifestó en un reportaje a Radio Rivadavia que el oficialismo podría contar con 50 proyectos de reformas para enviar este año.

Esto indica que desde el oficialismo tienen confianza en que el debilitamiento de la oposición lo permite y que en las últimas semanas encontraron los mecanismos necesarios para que aliados circunstanciales apoyen sus principales iniciativas, como los proyectos de Ley de Modernización Laboral, Ley de Glaciares y Ley de baja de imputabilidad de menores.

La reforma impositiva que se anunciaría el 1 de marzo

Pero es muy probable que Milei anuncie una futura reforma impositiva el próximo 1 de marzo, al inaugurar las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación.

Una parte de este proyecto de ley sería el capítulo que quedó afuera de la Ley de Modernización Laboral, referido a la reducción del Impuesto a las Ganancias para las empresas, al que se le podrían agregar algunos aspectos impositivos novedosos.

Hay que recordar que en enero la discusión por la Ley de Modernización Laboral con los gobernadores obligó al Gobierno a sacar el capítulo fiscal por el fuerte reclamo, tanto de oficialistas aliados como de opositores, que exigían revisar la baja del Impuesto a las Ganancias para empresas incluida en el proyecto, ya que, según estimaciones preliminares, la medida provocaría una pérdida de coparticipación federal cercana a los 3 billones de pesos, de los cuales 1,7 billones perderían las provincias.

Por lo tanto, la mesa política del Gobierno decidió excluir ese capítulo fiscal, que se incorporará en el nuevo proyecto de Ley de Reforma Fiscal que el oficialismo enviará al Congreso luego del 1 de marzo próximo.

Será una profunda reforma tributaria enfocada en la reducción del Impuesto a las Ganancias para personas físicas y sociedades, que oscilaría del 30% al 27% y del 35% al 31,5%, a partir de este año, junto con la eliminación de impuestos internos y la simplificación del sistema para fomentar inversiones.

Los ejes centrales de la reforma

Entre los ejes de esa reforma podemos citar:

1. Reducción de alícuotas del Impuesto a las Ganancias para sociedades y alivio fiscal para individuos.

2. Eliminación de tributos, donde se contempla eliminar impuestos internos sobre productos electrónicos, automotores y motos, embarcaciones, seguros y servicios financieros.

3. Reducción y/o eliminación de impuestos distorsivos: se buscará reducir o eliminar impuestos como el impuesto al cheque, retenciones al agro e Ingresos Brutos, aunque de manera gradual para no comprometer el superávit fiscal de los dos próximos años.

4. Renta financiera: se intentarán suprimir impuestos cedulares sobre la renta financiera y la enajenación de inmuebles.

5. El IVA dividido: la propuesta sería dividir el IVA entre un componente nacional y uno provincial para fomentar la competencia impositiva.

El diseño técnico y las consultas a tributaristas

De acuerdo con lo que pudo saber iProfesional, el encargado del diseño es el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, pero desde el Gobierno han consultado a distintos estudios impositivos y contables y a varios expertos tributaristas, entre otros a Líbano Kusa, del estudio Bruchou & Funes de Rioja, y a César Litvin, del Estudio Lisicki, Litvin & Abelovich.

Entre otros puntos novedosos estaría la modificación futura de la Ley de Coparticipación Federal, que desde el equipo económico consideran muy distorsiva y desigual porque premia a las provincias que menos recaudación propia tienen y castiga a las que recaudan más.

De acuerdo con la opinión del CEO de Lisicki, Litvin & Abelovich, César Litvin, una buena reforma tributaria solo será viable si el IVA dividido se contempla junto con IIBB y las tasas de Seguridad e Higiene (TASH) que cobran los municipios sin una contraprestación en la mayoría de los casos.

En relación con un IVA dividido, donde la Nación se quedaría con una tasa del 9,5% y cada provincia aplicaría una alícuota propia, Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, manifestó que la gran ganadora sería la provincia de Buenos Aires.

En ese aspecto, hay que señalar que en la actualidad las provincias reciben un porcentaje automático de IVA en la coparticipación federal que es independiente del valor agregado que se genera en su jurisdicción y, por ese motivo, los gobernadores, sobre todo de las provincias más pequeñas, no tendrían incentivos para cambiar el esquema.

El reclamo por Ingresos Brutos y tasas municipales

Desde el Gobierno consideran que el impuesto al cheque y las retenciones al campo son los peores impuestos y que los gobernadores tienen que reducir Ingresos Brutos, que es el peor de los impuestos, y que los intendentes también deben eliminar o reducir las tasas municipales que cobran a individuos y empresas.

El problema es que en muchas provincias el IIBB representa el 80% de sus ingresos, por lo que para ir reduciéndolo se necesitará una reforma tributaria muy equitativa.

El sector privado ya no le reclama al Gobierno por el cobro del IIBB, sino por los pagos adelantados del mismo, que en la mayoría de los casos nunca se compensan a través de un sistema muy perverso como el SIRCREB, que por lo general no devuelve el dinero retenido a los contribuyentes por los gobiernos provinciales, excepto Tierra del Fuego.

La pesadilla del SIRCREB y el reclamo empresario

Según una reciente encuesta de la Unión Industrial Argentina (UIA), los saldos a favor de Ingresos Brutos que las provincias les deben a las empresas alcanzan montos actuales equivalentes a más de 50.000 millones de pesos, y un 57% corresponde a jurisdicciones donde las firmas no tienen establecimientos.

El Sistema de Recaudación y Control de Acreditaciones Bancarias (SIRCREB) es un sistema que posibilita el cumplimiento de los regímenes de recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos correspondientes a los contribuyentes comprendidos en las normas del Convenio Multilateral, aplicable sobre los importes que sean acreditados en cuentas abiertas en entidades financieras.

También es aplicable a contribuyentes locales de Ingresos Brutos de aquellas jurisdicciones que han adherido a esos efectos al sistema.

El relevamiento de la UIA detectó que las alícuotas efectivas de IIBB se acercan al 4% en todo el país, cuando el máximo debería ser del 1,5%.

Además, el estudio destaca que más del 10% de las compañías considera irrecuperables esos saldos y el 40% señala demoras de hasta un año para la devolución. Por otra parte, un 77% de los encuestados solicitó la devolución o reintegro de los montos retenidos y no obtuvo resultados

Luego de casi dos años de un gran ajuste en la obra pública y una deuda con las empresas constructoras que se fue acumulando, a pesar de que algunos proyectos continuaron, el Gobierno decidió hacer frente a ese pago con el objetivo de darle oxígeno a las compañías y comenzar a reactivar una industria que dinamiza fuertemente la actividad económica.

Fuentes privadas y oficiales confirmaron que el plan consiste en emitir un bono que cubra las obligaciones pendientes entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, aunque todavía restan conocer los detalles del instrumento. El monto a saldar rondaría los USD 200 millones y se trataría de deuda por obras viales y ferroviarias, en principio. El Gobierno ya se lo comunicó de manera informal al sector, que espera definiciones sobre si la deuda será actualizada y si sufrirá una quita, dado que el bono podría cotizar entre 70% y 80% de su valor nominal.

Trascendió que estaría incluida la deuda por obras viales y de ferrocarriles. Las hídricas, dijeron fuentes del sector, se saldaría al contado. Y las de viviendas fueron trasladados a las provincias. ¿Qué ocurrió? Si bien los atrasos en los pagos del sector han sido moneda corriente, cuando asumió el Gobierno Javier Milei la decisión inmediata fue paralizar toda la obra pública nueva y continuar con algunos proyectos que estaban en plena ejecución. “Pero también hubo atrasos en esas obras que el propio Gobierno nos dijo que continuáramos”, dijo un empresario a este medio.

Lo cierto es que ahora, a poco más de dos años de aquel comienzo de gestión, el equipo económico quiere comenzar a normalizar la situación para que también las empresas puedan utilizar ese dinero en financiar otras obras y que eso dinamice la actividad económica, ya que todavía no hay demasiadas señales de repunte.

El Ejecutivo está muy activo en licitar las concesiones de las rutas y seguirá por ese camino. Hasta ahora, están ya en marcha los procesos para los 9.000 kilómetros de rutas por donde transita el 80% de la población, pero el objetivo es continuar con otros 6.000 kilómetros, precisaron desde el Gobierno. En todos los casos, serán concesiones por lo que la financiación de las obras será privadas (propia o bancaria). También comenzará a revisar de qué manera reactivar las obras en viviendas, ya que es donde más mano de obra se genera, y de forma relativamente rápida.

El sector de la construcción festejó, el martes por la noche, los 90 años de vida de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), evento que reunió a figuras del ámbito político y empresarial. La celebración se realizó en el Teatro Colón, primero con un cocktail y luego con una exclusiva función de la obra Astor, Piazzolla Eterno. En ese contexto, funcionarios y empresarios tuvieron la oportunidad de dialogar sobre la marcha de la actividad y destacaron la necesidad de mantener la obra pública activa.

Al respecto, Gustavo Weiss, presidente de Camarco, explicó a Infobae en Vivo que el sector perdió miles de empleos y que las empresas deben adaptarse a un nuevo sistema económico. Señaló que, aunque la macroeconomía exige mayor orden y previsibilidad, el Estado sigue siendo clave para impulsar proyectos que reactiven la actividad y garanticen continuidad en el empleo. Weiss agregó que la obra pública constituye un motor de producción y que la falta de inversión afecta directamente a proveedores y contratistas vinculados a las compañías.

Sobre el empleo, el empresario recordó que el sector perdió “120.000 puestos de trabajo entre mediados del 2023 y mediados del 2024″ y que desde ese entonces, la actividad está amesetada y solo recuperó una muy pequeñísima parte de esa pérdida”.

Aunque las cifras oficiales del Indec muestran que la actividad total de la construcción había crecido durante 2025 (6,3% versus 2024), con algunos meses positivos que compensaron periodos de retrocesos, el indicador de demanda de insumos sugiere que el sector privado enfrentó una desaceleración en el comienzo del año.

Así, la actividad mostró un arranque con una caída mensual de 11,6% en la demanda de materiales en enero, según el índice que elabora el Grupo Construya. Ese dato también quedó 1,1% por debajo del mismo mes del año anterior, lo que reflejó menor dinamismo en las compras de insumos que suelen anticipar obra en desarrollo.

El índice incluye productos como cemento, ladrillos, acero y pinturas, y la baja mensual respondió, para los analistas, a un ajuste típico luego del cierre del año previo en un contexto aún cauteloso para la ejecución de proyectos.